En el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, hacemos un llamado urgente a combatir la discriminación y racismo religiosos en las Américas

En el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, hacemos un llamado urgente a combatir la discriminación y racismo religiosos en las Américas

Washington DC, 21 de marzo de 2024.– Al conmemorar este 21 de marzo el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) hace un llamado urgente a los Estados para que adopten medidas para combatir las crecientes manifestaciones de discriminación y racismo religiosos en las Américas, que afecta significativamente a grupos de poblaciones racializadas, como la afrodescendiente y la indígena.

En América Latina y el Caribe, estos grupos enfrentan desafíos persistentes para expresar sus tradiciones sagradas, ancestrales y culturales sin enfrentar restricciones, estigma, repudio o violencia.  Estas prácticas incluyen la persecución de sus integrantes, así como la violencia contra lugares de culto y símbolos religiosos asociados con estas tradiciones. La discriminación y racismo religiosos también puede manifestarse a través de estereotipos y prejuicios que denigran las creencias y prácticas de estas personas, perpetuando así su exclusión y marginación.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) refiere que, en el caso de la población afrodescendiente, su identidad cultural implica la preservación de saberes ancestrales y la conservación de su legado histórico, por lo que las tradiciones y creencias como las religiones Lumbalú, Candomblé, Abakuá, Umbanda, Hoodoo, entre otras que tienen sus raíces en África, hacen parte del patrimonio inmaterial de la diáspora africana y se enmarcan en el proceso social de resistencia desarrollados por personas esclavizadas en las Américas.

En el caso de los pueblos indígenas, en términos de derecho a la libertad de religión y de creencias, Naciones Unidas hace referencia a un espectro de culturas y creencias más diverso y complejo, pues en consonancia con su derecho a la libre determinación, los pueblos indígenas son libres para definir y determinar su propia identidad espiritual, señala el informe “Los pueblos indígenas y el derecho a la libertad de religión o de creencias”, presentado en octubre de 2022 por el entonces Relator Especial sobre la libertad de religión o de creencias, Ahmed Shaheed.

“Muchos conceptualizan la espiritualidad como una ‘forma de vida’: la conformación de emociones, hábitos, prácticas o virtudes distintivas, la modelación de creencias y formas de pensar distintas, y una manera particular de convivir y comunicarse. Por consiguiente, la espiritualidad está relacionada con lo trascendente y es intrínseca a las experiencias y prácticas cotidianas de los pueblos indígenas. Más allá de su singularidad, la espiritualidad y la cultura indígenas suelen basarse en la comunidad, la identidad y las relaciones con las tierras tradicionales”, detalla el informe.

Un problema creciente con raíces en la discriminación racial

El hecho de que grupos de poblaciones afrodescendientes e indígenas sean los más afectados por la discriminación y racismo religiosos, está intrínsicamente relacionado a la discriminación racial y racismo sistémico que persiste en las Américas.

En el reciente webinar “El legado de las prácticas religiosas africanas y los sesgos y prejuicios sociales que enfrentan”—organizado por la Secretaría de Acceso a Derechos y Equidad de la Organización de Estados Americanos (OEA) en el marco de la VII Semana de las y los Afrodescendientes en las Américas—representantes de la sociedad civil asociaron el rechazo, persecución y hasta criminalización de estas prácticas a procesos históricos cargados de desconocimiento, estigmatización y prejuicios al no considerarlas “civilizadas”.

La CIDH reporta reiteradas denuncias sobre persecuciones y ataques contra la vida e integridad de líderes y practicantes de religiones de matriz africana en diferentes Estados de la región, así como denuncias sobre destrucción de templos y espacios sagrados de comunidades afrodescendientes. En Brasil, Raza e Igualdad conoce casos de intolerancia religiosa contra las religiones de origen africano que han desencadenado conflictos legales, con el inquietante resultado de que los creyentes han perdido la custodia de sus hijos,

En Bahía, la Secretaría de Estado de Promoción de la Igualdad Racial registró 19 casos de racismo religioso entre enero y el 21 de julio de 2021, lo que representa el 65% del total de casos denunciados en 2020.. Del mismo modo, en Río de Janeiro, la Comisión de Combate a la Intolerancia Religiosa (CCIR) recibió informes de 19 casos contra religiones de origen africano, incluyendo dos que involucran a niños, hasta mayo del mismo año.

Por otro lado, en México, un informe de la organización Christian Solidarity Worldwide (CSW), revela que las mujeres indígenas de este país sufren más discriminación religiosa que sus familiares varones. Detallas que las mujeres que se niegan a unirse a la mayoritaria fe católica romana sufren acoso y exclusión del sistema judicial, de los programas y servicios de prestaciones del gobierno y de la atención sanitaria prenatal.

El informe apunta que, aunque la Constitución mexicana garantiza la libertad de religión o creencia y otros derechos humanos a todos sus ciudadanos, en la práctica, las violaciones son habituales en determinadas regiones: en particular, para las comunidades indígenas que se rigen por la Ley de Usos y Costumbres.

Estándares internacionales en el marco del Derechos Internacional

A nivel del Sistema Interamericano, el derecho a la libertad de religión y creencia está consagrado en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (artículo III) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 12). Mientras que, a nivel del Sistema Universal de Derechos Humanos, se estipula en el artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y ha sido desarrollado en mayor detalle en la Declaración sobre la Eliminación de Todas las Formas de Intolerancia y Discriminación Fundadas en la Religión o las Convicciones, de 1981.

Uno de los instrumentos interamericanos más destacables en la materia, es la Convención Interamericana contra el racismo, la discriminación racial y formas conexas de intolerancia (CIRDI), la cual señala que los Estados deben prevenir, prohibir y sancionar cualquier restricción o limitación al uso del idioma, tradiciones, costumbres y cultura de las personas, en actividades públicas o privadas.

El “Estudio sobre libertad de religión y creencia. Estándares Interamericanos”, de la CIDH, devela un amplio marco de protección de este derecho, donde además destaca instrumentos y jurisprudencia aplicable a pueblos indígenas y afrodescendientes. Asimismo, señala la vulnerabilidad de algunos grupos, como las personas LGBTI, niñas, niños y adolescentes, personas defensoras de los derechos humanos y personas privadas de libertad, por lo que brinda un conjunto adicional de aspectos del derecho a la libertad de religión y creencia en relación con estos.

Un llamado a la acción

Raza e Igualdad ha integrado a sus líneas de trabajo el combate a la discriminación y racismo religiosos. Desde 2021, en Brasil desarrollamos un proyecto encaminado a promover la tolerancia religiosa y la reducción de la violencia y la discriminación contra los practicantes de religiones afrodescendientes, a través del fortalecimiento de organizaciones afrobrasileñas para que puedan documentar casos de violencia basada en creencias religiosas, prepararles para litigios estratégicos internacionales y fomentar una cultura de respeto a la libertad religiosa, además de calificar a las entidades para que pueden brindar apoyo legal a las víctimas de dicho flagelo. En tanto, en Cuba apoyamos la elaboración del informe “Obstáculos enfrentados por líderes y miembros de religiones afrocubanas en Cuba”.

A partir de los principios de los derechos humanos, y teniendo en cuenta que la discriminación y el racismo religioso es un problema creciente en la región, Raza e Igualdad llama a los Estados de las Américas a adoptar medidas de atención y contención de este, siendo una de las más vitales la ratificación e implementación de la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia. En términos de monitoreo, es importante contar con estadísticas e información cualitativa sobre prácticas religiosas y culturales de personas afrodescendientes y pueblos indígenas, respectivamente. Asimismo, que se promueva información desprovista de prejuicios y estigmas en torno a estas prácticas, y por supuesto, que se sancione toda acción que las obstaculice e implique violación de derechos humanos de sus adeptos.

8M: La fuerza antirracista en la lucha por los derechos de todas las mujeres

Washington DC, 8 de marzo de 2024.– Desde sus inicios, el movimiento por los derechos de las mujeres se ha nutrido de diferentes perspectivas, ampliando así su visión y misión en las diferentes esferas de la sociedad. Una de ellas es la perspectiva antirracista que, a pesar de toparse con una serie de obstáculos para su incorporación integral, ha sido base de importantes aportes a la lucha.

Este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, desde el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) queremos exaltar la perspectiva antirracista, teniendo en cuenta que el sexismo y el racismo son formas de opresión que están entrelazadas y afectan de manera única a las mujeres de diferentes orígenes étnicos y raciales, y en el caso de las Américas, a las mujeres afrodescendientes e indígenas en particular.

Conversamos con lideresas y activistas de diferentes partes de Latinoamérica para que sean ellas mismas quienes den cuenta de la importancia de la perspectiva antirracista en la lucha por los derechos de las mujeres, sus aportes al movimiento feminista, y los retos que persisten en diferentes niveles para incorporar plenamente esta visión al trabajo de defensa y promoción de los derechos de las mujeres.

El racismo como detonador de múltiples violencias

“La perspectiva antirracista en la lucha por los derechos de las mujeres es algo necesario si concebimos al racismo como una violencia que permea el sistema, las estructuras del Estado y sociales, la familia, nuestros cuerpos, y que hace que las violencias se acrecienten; es decir, el racismo reconocido como violencia estructural a la vez también replica y reproduce múltiples violencias”, reflexiona Patricia Torres Sandoval, mujer indígena P’urhépecha integrante de la coordinación general de la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas (CONAMI) de México.

“La perspectiva antirracista dentro de los feminismos es imprescindible porque entiende que la categoría de mujeres es mucho más amplia o compleja que solo identificarnos como mujeres, engloba todo lo que sería la visibilización de la situación y experiencias de las mujeres afrodescendientes, indígenas, mujeres trans, trae el análisis interseccional que es pensar las múltiples formas de opresión como el racismo, el sexismo, la clase, los procesos migratorios, etc”, apunta por su parte Gilma Vieira da Silva, coordinadora regional de la Red de Juventudes Afrodescendientes de América Latina y el Caribe (REDJUAFRO).

Vieira da Silva agrega que la interseccionalidad no puede ser pensada sin un contexto étnico-racial, y recuerda que dicho concepto fue formulado por una mujer afrodescendiente: la abogada y académica estadounidense Kimberly Crenshaw, quien dedicó gran parte de su trabajo a entender la inequidad estructural en materia de género.

La violencia de género no es individual

En tanto, Torres Sandoval señala que las mujeres indígenas han aportado al reconocimiento de la violencia colectiva. Explica que la frase “Mi cuerpo, mi territorio”—que ha sido apropiada como consigna por el movimiento feminista—surge de las mujeres indígenas como una forma de decir que al violentar sus cuerpos también se violenta la tierra y el territorio. “Como pueblos y mujeres indígenas nos reconocemos como parte integrante del territorio y de la Madre Tierra, al contrario de la perspectiva Occidental en donde somos propietarios de la tierra”, afirma.

Para Gahela Cari, feminista trans indígena de la Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú, el feminismo es imprescindible para los procesos de cambio, sin embargo, señala que no es suficiente si no es antirracista. En sus palabras, el feminismo antirracista “toma posición en medio de una sociedad con tantas desigualdades” y evidencia que, además del género, otros sistemas de opresión imposibilitan vivir dignamente.

“Tenemos que abrir procesos de escucha, diálogo, construcción colectiva. Aun cuando no terminemos de entender lo que la otra persona pone sobre la mesa”, señala sobre una tarea necesaria en la lucha feminista para trabajar desde enfoque antirracista. En ese sentido, resalta la importancia de cerrarle el paso a los procesos autoritarios en el país, como lo que sucede con el actual régimen político de Perú.

Educar en la perspectiva antirracista, una doble tarea

En ese sentido, Fernanda Gomes, trabajadora social e integrante de Articulação Brasileira de Lésbica (ABL), de Brasil, cuestiona el hecho que deban hacer una constante labor de educación sobre la perspectiva antirracista ante personas y colectivos que no tienen apropiada esta visión o que, incluso, la excluyen.

“Es un gran desafío porque perdemos tiempo pensando en una política pública, escribiendo un manifiesto, para educar a estas personas. Tenemos que estar constantemente diciendo ‘oh fulano de tal, no soy tu maestro, búscalo en Google, pregúntale a un amigo blanco tuyo’. El movimiento de mujeres negras, lesbianas y feministas es también un movimiento de educación. Estamos educando a los blancos todo el tiempo y es agotador”, asegura.

Aportes y desafíos

Brisa Bucardo, periodista del pueblo miskito de Nicaragua, destaca el papel que han desempeñado los movimientos de mujeres en el contexto de la Costa Caribe del país, pues no solo han brindado apoyo fundamental a las mujeres víctimas de violencia, sino que también han liderado denuncias ciudadanas y han fortalecido las capacidades de las mujeres tanto de manera individual como colectiva. Además, han desmantelado conceptos arraigados de violencia históricamente justificados bajo la etiqueta de «cultura».

En términos de aportes a la lucha por los derechos de las mujeres, Dunia Medina Moreno, mujer afrodescendiente e integrante de la Red Femenina de Cuba, resalta el rol que han desempeñado mujeres afrodescendientes en la promoción y defensa de los derechos humanos, lo cual ha resultado en una protección más integral de los derechos de todas las personas en su diversidad de identidades.

“Debemos crear un feminismo donde quepamos todas las mujeres, un feminismo interseccional donde quepamos todas las mujeres y podamos cubrir todas esas dimensiones de discriminación que vivimos”, apunta por su parte Leticia Dandre Pie, activista por los derechos humanos en República Dominicana e integrante del Movimiento de Mujeres Domínico-Haitianas (MUDHA).

Pese a los avances en introducir la perspectiva antirracista en la lucha por los derechos de las mujeres, persisten retos para una integración real que se traduzca no solo en activismos más inclusivos, sino en la formulación de políticas públicas más integrales. “Sabemos que la militancia hoy tiene que ser reconocida como un trabajo, tiene que ser reconocido nuestro tiempo que ponemos en la lucha, pero muchas veces las mujeres afrodescendientes reciben muy pocos recursos, ahí también están incluidas las mujeres trans, las mujeres con discapacidad, las mujeres indígenas”, señala Gilma Vieira da Silva, de REDJUAFRO.

“Existen muchos retos para considerar la perspectiva antirracista tanto en el Estado, como en la academia, como en la sociedad en general, existe sobre todo un imaginario general que todavía coloca al eurocentrismo como la idea de lo mejor, de aspirar a ser este estereotipo blanco hegemónico encaminado a ciertos parámetros de belleza estética, pero no solamente existe en el imaginario general sino que alcanza a permear en las instituciones”, apunta Patricia Torres Sandoval, de la CONAMI México.

Del “feminismo blanco” a la interseccionalidad

Una de las grandes críticas que se realiza a los primeros feminismos, o lo que podemos llamar “feminismo blanco”, es que universalizó la experiencia de la mujer blanca[1]. Es decir, que en un principio la lucha del feminismo se reducía únicamente a las necesidades de mujeres que, de alguna manera u otra, se encontraban en una situación de privilegio.

La perspectiva antirracista en el feminismo es crucial porque desafía esa visión eurocéntrica y androcéntrica que ha permeado muchos ámbitos académicos y movimientos sociales a través del feminismo blanco[2]. Las mujeres racializadas que vinieron a controvertir estos estándares han proporcionado análisis críticos desde sus experiencias situadas, cuestionando las estructuras de poder y abogando por una comprensión más completa de las intersecciones entre raza, género y clase en la lucha contra la opresión.

Especialmente, han desafiado la homogeneización de la categoría “mujer” en los movimientos feministas, señalando que las experiencias de las mujeres varían significativamente según su raza, etnia, clase y orientación sexual[3]. Este enfoque interseccional ha enriquecido la comprensión de las interconexiones entre diferentes sistemas de opresión.

¿Sabías que…?

Existen instrumentos de protección y promoción de derechos con enfoque antirracista o con perspectiva género-raza. Algunos son:

  1. Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH): se trata del documento de rango internacional establece los derechos fundamentales de todas las personas sin discriminación alguna por raza o género, entre otras.
  2. Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW): es el instrumento internacional que aborda específicamente la discriminación de género y tiene en cuenta las dimensiones de raza y otros factores. Reconoce la interseccionalidad de las discriminaciones que enfrentan las mujeres.
  3. Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial (CERD): este tratado de las Naciones Unidas prohíbe la discriminación racial en todas sus formas y promueve la igualdad racial. Aunque no se centra exclusivamente en la perspectiva de género, reconoce la interseccionalidad de la discriminación.
  4. Declaración y Plataforma de Acción de Beijing: esta convención, que fue adoptada en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer en 1995, destaca la interseccionalidad y reconoce la importancia de abordar las discriminaciones basadas en género y raza.
  5. Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará): es el tratado regional interamericano que se enfoca en la violencia de género y reconoce la interseccionalidad de las formas de discriminación que enfrentan las mujeres, incluyendo el racismo.
  6. Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes: se trata del convenio que aborda los derechos de los pueblos indígenas y reconoce la importancia de abordar la discriminación basada en la raza.
  7. Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas: se reconoce el derecho de las mujeres indígenas al reconocimiento, protección y goce de todos los derechos humanos sin discriminación alguna, estableciendo el deber de los Estados de erradicar toda forma de violencia contra la mujer indígena.
Recomendaciones

A fin de lograr la integración efectiva de la perspectiva racial en las políticas y resoluciones relativas a los derechos de las mujeres, los Estados y órganos de DDHH deberían:

  • Formular políticas de igualdad de género que incluyan de manera explícita la perspectiva interseccional en la formulación de políticas de igualdad de género.
  • Promover la diversidad en todos los niveles de liderazgo para reflejar las diferentes experiencias.
  • Implementar programas educativos que destaquen la importancia de comprender las complejidades de la interseccionalidad. En particular, promover la concientización de la importancia de la interseccionalidad en todos los ámbitos de gobierno, así como en los órganos de toma de decisiones judiciales, a fin de que dicha perspectiva se replique en sus decisiones.
  • Apoyar y promover las organizaciones que trabajan en la intersección de género y raza.
  • Evaluar regularmente la efectividad de las políticas, asegurándose de abordar las múltiples capas de discriminación.

 

[1] Parra, Fabiana (2021). El feminismo será antirracista o no será. Joselito Bembé. Revista Político Cultural, nro. 2, p. 42, disponible en: https://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.12875/pr.12875.pdf

[2] Curiel, Ochy (2007). Crítica poscolonial desde las prácticas políticas del feminismo antirracista. Nómadas, ISSN 0121-7550, ISSN-e 2539-4762, No. 26, p. 93, disponible en: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3997720

[3] Boddenberg, Sophia (2018). Mujeres indígenas y afrodescendientes, interseccionalidad y feminismo decolonial en América Latina. Revista Búsquedas Políticas, Universidad Alberto Hurtado, disponible en: https://politicaygobierno.uahurtado.cl/wp-content/uploads/sites/8/2018/06/sophia_boddenberg_mujeres_indigenas.pdf

México: Raza e Igualdad lanza informe sobre racismo y discriminación racial en el Sistema de Justicia

Washington, D.C., 12 de diciembre de 2023.– El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) realizó el lanzamiento del Informe sobre Racismo Y Discriminación Racial en el Sistema de Justicia de México. Experiencia Ciudad de México, Chiapas, Oaxaca y Yucatán, en el marco del proyecto “Promoción de una agenda antirracista para fortalecer el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil en la lucha contra el racismo y la discriminación racial en México”, el cual es ejecutado con apoyo de la Fundación W.K Kellogg, México. El informe fue realizado por el Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción A.C (CEPIADET) con el aporte de Asistencia Legal por los Derechos Humanos A.C (ASILEGAL). El lanzamiento del informe se realizó el 30 de noviembre en Ciudad de México, el 1 de diciembre en Mérida, Yucatán, y el 4 de diciembre en San Cristóbal de las Casas, Chiapas.

En estos tres espacios se contó con la participación virtual de la presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), Claudia Morales, quien en sus palabras destacó que “es central conocer en dónde están las debilidades del sistema judicial y hacer todo lo posible para que desde todos los frentes se aseguren procesos de procuración de justicia libre de discriminación”. En tanto, Abel Villanueva, Subdirector de Vinculación Social de CONAPRED, señaló como uno de los principales desafíos la globalización de soluciones desconociendo las diferentes contextos que existe entre la población indígena y afrodescendiente. En ese sentido, puso como ejemplo lo que llamó “la Oaxacacización de la problemática y soluciones a la realidad indígena en México”; por lo tanto, celebró que el estudio incluya a Yucatán, espacio del cual poco se discute al momento de generar diálogos respecto a temas étnicos y discriminación racial.

De parte de CEPIADET, participaron Judith Bautista en Ciudad de México, Tomas López en Mérida, y Monivet López en San Cristóbal de las Casas. En sus intervenciones, resaltaron cómo el discurso del mestizaje y la no existencia del racismo en México está fuertemente arraigado en las instancias gubernamentales, por lo que el sistema de justicia no es ajeno a esta realidad. Como organización encargada de elaborar el informe, se refirieron a los principales desafíos que enfrentaron al momento de realizar este trabajo, especialmente: 1) la falta de datos respecto a estas poblaciones, especialmente sobre la población afrodescendiente en el área de justicia, y 2) la falta de acceso a servicios de interpretación para personas indígenas durante los procesos judiciales, siendo esta una de las principales quejas identificadas por parte de las organizaciones, activistas y personas indígenas.

José Luis Gutiérrez, de ASILEGAL, se refirió que actualmente—según datos oficiales—existen más de 7,000 personas privadas de la libertad que pertenecen a pueblos o comunidades indígenas, de las cuales más de 3,000 se encuentran en prisión preventiva, destacando que su organización ha acompañado casos de personas que han estado hasta por 20 años esperando por una sentencia, “lo cual evidencia el uso y abuso de la prisión preventiva, especialmente con poblaciones étnicas”, dijo Gutiérrez. El especialista también apuntó que las personas indígenas que se encuentra en prisión también ven violentados sus derechos desconocen porque no les permiten hablar su lengua materna y no les garantizan el acceso a medicina tradicional de acuerdo a su cosmovisión.

Miguel Alanis, de la Dirección de Justicia Intercultural de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), quien al momento de realizarse este informe participó como consultor de Raza e Igualdad, resaltó la importancia de hacer uso de las instancias regionales, tales como la Convención Interamericana sobre el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia (CIRDI), aportando a los estándares normativos antirracistas y al accionar dentro del sistema judicial. Asimismo, destacó la importancia de las recomendaciones que se hacen en el informe, especialmente la referida a promover una agenda antirracista de manera transversal en todas las instituciones estatales, con énfasis en el sistema judicial.

La Dirección de Justicia Intercultural es un departamento nuevo en la SCJ, con apenas tres meses de haberse creado. Su Directora, Elizabeth Olvera, dijo en Chiapas que tienen grandes expectativas de trabajar con los diferentes operadores de justicia, no solamente haciendo uso de las herramientas que se han creado recientemente al interior de la misma instancia, sino haciendo uso de los conocimientos y experiencias de las organizaciones de la sociedad civil y activistas étnicos en el área de justicia.

Además, las panelistas Flor May, de la Red Nacional de Juventudes Afromexicana y de Afropoderosas de Yucatán, y la académica María Guadalupe Ruiz, de Chiapas, señalaron que el Estado ha dejado por fuera de diálogos a estas zonas por considerarlas no afrodescendientes, lo cual refuerza estereotipos e invisibiliza a esta población. El activista Freddy Castillo, quien se identificó en el espacio realizado en San Cristóbal de las Casas (Chiapas) como AfroChiapaneco, afirmó que existe una gran falencia de auto-reconocimiento como afrodescendiente en sus comunidades, por lo que es necesario apoyar el trabajo que él y otros activistas hacen en ese sentido y acercar a estas poblaciones a programas y políticas públicas que contribuyan al ejercicio y protección de sus derechos.

Elvia Duque, Oficial Senior sobre Raza y Etnicidad de Raza e Igualdad, expresó que confía en que este informe sea un primer paso que permitirá generar un diálogo y monitoreo de las entidades y actores claves para alcanzar cambios en beneficio de las poblaciones indígenas y afromexicanas. Apuntó que es necesario continuar con este tipo de estudios y trabajar directamente con los operadores de justicia y de los sistemas penitenciarios para mejorar su formación y la recolección de datos, ya que actualmente se realizan sin tener en cuenta la auto-inscripción sino con base a estereotipos respecto de lo que es ser una persona indígena o afrodescendiente.

Raza e Igualdad agradece a todos los participantes de este lanzamiento en las diversas comunidades, también al Centro Prodh, la Comisión de Derechos Humanos de Yucatán, especialmente a su presidente Miguel Sabido, y al Centro Estatal de Lenguas, Arte y Literatura Indígenas por abrirnos sus puertas. Raza e Igualdad continuará trabajando para generar acciones que permitan avanzar en la protección y promoción de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y negros, afromexicanos y afrodescendientes en el área de justicia en México.

Raza e Igualdad y Congresistas de Colombia se reúnen para impulsar la ratificación e implementación de la Convención Interamericana contra el Racismo

Colombia, 14 de noviembre del 2023. En un esfuerzo más para promover la ratificación e implementación de la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia (CIRDI) en Colombia, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) realizará este miércoles 15 de noviembre un desayuno de socialización de la  CIRDI con representantes de la Comisión Legal Afrocolombiana, la Vicepresidencia de Colombia y el Ministerio del Interior. La actividad tendrá lugar en el Hotel de la Opera (Cl. 10 #5-72, La Candelaria, Bogotá) y en ella se buscará generar acciones afirmativas para aumentar el conocimiento sobre esta Convención, y promover su ratificación e implementación por parte del Estado colombiano.

Esta acción forma parte de la campaña CIRDI 2024: «Hacia una región libre de discriminación racial» de Raza e Igualdad, cuyo objetivo es fomentar la firma, ratificación e implementación de la CIRDI por parte de los Estados miembros de la OEA, en el contexto del Decenio Internacional para los Afrodescendientes promovido por Naciones Unidas. Uno de sus propósitos es brindar apoyo a los gobiernos para superar los obstáculos específicos que dificultan la ratificación y la implementación efectiva de la CIRDI, como son las limitaciones en cuanto a recursos, capacidad humana y experiencia técnica.

La firma y ratificación de la Convención Interamericana contra el Racismo es fundamental para visibilizar y reconocer las opresiones que sufren las personas afrodescendientes, los pueblos indígenas y otras minorías raciales en el hemisferio. Esta Convención es clave para que los Estados promuevan la igualdad de oportunidades y combatan la discriminación racial en todas sus formas. A pesar de su potencial, la falta de conocimiento y ratificación de la Convención ha impedido su efectividad, lo cual es preocupante ante el aumento de los crímenes de odio motivados por la raza. Es necesario que se reconozca y aborde el racismo para adoptar las leyes y políticas necesarias para combatir la discriminación racial y étnica. El diálogo sobre esta problemática es fundamental para proteger los derechos humanos en igualdad de condiciones para todas las personas del continente.

El objetivo de Raza e Igualdad es fomentar la ratificación de la Convención Interamericana contra el Racismo por parte de todos los Estados miembros de la OEA durante el Decenio Internacional para las personas Afrodescendientes. Con este fin, lanzamos la campaña CIRDI 2024 “Hacia una región libre de discriminación racial”, que busca lograr la ratificación y aplicación universal de la Convención para finales del año 2024. el Objetivo de esta campaña es ayudar a los gobiernos a superar los desafíos que surjan en el camino hacia la ratificación y aplicación, como la falta de recursos, capacidad institucional y experiencia técnica.

Con el fin de lograr este propósito en Colombia, Raza e Igualdad ha llevado a cabo diversas actividades[1] con el objetivo de aumentar el conocimiento dentro de la sociedad civil sobre la CIRDI, con el fin de fortalecer su capacidad para monitorear el proceso de ratificación de la Convención.

En el año 2013, la OEA adoptó la CIRDI[2] con el objetivo de proteger y fomentar los derechos humanos de todas las personas, independientemente de su raza, color, ascendencia u origen étnico. Un año más tarde, en el 2014, el Gobierno colombiano firmó dos convenios interamericanos sobre derechos humanos: la Convención Interamericana Contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia y la Convención Interamericana Contra Toda Forma de Discriminación e Intolerancia. Estos acuerdos fortalecen la legislación nacional en la lucha contra cualquier forma de discriminación y reconocen que Colombia es un país diverso y respetuoso; no obstante, aún no se han ratificado.

En el año 2021, se presentó un proyecto de ley en el Congreso con el objetivo de lograr la ratificación de la CIRDI[3]. Este proyecto de ley es el resultado de un proceso colectivo que involucró a diversos actores de los pueblos indígenas y rom (gitano), y fue liderado por activistas afrocolombianos a través de la Campaña CIRDI 2024 “Hacia una región libre de discriminación racial”, impulsada por Raza e Igualdad.

En Colombia, el racismo y la discriminación racial son prácticas comunes que limitan el pleno disfrute de los derechos humanos por parte de muchas personas; por ello es fundamental que el Estado se comprometa a garantizar la igualdad y a prevenir la discriminación en todos los ámbitos sociales. La ratificación de la CIRDI es un paso crucial para fortalecer el compromiso del Gobierno colombiano en la promoción y protección de los derechos humanos, así como en la lucha contra el racismo estructural y la discriminación racial.

 

 

 

[1] https://www.cirdi2024.org/es/noticias-y-eventos/noticias/71-cirdi-colombia

[2] https://www.oas.org/es/sla/ddi/tratados_multilaterales_interamericanos_A-68_racismo.asp

[3] https://www.cirdi2024.org/es/noticias-y-eventos/noticias/74-radicacion-proyecto-de-ley-cirdi-colombia

En el Día de la Diversidad Étnica y Cultural, Raza e Igualdad rechaza la violencia sistemática de la que han sido víctimas las personas defensoras en el país, especialmente aquellas pertenecientes a comunidades étnicas, y hace un llamado al Gobierno colombiano a que garantice su protección integral

Colombia, 12 de octubre de 2023. En el marco de la conmemoración del Día de la Diversidad Étnica y Cultural en Colombia, desde el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) expresamos nuestra profunda preocupación por la situación de seguridad de líderes y lideresas sociales en Colombia en sus territorios, y urgimos al Gobierno Nacional a ofrecer plenas garantías de seguridad para la promoción y protección de los derechos humanos de poblaciones étnicas, principalmente de comunidades afrodescendientes y pueblos indígenas en el país.

La violencia contra las personas defensoras, afrodescendientes e indígenas tiene un trasfondo histórico y estructural en Colombia. Durante décadas, estos grupos han sido marginados y discriminados, lo que ha generado un contexto de exclusión y desigualdad que se refleja en la falta de acceso a derechos como la salud, la educación y vivienda, así como en la falta de reconocimiento de sus derechos territoriales. Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) durante el 2023 han sido asesinados 135 líderes y lideresas sociales[1], Así mismo las cifras de violencia de Indepaz han arrojado que entre los sectores sociales afectados en el periodo 2016-2023 están los pueblos indígenas, afrodescendientes y campesinos; en particular, en seis municipios del departamento del Cauca se han registrado 167 asesinatos en este periodo, siendo el Norte del Cauca (Caloto, Corinto, Quilichao, Toribio y Suárez)[2] el lugar con mayor presencia de comunidades indígenas y afrodescendientes. Del mismo modo, el subregistro de casos de asesinatos de personas defensoras afrodescendientes e indígenas es preocupante. Se ha observado que los territorios racializados presentan los índices más altos de asesinatos contra estas personas, sin embargo, las cifras no reflejan esta realidad.[3]Esta situación pone en evidencia el difícil contexto de trabajo en el que se desenvuelven los liderazgos sociales en esta región del país.

El municipio de Tumaco sigue siendo el lugar con el mayor nivel de riesgo para desempeñar cualquier tipo de liderazgo. El primer asesinato del año 2023 tuvo lugar allí el 2 de enero, cuando José Taicus Pascal, un joven líder de 16 años y miembro de la Guardia Indígena del resguardo Peña Aisa Gran Rosario, perteneciente al pueblo Awá, fue asesinado.[4]

Una Paz Total que sigue siendo insuficiente  

Durante su mandato, que ya completa 14 meses, Gustavo Petro ha centrado su agenda en la búsqueda de la paz. Para lograr este objetivo, ha llevado a cabo medidas de acercamiento y cese al fuego temporal con diversos grupos armados[5] que operan en el país. Así mismo, El 25 de abril de 2023, el Ministro de Defensa, Iván Velásquez, presentó la «Política de seguridad, defensa y convivencia ciudadana: Garantías para la vida y la paz 2022-2026»[6]. Este documento detalla la estrategia del Gobierno Nacional para abordar las problemáticas de seguridad que afectan a la ciudadanía, así como el papel que desempeñará la fuerza pública y las medidas que se tomarán para fortalecer la confianza en las instituciones encargadas del uso legítimo de la fuerza.

Aunque los esfuerzos del Gobierno han estado encaminados en mitigar la violencia en el país, el número de asesinatos a liderazgos sociales y personas defensoras en Colombia sigue siendo alto. Según datos del Observatorio de Conflictividades y Paz de Indepaz, se registraron 203 asesinatos de líderes sociales y defensores de los derechos humanos entre el 7 de agosto de 2022 (fecha en la que inició su Gobierno el presidente Gustavo Petro) y el 11 de octubre de 2023. En comparación, durante el período comprendido entre el 7 de agosto de 2021 y el 11 de octubre de 2022 (durante el Gobierno de Iván Duque), se reportaron 221 asesinatos. Aunque esto representa una disminución del 8.1% en el número de casos,[7] continúa siendo preocupante que en Colombia no estén dadas las condiciones de seguridad para ejercer libremente el derecho a defender derechos, sin ser víctima de atentados, amenazas, persecuciones y hostigamientos.

El pasado 15 de agosto, la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos presentó su análisis de la situación de los derechos humanos, en el que reconoció el enfoque que el actual Gobierno ha tenido hacia los mismos. Sin embargo, manifestó preocupación por la expansión territorial de grupos armados y sus estrategias violentas de control social.[8] De los 46 casos verificados de homicidios a personas defensoras de derechos humanos, el 13% era autoridades indígenas, el 7% autoridades afrodescendientes y campesinas y el 6.5% corresponde a líderes de organizaciones campesinas[9].

Recomendaciones

Desde Raza e Igualdad, hacemos un llamado al Gobierno de Colombia para que priorice la implementación total del Acuerdo Final de Paz y las políticas públicas de prevención y protección a personas defensoras, promoviendo acciones efectivas para mitigar la violencia contra los liderazgos sociales y pueblos étnicos en el país con la incorporación de un enfoque diferencial. Es fundamental que el Estado adopte medidas concretas para garantizar el pleno ejercicio de los derechos individuales y colectivos de las comunidades étnicas que se encuentran en situación de riesgo, especialmente de aquellas personas que ejercen un rol de liderazgo en sus comunidades debido a los impactos individuales, colectivos y comunitarios que el conflicto armado y la violencia ha generado en sus territorios. Instamos al Gobierno nacional a que garantice el acceso a derechos de las comunidades étnicas, quienes son sujetos de especial protección según la jurisprudencia de la Corte Constitucional y los estándares internacionales.

Así mismo, instamos al Estado a cumplir con los estándares internacionales para combatir el racismo y la discriminación, como la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y formas conexas de Intolerancia (CIRDI), la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (CERD) y su recomendación de 2020 contra el perfilamiento racial, así como el Programa de Acción de Durban.

Por último, solicitamos al Estado a llevar a cabo una reforma policial integral que tome en consideración los impactos y las afectaciones diferenciales que la violencia policial genera en personas defensoras afrodescendientes e indígenas. Es crucial que se adopten e implementen los estándares desarrollados para prevenir el uso excesivo de la fuerza por parte de la Fuerza Pública contra personas afrodescendientes, como la Resolución 43/1 y la Resolución 47/21 de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (ACNUDH), y se promueva la Agenda hacia un cambio transformador para la justicia e igualdad racial.

 

[1] https://twitter.com/Indepaz/status/1711421822548267091

[2] https://indepaz.org.co/wp-content/uploads/2023/09/SEPTIEMBRE_2023.pdf

[3] https://www.hchr.org.co/wp/wp-content/uploads/2023/03/Informe-Anual-2022-en-castellano.pdf

[4] https://www.elespectador.com/judicial/asesinan-a-joven-awa-en-tumaco-el-primer-lider-social-asesinado-en-2023/

[5] El Estado Mayor Central, la Segunda Marquetalia, el Ejército de Liberación Nacional, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y otros actores locales en Buenaventura y Antioquia principalmente.

 

[6] https://ddhhcolombia.org.co/2023/05/24/politica-de-seguridad-defensa-y-convivencia-ciudadana/

[7]https://indepaz.org.co/wp-content/uploads/2023/08/INFORME_UN_AN%CC%83O_GOBIERNO_PETRO_2023.pdf

[8] https://raceandequality.org/es/resources/colombia-preocupacion-por-la-expansion-territorial-de-grupos-armados-y-sus-estrategias-violentas-de-control-social-alto-comisionado-de-la-onu/

[9] https://www.hchr.org.co/historias_destacadas/analisis-de-la-situacion-de-derechos-humanos-en-colombia-del-1-de-enero-al-30-de-junio-de-2023/

Raza e Igualdad reconoce el rol de las juventudes indígenas de América Latina y el Caribe como agentes de cambio hacia la autodeterminación

Washington D.C., 9 de agosto de 2023.- En América Latina y el Caribe existe un contexto de violencia generalizada en el que persisten importantes desafíos en el reconocimiento y goce pleno de la libre determinación y derechos conexos. Frente a esto, las juventudes indígenas, conscientes de su papel como agentes de cambio, impulsan procesos de exigibilidad e incidencia para la defensa de los derechos humanos y promoción de la justicia y rendición de cuentas.

En este Día Internacional de los Pueblos Indígenas, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) se suma al llamado realizado por Naciones Unidas bajo el lema “Juventud indígena, agente de cambio hacia la autodeterminación”, que reconoce los esfuerzos pero también los desafíos a los que se enfrentan las juventudes indígenas de la región en la preservación sus tierras, territorios, lugares sagrados y la revitalización de sus tradiciones y manifestaciones de identidad.

Contexto

Se estima que en América Latina y el Caribe habitan aproximadamente 58 millones de personas pertenecientes a 800 pueblos indígenas, lo que representa el 9.8% de la población regional. En varios Estados de la región existen importantes brechas en el cumplimiento de los marcos normativos y políticos favorables a los derechos de estos pueblos, así como de los estándares internacionales e interamericanos sobre los derechos de los pueblos indígenas y tribales. 

La situación de violencia que enfrentan a raíz de la presencia e invasión de sus tierras por terceros no indígenas, ya sea personas involucradas en actividades madereras, mineras, ganaderas o narcotráfico; y situaciones de conflicto armado, que dejan secuelas de grave riesgo y amenaza contra la supervivencia física y cultural de dichos pueblos. Asimismo, situaciones de criminalización, estigmatización, amenazas contra liderazgos indígenas e incluso asesinatos. 

Juventudes indígenas, agentes de cambio del presente y futuro 

Desde hace algunas décadas, el movimiento indígena latinoamericano ha reconocido la gestación de un movimiento propio de sus juventudes, que se articulan de manera regional y  construyen acciones específicas para el cumplimiento de sus demandas, entre las cuales está el reconocimiento de sus diversidades. 

Las juventudes indígenas poseen una apertura característica para el diálogo interseccional en sus comunidades, que abona a la vitalidad de la identidad y el compromiso adquirido con el legado de sus ancestros y fortalece las estrategias de incidencia ante órganos de protección de los derechos humanos, como en el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de Naciones Unidas; sin embargo, también se enfrentan a desafíos como el adultismo, el desempleo, la discriminación por identidad de género, amenazas, entre otros.

Para Thaís Diakarapó, lideresa del pueblo brasileño Dessana y Coordinadora del Departamento de Adolescentes y Jóvenes Indígenas de la Red Makira E’ta, el reto primordial de las juventudes indígenas es “resignificar que la juventud no sólo es el futuro, también somos agentes de transformación del presente, del ahora, y tenemos la capacidad de liderar y estar al frente de nuestras luchas con el deseo de realizar nuestras demandas”. 

Diakarapó reconoce que el trabajo de la juventud “se está estructurando todos los días y formando liderazgos dentro de su red de lucha”; sin embargo, sus demandas, discusiones y debates actuales se están haciendo solo “de joven a joven” indígena, y es de mucha importancia que estos diálogos también sean intergeneracionales, con las autoridades y otros agentes de mayor poder en la implementación de políticas de transformación. 

Por otro lado, desde la comunidad Muxhe, en el Istmo de Tehuantepec Oaxaca de México, la activista trans Dayanna Gallegos Castillejos, considera que el mayor desafío que enfrentan las juventudes indígenas son los actos de discriminación étnica, particularmente cuando se pertenece a identidades de género indígenas. 

“Las juventudes indígenas necesitamos ser visibles… Necesitamos estar en la agenda global para fortalecer la lucha de nuestras identidades indígenas”, agrega.

Desde Raza e Igualdad, reafirmamos nuestro compromiso en la protección y promoción de los derechos de los pueblos indígenas. Reconocemos el rol fundamental de las juventudes indígenas que alzan sus voces en la búsqueda de justicia para sus pueblos y que crean conexiones intergeneracionales para mantener vivas sus culturas y tradiciones, sin injerencias externas.

Llamamos a los Estados a implementar leyes y políticas que garanticen el derecho a la libre determinación, autonomía y el consentimiento previo libre e informado; y que combatan los problemas estructurales, desigualdades históricas, discriminación y racismo, que ponen en riesgo el bienestar social de los pueblos indígenas.

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