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Día Internacional de los Pueblos Indígenas: defensa territorial y protección ambiental en Brasil, Colombia y Nicaragua

Día Internacional de los Pueblos Indígenas: defensa territorial y protección ambiental en Brasil, Colombia y Nicaragua

Washington, D.C., 10 de agosto de 2026.– Cada 9 de agosto, el Día Internacional de los Pueblos Indígenas recuerda la invaluable contribución de estos pueblos a la preservación de la biodiversidad, la protección de los ecosistemas y la lucha contra la crisis climática. Sus territorios albergan algunos de los ecosistemas más importantes del planeta y sus conocimientos ancestrales han permitido conservarlos durante generaciones.

Los pueblos indígenas administran y conservan territorios que concentran una parte significativa de la biodiversidad mundial. Por ello, los ataques contra sus comunidades no solo vulneran sus derechos individuales y colectivos, sino que también debilitan la protección de bosques, ríos y ecosistemas esenciales para enfrentar la crisis climática.

Sin embargo, quienes protegen la naturaleza también enfrentan graves amenazas. La expansión de actividades extractivas, la ocupación ilegal de tierras, la presencia de actores armados y la falta de garantías estatales han convertido la defensa del territorio en una actividad de alto riesgo para muchas comunidades indígenas en América Latina. Brasil, Colombia y Nicaragua reflejan distintas expresiones de una misma realidad: la vulneración de los derechos territoriales pone en peligro no solo la supervivencia de los pueblos indígenas, sino también la protección del ambiente.

Brasil: la Amazonía bajo presión

En Brasil, la violencia contra los pueblos indígenas está estrechamente vinculada con la disputa por sus territorios y el avance de actividades como la minería ilegal, la deforestación y la ocupación irregular de tierras, especialmente en la Amazonía. Entre 2013 y 2023, más de 30 líderes indígenas fueron asesinados, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), mientras organizaciones nacionales e internacionales continúan alertando sobre las amenazas e invasiones que enfrentan comunidades como el pueblo Uru-Eu-Wau-Wau.

La presión sobre los territorios indígenas también tiene consecuencias ambientales de gran escala. El Atlas de la Violencia 2026 registró un aumento de los homicidios de personas indígenas en el estado de Amazonas, que además concentra el mayor número de tierras indígenas amenazadas por la deforestación, de acuerdo con Imazon. La expansión de estas actividades ilícitas compromete la conservación de la Amazonía y pone en riesgo la supervivencia física y cultural de los pueblos indígenas.

Las mujeres indígenas enfrentan, además, formas interseccionales de discriminación y violencia. Un estudio de la Universidad Federal de Minas Gerais, publicado en The Lancet, encontró que las mujeres indígenas de entre 10 y 49 años mueren, en promedio, ocho años antes que las mujeres blancas, en un contexto marcado por la violencia, la exclusión social, la discriminación institucional y las barreras de acceso a servicios de salud.

Colombia: defender el territorio en medio del conflicto

En Colombia, el territorio constituye la base de la identidad, la espiritualidad y la autonomía de los pueblos indígenas. Sin embargo, la persistencia del conflicto armado, la presencia de grupos armados y las economías ilícitas han convertido muchos resguardos y territorios ancestrales en escenarios de violencia permanente.

Esta violencia alcanza de manera particular a quienes defienden la tierra y el ambiente. Según Global Witness, 48 personas defensoras del ambiente y el territorio fueron asesinadas en Colombia en 2024, la cifra más alta del mundo por tercer año consecutivo. En 2023, fueron asesinadas 79 personas defensoras del ambiente y el territorio, de las cuales 31 eran indígenas. Entre 2012 y 2023, Colombia acumuló 461 asesinatos de personas defensoras de la tierra y el ambiente, el mayor número registrado mundialmente durante ese período.

En su informe Los impactos de la violencia sobre la situación de los derechos humanos en Colombia (2025), la CIDH advierte que los pueblos indígenas continúan siendo víctimas de homicidios, amenazas, desplazamientos forzados, confinamientos y reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes. Las autoridades tradicionales y quienes lideran procesos de defensa del territorio y protección ambiental enfrentan riesgos particularmente elevados, debilitando las estructuras comunitarias y poniendo en peligro la continuidad de sus formas de vida.

La insuficiente implementación de la Reforma Rural Integral y del Capítulo Étnico del Acuerdo de Paz, sumada a la impunidad y las limitadas medidas de protección, continúa obstaculizando la garantía efectiva de los derechos territoriales de los pueblos indígenas.

Nicaragua: el extractivismo profundiza el despojo territorial

En Nicaragua, la defensa de los territorios indígenas y afrodescendientes enfrenta un escenario de creciente presión por la expansión del modelo extractivo. Durante la audiencia “Impactos de las concesiones mineras en los derechos humanos de los pueblos indígenas y afrodescendientes”, celebrada en el 196.º Período de Sesiones de la CIDH, organizaciones de la sociedad civil denunciaron que el Estado ha profundizado una política que favorece la explotación minera a costa de los derechos colectivos de estas comunidades.

Las organizaciones señalaron que el Estado mantiene una deuda histórica al no completar el saneamiento de los territorios indígenas titulados, facilitando la invasión de colonos, mientras reformas legales e institucionales han debilitado las salvaguardas ambientales y eliminado espacios efectivos de participación y consulta. Como consecuencia, las concesiones mineras avanzan sin garantizar el derecho al consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas y afrodescendientes.

Según la información presentada ante la CIDH, 62 lotes mineros afectan 18 territorios indígenas y afrodescendientes, comprometiendo el 25,5 % de sus tierras comunales. El impacto alcanza 163 ríos, 80 quebradas y cerca de 1.900 kilómetros de red hídrica, además de áreas protegidas de enorme importancia ecológica, como las Reservas de Biosfera Bosawás y Río San Juan.

La expansión extractiva también ha intensificado la violencia contra las comunidades. Entre 2013 y 2024, al menos 79 personas indígenas fueron asesinadas en el contexto de invasiones y ataques de colonos en la Costa Caribe, mientras líderes y lideresas indígenas continúan enfrentando criminalización y persecución por defender sus territorios. Estos hechos se producen en un contexto que la CIDH ha documentado como de violencia, despojo territorial e impunidad, con graves consecuencias para la supervivencia física y cultural de los pueblos indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe.

En ese contexto de despojo, violencia y debilitamiento institucional, destaca la muerte bajo custodia del Estado de Brooklyn Rivera, defensor de los derechos de los pueblos indígenas y Ta Upla del pueblo Miskitu, que fue detenido arbitrariamente en septiembre de 2023 y permaneció desaparecido durante más de 970 días.

Proteger los territorios es proteger el futuro

Los casos de Brasil, Colombia y Nicaragua evidencian que la protección de los pueblos indígenas no puede desvincularse de la protección del ambiente. Cuando sus territorios son invadidos, explotados o degradados, también se vulneran derechos colectivos fundamentales como la identidad, la autodeterminación, la cultura y el derecho a un medio ambiente sano.

En este Día Internacional de los Pueblos Indígenas, Raza e Igualdad reafirma que los Estados deben garantizar el derecho de los pueblos indígenas a sus territorios, respetar la consulta y el consentimiento libre, previo e informado, proteger a quienes defienden la tierra y asegurar que el desarrollo económico nunca se construya a costa de los derechos humanos.

Proteger a quienes han resguardado la naturaleza durante generaciones es también proteger los ecosistemas de los que depende nuestra vida y una condición indispensable para enfrentar la crisis climática y construir sociedades más justas y sostenibles.

Organizaciones denuncian ante la CIDH el avance de la política extractiva en Nicaragua y sus consecuencias para los derechos humanos de los pueblos indígenas y afrodescendientes

Washington DC, 4 de agosto de 2026.- En el marco del 196º Período de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el  3 de agosto se celebró una audiencia pública en la que organizaciones de derechos humanos y ambientales expusieron las principales afectaciones derivadas del avance del modelo extractivo en Nicaragua.

En la audiencia, titulada «Nicaragua: Impacto de las concesiones mineras en los derechos humanos de los pueblos indígenas y afrodescendientes», participaron el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad),  la Fundación del Río (FdR) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), quienes presentaron hallazgos y testimonios sobre las consecuencias territoriales, ambientales y sociales de la actividad minera en Nicaragua.

Las organizaciones enfatizaron que esta situación tiene raíces en un incumplimiento histórico del Estado de Nicaragua, debido a la falta de conclusión del proceso de saneamiento de los territorios titulados bajo la Ley de Régimen de Propiedad Comunal de los Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas (Ley 445), así como la ausencia de un marco legal que reconozca y proteja los derechos territoriales de los pueblos indígenas del Pacífico, Centro y Norte del país.

Señalaron que las reformas constitucionales y legales, impulsadas en los últimos años por el Gobierno de Nicaragua, han profundizado el debilitamiento de la autonomía de la Costa Caribe y han reducido la capacidad de decisión de las autoridades indígenas y afrodescendientes sobre sus propios territorios. Para las organizaciones, la expansión minera representa la continuidad de un modelo extractivista que impulsa la explotación de los bienes naturales por encima de los derechos colectivos e individuales de los pueblos.

Carlos Quesada, director ejecutivo de Raza e Igualdad, expresó que la ausencia de saneamiento ha permitido el avance de colonos no indígenas, dejando a las comunidades totalmente desprotegidas.

“Lejos de corregir esa deuda histórica, el Estado ha profundizado el debilitamiento de las garantías territoriales. Las recientes reformas constitucionales y legales han desmantelado el régimen de autonomía de la Costa Caribe, subordinando a los Consejos Regionales y las autoridades comunales y territoriales al poder central y vaciando de contenido los mecanismos de participación y decisión de los pueblos indígenas y afrodescendientes sobre sus propios territorios”, dijo Quesada.

Agregó que este proceso ocurre en un contexto de cierre absoluto del espacio cívico y de represión, que se traduce en “la persecución y criminalización de sus liderazgos. Asimismo, la invasión de los colonos somete a estas comunidades a una violencia sistemática, incluyendo violencia sexual y asesinatos”.

Por su parte, Amaru Ruiz, presidente de Fundación del Río, reiteró que la política estatal extractivista ha removido progresivamente las salvaguardas para la protección de los territorios indígenas y afrodescendientes como la eliminación de controles ambientales y territoriales —incluidos los estudios de impacto ambiental previos para proyectos mineros y la consulta pública obligatoria—, y la modificación de la estructura institucional para concentrar el control minero.

Ruiz advirtió que la expansión del modelo extractivo ha intensificado el uso de mercurio y cianuro en la actividad minera, además de propiciar la persistencia del trabajo infantil en las zonas de explotación. Asimismo, señaló que, por primera vez, la legislación permite el desarrollo de actividades mineras dentro de áreas naturales protegidas.

Como consecuencia de este modelo, Ruiz señaló que actualmente 75 lotes mineros afectan 19 áreas protegidas y dos reservas de biósfera, comprometiendo más de 900,000 hectáreas. Entre las áreas impactadas se encuentran la Reserva de Biósfera Bosawas y la Reserva Biológica Indio Maíz, dos de los principales remanentes de bosque del país.

Alejandra Manavella, de CEJIL, explicó que las consecuencias de la expansión minera  se reflejan en la transformación de los territorios, así como la afectación de los ecosistemas de los que dependen estas comunidades. Señaló que actualmente existen 62 lotes mineros que afectan 18 territorios indígenas y afrodescendientes, comprometiendo el 25.5% de las tierras comunales. Además, indicó que estas concesiones impactan 163 ríos, 80 quebradas y 1,900 km de red hídrica y afectan Bosawas y Río San Juan.

Manavella advirtió que este modelo extractivista se relaciona con procesos de desplazamiento forzado, violencia y criminalización de quienes defienden los territorios. Entre 2013 y 2024, al menos 69 personas indígenas fueron asesinadas en este contexto. Asimismo, señaló los casos de Brooklyn Rivera, Nancy Henríquez, Steadman Fagoth y los ocho guardabosques mayangnas como ejemplos de persecución contra liderazgos indígenas.

Esto sumado al avance de la frontera agrícola, invasión de colonos y la migración ambiental, que afecta especialmente a las mujeres indígenas y afrodescendientes.

Como parte de la audiencia, Lee Bell, asesor técnico y de políticas de International Pollutants Elimination Network (IPEN), presentó de forma virtual los resultados de un estudio piloto sobre concentraciones de mercurio en mujeres indígenas nicaragüenses en edad fértil que habitan una zona donde se practica la minería a pequeña escala, en el Caribe Norte del país. El video de la presentación con subtítulos en español puede verse aquí.

Por  parte de la CIDH, la Comisionada Rosa María Payá, Relatora para Nicaragua, recordó que la Comisión ha documentado de manera reiterada que, en el contexto de consolidación del régimen autoritario, los pueblos indígenas y afrodescendientes enfrentan un patrón de despojo territorial, violencia, debilitamiento de su autonomía y persecución de sus liderazgos, agravado por la expansión de actividades extractivas sin respeto de las garantías de consentimiento libre, previo e informado.

La Comisionada Marion Bethel, Relatora sobre los derechos de las mujeres, solicitó profundizar en los efectos del uso del mercurio en la actividad minera y su impacto en la salud, especialmente de mujeres, niñas y niños. Asimismo, expresó preocupación por las consecuencias que esta actividad tiene en el incremento de la violencia de género en las comunidades afectadas.

La Comisionada también consultó sobre el impacto de las sanciones impuestas por Estados Unidos y otros países al sector minero nicaragüense, y cómo estas inciden en el bienestar y los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes, considerando que parte de los minerales extraídos continúa llegando a mercados internacionales. Finalmente, pidió aclaraciones sobre el uso y la extracción de agua por parte de las empresas mineras, en particular respecto a las autorizaciones y concesiones otorgadas por la Autoridad Nacional del Agua para el desarrollo de estas actividades.

Por su parte, Javier Palummo, Relator Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Redesca), expresó que la discusión no solo se reduce a explotaciones mineras e impactos ambientales, sino que abarca un problema de gobernanza territorial y de distribución del poder.

“Cuando las concesiones se superponen con territorios colectivos, con áreas protegidas, cuando se debilitan los mecanismos de evaluación ambiental, de transparencia, participación, especialmente en contextos de cierre de espacios cívicos, este tipo de circunstancias dan lugar a situaciones de violencia contra las personas defensoras, desplazamiento, violencia contra las comunidades y se encuentra comprometida no solo la propiedad colectiva, la libre determinación, el derecho al ambiente sano, el agua, la salud, la alimentación, sino también las posibilidades de que las comunidades se desarrollen en condiciones de dignidad”, dijo Palummo

Al concluir la audiencia, las organizaciones solicitaron a la CIDH fortalecer el monitoreo sobre la situación de Nicaragua, incorporando de manera específica los impactos de la expansión minera sobre los territorios indígenas y afrodescendientes, articular el seguimiento con la supervisión del cumplimiento de la sentencia Awas Tingni ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y fortalecer la coordinación con los mecanismos del Sistema Universal de Naciones Unidas para reforzar el escrutinio internacional sobre Nicaragua. También se pidió a la Comisión que exhorte a los los países  miembros de la OEA involucrados en la industria minera, como capital de origen o destino de los minerales, para que garanticenque las empresas cumplan con sus obligaciones en materia de derechos humanos.

Raza e Igualdad responsabiliza al régimen Ortega-Murillo por la muerte de Ta Upla Brooklyn Rivera tras más de 970 días de desaparición forzada

Washington, D.C., 31 de mayo de 2026.– Raza e Igualdad condena enérgicamente la muerte del líder indígena Brooklyn Rivera, defensor de los derechos de los pueblos indígenas y Ta Upla del pueblo Miskitu, y responsabiliza directamente al régimen Ortega-Murillo por las graves violaciones de derechos humanos cometidas en su contra, incluyendo su detención arbitraria, desaparición forzada, incomunicación prolongada, el deterioro progresivo de su salud y su muerte bajo custodia del Estado de Nicaragua.

La muerte de Rivera no puede entenderse como un hecho aislado ni como el desenlace inevitable de una condición médica. Constituye el resultado de más de 970 días de privación arbitraria de libertad, desaparición forzada y condiciones de detención incompatibles con la dignidad humana, mientras permanecía bajo el control absoluto de las autoridades nicaragüenses.

Detenido arbitrariamente en septiembre de 2023, Brooklyn Rivera permaneció desaparecido durante largos períodos, sin que su familia, sus abogados o la sociedad nicaragüense pudieran conocer de manera independiente su situación real. Durante todo este tiempo, organizaciones de derechos humanos, mecanismos internacionales, líderes indígenas y actores de la comunidad internacional exigieron información sobre su paradero, garantías para su integridad física y psicológica, acceso a atención médica adecuada y su liberación inmediata. El régimen ignoró sistemáticamente estos llamados.

El 27 de mayo de 2026, las autoridades mostraron públicamente a Brooklyn Rivera en estado crítico de salud. Las imágenes difundidas evidenciaban un severo deterioro físico. El propio informe oficial reconocía que padecía graves infecciones pulmonares, derrame pleural bilateral, falla de múltiples órganos y que dependía de ventilación mecánica y alimentación intravenosa para sobrevivir. Apenas tres días después, se conoció la noticia de su fallecimiento.

La gravedad de su condición no surgió de manera repentina. Fue la consecuencia de años de confinamiento en condiciones contrarias a la dignidad humana y de la negativa del Estado a garantizar plenamente los derechos de una persona bajo su custodia.

Brooklyn Rivera dedicó su vida a la defensa de los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe de Nicaragua. Su encarcelamiento, desaparición forzada y muerte representan también un ataque contra el liderazgo indígena y contra quienes continúan defendiendo derechos humanos, autonomía territorial y libertades fundamentales en Nicaragua.

Raza e Igualdad sostiene que la muerte de Brooklyn Rivera debe ser incorporada a los esfuerzos de documentación, memoria, verdad, justicia y rendición de cuentas impulsados por las víctimas, la sociedad civil y los mecanismos internacionales de derechos humanos. Los responsables de las violaciones cometidas en su contra deberán responder por sus actos.

Asimismo, exigimos que las autoridades entreguen sin demora su cuerpo a sus familiares y respeten plenamente su derecho a despedirle y darle digna sepultura conforme a sus deseos, tradiciones y creencias, sin vigilancia, restricciones, intimidación ni hostigamiento.

“La muerte de Brooklyn Rivera representa una pérdida irreparable para el pueblo miskitu y para los pueblos indígenas de Nicaragua. Durante décadas dedicó su vida a la defensa de los derechos colectivos, la autonomía y los territorios indígenas. Que haya muerto después de más de 900 días de detención y desaparición forzada bajo custodia estatal es un hecho de enorme gravedad que no puede quedar en la impunidad”, afirmó Carlos Quesada, director ejecutivo de Raza e Igualdad.

Desde Raza e Igualdad expresamos nuestra solidaridad con su familia, con el pueblo miskitu y con todas las personas que durante estos años exigieron su libertad.

A 19 años de la agresión a doña Ernestina Ascencio, familia y organizaciones exigen cumplimiento de sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

  • A dos meses de emitida la sentencia de la Corte Interamericana, el Estado mexicano sigue sin proponer una hoja de ruta para el cumplimiento del fallo. 

México, 25 de febrero de 2026.– A 19 años de la agresión sexual perpetrada por miembros del Ejército mexicano contra doña Ernestina Ascencio Rosario, mujer indígena nahua monolingüe de 73 años, que sumada a la falta de atención médica le provocó la muerte, su familia y las organizaciones que les representamos exigimos al Estado mexicano cumplir de manera integral y sin dilaciones la sentencia notificada el 16 de diciembre de 2025 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y manifestamos nuestra preocupación ante la ausencia de una hoja de ruta para su implementación.

Desde el día siguiente a la notificación, las organizaciones litigantes solicitamos formalmente al Estado mexicano remitir cuanto antes la hoja de ruta con acciones y propuestas concretas para el cumplimiento de las medidas ordenadas por la Corte. Sin embargo, a la fecha, el Estado no ha realizado una propuesta, lo que retrasa el acceso efectivo a la justicia, la verdad y la reparación para doña Ernestina y su familia, y pone en riesgo el cumplimiento oportuno de sus obligaciones internacionales.

Fallo histórico

Este aniversario ocurre en un momento histórico. Tras casi dos décadas de impunidad, la Corte Interamericana declaró la responsabilidad internacional del Estado mexicano por las violaciones perpetradas contra doña Ernestina y su familia, así como por la intervención indebida de altas autoridades para garantizar la impunidad de los responsables, y por las barreras lingüisticas y la discriminación por razones de género, etnia y etaria que llevaron a la negativa de justicia, lo que constituyó violación al derecho a la verdad de los familiares de doña Ernestina y de toda la sociedad.

En consecuencia, la Corte ordenó al Estado “[i]mplementar distintas medidas de reparación, incluida una investigación penal exhaustiva y seria sobre la violación sexual, tortura y muerte de la señora Ernestina para identificar, procesar y sancionar a los responsables; brindar tratamiento médico, psicológico y/o psiquiátrico a los familiares; realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional; implementar programas de formación y capacitación para funcionarios públicos; fortalecer el Centro de Atención Especializada de Soledad Atzompa, y crear un Registro Nacional de Intérpretes y Traductores en Lenguas Indígenas para los sistemas de salud y justicia”, entre otras medidas.

Esta sentencia constituye un precedente histórico que reconoce las múltiples formas de discriminación que enfrentan las mujeres indígenas en el hemisferio y reafirma la obligación de los Estados de garantizar el acceso a la justicia sin discriminación.

La decisión también es resultado de la lucha incansable de la familia de doña Ernestina, que durante casi dos décadas se negó a aceptar el silencio y el olvido. Como ha expresado su hija Martha Inés Ascencio: «La sentencia debe ayudar a que lo que le pasó a mi madre no le pase a ninguna otra mujer».

El Estado mexicano tiene la oportunidad y la obligación de honrar esta sentencia mediante acciones concretas, transparentes y oportunas, que garanticen justicia para la familia y contribuyan a la no repetición de estos hechos. 

A 19 años de estos hechos, recordamos a doña Ernestina Ascencio Rosario con respeto y dignidad. Su memoria permanece viva y su caso ha marcado un precedente fundamental en la lucha contra la impunidad y la discriminación. La verdad ha sido reconocida. Ahora, la sentencia debe cumplirse.

Firman:

  • Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos (AJDH)
  • Centro de Servicios Municipales Heriberto Jara A.C. (CESEM)
  • Kalli Luz Marina A.C. 
  • Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas (CONAMI)​
  • Robert and Ethel Kennedy Human Rights Center
  • Instituto Internacional sobre Raza​,​ Igualdad y Derechos Humanos

La Corte Interamericana de Derechos Humanos condena al Estado mexicano por la violación sexual de parte de militares, tortura y muerte de doña Ernestina Ascencio Rosario

La Familia de doña Ernestina Ascencio Rosario y sus representantes, celebramos la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en la que, tras casi diecinueve años de impunidad y denegación de justicia por parte del Estado mexicano, declaró la responsabilidad internacional de este por la violación sexual, tortura y muerte de doña Ernestina Ascencio Rosario, mujer indígena nahua monolingüe de 73 años, agredida en febrero de 2007 por miembros del Ejército Mexicano en la Sierra de Zongolica, Veracruz.

La decisión de la Corte IDH reviste una importancia histórica que permitirá abordar las múltiples barreras que enfrentan las mujeres indígenas en el acceso a la justicia frente a la violencia y discriminación por razones de etnia, género y exclusión económica, al declarar que las violaciones perpetradas por el Estado en perjuicio de las víctimas, fueron resultado de la violencia institucional, la discriminación estructural y la violación del derecho a la verdad, que derivaron en la impunidad de los responsables. Asimismo, la sentencia avanza en la protección de las personas mayores al declarar que adquiere un carácter reforzado cuando la edad se cruza con otros factores de vulnerabilidad, como el género y el origen étnico, particularmente en contextos de militarización, donde se agravan las condiciones de violencia, exclusión y discriminación estructural.

Además, la Corte IDH reiteró el reconocimiento de los obstáculos estructurales que enfrentan los pueblos y las personas indígenas en el acceso a la justicia como resultado de las dinámicas históricas de discriminación, marginación y exclusión social y ordenó al Estado adoptar medidas para su eliminación.

El análisis sistemático que realizó la Corte de los factores que garantizaron impunidad a los responsables, tales como las declaraciones públicas de altas autoridades, incluido el entonces Presidente de la República, hace visible la manera en que la conducta estatal condujo a perpetuar la discriminación, la impunidad y a profundizar la situación de vulnerabilidad de la señora Ernestina y de su familia. En consecuencia, la Corte determinó que el Estado incurrió en violencia institucional en perjuicio de la señora Ernestina Ascencio Rosario y de sus familiares. Esta manera de abordar y analizar la actuación del Estado ofrece a las fiscalías y a quienes imparten justicia, una metodología para asegurar una actuación en el marco de las garantías del debido proceso y la protección judicial centrada en los derechos de las víctimas y las condiciones de vulnerabilidad que enfrentan por razones étnicas, de género y cualquier otro factor de discriminación.

En consecuencia, la Corte ordenó al Estado, entre otras medidas de reparación, realizar una investigación penal exhaustiva y seria en un plazo razonable, de la violación, tortura y muerte de doña Ernestina, que derive en la sanción de los responsables; adoptar medidas de satisfacción y rehabilitación, como brindar atención médica y psicológica culturalmente adecuadas a sus familiares; hacer pública la sentencia y realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad; y otorgar becas de estudios básicos, técnicos y/o universitarios a nietos y nietas de doña Ernestina que así lo deseen. También ordenó al Estado mexicano implementar un programa de formación y capacitación de servidores públicos en los aspectos señalados en la sentencia; a fortalecer el centro de salud ubicado en el Municipio de Soledad Atzompa; a adoptar medidas en materia de salud y justicia con perspectiva de género, étnica y etaria; a atender las barreras lingüísticas que enfrentan las mujeres indígenas en el Estado de Veracruz; y a elaborar un registro nacional de intérpretes de lenguas indígenas. El Estado deberá informar dentro de un año sobre el cumplimiento de estas medidas y la Corte lo supervisará hasta su plena implementación.

Luego de conocer la sentencia, la señora Martha Inés Asencio, hija de doña Ernestina, manifestó: “Estoy muy contenta porque nosotras solas no sabíamos qué íbamos a hacer y ustedes nos apoyaron. Ahora con la sentencia, ya sabemos que sí nos hicieron caso. A tres meses de cumplir los 19 años de la muerte de mi mamá, hoy escuché un poco de justicia de lo que hemos venido luchando, pero falta que el Estado cumpla con lo que le ordenaron”.  

Para Patricia Benítez Pérez, coordinadora del CESEM, “la sentencia de la Corte IDH honra la memoria de doña Ernestina Ascencio Rosario. La verdad acallada durante 19 años de la familia Inés Ascencio ha sido dignificada en el más alto Tribunal de justicia en la región, que respalda la verdad y las palabras que en vida expresó doña Ernestina: ´Pinomeh xoxokmeh nopan omotlahtlamotlakeh´ -Los hombres de verde se me echaron encima-”. 

Para Julia Marcela Suárez Cabrera, representante de AJDH, “el reclamo que emprendimos para conocer la verdad sobre los agravios perpetrados contra doña Ernestina y su familia, posibilitó que la Corte IDH les brindara justicia y ordenara al Estado la implementación de medidas de reparación para las víctimas y de no repetición, que garanticen los derechos de las mujeres indígenas en México”.   

Las representantes de las víctimas consideramos que la jurisprudencia emitida por la Corte en este caso será una herramienta fundamental en la lucha contra el racismo estructural que como en el presente caso se manifiesta con la discriminación racial que enfrentan las mujeres indígenas y otros sectores históricamente discriminados que buscan protección judicial frente a las violencias ejercidas en su contra.    

​​La sentencia llega luego de casi dos décadas de ocurridos los hechos, de búsqueda ininterrumpida de la verdad, la justicia y la reparación  sin resultados, lo que llevó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a presentar el caso ante la Corte IDH en el 2023. La prolongada falta de respuestas estatales adecuadas consolidó hasta el día de hoy, un escenario de impunidad y violación del derecho a la verdad que la decisión de la Corte IDH busca corregir y que refleja las fallas estructurales del Estado en la garantía integral de los derechos humanos de las mujeres indígenas, en especial, del derecho a una vida libre de violencia y discriminación, el derecho a una vida digna, así como a tener las garantías adecuadas de acceso a la verdad y la justicia.  

Las organizaciones Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos (AJDH), el Centro de Servicios Municipales Heriberto Jara A.C. (CESEM),  Kalli Luz Marina A.C., la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas (CONAMI)​, el Robert and Ethel Kennedy Human Rights Center y el Instituto Internacional sobre Raza​,​ Igualdad y Derechos Humanos, representantes de las víctimas, luego de ser notificadas de la sentencia solicitamos formalmente al Estado mexicano nos proponga una hoja de ruta para el cumplimiento pleno de la sentencia, lo cual le brinda la oportunidad de honrar la palabra empeñada al declarar el 2025 “Año de las Mujeres indígenas”, cumpliéndola a cabalidad y sin mayor dilación.

CONTACTOS DE PRENSA:

Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos (AJDH)

Contacto: Carmen Herrera, justiciayderechoshumanos2006@gmail.com, Whatsapp: 55 4347 6669

Centro de Servicios Municipales Heriberto Jara A.C. (CESEM)

Contacto: Arlet García López, centrohj@gmail.com, Whatsapp: 228 177 3127

Kalli Luz Marina A.C.

Contacto: Elizabeth Guevara Mitzi, kallilegal23@gmail.com  

Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas (CONAMI)​

Contacto: Patricia Torres Sandoval y Norma Don Juan Pérez, mujeresindigenasconami@gmail.com, WhatsApp: +52 55 2407 8827

Robert and Ethel Kennedy Human Rights Center

Contacto: Angelita Baeyens, baeyens@rfkhumanrights.org

Instituto Internacional sobre Raza​,​ Igualdad y Derechos Humanos

Contacto: Christina M. Fetterhoff, fetterhoff@raceandequality.org, WhatsApp: +1-202-867-6225

Segundo Decenio de los Afrodescendientes: Es hora de que los Estados ratifiquen la Convención Interamericana contra el Racismo

Washington, D.C., 21 de marzo de 2025.– Conmemorar un año más el Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial nos lleva a reflexionar sobre los hechos que dieron origen a esta fecha, pero también sobre la persistencia de este mal y los pasos que son necesarios para combatirlo y erradicarlo, como la ratificación e implementación de la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia (CIRDI).

El 21 de marzo de 1960, 20,000 personas negras protestaron en Sudáfrica contra una ley que restringía sus movimientos, lo que provocó la masacre de Sharpeville, en la que murieron 69 personas. En memoria de las víctimas, la Organización de Naciones Unidas (ONU) designó esta fecha como Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial.

Más de siete décadas después, el racismo estructural continúa afectando a personas afrodescendientes y pueblos indígenas en América Latina y el Caribe, lo que se traduce en precariedad de acceso a educación, vivienda y trabajo. A ello se suma la violencia desproporcionada por parte de fuerzas del orden y grupos ilegales.

Por ejemplo, datos del Atlas de la Violencia 2024 muestran que en Brasil, en 2022, el 66,4% de las mujeres asesinadas eran negras, con un total de 2.526 víctimas, y el 76,5% de los homicidios registrados fueron de personas negras.

En tanto, en Cuba, la pobreza extrema afecta principalmente a las personas afrodescendientes, según un estudio entre mayo y junio de 2024 por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), el cual detalla que “del total de la muestra (1,148 encuestas), el 61% dijo tener problemas para comprar lo más esencial para sobrevivir, mientras que en la población afrocubana la cifra se ubica en el 68%”.

Una oportunidad clave para combatir el racismo

El pasado 17 de diciembre de 2024, Naciones Unidas proclamó el Segundo Decenio Internacional de los Afrodescendientes. Este hecho marca una oportunidad clave para que en las Américas se impulsen acciones concretas que combatan los legados del racismo estructural, la esclavitud y el colonialismo. El éxito de esta iniciativa dependerá de la voluntad política de los Estados, algo que quedó en evidencia durante el primer Decenio (2015-2024), donde, a pesar de avances importantes, la falta de compromiso de los gobiernos impidió un cambio transformador.

Barbara Reynolds, presidenta del Grupo de Trabajo de Expertos sobre los Afrodescendientes de la ONU (WGEPAD, por sus siglas en inglés), fue clara al señalar que el primer Decenio «aumentó la concienciación sobre el racismo contra las personas negras, pero careció de suficiente voluntad política e inversión por parte de los Estados Miembros».

En América Latina y el Caribe, las desigualdades estructurales siguen afectando desproporcionadamente a las comunidades afrodescendientes e indígenas. La educación, la salud, la vivienda, el acceso a oportunidades económicas y la representación política continúan siendo barreras significativas. Además, estas poblaciones enfrentan vulnerabilidades agravadas por la crisis climática, la exclusión digital y la injusticia ambiental.

En este contexto, si los Estados realmente quieren erradicar el racismo en la región, un paso fundamental es la ratificación de la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia (CIRDI).

La CIRDI: Un compromiso pendiente

La CIRDI, adoptada por la Organización de los Estados Americanos (OEA) en 2013, es un instrumento legal crucial para combatir el racismo en la región. Sin embargo, pocos países la han ratificado, dejando a millones de afrodescendientes y personas indígenas sin una protección efectiva contra la discriminación racial.

Recordemos que la CIRDI establece obligaciones claras para los Estados, incluyendo: el desarrollo de políticas públicas para eliminar la discriminación racial, la promoción de la igualdad de oportunidades para comunidades afrodescendientes e indígenas, el fortalecimiento de los sistemas de justicia para evitar la criminalización desproporcionada de estas poblaciones, y la protección de defensores y defensoras de derechos humanos afrodescendientes, entre otras.

A pesar de su importancia, la falta de voluntad política sigue siendo el mayor obstáculo. Mientras algunos países han dado pasos significativos con leyes de acción afirmativa y oficinas para la equidad racial, la ausencia de un marco regional vinculante impide avances sostenibles y coordinados.

El nuevo Decenio: Un momento decisivo

El Segundo Decenio Internacional de los Afrodescendientes no puede repetir los errores del primero. Para garantizar un verdadero cambio estructural, desde Raza e Igualdad consideramos que los Estados deben:

  1. Ratificar e implementar la CIRDI. No basta con discursos y compromisos simbólicos; es necesario que los países incorporen sus principios en sus legislaciones nacionales.
  2. Diseñar planes de acción nacionales con la participación de la sociedad civil. Sin su voz, las políticas seguirán ignorando las necesidades reales de las personas afrodescendientes y pueblos indígenas.
  3. Recolectar datos desagregados sobre la situación socioeconómica de la población afrodescendiente y pueblos indígenas. Sin cifras precisas, no hay manera de diseñar políticas efectivas.
  4. Implementar acciones afirmativas en educación y empleo.
  5. Proteger a personas defensoras de derechos humanos afrodescendientes e indígenas. Su trabajo por la defensa de sus territorios y la justicia ambiental las expone a riesgos constantes.
  6. Cumplir con las recomendaciones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha emitido informes clave sobre el racismo en la región, pero pocos Estados han tomado medidas al respecto.

Un llamado a la acción

El racismo y la discriminación racial no son conceptos abstractos, sino realidades diarias para millones de personas afrodescendientes e indígenas en las Américas. Combatir esta injusticia requiere más que buenas intenciones; necesita decisiones políticas concretas, empezando por la ratificación de la CIRDI.

América Latina y el Caribe deben liderar esta lucha. No hay excusas para postergar más la adopción de este tratado fundamental. Es momento de actuar.

Programa de pasantías para jóvenes afrodescendientes e indígenas en Chile: Una iniciativa para fortalecer el liderazgo social y la inclusión laboral

Washington, DC; 12 de noviembre de 2024.– El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), la Colectiva de Mujeres Afrodescendientes Luanda y la Asociación Indígena Mapuche Rayen Leufú presentan un programa de pasantías dirigida a jóvenes afrodescendientes e indígenas en Chile.

Esta iniciativa se presenta en el marco del proyecto “Iniciativa de equidad en el fortalecimiento de colaboración y empoderamiento de las comunidades afrodescendientes e indígenas en América Latina y el Caribe” y tiene como objetivo fundamental fortalecer las capacidades de jóvenes afrodescendientes e indígenas mediante el desarrollo de competencias para impulsar la inclusión laboral de personas afrodescendientes e indígenas, contribuyendo así al fortalecimiento de la equidad étnico-racial.

¿Quiénes pueden postular?

Jóvenes afrodescendientes e indígenas de entre 20 y 30 años en Chile, que cuenten con experiencia en liderazgo e incidencia por los derechos de las personas afrodescendientes e indígenas.

Detalles de las Pasantías:

Modalidad: Presencial, con reuniones virtuales.

Duración: 2 meses (enero a marzo de 2025). Las pasantías cuentan con un estipendio mensual y formación continua.

Postula antes de las 23:59 (hora de Chile) del 29 de diciembre de 2024, enviando los documentos requeridos y completando el formulario de la convocatoria a la cual estás postulando.

  • Pasantía para jóvenes afrodescendientes:

Conoce todos los detalles de la convocatoria y cómo postular, aquí:

https://raceandequality.org/wp-content/uploads/2024/12/Terminos-de-referencia_Pasantias_Jovenes-afrodescendientes_Chile_2025_ampliacion_2.pdf 

  • Pasantías para jóvenes indígenas:

Conoce todos los detalles de la convocatoria y cómo postular, aquí:

https://raceandequality.org/wp-content/uploads/2024/12/Terminos-de-referencia_Pasantias_Jovenes-indigenas_Chile_ampliacion.pdf

¡Aprovecha esta oportunidad y contribuye al cambio social en Chile!

Ante el auge de la extrema derecha en Latinoamérica, líderes afrolatinos, indígenas y LGBTI+ sostuvieron reuniones de incidencia en Washington D.C.

Washington D.C., 16 de octubre 2024.- Ante la creciente influencia de movimientos de extrema derecha y el preocupante avance de agendas racistas y xenófobas en América Latina y el Caribe, una delegación de liderazgos afrolatinos, indígenas y LGBTI+, encabezada por el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), sostuvo reuniones clave de incidencia en Washington D.C. con el Congreso de los Estados Unidos, el Departamento de Estado y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Durante estos encuentros, la delegación presentó soluciones y perspectivas críticas frente a problemas como la discriminación racial y de género, la brutalidad policial y la sistemática falta de acceso a servicios esenciales como la salud y la educación.

Asimismo, la delegación presentó recomendaciones para promover la formulación e integración de políticas más inclusivas y equitativas en marcos clave como el Plan de Acción Conjunta para la Igualdad Racial y Étnica (JAPER), el Plan de Eliminación de la Discriminación Racial en las Américas (CAPREE) y la Declaración de Asociación de América del Norte por la Equidad y la Justicia Racial. 

Durante las reuniones, Mauricio Ye’kwana, Director Ejecutivo de Hutukara Associação Yanomami, abordó la crisis de violencia que enfrenta los territorios indígenas en Brasil, destacando las constantes amenazas derivadas de la explotación minera ilegal y la falta de reconocimiento gubernamental de sus tierras ancestrales. Ye’kwana señaló la negligencia del gobierno en su protección y la impunidad que rodea los asesinatos de líderes indígenas. También alertó sobre el preocupante reclutamiento de jóvenes indígenas por grupos armados, lo que debilita la cohesión comunitaria. Además, hizo un llamado urgente a la representación indígena en foros internacionales como la COP, enfatizando la necesidad de reconocer a los pueblos indígenas como guardianes esenciales del medio ambiente.

Bruna Benevides, Presidenta de la Asociación Nacional de Travestis y Transexuales (ANTRA), de Brasil, expuso las violaciones de derechos humanos que enfrentan las mujeres trans, especialmente las mujeres trans negras. Benevides señaló que el componente racial del transfemicidio está profundamente arraigado en la sociedad brasileña, y que las mujeres trans negras son desproporcionadamente afectadas por la violencia y la exclusión. Benevides también enfatizó la falta de representación de las personas trans en los movimientos antirracistas y que la invisibilización de sus problemas dentro de los espacios LGBTQ+ es una preocupación clave. 

Por su parte, Lucía Xavier, Coordinadora General de CRIOLA (Brasil) alertó sobre una ola conservadora que se ha extendido por Brasil y que aumentado significativamente la violencia contra las mujeres negras, tanto cis como trans, quienes enfrentan múltiples barreras para acceder a recursos básicos debido a políticas de financiamiento discriminatorias. Xavier solicitó una mayor representación política de las mujeres negras, así como políticas públicas efectivas que protejan sus derechos y promuevan su bienestar.

María Martínez, del Movimiento Socio-Cultural de los Trabajadores Haitianos (MOSCTHA),  denunció la constante amenaza de expulsión y la brutalidad policial que sufren las personas migrantes haitianas en República Dominicana. La reciente política del gobierno dominicano de deportar a 10,000 haitianos por semana ha agravado la discriminación y el racismo estructural que ya sufren estas comunidades, siendo las mujeres haitianas particularmente vulnerables a la violencia de género. Asimismo, Martínez explicó que la falta de reconocimiento civil y la situación de apatridia excluyen a estas personas del acceso a servicios básicos como la salud y la educación. 

Erlendy Cuero, vicepresidenta de la Asociación Nacional de Afrocolombianos desplazados (AFRODES) de Colombia, alertó sobre la difícil situación de la juventud afrodescendiente en Colombia, particularmente afectada por la violencia y el conflicto armado. La discriminación racial por parte de las fuerzas de seguridad ha resultado en un aumento alarmante de homicidios y desapariciones forzadas de jóvenes afrocolombianos, quienes son frecuentemente estigmatizados y tratados como sospechosos solo por su color de piel. 

Sandra Arizabaleta, Directora de la Fundación Afrodescendiente por las diversidades sociales y sexuales “Somos Identidad” (Colombia) expuso cómo la polarización política en Colombia ha exacerbado la violencia y la discriminación contra las personas afrodescendientes y LGBTI+. Para Arizabaleta es urgente crear políticas públicas que aborden de manera efectiva la interseccionalidad entre raza, género y orientación sexual, algo que actualmente está ausente en el discurso político colombiano. Asimismo, denunció la violencia que aún persiste por parte de grupos armados contra estas poblaciones vulnerables.

Cecilia Ramírez, Directora Ejecutiva del Centro para el Desarrollo de la Mujer Negra Peruana (CEDEMUNEP), Perú explicó que el plan de desarrollo afroperuano, que fue diseñado para mejorar las condiciones de estas comunidades, se ha estancado debido a la falta de recursos financieros y apoyo técnico. Ramírez también enfatizó en cómo el racismo estructural sigue siendo un obstáculo para el progreso social y económico de las personas afrodescendientes en Perú, quienes continúan teniendo los peores indicadores socioeconómicos. En sus planteamientos, propuso la implementación de cuotas étnicas para asegurar la representación política de afrodescendientes e indígenas, y subrayó la necesidad de procesos de autoidentificación más inclusivos que consideren tanto el género como la etnicidad.

Patricia Torres Sandoval, Representante del Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas (ECMIA), centró su intervención en la violencia contra las mujeres y niñas indígenas, enfatizando cómo esta situación se ve agravada por la violencia estructural que proviene del racismo, la pobreza y el colonialismo. También subrayó el impacto devastador de las actividades extractivistas en la región, que no solo causan destrucción ambiental, sino que también profundizan la pobreza y la exclusión social de las comunidades indígenas, intensificando la violencia contra las mujeres. Torres destacó que la falta de voluntad política y la implementación ineficaz de acuerdos internacionales contribuyen a la marginación y exclusión de estas comunidades, lo que requiere una atención urgente y sostenida.

Finalmente, las y los líderes presentaron una serie de recomendaciones clave a las autoridades, enfocadas en fortalecer la representación, promover políticas inclusivas y garantizar la rendición de cuentas:

  • Financiar programas que promuevan el liderazgo de las comunidades Afro-Latinas, Indígenas y LGBTQ+. 
  • Fomentar alianzas entre organizaciones de base de derechos humanos en EE.UU. y América Latina para fortalecer su capacidad y visibilidad. 
  • Instar a los gobiernos latinoamericanos a adoptar legislaciones que protejan a las poblaciones marginadas y promuevan políticas antirracistas y antihomofóbicas. 
  • Garantizar que acuerdos como JAPER y CAPREE aborden activamente la violencia que sufren estas comunidades.
  • Fortalecer la supervisión de la financiación internacional para garantizar que los recursos lleguen a los grupos vulnerables. 
  • Facilitar el diálogo entre los gobiernos y la sociedad civil para mejorar la transparencia en el monitoreo de derechos humanos y garantizar la rendición de cuentas de los responsables de abusos.

Raza e Igualdad respalda firmemente estas recomendaciones y reafirma su compromiso de seguir acompañando a estos liderazgos en la promoción de sus voces ante instancias gubernamentales y otros espacios de incidencia. Asimismo, continuará trabajando en la documentación de las violaciones a los derechos humanos y en la construcción de propuestas que fomentan sociedades más inclusivas, equitativas y respetuosas.

Visita de la Relatora de la ONU sobre el Racismo a Brasil: El racismo sistémico y la violencia contra las mujeres de grupos raciales y étnicos son los aspectos más destacados de su informe

Brasil, 02 de setembro de 2024 – «El racismo sistémico exige respuestas sistémicas». Así lo enfatizó Ashiwini K.P., Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia, durante la conferencia de prensa con las conclusiones preliminares de su visita a Brasil. Entre el 5 y el 16 de agosto, la Relatora visitó Brasilia, Salvador, São Luís, São Paulo, Florianópolis y Río de Janeiro, donde se reunió con autoridades del Poder Ejecutivo Federal y de los gobiernos estaduales, así como con diversas organizaciones de los movimientos negro, indígena, quilombola y gitano (pueblos romani).

En preparación para la visita, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) junto con el Instituto para el Desarrollo y los Derechos Humanos (IDDH), organizaron una capacitación virtual con entidades de la sociedad civil para apoyarlas en la elaboración del documento con recomendaciones que serían entregadas a la Relatora. Además, en la capacitación se presentaron los alcances y objetivos de la visita con el propósito de orientarles en acciones de diálogo e incidencia ante este procedimiento especial de la ONU.

«La visita de la Relatora sobre el racismo se da en un momento importante para el país, al fin y al cabo, estamos en otro año de elecciones y de abogar por políticas públicas interseccionales. Desde nuestra perspectiva, destacamos la importancia de proporcionar a las organizaciones brasileñas la relación entre la ONU y el gobierno, porque a partir del informe que se presentará, el Estado debe comprometerse a implementar reparaciones en materia de racismo»; destaca Rodnei Jericó da Silva, Director de Raza e Igualdad en Brasil.

Hallazgos preliminares: Aspectos destacados

Raza e Igualdad presenta algunos puntos clave de las conclusiones preliminares destacadas por la Relatora sobre su experiencia en el país, y que serán presentadas en el informe final al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en junio de 2025. Este informe será entregado al gobierno brasileño, que, como país signatario de la ONU, aceptó la visita oficial como una forma de evaluar sus políticas públicas.

En este sentido, Ashiwini K.P. destacó que identificó puntos positivos en algunas acciones gubernamentales, como el reconocimiento del racismo como un fenómeno sistémico; la creación del Ministerio de Igualdad Racial, el Ministerio de Pueblos Indígenas y la Secretaría de los Pueblos Romaníes, adentro del Ministerio de Igualdad Racial; las sólidas propuestas de políticas afirmativas; y la existencia de una unidad de salud en Bahía para el tratamiento de la anemia falciforme. Sin embargo, la Relatora enfatizó que los avances en el gobierno avanzan a un ritmo lento, ya que, reconociendo que el pasado colonialista genera una exclusión de grupos marcados por la violencia estructural, Brasil debe adoptar un enfoque sistémico para garantizar la justicia reparatoria.

La falta de datos desglosados es una cuestión señalada como urgente por la Relatora. Destacando la ausencia de datos sobre los pueblos gitanos, las personas LGBTI+, los migrantes, los refugiados y las personas con discapacidad, que se enfrentan a una discriminación múltiple. También señala el crecimiento de células neonazis, especialmente en Santa Catarina, donde mencionó que hay un borrado de datos sobre este último tema. De esta manera, enfatizó que Brasil debe garantizar que la investigación y las políticas públicas sean apoyadas y consultadas por los grupos en situación de vulnerabilidad.

Así pues, entre sus propuestas figura la creación de una institución nacional de derechos humanos independiente de conformidad con los principios relativos al estatuto de las instituciones nacionales de promoción y protección de los derechos humanos (Principios de París), con el fin de supervisar y aplicar medidas antirracistas.

La Relatora enfatizó que las comunidades indígenas y quilombolas se encuentran bajo numerosos retrocesos protagonizados por el Legislativo y el Congreso Nacional. En sus críticas, destacó la lentitud del Estado en el proceso de demarcación territorial de estas comunidades; la seriedad de la tesis del marco temporal; el racismo ambiental como motor de exclusión y vulnerabilidad; y el descuido de la salud de estas poblaciones ante el avance de la minería ilegal (plaguicidas y enfermedades urbanas). También expresó su preocupación por la violencia sufrida por los pueblos indígenas y los quilombolas, destacando el reciente caso Guaraní-Kaiowá, en Mato Grosso do Sul, y otros conflictos en Bahía. Por lo tanto, la Relatora instó al Gobierno a tomar una posición urgente frente a la intimidación contra los pueblos indígenas y quilombolas, advirtiendo sobre la gravedad de la violencia ambiental consecuente, y que se deben tomar acciones más contundentes, además de enfatizar el compromiso internacional de Brasil con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

«Es necesario un plan nacional coordinado para los asuntos indígenas y quilombolas, ya que la protección de sus tierras es esencial para enfrentar la crisis climática», dijo Ashiwini K.P.

La comprensión del racismo religioso como una práctica persecutoria y reproductora de violencia contra los practicantes de religiones de base africana fue uno de los aspectos más destacados de sus conclusiones. En este sentido, la Relatora citó casos que les llegaron a través de la sociedad civil, como el transporte privado que se niega a llevar a las personas con sus vestimentas religiosas, la pérdida de la custodia de los hijos por parte de las mujeres axé y las agresiones físicas organizadas contra terreiros. A su entender, destacó que el Estado permite este tipo de prácticas misóginas y racistas y sugirió que el gobierno cree un programa de protección para enfrentar este problema.

«Incluso si existe Dial 100, la falta de inversión por parte del Estado envía un mensaje de impunidad y de que el gobierno no tomará ninguna medida contra el racismo religioso», dijo.

En cuanto a la situación de las defensoras y defensores de derechos humanos, la Relatora expresó su consternación por la gravedad de las amenazas y la brutalidad policial a la que están expuestos estos grupos. Aunque reconoció la importancia de la creación del Grupo de Trabajo Técnico de Sales Pimenta, para elaborar propuestas de la Política y el Plan Nacional de Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos, destacó la falta de recursos para los derechos humanos y la efectividad de los que ya existen. De esta manera, instó a Brasil a implementar las acciones recomendadas por la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, Mary Lawlor, luego de su visita a Brasil en abril de este año.

Ante la situación de las mujeres negras y las interseccionalidades de género, como las mujeres LBT, el precario acceso al sistema de salud y la violencia obstétrica, el tema de las trabajadoras domésticas, la violencia sexual y el feminicidio que impacta desproporcionadamente a estas mujeres, con lo que ponderó la necesidad de la orientación psicológica como política pública gubernamental. La Relatora mostró gran preocupación por los datos presentados que demuestran que las mujeres negras están más expuestas al feminicidio, destacando la violencia que se presenta con las mujeres negras lesbianas y transexuales. Además, en su evaluación se observó la penalización del aborto, además de las barreras que enfrentan las mujeres que buscan incluso el aborto legal, de conformidad con el Código Penal. En este sentido, enfatizó su preocupación por la Propuesta de Enmienda Constitucional 1904/2024, que aumenta las penas para las mujeres que abortan hasta 20 años de prisión. En este punto, se destacó la importancia de que el Gobierno implemente las recomendaciones del Comité CEDAW, que evaluó a Brasil este año, para despenalizar el aborto y garantizar el acceso seguro para todas las personas, respetando los derechos y la autonomía corporal de las mujeres. En cuanto a la economía del cuidado, también observó la explotación económica que sufren las trabajadoras domésticas.

En cuanto a la violencia policial, la Relatora señaló que son especialmente las madres afrodescendientes las que pierden a sus hijos e hijas debido a la brutalidad policial, y que además de ser víctimas, también son criminalizadas.  Por lo tanto, su informe tendrá un punto importante en el que se deben tomar medidas más efectivas contra el sistema penitenciario y, aun reconociendo que el uso de cámaras policiales es un paso importante hacia una política de seguridad antirracista, señaló que hay informes de que estas cámaras no se utilizan y que el gobierno está utilizando medidas de discriminación racial sin base científica. De esta manera, instó al gobierno a crear leyes para el uso de la inteligencia artificial para que no se utilice de manera racista.

La Relatora también destacó la segregación espacial, especialmente en los grandes centros, que en su mayoría están ocupados por afrodescendientes y que tienen un acceso precario a la infraestructura. Además, destacó la falta de apoyo a las personas en situación de calle.

El avance de la extrema derecha y el crecimiento de células neonazis fue uno de los puntos de extrema preocupación de la Relatora, quien destacó que existe una negación por parte del estado de Santa Catarina sobre estos grupos y que se deben implementar políticas y acciones afirmativas que refuercen la legislación local para combatir el negacionismo. Desde esta perspectiva, también destacó su preocupación por la falta de esfuerzos del legislativo brasileño frente a proyectos de ley que pretenden hacer retroceder algunos de los derechos ya conquistados.

Por último, expresó su preocupación por el crecimiento de la violencia política de género y el discurso de odio, e instó al gobierno a tomar medidas cuidadosas en este ámbito. Destacó que la baja representación de grupos en situación de vulnerabilidad en los espacios de toma de decisiones es un reflejo del racismo sistémico. Además, esta falta de representatividad también se puede ver dentro del Poder Judicial.

Raza e Igualdad agradece a Ashiwini K.P. por su apoyo e interés, en el compromiso de su relatoría para promover acciones antirracistas y de justicia racial en Brasil. Destacamos como valor importante el reconocimiento del racismo religioso como práctica racista y discriminatoria ante un mecanismo internacional de derechos humanos. Seguimos luchando por la defensa y garantía de los derechos humanos para enfrentar las desigualdades estructuradas por el sistema racista. Es urgente que el Estado brasileño se comprometa con las demandas de justicia y equidad de su población. Un gobierno cuya propuesta es «Unión y Reconstrucción» debe tener como prioridad la reparación histórica.

Finalmente, compartimos algunas de las recomendaciones entregadas a la Relatoría sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia por parte de organizaciones brasileñas:

  • Mejoramiento de las políticas públicas de acceso a la asistencia jurídica y a los servicios de apoyo a las víctimas de violencia doméstica y familiar, a partir de un relevamiento de los casos registrados en los últimos años, con el objetivo de apoyar y proteger a las mujeres víctimas de violencia y racismo (especialmente el racismo religioso), entre otras acciones que se señalen, a partir de la colaboración de las agrupaciones feministas, líderes religiosos, gestores públicos y expertos en el tema.
  • Exigir la implementación de la Política Nacional de Salud para la Población LGBTI+ a través de la creación de equipamiento de salud especializado para atender las demandas de alta complejidad en la salud de las mujeres lesbianas;
  • Recomendar que el Estado brasileño aborde de manera efectiva todas las barreras a la justicia que enfrentan las víctimas de delitos racistas acelerando los enjuiciamientos, revisando los estándares de evidencia para fortalecer la rendición de cuentas por actos discriminatorios y monitoreando las disparidades raciales en el acceso a la justicia, especialmente para las mujeres afrodescendientes y las personas LGBTI+.
  • Pedir al Estado brasileño que procure implementar adecuadamente medidas de reparación para las víctimas y familiares afectados por la violencia del Estado, que deben incluir apoyo psicológico, asistencia médica e indemnización económica, además de otras que sean necesarias en el análisis del caso concreto.
  • Asegurar que el Estado brasileño también cumpla con las recomendaciones preparadas por los Comités para la Eliminación de la Discriminación Racial y el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, órganos creados en virtud de tratados que recientemente examinaron el país y señalaron preocupaciones similares.
  • Recomendar la participación política de los pueblos indígenas y comunidades quilombolas en el desarrollo de políticas públicas que afecten sus territorios y en las políticas de defensa del medio ambiente. Además, instar al Estado brasileño a garantizar la demarcación y titulación de las tierras quilombolas e indígenas, además de rechazar la tesis del Marco Temporal.

Día Internacional de los Pueblos Indígenas: Elevando la voz de organizaciones y activistas indígenas en espacios de promoción y protección de sus derechos

Washington DC, 9 de agosto de 2024.– En el último año, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) ha reforzado su trabajo de acompañamiento y capacitación a organizaciones y activistas por los derechos de los pueblos indígenas en las Américas, de cara a potenciar su participación e incidencia en espacios de promoción y protección de sus derechos.

Al conmemorar este 9 de agosto el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, hacemos un recuento de estas acciones para resaltar una vez más los planteamientos y recomendaciones que organizaciones y activistas indígenas han hecho en torno a diversos temas cruciales, como la desigualdad socio-económica, la discriminación interseccional, la participación política y las violaciones de derechos humanos que afectan a sus territorios y comunidades.

“La participación de nuestras contrapartes en estos foros internacionales y en diversas plataformas nacionales es fundamental, no solo porque les permite asumir roles de liderazgo en ámbitos políticos y sociales, sino también porque fortalece su voz y visibilidad a nivel global, facilitando la incidencia en agendas de desarrollo”, valora Lucía Chibán, oficial del Programa Legal para América Latina de Raza e Igualdad. 

La participación e incidencia se ha realizado a nivel Sistema Universal (Naciones Unidas) y del Sistema Interamericano (Organización de Estados Americanos y Comisión Interamericana de Derechos Humanos) de Derechos Humanos. De forma simultánea, desde el Programa de Justicia Racial de Raza e Igualdad, se han llevado a cabo procesos de capacitación sobre los mecanismos existentes en ambos espacios para la promoción y protección de los derechos de pueblos indígenas. 

Denunciando situación en Nicaragua en diversos espacios

En enero pasado, Raza e Igualdad y otras organizaciones realizaron un taller de capacitación para la preparación de informes al Examen Periódico Universal (EPU), de cara al Cuarto Ciclo de dicho Examen para Nicaragua ante Naciones Unidas, lo cual resultó en que tres organizaciones indígenas y comunitarias elaboraron y presentaron sus informes al EPU.

En el marco del 23 periodo de sesiones del Foro Permanente sobre Cuestiones Indígenas, realizado en abril de este año, Raza e Igualdad organizó actividades para denunciar la situación de los pueblos indígenas en Nicaragua, y brindó acompañamiento a Tininiska Rivera, hija del líder indígena miskitu Brooklyn Rivera, exdiputado del partido Yatama y actual preso político del régimen de Daniel Ortega. 

En su intervención en el Foro, Rivera denunció que su familia está siendo amenazada por buscar información sobre su padre, quien está en situación de desaparición forzada desde septiembre 2023.

Entre el 6 y 11 de noviembre de 2023, Raza e Igualdad organizó una gira de incidencia en Washington DC en la que participó el defensor de derechos humanos Amaru Ruiz, quien brindó información de relevancia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con énfasis en las violaciones diferenciadas en contra de los pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes del Caribe Norte de Nicaragua. 

En una audiencia temática en el marco del 188 periodo de sesiones de la CIDH—en diciembre de 2023—Raza e Igualdad en conjunto con organizaciones de Nicaragua y otros países de la región, presentó información relevante sobre minería ilegal y sus impactos negativos en derechos humanos y el ambiente, con especial énfasis en los pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes.

Durante el 190 periodo de sesiones de la CIDH, en julio de 2024, Raza e Igualdad y otras organizaciones participaron en una audiencia temática sobre la situación de los pueblos indígenas en la Costa Caribe Norte de Nicaragua, denunciando las violaciones a derechos humanos que ocurren con la aquiescencia del Estado, a través de patrones sistemáticos de violencia y discriminación hacia las comunidades para despojarlas de sus territorios. 

Mujeres indígenas de Brasil Incidiendo ante CEDAW 

Con el apoyo de Raza e Igualdad, la Asociación de Mujeres Indígenas en Mutirão (AMIM) preparó y presentó un informe temático alternativo al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) antes de su examen a Brasil, que tuvo lugar el 23 de mayo de 2024. El informe recoge diversas cuestiones que afectan a mujeres y niñas indígenas de las comunidades Karipuna, Galibi Marworno, Galibi Kali’na y Palikur, en la frontera con la Guayana Francesa. Entre las principales preocupaciones figuran la violencia de género, los problemas de salud y las repercusiones de los proyectos de desarrollo y el cambio climático. 

Claudia Renata Lod Moraes, de AMIM, asistió a la sesión y participó en iniciativas de promoción más allá de la revisión, como una reunión con la Oficial del Alto Comisionado para Brasil, Liliana Trillo Diaz, y conversaciones con diversos mandatos de los Procedimientos Especiales. Además, participó como panelista en un evento presencial en Ginebra el 23 de mayo, con el tema «Mujeres plurales en diálogos interseccionales». En este evento, mujeres LBT (Lesbianas, Bisexuales y Transgénero), junto con mujeres indígenas, negras y quilombolas, compartieron estrategias de defensa destinadas a garantizar que sus recomendaciones al CEDAW conduzcan a transformaciones políticas y sociales a través de un enfoque interseccional.

En las observaciones finales sobre los informes periódicos octavo y noveno de Brasil, el Comité expresó su preocupación por las formas interseccionales de discriminación y las desventajas económicas y sociales a las que se enfrentan las mujeres indígenas y quilombolas, así como las mujeres afrodescendientes del país.

Denunciando minería ilegal y amenanzas a los territorios ante el EMRIP

El mes pasado, durante el Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (EMRIP), tuvimos el honor de acompañar oficialmente al Instituto Iepé y colaborar con organizaciones indígenas a través de la Red de Cooperación Amazónica de Brasil, de la cual Iepé es parte. En este marco, acompañamos a dos líderes de la “Aliança em Defesa dos Territórios”, que representa a los pueblos indígenas Kayapó (Instituto Kabu – Doto Tatak Ire), Munduruku (sin presencia física) y Yanomami (Hutukara Associação Yanomami – Julio Ye’kwana). Durante su participación, los líderes denunciaron de manera contundente la minería ilegal de oro en sus terrritorios, la contaminación por mercurio y las violaciones sistémicas que afectan sus tierras, vidas y derechos. En este contexto, presentaron dos declaraciones orales, participaron en un evento paralelo y sostuvieron reuniones bilaterales con procedimientos especiales de la ONU y representantes de la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. 

Representación de lideresas indígenas en la CSW68 y en la Asamblea General de la OEA

En marzo de 2024, Raza e Igualdad participó y apoyó la participación del Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas (ECMIA) en la 68ª sesión de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW68), lo cual incluyó un amplio cronograma de actividades oficiales y eventos paralelos. Sus debates se centraron en la economía y el impacto de la pobreza en la vida de las mujeres indígenas, abordados desde una perspectiva intergeneracional, intercultural, de igualdad de género y de derechos individuales y colectivos. 

Patricia Torres Sandoval, del ECMIA, también participó en el 54º Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General, que tuvo lugar del 26 al 28 de junio en Paraguay, donde se encargó de leer y presentar la Declaración Indígena ante la 54 Asamblea General de la OEA.

En su intervención, abogó por que se respeten los derechos de los pueblos indígenas, que se prohíban las concesiones mineras en sus tierras, especialmente de litio, que se establezcan mecanismos para erradicar la criminalización de los defensores de la tierra y los desplazamientos forzosos debidos al cambio climático y la inseguridad, y que se agilice la resolución de casos de violaciones contra mujeres indígenas.

Empoderando a liderazgos indígenas jóvenes

En Colombia, resaltamos el importante rol que tienen los liderazgos juveniles para avanzar en la promoción y garantía de los derechos de los pueblos indígenas. En ese sentido, Raza e Igualdad y la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas (ONIC) se encuentran desarrollando el proyecto “Empoderar las voces de las y los jóvenes indígenas y afrodescendientes: construir comunidades más fuertes para la equidad y la inclusión en Brasil y Colombia”.

En el marco de las actividades que hemos desarrollado en conjunto, uno de los objetivos principales es visibilizar el Plan de Acción para la Igualdad Étnica y Racial (CAPREE, por sus siglas en inglés). Asimismo, la importancia de la incidencia a través del uso de los estándares internacionales para pueblos indígenas en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y el Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos. 

En Raza e Igualdad tenemos el firme compromiso de apoyar la participación contrapartes indígenas en espacios internacionales, pues de esta forma contribuyen a la denuncia de la marginalización estructural y las múltiples formas de discriminación que enfrentan las comunidades indígenas. A través de documentos políticos de gran impacto, nuestras contrapartes han presentado propuestas desarrolladas que reflejan su dedicación, resiliencia y espíritu colaborativo en la defensa de sus derechos.

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