Raza e Igualdad y Congresistas de Colombia se reúnen para impulsar la ratificación e implementación de la Convención Interamericana contra el Racismo

Colombia, 14 de noviembre del 2023. En un esfuerzo más para promover la ratificación e implementación de la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia (CIRDI) en Colombia, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) realizará este miércoles 15 de noviembre un desayuno de socialización de la CIRDI con representantes de la Comisión Legal Afrocolombiana, la Vicepresidencia de Colombia y el Ministerio del Interior. La actividad tendrá lugar en el Hotel de la Opera (Cl. 10 #5-72, La Candelaria, Bogotá) y en ella se buscará generar acciones afirmativas para aumentar el conocimiento sobre esta Convención, y promover su ratificación e implementación por parte del Estado colombiano.

Esta acción forma parte de la campaña CIRDI 2024: «Hacia una región libre de discriminación racial» de Raza e Igualdad, cuyo objetivo es fomentar la firma, ratificación e implementación de la CIRDI por parte de los Estados miembros de la OEA, en el contexto del Decenio Internacional para los Afrodescendientes promovido por Naciones Unidas. Uno de sus propósitos es brindar apoyo a los gobiernos para superar los obstáculos específicos que dificultan la ratificación y la implementación efectiva de la CIRDI, como son las limitaciones en cuanto a recursos, capacidad humana y experiencia técnica.

La firma y ratificación de la Convención Interamericana contra el Racismo es fundamental para visibilizar y reconocer las opresiones que sufren las personas afrodescendientes, los pueblos indígenas y otras minorías raciales en el hemisferio. Esta Convención es clave para que los Estados promuevan la igualdad de oportunidades y combatan la discriminación racial en todas sus formas. A pesar de su potencial, la falta de conocimiento y ratificación de la Convención ha impedido su efectividad, lo cual es preocupante ante el aumento de los crímenes de odio motivados por la raza. Es necesario que se reconozca y aborde el racismo para adoptar las leyes y políticas necesarias para combatir la discriminación racial y étnica. El diálogo sobre esta problemática es fundamental para proteger los derechos humanos en igualdad de condiciones para todas las personas del continente.

El objetivo de Raza e Igualdad es fomentar la ratificación de la Convención Interamericana contra el Racismo por parte de todos los Estados miembros de la OEA durante el Decenio Internacional para las personas Afrodescendientes. Con este fin, lanzamos la campaña CIRDI 2024 “Hacia una región libre de discriminación racial”, que busca lograr la ratificación y aplicación universal de la Convención para finales del año 2024. el Objetivo de esta campaña es ayudar a los gobiernos a superar los desafíos que surjan en el camino hacia la ratificación y aplicación, como la falta de recursos, capacidad institucional y experiencia técnica.

Con el fin de lograr este propósito en Colombia, Raza e Igualdad ha llevado a cabo diversas actividades[1] con el objetivo de aumentar el conocimiento dentro de la sociedad civil sobre la CIRDI, con el fin de fortalecer su capacidad para monitorear el proceso de ratificación de la Convención.

En el año 2013, la OEA adoptó la CIRDI[2] con el objetivo de proteger y fomentar los derechos humanos de todas las personas, independientemente de su raza, color, ascendencia u origen étnico. Un año más tarde, en el 2014, el Gobierno colombiano firmó dos convenios interamericanos sobre derechos humanos: la Convención Interamericana Contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia y la Convención Interamericana Contra Toda Forma de Discriminación e Intolerancia. Estos acuerdos fortalecen la legislación nacional en la lucha contra cualquier forma de discriminación y reconocen que Colombia es un país diverso y respetuoso; no obstante, aún no se han ratificado.

En el año 2021, se presentó un proyecto de ley en el Congreso con el objetivo de lograr la ratificación de la CIRDI[3]. Este proyecto de ley es el resultado de un proceso colectivo que involucró a diversos actores de los pueblos indígenas y rom (gitano), y fue liderado por activistas afrocolombianos a través de la Campaña CIRDI 2024 “Hacia una región libre de discriminación racial”, impulsada por Raza e Igualdad.

En Colombia, el racismo y la discriminación racial son prácticas comunes que limitan el pleno disfrute de los derechos humanos por parte de muchas personas; por ello es fundamental que el Estado se comprometa a garantizar la igualdad y a prevenir la discriminación en todos los ámbitos sociales. La ratificación de la CIRDI es un paso crucial para fortalecer el compromiso del Gobierno colombiano en la promoción y protección de los derechos humanos, así como en la lucha contra el racismo estructural y la discriminación racial.

[1] https://www.cirdi2024.org/es/noticias-y-eventos/noticias/71-cirdi-colombia

[2] https://www.oas.org/es/sla/ddi/tratados_multilaterales_interamericanos_A-68_racismo.asp

[3] https://www.cirdi2024.org/es/noticias-y-eventos/noticias/74-radicacion-proyecto-de-ley-cirdi-colombia

En el Día de la Diversidad Étnica y Cultural, Raza e Igualdad rechaza la violencia sistemática de la que han sido víctimas las personas defensoras en el país, especialmente aquellas pertenecientes a comunidades étnicas, y hace un llamado al Gobierno colombiano a que garantice su protección integral

Colombia, 12 de octubre de 2023. En el marco de la conmemoración del Día de la Diversidad Étnica y Cultural en Colombia, desde el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) expresamos nuestra profunda preocupación por la situación de seguridad de líderes y lideresas sociales en Colombia en sus territorios, y urgimos al Gobierno Nacional a ofrecer plenas garantías de seguridad para la promoción y protección de los derechos humanos de poblaciones étnicas, principalmente de comunidades afrodescendientes y pueblos indígenas en el país.

La violencia contra las personas defensoras, afrodescendientes e indígenas tiene un trasfondo histórico y estructural en Colombia. Durante décadas, estos grupos han sido marginados y discriminados, lo que ha generado un contexto de exclusión y desigualdad que se refleja en la falta de acceso a derechos como la salud, la educación y vivienda, así como en la falta de reconocimiento de sus derechos territoriales. Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) durante el 2023 han sido asesinados 135 líderes y lideresas sociales[1], Así mismo las cifras de violencia de Indepaz han arrojado que entre los sectores sociales afectados en el periodo 2016-2023 están los pueblos indígenas, afrodescendientes y campesinos; en particular, en seis municipios del departamento del Cauca se han registrado 167 asesinatos en este periodo, siendo el Norte del Cauca (Caloto, Corinto, Quilichao, Toribio y Suárez)[2] el lugar con mayor presencia de comunidades indígenas y afrodescendientes. Del mismo modo, el subregistro de casos de asesinatos de personas defensoras afrodescendientes e indígenas es preocupante. Se ha observado que los territorios racializados presentan los índices más altos de asesinatos contra estas personas, sin embargo, las cifras no reflejan esta realidad.[3]Esta situación pone en evidencia el difícil contexto de trabajo en el que se desenvuelven los liderazgos sociales en esta región del país.

El municipio de Tumaco sigue siendo el lugar con el mayor nivel de riesgo para desempeñar cualquier tipo de liderazgo. El primer asesinato del año 2023 tuvo lugar allí el 2 de enero, cuando José Taicus Pascal, un joven líder de 16 años y miembro de la Guardia Indígena del resguardo Peña Aisa Gran Rosario, perteneciente al pueblo Awá, fue asesinado.[4]

Una Paz Total que sigue siendo insuficiente

Durante su mandato, que ya completa 14 meses, Gustavo Petro ha centrado su agenda en la búsqueda de la paz. Para lograr este objetivo, ha llevado a cabo medidas de acercamiento y cese al fuego temporal con diversos grupos armados[5] que operan en el país. Así mismo, El 25 de abril de 2023, el Ministro de Defensa, Iván Velásquez, presentó la «Política de seguridad, defensa y convivencia ciudadana: Garantías para la vida y la paz 2022-2026»[6]. Este documento detalla la estrategia del Gobierno Nacional para abordar las problemáticas de seguridad que afectan a la ciudadanía, así como el papel que desempeñará la fuerza pública y las medidas que se tomarán para fortalecer la confianza en las instituciones encargadas del uso legítimo de la fuerza.

Aunque los esfuerzos del Gobierno han estado encaminados en mitigar la violencia en el país, el número de asesinatos a liderazgos sociales y personas defensoras en Colombia sigue siendo alto. Según datos del Observatorio de Conflictividades y Paz de Indepaz, se registraron 203 asesinatos de líderes sociales y defensores de los derechos humanos entre el 7 de agosto de 2022 (fecha en la que inició su Gobierno el presidente Gustavo Petro) y el 11 de octubre de 2023. En comparación, durante el período comprendido entre el 7 de agosto de 2021 y el 11 de octubre de 2022 (durante el Gobierno de Iván Duque), se reportaron 221 asesinatos. Aunque esto representa una disminución del 8.1% en el número de casos,[7] continúa siendo preocupante que en Colombia no estén dadas las condiciones de seguridad para ejercer libremente el derecho a defender derechos, sin ser víctima de atentados, amenazas, persecuciones y hostigamientos.

El pasado 15 de agosto, la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos presentó su análisis de la situación de los derechos humanos, en el que reconoció el enfoque que el actual Gobierno ha tenido hacia los mismos. Sin embargo, manifestó preocupación por la expansión territorial de grupos armados y sus estrategias violentas de control social.[8] De los 46 casos verificados de homicidios a personas defensoras de derechos humanos, el 13% era autoridades indígenas, el 7% autoridades afrodescendientes y campesinas y el 6.5% corresponde a líderes de organizaciones campesinas[9].

Recomendaciones

Desde Raza e Igualdad, hacemos un llamado al Gobierno de Colombia para que priorice la implementación total del Acuerdo Final de Paz y las políticas públicas de prevención y protección a personas defensoras, promoviendo acciones efectivas para mitigar la violencia contra los liderazgos sociales y pueblos étnicos en el país con la incorporación de un enfoque diferencial. Es fundamental que el Estado adopte medidas concretas para garantizar el pleno ejercicio de los derechos individuales y colectivos de las comunidades étnicas que se encuentran en situación de riesgo, especialmente de aquellas personas que ejercen un rol de liderazgo en sus comunidades debido a los impactos individuales, colectivos y comunitarios que el conflicto armado y la violencia ha generado en sus territorios. Instamos al Gobierno nacional a que garantice el acceso a derechos de las comunidades étnicas, quienes son sujetos de especial protección según la jurisprudencia de la Corte Constitucional y los estándares internacionales.

Así mismo, instamos al Estado a cumplir con los estándares internacionales para combatir el racismo y la discriminación, como la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y formas conexas de Intolerancia (CIRDI), la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (CERD) y su recomendación de 2020 contra el perfilamiento racial, así como el Programa de Acción de Durban.

Por último, solicitamos al Estado a llevar a cabo una reforma policial integral que tome en consideración los impactos y las afectaciones diferenciales que la violencia policial genera en personas defensoras afrodescendientes e indígenas. Es crucial que se adopten e implementen los estándares desarrollados para prevenir el uso excesivo de la fuerza por parte de la Fuerza Pública contra personas afrodescendientes, como la Resolución 43/1 y la Resolución 47/21 de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (ACNUDH), y se promueva la Agenda hacia un cambio transformador para la justicia e igualdad racial.

[1] https://twitter.com/Indepaz/status/1711421822548267091

[2] https://indepaz.org.co/wp-content/uploads/2023/09/SEPTIEMBRE_2023.pdf

[3] https://www.hchr.org.co/wp/wp-content/uploads/2023/03/Informe-Anual-2022-en-castellano.pdf

[4] https://www.elespectador.com/judicial/asesinan-a-joven-awa-en-tumaco-el-primer-lider-social-asesinado-en-2023/

[5] El Estado Mayor Central, la Segunda Marquetalia, el Ejército de Liberación Nacional, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y otros actores locales en Buenaventura y Antioquia principalmente.

[6] https://ddhhcolombia.org.co/2023/05/24/politica-de-seguridad-defensa-y-convivencia-ciudadana/

[7]https://indepaz.org.co/wp-content/uploads/2023/08/INFORME_UN_AN%CC%83O_GOBIERNO_PETRO_2023.pdf

[8] https://raceandequality.org/es/resources/colombia-preocupacion-por-la-expansion-territorial-de-grupos-armados-y-sus-estrategias-violentas-de-control-social-alto-comisionado-de-la-onu/

[9] https://www.hchr.org.co/historias_destacadas/analisis-de-la-situacion-de-derechos-humanos-en-colombia-del-1-de-enero-al-30-de-junio-de-2023/

Raza e Igualdad reconoce el rol de las juventudes indígenas de América Latina y el Caribe como agentes de cambio hacia la autodeterminación

Washington D.C., 9 de agosto de 2023.- En América Latina y el Caribe existe un contexto de violencia generalizada en el que persisten importantes desafíos en el reconocimiento y goce pleno de la libre determinación y derechos conexos. Frente a esto, las juventudes indígenas, conscientes de su papel como agentes de cambio, impulsan procesos de exigibilidad e incidencia para la defensa de los derechos humanos y promoción de la justicia y rendición de cuentas.

En este Día Internacional de los Pueblos Indígenas, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) se suma al llamado realizado por Naciones Unidas bajo el lema “Juventud indígena, agente de cambio hacia la autodeterminación”, que reconoce los esfuerzos pero también los desafíos a los que se enfrentan las juventudes indígenas de la región en la preservación sus tierras, territorios, lugares sagrados y la revitalización de sus tradiciones y manifestaciones de identidad.

Contexto

Se estima que en América Latina y el Caribe habitan aproximadamente 58 millones de personas pertenecientes a 800 pueblos indígenas, lo que representa el 9.8% de la población regional. En varios Estados de la región existen importantes brechas en el cumplimiento de los marcos normativos y políticos favorables a los derechos de estos pueblos, así como de los estándares internacionales e interamericanos sobre los derechos de los pueblos indígenas y tribales.

La situación de violencia que enfrentan a raíz de la presencia e invasión de sus tierras por terceros no indígenas, ya sea personas involucradas en actividades madereras, mineras, ganaderas o narcotráfico; y situaciones de conflicto armado, que dejan secuelas de grave riesgo y amenaza contra la supervivencia física y cultural de dichos pueblos. Asimismo, situaciones de criminalización, estigmatización, amenazas contra liderazgos indígenas e incluso asesinatos.

Juventudes indígenas, agentes de cambio del presente y futuro

Desde hace algunas décadas, el movimiento indígena latinoamericano ha reconocido la gestación de un movimiento propio de sus juventudes, que se articulan de manera regional y construyen acciones específicas para el cumplimiento de sus demandas, entre las cuales está el reconocimiento de sus diversidades.

Las juventudes indígenas poseen una apertura característica para el diálogo interseccional en sus comunidades, que abona a la vitalidad de la identidad y el compromiso adquirido con el legado de sus ancestros y fortalece las estrategias de incidencia ante órganos de protección de los derechos humanos, como en el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de Naciones Unidas; sin embargo, también se enfrentan a desafíos como el adultismo, el desempleo, la discriminación por identidad de género, amenazas, entre otros.

Para Thaís Diakarapó, lideresa del pueblo brasileño Dessana y Coordinadora del Departamento de Adolescentes y Jóvenes Indígenas de la Red Makira E’ta, el reto primordial de las juventudes indígenas es “resignificar que la juventud no sólo es el futuro, también somos agentes de transformación del presente, del ahora, y tenemos la capacidad de liderar y estar al frente de nuestras luchas con el deseo de realizar nuestras demandas”.

Diakarapó reconoce que el trabajo de la juventud “se está estructurando todos los días y formando liderazgos dentro de su red de lucha”; sin embargo, sus demandas, discusiones y debates actuales se están haciendo solo “de joven a joven” indígena, y es de mucha importancia que estos diálogos también sean intergeneracionales, con las autoridades y otros agentes de mayor poder en la implementación de políticas de transformación.

Por otro lado, desde la comunidad Muxhe, en el Istmo de Tehuantepec Oaxaca de México, la activista trans Dayanna Gallegos Castillejos, considera que el mayor desafío que enfrentan las juventudes indígenas son los actos de discriminación étnica, particularmente cuando se pertenece a identidades de género indígenas.

“Las juventudes indígenas necesitamos ser visibles… Necesitamos estar en la agenda global para fortalecer la lucha de nuestras identidades indígenas”, agrega.

Desde Raza e Igualdad, reafirmamos nuestro compromiso en la protección y promoción de los derechos de los pueblos indígenas. Reconocemos el rol fundamental de las juventudes indígenas que alzan sus voces en la búsqueda de justicia para sus pueblos y que crean conexiones intergeneracionales para mantener vivas sus culturas y tradiciones, sin injerencias externas.

Llamamos a los Estados a implementar leyes y políticas que garanticen el derecho a la libre determinación, autonomía y el consentimiento previo libre e informado; y que combatan los problemas estructurales, desigualdades históricas, discriminación y racismo, que ponen en riesgo el bienestar social de los pueblos indígenas.

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