Declaración y el Programa de Acción de Durban: Expectativas de la sociedad civil sobre el proyecto de Declaración Internacional de protección, promoción y efectivo cumplimiento de los derechos de los afrodescendientes

Declaración y el Programa de Acción de Durban: Expectativas de la sociedad civil sobre el proyecto de Declaración Internacional de protección, promoción y efectivo cumplimiento de los derechos de los afrodescendientes

El 15 de enero de 2025, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) y la Articulación Latinoamericana para los Decenios Afrodescendientes (ALDA) organizaron una reunión en la sede de Raza e Igualdad en Ginebra, con el objetivo de avanzar en la implementación de la Declaración y el Plan de Acción de Durban. En esta reunión participaron las Misiones de Brasil -con representación del Ministerio de Igualdad Racial (MIR)-, de Colombia, de México y de Chile; así como representantes del Foro Permanente sobre los Afrodescendiente de Naciones Unidas y organizaciones de la sociedad civil de países como Brasil, Costa Rica, Chile y Argentina. 

Este encuentro se llevó a cabo en el marco de las actividades del Grupo de Trabajo Intergubernamental, reunido del 13 al 17 de enero de 2025 en Ginebra. Su principal objetivo fue visibilizar la implementación del Plan de Acción y la Declaración de Durban, así como resaltar la importancia de una alianza estratégica para la incidencia política en el proyecto de declaración internacional para la protección, promoción y cumplimiento efectivo de los derechos de las personas afrodescendientes. Es importante destacar que hubo poca participación directa de entidades de la sociedad civil en este espacio intergubernamental, ya que solo pudieron asistir organizaciones de la sociedad civil con «estatus consultivo ECOSOC de la ONU» [1] o que hubieran participado en la Conferencia de Durban en 2001. 

Por esta razón, Raza e Igualdad y ALDA [2] participaron en la 23ª Sesión del Grupo de Trabajo Intergubernamental sobre la Implementación Efectiva de la Declaración y el Programa de Acción de Durban (IGWG, por sus siglas en inglés), para apoyar el proyecto de Declaración de los Derechos de las Personas Afrodescendientes. Como grupos de la sociedad civil, presentamos algunas consideraciones importantes que los gobiernos deben tener en cuenta en este proyecto de Declaración. Además de brindar apoyo esencial a las Misiones de Brasil y Colombia para que puedan liderar y amplificar las voces de casi 200 millones de afrodescendientes en las Américas, queremos destacar la necesidad de garantizar la participación y escucha de la sociedad civil y de los pueblos afrodescendientes, así como de la población latinoamericana y caribeña. En este sentido, destacamos algunas recomendaciones: 

Apoyamos al Gobierno de Colombia, que en esta sesión presentó una postura muy clara sobre el reconocimiento de los afrodescendientes como sujeto colectivo en el marco de la jurisprudencia internacional y de las naciones que lo han establecido por ley. Por lo tanto, el proyecto de Declaración debe considerar en su lenguaje a las personas, comunidades y pueblos afrodescendientes. 

Consideramos necesario ampliar el concepto de afrodescendiente como una expresión civilizatoria que tiene su origen en la experiencia de la trata de esclavos africanos ocurrida entre los siglos XVI y XIX en las Américas. Los afrodescendientes deben ser reconocidos como grupos étnico-culturales que también habitan territorios rurales, preservan instituciones culturales tradicionales y se definen como tales. 

El concepto de pueblos afrodescendientes se está integrando en el sistema internacional de derechos humanos, salvaguardando el derecho de los miembros de estas comunidades a ser sujetos colectivos de derechos, más allá de las categorías tradicionales de “igualdad y no discriminación como principio fundamental de los derechos humanos» (Recomendación General 34 de 2011 del CERD). 

Desde la perspectiva del concepto de «diáspora africana» aplicado a los afrodescendientes en las Américas, el sistema de justicia interamericano reconoce a los afrodescendientes rurales como «pueblos tribales», ya que las comunidades rurales mantienen una relación con el territorio que va más allá de los aspectos físicos, transformándolo en un mecanismo de lucha, trascendencia política y reivindicación de su ancestralidad. 

El movimiento afro-latinoamericano ha tenido siempre una participación colectiva y activa en la agenda internacional de derechos, incluso antes de Durban. Por ello, subrayamos la importancia de este evento y la necesidad de fortalecer lazos, redes y articulaciones para garantizar la voz de nuestros pueblos. 

Las misiones presentes en la reunión cerrada destacaron la necesidad de una mayor aproximación con la sociedad civil, con el fin de proporcionar conceptos y datos actualizados para el combate al racismo en las Américas, y de esta manera contribuir al texto de la Declaración que está siendo debatido en este Grupo de Trabajo Intergubernamental. También se discutieron temas como reparación, el uso de nuevas tecnologías de inteligencia artificial y la importancia de la agenda climática. 

Al finalizar los trabajos, se concluyó la primera lectura del texto de la Declaración, y en las próximas reuniones del Grupo de Trabajo Intergubernamental se podrán realizar nuevos aportes al documento. 

Raza e Igualdad y ALDA expresan su convicción de que este espacio debe ser plural y esperamos que, aunque sea de manera indirecta, podamos promover una mayor participación de las entidades de la sociedad civil en la construcción de la Declaración sobre la protección, promoción y cumplimiento efectivo de los derechos de las personas afrodescendientes. 

 

[1] https://ecosoc.un.org/en/ngo/consultative-status 

[2] La Articulación Latinoamericana para los Decenios Afrodescendientes ALDA y la Coalición de Organizaciones defensoras del Territorio ancestral, las tierras colectivas de los Afrodescendientes de América Latina y el Caribe, somos parte del movimiento social afrodescendiente que promueve la causa del reconocimiento, la justicia y las reparaciones históricas de la diáspora africana en el mundo. ALDA y la COALICIÓN fuimos parte de las organizaciones de la sociedad civil que apoyamos y promovimos la propuesta de reconocimiento de pueblo afrodescendiente en el derecho internacional, especialmente en el marco de la pasada COP 16 que se celebró en la ciudad de Cali con el auspicio del gobierno de Colombia. 

 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos juzgará al Estado mexicano en el caso de doña Ernestina Ascencio Rosario

Ciudad de México, 28 de enero de 2025.– El próximo 30 de enero de 2025, la Corte Interamericana de Derechos Humanos celebrará una audiencia pública contra México por el caso de doña Ernestina Ascencio Rosario, una mujer nahua de la Sierra de Zongolica, Veracruz. Doña Ernestina falleció en 2007, tras ser atacada por miembros del Ejército Mexicano y ser víctima de graves violaciones a sus derechos humanos, incluyendo violencia sexual, discriminación racial, omisiones e intervención indebida por parte de las altas autoridades del Estado. 

En la audiencia, la Corte Interamericana juzgará la violencia sexual y tortura que miembros del Ejército mexicano perpetraron contra doña Ernestina Ascencio, dando como resultado su muerte por la omisión estatal de garantizarle la atención médica adecuada y oportuna que pudo salvar su vida. La Corte también juzgará al Estado por la discriminación racial feminicida ejercida contra ella por el hecho de ser mujer, indígena nahua empobrecida, monolingüe y adulta mayor. Las autoridades estatales no sólo ignoraron su testimonio sobre el ataque sexual por pronunciarlo en su lengua, lo que llevó a desestimar evidencias clave para esclarecer los hechos, desviar y archivar indebidamente su investigación; sino que también intentaron frustrar la búsqueda de justicia de su familia, recurriendo a su secuestro para impedirles impugnar la decisión. 

Asimismo, se juzgará el ocultamiento de información pública para asegurar la impunidad de los perpetradores. Todo ello en un contexto general de racismo patriarcal, de falta de efectiva garantía de los derechos de las mujeres y los pueblos indígenas, y de un sistema de justicia y de acceso a información pública sujeto a aplicación discrecional y gravemente debilitado.

Las organizaciones locales y regionales que litigamos el caso de la mano de familiares de doña Ernestina, invitamos a seguir esta audiencia histórica que busca justicia y reparación para ella y su familia, y que pone en el centro la lucha de las mujeres indígenas contra la violencia y la discriminación racial, así como la ausencia de garantías plenas para el ejercicio del derecho a la verdad y a la justicia en el país.

Detalles de la audiencia:

#JusticiaParaErnestina 

Organizaciones peticionarias
El caso ha sido impulsado por organizaciones comprometidas con los derechos humanos y la justicia para las mujeres indígenas, incluyendo:

Contactos para más información:

1.Angelita Baeyens 

RFK Human Rights

baeyens@rfkhumanrights.org  

 

2. Patricia Torres 

CONAMI

+524432734950

ptorressandoval8@gmail.com

 

3. Arlet García

CESEM 

centrohj@gmail.com 

¡Justicia para Leandro y Smith!: La juventud de Quibdó exige vivir, no ser marcada por el miedo y la violencia

Bogotá, 24 de enero de 2025.- El recrudecimiento de la violencia armada el municipio de Quibdó, Chocó; constituye una violación flagrante de los derechos fundamentales y pone de relieve el racismo estructural y la exclusión histórica que enfrentan las comunidades del departamento del Chocó. Según Darwin Lozano – veedor del Chocó – esta violencia ha cobrado la vida de 11 jóvenes en lo que va de 2025, evidenciando la urgencia de implementar medidas efectivas que protejan a nuestra juventud y garanticen su derecho a vivir en paz. Además, datos de colectivos sociales revelan que, en 2024, fueron asesinados 148 jóvenes, mientras que en 2023 el Instituto Nacional de Medicina Legal registró 66 víctimas fatales entre adolescentes y jóvenes en el departamento del Chocó. 

José Alejandro Valencia Valencia (Leandro) y Juan David Ramírez Rodríguez (Smith) fueron dos jóvenes que encontraron en el baile urbano una herramienta de transformación social y un camino para alejarse de la violencia que golpea a Quibdó. A través de la iniciativa «Bailar por la paz, para no ver más muertes», hicieron parte de ‘Voces de Poder’ de UNICEF Colombia, un proyecto que impulsa el liderazgo juvenil en el Pacífico colombiano y fortalece narrativas de paz y convivencia. Además, integraban la agrupación “Chicos Dance”, reafirmando el arte como una vía para la reconstrucción del tejido social. 

En este contexto de violencia desbordada, José Alejandro de 17 años y Juan David de 19 años, fueron reportados como desaparecidos el pasado 19 de enero de 2025, antes de que se confirmara su asesinato, una práctica desafortunada cada vez más común en Quibdó, donde bandas criminales ejercen control territorial. Sus cuerpos fueron hallados días después, en un contexto que apunta a la acción de estructuras armadas ilegales que operan impunemente en la región, perpetuando el miedo y la desolación en las comunidades. A pesar de haber dedicado sus vidas al arte y a la construcción de paz, sus asesinatos evidencian el riesgo constante que enfrentan los jóvenes del Chocó, especialmente aquellos que buscan alejarse de la violencia y desafiar el orden impuesto por los grupos ilegales.  

El racismo sistémico que atraviesa la historia del Chocó se manifiesta en la ausencia de oportunidades, la falta de inversión en educación, salud y empleo, y en la desprotección de sus habitantes frente a la violencia armada. Esta realidad que vulnera los derechos fundamentales de las personas afrodescendientes también perpetúa un ciclo de discriminación y marginalización incompatible con los mandatos constitucionales y los compromisos internacionales asumidos por Colombia. 

Desde Raza e Igualdad, rechazamos la violencia sistemática que ha cobrado la vida de cientos de jóvenes en los últimos años y expresamos nuestras condolencias a las familias de las víctimas, quienes cargan el peso de una pérdida irreparable. Esta crisis exige medidas inmediatas por parte del Estado colombiano para garantizar la protección de la vida y la dignidad de las y los jóvenes afrocolombianos en el Chocó. 

Hacemos un llamado firme y urgente al Gobierno Nacional, al Sr. Presidente Gustavo Petro; la Sra. Vicepresidente Francia Elena Márquez; la Sra. Gobernadora del Chocó Nubia Carolina Córdoba y el Sr. Alcalde Rafael Andrés Bolaños para que concentren sus esfuerzos en la implementación de políticas públicas que aborden de manera integral las raíces estructurales de la violencia, desarticulen los grupos armados que operan en la región y promuevan condiciones de justicia, equidad y desarrollo sostenible. La vida de las y los jóvenes afrocolombianos no puede seguir siendo sacrificada ante la indiferencia institucional. 

El Chocó no puede seguir siendo un territorio de exclusión y olvido. Garantizar la paz, la seguridad y los derechos de su población es un deber irrenunciable del Estado y una exigencia moral para toda la sociedad colombiana. 

Las instituciones y la sociedad deben responder con firmeza para restablecer la paz y la convivencia en el departamento del Chocó. 

Ante el auge de la extrema derecha en Latinoamérica, líderes afrolatinos, indígenas y LGBTI+ sostuvieron reuniones de incidencia en Washington D.C.

Washington D.C., 16 de octubre 2024.- Ante la creciente influencia de movimientos de extrema derecha y el preocupante avance de agendas racistas y xenófobas en América Latina y el Caribe, una delegación de liderazgos afrolatinos, indígenas y LGBTI+, encabezada por el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), sostuvo reuniones clave de incidencia en Washington D.C. con el Congreso de los Estados Unidos, el Departamento de Estado y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Durante estos encuentros, la delegación presentó soluciones y perspectivas críticas frente a problemas como la discriminación racial y de género, la brutalidad policial y la sistemática falta de acceso a servicios esenciales como la salud y la educación.

Asimismo, la delegación presentó recomendaciones para promover la formulación e integración de políticas más inclusivas y equitativas en marcos clave como el Plan de Acción Conjunta para la Igualdad Racial y Étnica (JAPER), el Plan de Eliminación de la Discriminación Racial en las Américas (CAPREE) y la Declaración de Asociación de América del Norte por la Equidad y la Justicia Racial. 

Durante las reuniones, Mauricio Ye’kwana, Director Ejecutivo de Hutukara Associação Yanomami, abordó la crisis de violencia que enfrenta los territorios indígenas en Brasil, destacando las constantes amenazas derivadas de la explotación minera ilegal y la falta de reconocimiento gubernamental de sus tierras ancestrales. Ye’kwana señaló la negligencia del gobierno en su protección y la impunidad que rodea los asesinatos de líderes indígenas. También alertó sobre el preocupante reclutamiento de jóvenes indígenas por grupos armados, lo que debilita la cohesión comunitaria. Además, hizo un llamado urgente a la representación indígena en foros internacionales como la COP, enfatizando la necesidad de reconocer a los pueblos indígenas como guardianes esenciales del medio ambiente.

Bruna Benevides, Presidenta de la Asociación Nacional de Travestis y Transexuales (ANTRA), de Brasil, expuso las violaciones de derechos humanos que enfrentan las mujeres trans, especialmente las mujeres trans negras. Benevides señaló que el componente racial del transfemicidio está profundamente arraigado en la sociedad brasileña, y que las mujeres trans negras son desproporcionadamente afectadas por la violencia y la exclusión. Benevides también enfatizó la falta de representación de las personas trans en los movimientos antirracistas y que la invisibilización de sus problemas dentro de los espacios LGBTQ+ es una preocupación clave. 

Por su parte, Lucía Xavier, Coordinadora General de CRIOLA (Brasil) alertó sobre una ola conservadora que se ha extendido por Brasil y que aumentado significativamente la violencia contra las mujeres negras, tanto cis como trans, quienes enfrentan múltiples barreras para acceder a recursos básicos debido a políticas de financiamiento discriminatorias. Xavier solicitó una mayor representación política de las mujeres negras, así como políticas públicas efectivas que protejan sus derechos y promuevan su bienestar.

María Martínez, del Movimiento Socio-Cultural de los Trabajadores Haitianos (MOSCTHA),  denunció la constante amenaza de expulsión y la brutalidad policial que sufren las personas migrantes haitianas en República Dominicana. La reciente política del gobierno dominicano de deportar a 10,000 haitianos por semana ha agravado la discriminación y el racismo estructural que ya sufren estas comunidades, siendo las mujeres haitianas particularmente vulnerables a la violencia de género. Asimismo, Martínez explicó que la falta de reconocimiento civil y la situación de apatridia excluyen a estas personas del acceso a servicios básicos como la salud y la educación. 

Erlendy Cuero, vicepresidenta de la Asociación Nacional de Afrocolombianos desplazados (AFRODES) de Colombia, alertó sobre la difícil situación de la juventud afrodescendiente en Colombia, particularmente afectada por la violencia y el conflicto armado. La discriminación racial por parte de las fuerzas de seguridad ha resultado en un aumento alarmante de homicidios y desapariciones forzadas de jóvenes afrocolombianos, quienes son frecuentemente estigmatizados y tratados como sospechosos solo por su color de piel. 

Sandra Arizabaleta, Directora de la Fundación Afrodescendiente por las diversidades sociales y sexuales “Somos Identidad” (Colombia) expuso cómo la polarización política en Colombia ha exacerbado la violencia y la discriminación contra las personas afrodescendientes y LGBTI+. Para Arizabaleta es urgente crear políticas públicas que aborden de manera efectiva la interseccionalidad entre raza, género y orientación sexual, algo que actualmente está ausente en el discurso político colombiano. Asimismo, denunció la violencia que aún persiste por parte de grupos armados contra estas poblaciones vulnerables.

Cecilia Ramírez, Directora Ejecutiva del Centro para el Desarrollo de la Mujer Negra Peruana (CEDEMUNEP), Perú explicó que el plan de desarrollo afroperuano, que fue diseñado para mejorar las condiciones de estas comunidades, se ha estancado debido a la falta de recursos financieros y apoyo técnico. Ramírez también enfatizó en cómo el racismo estructural sigue siendo un obstáculo para el progreso social y económico de las personas afrodescendientes en Perú, quienes continúan teniendo los peores indicadores socioeconómicos. En sus planteamientos, propuso la implementación de cuotas étnicas para asegurar la representación política de afrodescendientes e indígenas, y subrayó la necesidad de procesos de autoidentificación más inclusivos que consideren tanto el género como la etnicidad.

Patricia Torres Sandoval, Representante del Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas (ECMIA), centró su intervención en la violencia contra las mujeres y niñas indígenas, enfatizando cómo esta situación se ve agravada por la violencia estructural que proviene del racismo, la pobreza y el colonialismo. También subrayó el impacto devastador de las actividades extractivistas en la región, que no solo causan destrucción ambiental, sino que también profundizan la pobreza y la exclusión social de las comunidades indígenas, intensificando la violencia contra las mujeres. Torres destacó que la falta de voluntad política y la implementación ineficaz de acuerdos internacionales contribuyen a la marginación y exclusión de estas comunidades, lo que requiere una atención urgente y sostenida.

Finalmente, las y los líderes presentaron una serie de recomendaciones clave a las autoridades, enfocadas en fortalecer la representación, promover políticas inclusivas y garantizar la rendición de cuentas:

  • Financiar programas que promuevan el liderazgo de las comunidades Afro-Latinas, Indígenas y LGBTQ+. 
  • Fomentar alianzas entre organizaciones de base de derechos humanos en EE.UU. y América Latina para fortalecer su capacidad y visibilidad. 
  • Instar a los gobiernos latinoamericanos a adoptar legislaciones que protejan a las poblaciones marginadas y promuevan políticas antirracistas y antihomofóbicas. 
  • Garantizar que acuerdos como JAPER y CAPREE aborden activamente la violencia que sufren estas comunidades.
  • Fortalecer la supervisión de la financiación internacional para garantizar que los recursos lleguen a los grupos vulnerables. 
  • Facilitar el diálogo entre los gobiernos y la sociedad civil para mejorar la transparencia en el monitoreo de derechos humanos y garantizar la rendición de cuentas de los responsables de abusos.

Raza e Igualdad respalda firmemente estas recomendaciones y reafirma su compromiso de seguir acompañando a estos liderazgos en la promoción de sus voces ante instancias gubernamentales y otros espacios de incidencia. Asimismo, continuará trabajando en la documentación de las violaciones a los derechos humanos y en la construcción de propuestas que fomentan sociedades más inclusivas, equitativas y respetuosas.

Visita de la Relatora de la ONU sobre el Racismo a Brasil: El racismo sistémico y la violencia contra las mujeres de grupos raciales y étnicos son los aspectos más destacados de su informe

Brasil, 02 de setembro de 2024 – «El racismo sistémico exige respuestas sistémicas». Así lo enfatizó Ashiwini K.P., Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia, durante la conferencia de prensa con las conclusiones preliminares de su visita a Brasil. Entre el 5 y el 16 de agosto, la Relatora visitó Brasilia, Salvador, São Luís, São Paulo, Florianópolis y Río de Janeiro, donde se reunió con autoridades del Poder Ejecutivo Federal y de los gobiernos estaduales, así como con diversas organizaciones de los movimientos negro, indígena, quilombola y gitano (pueblos romani).

En preparación para la visita, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) junto con el Instituto para el Desarrollo y los Derechos Humanos (IDDH), organizaron una capacitación virtual con entidades de la sociedad civil para apoyarlas en la elaboración del documento con recomendaciones que serían entregadas a la Relatora. Además, en la capacitación se presentaron los alcances y objetivos de la visita con el propósito de orientarles en acciones de diálogo e incidencia ante este procedimiento especial de la ONU.

«La visita de la Relatora sobre el racismo se da en un momento importante para el país, al fin y al cabo, estamos en otro año de elecciones y de abogar por políticas públicas interseccionales. Desde nuestra perspectiva, destacamos la importancia de proporcionar a las organizaciones brasileñas la relación entre la ONU y el gobierno, porque a partir del informe que se presentará, el Estado debe comprometerse a implementar reparaciones en materia de racismo»; destaca Rodnei Jericó da Silva, Director de Raza e Igualdad en Brasil.

Hallazgos preliminares: Aspectos destacados

Raza e Igualdad presenta algunos puntos clave de las conclusiones preliminares destacadas por la Relatora sobre su experiencia en el país, y que serán presentadas en el informe final al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en junio de 2025. Este informe será entregado al gobierno brasileño, que, como país signatario de la ONU, aceptó la visita oficial como una forma de evaluar sus políticas públicas.

En este sentido, Ashiwini K.P. destacó que identificó puntos positivos en algunas acciones gubernamentales, como el reconocimiento del racismo como un fenómeno sistémico; la creación del Ministerio de Igualdad Racial, el Ministerio de Pueblos Indígenas y la Secretaría de los Pueblos Romaníes, adentro del Ministerio de Igualdad Racial; las sólidas propuestas de políticas afirmativas; y la existencia de una unidad de salud en Bahía para el tratamiento de la anemia falciforme. Sin embargo, la Relatora enfatizó que los avances en el gobierno avanzan a un ritmo lento, ya que, reconociendo que el pasado colonialista genera una exclusión de grupos marcados por la violencia estructural, Brasil debe adoptar un enfoque sistémico para garantizar la justicia reparatoria.

La falta de datos desglosados es una cuestión señalada como urgente por la Relatora. Destacando la ausencia de datos sobre los pueblos gitanos, las personas LGBTI+, los migrantes, los refugiados y las personas con discapacidad, que se enfrentan a una discriminación múltiple. También señala el crecimiento de células neonazis, especialmente en Santa Catarina, donde mencionó que hay un borrado de datos sobre este último tema. De esta manera, enfatizó que Brasil debe garantizar que la investigación y las políticas públicas sean apoyadas y consultadas por los grupos en situación de vulnerabilidad.

Así pues, entre sus propuestas figura la creación de una institución nacional de derechos humanos independiente de conformidad con los principios relativos al estatuto de las instituciones nacionales de promoción y protección de los derechos humanos (Principios de París), con el fin de supervisar y aplicar medidas antirracistas.

La Relatora enfatizó que las comunidades indígenas y quilombolas se encuentran bajo numerosos retrocesos protagonizados por el Legislativo y el Congreso Nacional. En sus críticas, destacó la lentitud del Estado en el proceso de demarcación territorial de estas comunidades; la seriedad de la tesis del marco temporal; el racismo ambiental como motor de exclusión y vulnerabilidad; y el descuido de la salud de estas poblaciones ante el avance de la minería ilegal (plaguicidas y enfermedades urbanas). También expresó su preocupación por la violencia sufrida por los pueblos indígenas y los quilombolas, destacando el reciente caso Guaraní-Kaiowá, en Mato Grosso do Sul, y otros conflictos en Bahía. Por lo tanto, la Relatora instó al Gobierno a tomar una posición urgente frente a la intimidación contra los pueblos indígenas y quilombolas, advirtiendo sobre la gravedad de la violencia ambiental consecuente, y que se deben tomar acciones más contundentes, además de enfatizar el compromiso internacional de Brasil con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

«Es necesario un plan nacional coordinado para los asuntos indígenas y quilombolas, ya que la protección de sus tierras es esencial para enfrentar la crisis climática», dijo Ashiwini K.P.

La comprensión del racismo religioso como una práctica persecutoria y reproductora de violencia contra los practicantes de religiones de base africana fue uno de los aspectos más destacados de sus conclusiones. En este sentido, la Relatora citó casos que les llegaron a través de la sociedad civil, como el transporte privado que se niega a llevar a las personas con sus vestimentas religiosas, la pérdida de la custodia de los hijos por parte de las mujeres axé y las agresiones físicas organizadas contra terreiros. A su entender, destacó que el Estado permite este tipo de prácticas misóginas y racistas y sugirió que el gobierno cree un programa de protección para enfrentar este problema.

«Incluso si existe Dial 100, la falta de inversión por parte del Estado envía un mensaje de impunidad y de que el gobierno no tomará ninguna medida contra el racismo religioso», dijo.

En cuanto a la situación de las defensoras y defensores de derechos humanos, la Relatora expresó su consternación por la gravedad de las amenazas y la brutalidad policial a la que están expuestos estos grupos. Aunque reconoció la importancia de la creación del Grupo de Trabajo Técnico de Sales Pimenta, para elaborar propuestas de la Política y el Plan Nacional de Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos, destacó la falta de recursos para los derechos humanos y la efectividad de los que ya existen. De esta manera, instó a Brasil a implementar las acciones recomendadas por la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, Mary Lawlor, luego de su visita a Brasil en abril de este año.

Ante la situación de las mujeres negras y las interseccionalidades de género, como las mujeres LBT, el precario acceso al sistema de salud y la violencia obstétrica, el tema de las trabajadoras domésticas, la violencia sexual y el feminicidio que impacta desproporcionadamente a estas mujeres, con lo que ponderó la necesidad de la orientación psicológica como política pública gubernamental. La Relatora mostró gran preocupación por los datos presentados que demuestran que las mujeres negras están más expuestas al feminicidio, destacando la violencia que se presenta con las mujeres negras lesbianas y transexuales. Además, en su evaluación se observó la penalización del aborto, además de las barreras que enfrentan las mujeres que buscan incluso el aborto legal, de conformidad con el Código Penal. En este sentido, enfatizó su preocupación por la Propuesta de Enmienda Constitucional 1904/2024, que aumenta las penas para las mujeres que abortan hasta 20 años de prisión. En este punto, se destacó la importancia de que el Gobierno implemente las recomendaciones del Comité CEDAW, que evaluó a Brasil este año, para despenalizar el aborto y garantizar el acceso seguro para todas las personas, respetando los derechos y la autonomía corporal de las mujeres. En cuanto a la economía del cuidado, también observó la explotación económica que sufren las trabajadoras domésticas.

En cuanto a la violencia policial, la Relatora señaló que son especialmente las madres afrodescendientes las que pierden a sus hijos e hijas debido a la brutalidad policial, y que además de ser víctimas, también son criminalizadas.  Por lo tanto, su informe tendrá un punto importante en el que se deben tomar medidas más efectivas contra el sistema penitenciario y, aun reconociendo que el uso de cámaras policiales es un paso importante hacia una política de seguridad antirracista, señaló que hay informes de que estas cámaras no se utilizan y que el gobierno está utilizando medidas de discriminación racial sin base científica. De esta manera, instó al gobierno a crear leyes para el uso de la inteligencia artificial para que no se utilice de manera racista.

La Relatora también destacó la segregación espacial, especialmente en los grandes centros, que en su mayoría están ocupados por afrodescendientes y que tienen un acceso precario a la infraestructura. Además, destacó la falta de apoyo a las personas en situación de calle.

El avance de la extrema derecha y el crecimiento de células neonazis fue uno de los puntos de extrema preocupación de la Relatora, quien destacó que existe una negación por parte del estado de Santa Catarina sobre estos grupos y que se deben implementar políticas y acciones afirmativas que refuercen la legislación local para combatir el negacionismo. Desde esta perspectiva, también destacó su preocupación por la falta de esfuerzos del legislativo brasileño frente a proyectos de ley que pretenden hacer retroceder algunos de los derechos ya conquistados.

Por último, expresó su preocupación por el crecimiento de la violencia política de género y el discurso de odio, e instó al gobierno a tomar medidas cuidadosas en este ámbito. Destacó que la baja representación de grupos en situación de vulnerabilidad en los espacios de toma de decisiones es un reflejo del racismo sistémico. Además, esta falta de representatividad también se puede ver dentro del Poder Judicial.

Raza e Igualdad agradece a Ashiwini K.P. por su apoyo e interés, en el compromiso de su relatoría para promover acciones antirracistas y de justicia racial en Brasil. Destacamos como valor importante el reconocimiento del racismo religioso como práctica racista y discriminatoria ante un mecanismo internacional de derechos humanos. Seguimos luchando por la defensa y garantía de los derechos humanos para enfrentar las desigualdades estructuradas por el sistema racista. Es urgente que el Estado brasileño se comprometa con las demandas de justicia y equidad de su población. Un gobierno cuya propuesta es «Unión y Reconstrucción» debe tener como prioridad la reparación histórica.

Finalmente, compartimos algunas de las recomendaciones entregadas a la Relatoría sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia por parte de organizaciones brasileñas:

  • Mejoramiento de las políticas públicas de acceso a la asistencia jurídica y a los servicios de apoyo a las víctimas de violencia doméstica y familiar, a partir de un relevamiento de los casos registrados en los últimos años, con el objetivo de apoyar y proteger a las mujeres víctimas de violencia y racismo (especialmente el racismo religioso), entre otras acciones que se señalen, a partir de la colaboración de las agrupaciones feministas, líderes religiosos, gestores públicos y expertos en el tema.
  • Exigir la implementación de la Política Nacional de Salud para la Población LGBTI+ a través de la creación de equipamiento de salud especializado para atender las demandas de alta complejidad en la salud de las mujeres lesbianas;
  • Recomendar que el Estado brasileño aborde de manera efectiva todas las barreras a la justicia que enfrentan las víctimas de delitos racistas acelerando los enjuiciamientos, revisando los estándares de evidencia para fortalecer la rendición de cuentas por actos discriminatorios y monitoreando las disparidades raciales en el acceso a la justicia, especialmente para las mujeres afrodescendientes y las personas LGBTI+.
  • Pedir al Estado brasileño que procure implementar adecuadamente medidas de reparación para las víctimas y familiares afectados por la violencia del Estado, que deben incluir apoyo psicológico, asistencia médica e indemnización económica, además de otras que sean necesarias en el análisis del caso concreto.
  • Asegurar que el Estado brasileño también cumpla con las recomendaciones preparadas por los Comités para la Eliminación de la Discriminación Racial y el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, órganos creados en virtud de tratados que recientemente examinaron el país y señalaron preocupaciones similares.
  • Recomendar la participación política de los pueblos indígenas y comunidades quilombolas en el desarrollo de políticas públicas que afecten sus territorios y en las políticas de defensa del medio ambiente. Además, instar al Estado brasileño a garantizar la demarcación y titulación de las tierras quilombolas e indígenas, además de rechazar la tesis del Marco Temporal.

Asamblea de la OEA: Raza e Igualdad dialogará con sociedad civil y expertos sobre discriminación racial, violencia de género y seguridad hemisférica

Washington D.C., 14 de junio de 2024 – De cara al 54º período de sesiones de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) reafirma su compromiso con la defensa de los derechos humanos en la región realizando tres eventos paralelos. El primer evento, el Foro Interamericano contra la Discriminación, que forma parte del calendario institucional desde el año 2005, reunirá a líderes y lideresas de diferentes países para un diálogo sobre la reparación y las principales demandas de la población afrodescendiente, indígena y LGBTI+. El segundo evento abordará la crisis de derechos humanos en Nicaragua y el apoyo financiero internacional; y el tercer evento, coordinado por el Consorcio Latinoamericano de Derechos Humanos, reunirá a actores clave de diferentes países para debatir sobre los derechos humanos como pilar de la seguridad hemisférica en las Américas. 

La Asamblea General de la OEA se celebrará del 26 al 28 de junio en la Conmebol, ubicada en la ciudad de Asunción, Paraguay, bajo el lema «Integración y Seguridad para el Desarrollo Sostenible de la Región». Para Raza e Igualdad, la Asamblea General de la OEA es un espacio de amplio diálogo e intercambio de buenas prácticas de la sociedad civil de la región, además de una oportunidad para fortalecer sus demandas a través de la escucha de delegaciones integradas por los Estados Miembros y su Secretaría. De esta manera, los eventos paralelos logran el propósito de una incidencia política efectiva ante este mecanismo internacional de derechos humanos. 

Foro Interamericano contra la Discriminación

Este año, el Foro Interamericano contra la Discriminación se llevará a cabo el martes 25 de junio, y constará de cuatro secciones con los siguientes temas: «El papel de los sistemas de protección de derechos humanos en la reparación de diferentes grupos discriminados en la región»; «Experiencias de reparación en la región y sus alcances en relación con grupos racializados, móviles o desplazados, minorías sexuales, religiosas, lingüísticas, políticas, entre otros»; «Reparación en el contexto de género»; y, por último, la sección «La población étnica y el 54º Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la OEA».

En su panel de apertura, el Foro contará con Gloria De Mees, relatora de la OEA sobre los Derechos de las Personas Afrodescendientes y contra la Discriminación Racial. En sus siguientes paneles, líderes y lideresas de la región se sumarán al debate con información sobre sus contextos y sus luchas por la reparación, restitución y garantías de no repetición. Además, en el contexto de la reparación de género, varias activistas presentarán y discutirán las implicaciones de la recomendación general del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI) sobre las mujeres afrodescendientes. 

En el marco del Foro anual, también se discutirá el fortalecimiento de la Coalición Afrodescendiente de las Américas y la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia (CIRDI). 

Para participar, inscríbase aquí: https://tinyurl.com/2fx7uc29 

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La apoyo financiero internacional a Nicaragua a pesar de la crisis democrática y de derechos humanos

La tarde del martes 25 de junio, Raza e Igualdad reunirá a personas expertas de la OEA, la academia y la sociedad civil, para discutir la responsabilidad de las Instituciones Financieras Internacionales (IFIs) en relación con los crímenes de lesa humanidad y violaciones de derechos humanos en Nicaragua. Asimismo, se analizará la relevancia estratégica de estas instituciones en el uso de la debida diligencia en materia de derechos humanos para hacer frente a los impactos negativos de sus proyectos de desarrollo. 

En un régimen históricamente marcado por violaciones sistemáticas de los derechos humanos, la continuidad del apoyo financiero internacional saca a la luz varios interrogantes de la sociedad civil. Desde el año 2018 hasta hoy, el régimen autoritario de Daniel Ortega, Rosario Murillo y sus seguidores han llevado a cabo ataques generalizados y sistemáticos contra la población civil nicaragüense en oposición por motivos políticos. Desde 2021, la crisis democrática y de derechos humanos se ha agravado significativamente. El 9 de febrero de 2023, 222 personas fueron liberadas de prisión, luego desterradas a los Estados Unidos y despojadas arbitrariamente de su nacionalidad y derechos ciudadanos. Entre los grupos más vulnerables se encuentran las personas defensoras de derechos humanos, periodistas, líderes religiosos, mujeres, pueblos indígenas y afrodescendientes, y personas LGBTI+.

Sin embargo, la abundante evidencia de la crisis democrática y de derechos humanos en Nicaragua no fue suficiente para que las Instituciones Financieras Internacionales decidieran cambiar su estrategia hacia el país, fortalecer su debida diligencia en materia de derechos humanos, o suspender y/o cancelar la ejecución de sus proyectos en este. En febrero de 2024, el Grupo Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Grupo Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Centroamericano de Integración Económica apoyaron 97 proyectos en fase de ejecución en Nicaragua, con la aprobación de US$5.082,43 millones, según la información disponible en sus sitios web. De estos, 57 proyectos fueron aprobados por un total de US$2,784.43 millones, tras el inicio de la crisis en 2018.

Para participar, inscríbase aquí: https://tinyurl.com/57r4b22m 

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Los derechos humanos como pilar de la seguridad hemisférica en las Américas

El Consorcio Latinoamericano de Derechos Humanos -conformado por Raza e Igualdad, Freedom House y la Fundación Panamericana para el Desarrollo (PADF)- realizará el evento «Los derechos humanos como pilar de la seguridad hemisférica en las Américas» el miércoles 26 de junio. Este evento tiene el objetivo de visibilizar las violaciones a los derechos humanos en Cuba, Nicaragua, El Salvador y Venezuela; como motor del debate sobre la seguridad en la región. En estos países con contextos inseguros y represivos, se generan desigualdades en materia de libertad y seguridad con un efecto diferencial en los grupos más vulnerables, como personas afrodescendientes, mujeres, niños, población LGBTI+ y personas privadas de libertad por motivos políticos.

Así, nuevas preocupaciones y desafíos, incluyendo la situación política, social, económica, ambiental y de derechos humanos de los Estados Miembros de la OEA, han llevado a esta organización a redefinir su comprensión de la seguridad hemisférica. Así, el 28 de octubre de 2003, los Estados de las Américas promulgaron la “Declaración sobre Seguridad en las Américas”, proponiendo un nuevo concepto de seguridad multidimensional que reconoce que el objetivo de la seguridad hemisférica es la «protección de los seres humanos».  

En su declaración, la OEA consideró que «la democracia representativa es una condición indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de los Estados del Hemisferio» y que es «responsabilidad de los foros especializados de la OEA, así como de los foros interamericanos e internacionales, desarrollar mecanismos de cooperación para enfrentar estas nuevas amenazas sobre la base de los instrumentos aplicables». 

En este contexto, el relator Especial para la Libertad de Expresión de CIDH, Pedro Vaca; la directora adjunta del Programa para Latinoamérica y el Caribe de Freedom House, Alejandra Argueta; el abogado de la organización Cubalex, Alain Espinoza; de la organización Cubalex; la profesional en Derecho de la Unidad de Defensa Jurídica de Nicaragua, Arlette Serrano; el periodista venezolano de Voces de la Memoria, Víctor Navarro; y el co-fundador de la asociación Tracoda (Transparencia, Contraloría social, Datos abiertos) de El Salvador, Luis Villatoro, discutirán estrategias para fortalecer la seguridad y protección de la población y las personas defensoras de derechos humanos, entre los desafíos actuales que enfrentan los regímenes autoritarios en las Américas. 

Para participar, inscríbase aquí: https://tinyurl.com/537cdu3w 

 

Más información sobre los eventos 

Foro Interamericano contra la Discriminación

Fecha y hora: Martes 25 de junio, 9:00 a.m. – 12:30 p.m. (Asunción y Washington D.C.) / 10 a.m. – 1:30 p.m. (hora de Brasilia)

Ubicación: Hotel Dazzler, avenida Aviadores del Chaco

Transmisión en vivo a través de Zoom y Facebook Live @RaceandEquality

Inscripciones: https://tinyurl.com/2fx7uc29 

Interpretación simultánea en español, portugués e inglés.

 

La continuidad del apoyo financiero internacional a Nicaragua a pesar de la crisis democrática y de derechos humanos

Fecha y hora: Martes 25 de junio, 5:00 p.m. – 7:30 p.m. (Asunción y Washington D.C.) / 6 p.m. – 8:30 p.m. (hora de Brasilia)

Ubicación: Hotel Dazzler, Avenida Aviadores del Chaco

Transmisión en vivo a través de Zoom y Facebook Live @RaceandEquality

Inscripciones: https://tinyurl.com/57r4b22m 

Interpretación simultánea en español, portugués e inglés.

 

Los derechos humanos como pilar de la seguridad hemisférica en las Américas

Fecha y hora: Miércoles 26 de junio, 5:00 p.m. – 7:30 p.m. (Asunción y Washington D.C.) / 6 p.m. – 8:30 p.m. (hora de Brasilia)

Ubicación: Hotel Esplendor, Avenida Aviadores del Chaco

Transmisión en vivo a través de Zoom y Facebook Live @RaceandEquality

Inscripciones: https://tinyurl.com/537cdu3w

Interpretación simultánea en español, portugués e inglés.

En el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, hacemos un llamado urgente a combatir la discriminación y racismo religiosos en las Américas

Washington DC, 21 de marzo de 2024.– Al conmemorar este 21 de marzo el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) hace un llamado urgente a los Estados para que adopten medidas para combatir las crecientes manifestaciones de discriminación y racismo religiosos en las Américas, que afecta significativamente a grupos de poblaciones racializadas, como la afrodescendiente y la indígena.

En América Latina y el Caribe, estos grupos enfrentan desafíos persistentes para expresar sus tradiciones sagradas, ancestrales y culturales sin enfrentar restricciones, estigma, repudio o violencia.  Estas prácticas incluyen la persecución de sus integrantes, así como la violencia contra lugares de culto y símbolos religiosos asociados con estas tradiciones. La discriminación y racismo religiosos también puede manifestarse a través de estereotipos y prejuicios que denigran las creencias y prácticas de estas personas, perpetuando así su exclusión y marginación.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) refiere que, en el caso de la población afrodescendiente, su identidad cultural implica la preservación de saberes ancestrales y la conservación de su legado histórico, por lo que las tradiciones y creencias como las religiones Lumbalú, Candomblé, Abakuá, Umbanda, Hoodoo, entre otras que tienen sus raíces en África, hacen parte del patrimonio inmaterial de la diáspora africana y se enmarcan en el proceso social de resistencia desarrollados por personas esclavizadas en las Américas.

En el caso de los pueblos indígenas, en términos de derecho a la libertad de religión y de creencias, Naciones Unidas hace referencia a un espectro de culturas y creencias más diverso y complejo, pues en consonancia con su derecho a la libre determinación, los pueblos indígenas son libres para definir y determinar su propia identidad espiritual, señala el informe “Los pueblos indígenas y el derecho a la libertad de religión o de creencias”, presentado en octubre de 2022 por el entonces Relator Especial sobre la libertad de religión o de creencias, Ahmed Shaheed.

“Muchos conceptualizan la espiritualidad como una ‘forma de vida’: la conformación de emociones, hábitos, prácticas o virtudes distintivas, la modelación de creencias y formas de pensar distintas, y una manera particular de convivir y comunicarse. Por consiguiente, la espiritualidad está relacionada con lo trascendente y es intrínseca a las experiencias y prácticas cotidianas de los pueblos indígenas. Más allá de su singularidad, la espiritualidad y la cultura indígenas suelen basarse en la comunidad, la identidad y las relaciones con las tierras tradicionales”, detalla el informe.

Un problema creciente con raíces en la discriminación racial

El hecho de que grupos de poblaciones afrodescendientes e indígenas sean los más afectados por la discriminación y racismo religiosos, está intrínsicamente relacionado a la discriminación racial y racismo sistémico que persiste en las Américas.

En el reciente webinar “El legado de las prácticas religiosas africanas y los sesgos y prejuicios sociales que enfrentan”—organizado por la Secretaría de Acceso a Derechos y Equidad de la Organización de Estados Americanos (OEA) en el marco de la VII Semana de las y los Afrodescendientes en las Américas—representantes de la sociedad civil asociaron el rechazo, persecución y hasta criminalización de estas prácticas a procesos históricos cargados de desconocimiento, estigmatización y prejuicios al no considerarlas “civilizadas”.

La CIDH reporta reiteradas denuncias sobre persecuciones y ataques contra la vida e integridad de líderes y practicantes de religiones de matriz africana en diferentes Estados de la región, así como denuncias sobre destrucción de templos y espacios sagrados de comunidades afrodescendientes. En Brasil, Raza e Igualdad conoce casos de intolerancia religiosa contra las religiones de origen africano que han desencadenado conflictos legales, con el inquietante resultado de que los creyentes han perdido la custodia de sus hijos,

En Bahía, la Secretaría de Estado de Promoción de la Igualdad Racial registró 19 casos de racismo religioso entre enero y el 21 de julio de 2021, lo que representa el 65% del total de casos denunciados en 2020.. Del mismo modo, en Río de Janeiro, la Comisión de Combate a la Intolerancia Religiosa (CCIR) recibió informes de 19 casos contra religiones de origen africano, incluyendo dos que involucran a niños, hasta mayo del mismo año.

Por otro lado, en México, un informe de la organización Christian Solidarity Worldwide (CSW), revela que las mujeres indígenas de este país sufren más discriminación religiosa que sus familiares varones. Detallas que las mujeres que se niegan a unirse a la mayoritaria fe católica romana sufren acoso y exclusión del sistema judicial, de los programas y servicios de prestaciones del gobierno y de la atención sanitaria prenatal.

El informe apunta que, aunque la Constitución mexicana garantiza la libertad de religión o creencia y otros derechos humanos a todos sus ciudadanos, en la práctica, las violaciones son habituales en determinadas regiones: en particular, para las comunidades indígenas que se rigen por la Ley de Usos y Costumbres.

Estándares internacionales en el marco del Derechos Internacional

A nivel del Sistema Interamericano, el derecho a la libertad de religión y creencia está consagrado en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (artículo III) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 12). Mientras que, a nivel del Sistema Universal de Derechos Humanos, se estipula en el artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y ha sido desarrollado en mayor detalle en la Declaración sobre la Eliminación de Todas las Formas de Intolerancia y Discriminación Fundadas en la Religión o las Convicciones, de 1981.

Uno de los instrumentos interamericanos más destacables en la materia, es la Convención Interamericana contra el racismo, la discriminación racial y formas conexas de intolerancia (CIRDI), la cual señala que los Estados deben prevenir, prohibir y sancionar cualquier restricción o limitación al uso del idioma, tradiciones, costumbres y cultura de las personas, en actividades públicas o privadas.

El “Estudio sobre libertad de religión y creencia. Estándares Interamericanos”, de la CIDH, devela un amplio marco de protección de este derecho, donde además destaca instrumentos y jurisprudencia aplicable a pueblos indígenas y afrodescendientes. Asimismo, señala la vulnerabilidad de algunos grupos, como las personas LGBTI, niñas, niños y adolescentes, personas defensoras de los derechos humanos y personas privadas de libertad, por lo que brinda un conjunto adicional de aspectos del derecho a la libertad de religión y creencia en relación con estos.

Un llamado a la acción

Raza e Igualdad ha integrado a sus líneas de trabajo el combate a la discriminación y racismo religiosos. Desde 2021, en Brasil desarrollamos un proyecto encaminado a promover la tolerancia religiosa y la reducción de la violencia y la discriminación contra los practicantes de religiones afrodescendientes, a través del fortalecimiento de organizaciones afrobrasileñas para que puedan documentar casos de violencia basada en creencias religiosas, prepararles para litigios estratégicos internacionales y fomentar una cultura de respeto a la libertad religiosa, además de calificar a las entidades para que pueden brindar apoyo legal a las víctimas de dicho flagelo. En tanto, en Cuba apoyamos la elaboración del informe “Obstáculos enfrentados por líderes y miembros de religiones afrocubanas en Cuba”.

A partir de los principios de los derechos humanos, y teniendo en cuenta que la discriminación y el racismo religioso es un problema creciente en la región, Raza e Igualdad llama a los Estados de las Américas a adoptar medidas de atención y contención de este, siendo una de las más vitales la ratificación e implementación de la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia. En términos de monitoreo, es importante contar con estadísticas e información cualitativa sobre prácticas religiosas y culturales de personas afrodescendientes y pueblos indígenas, respectivamente. Asimismo, que se promueva información desprovista de prejuicios y estigmas en torno a estas prácticas, y por supuesto, que se sancione toda acción que las obstaculice e implique violación de derechos humanos de sus adeptos.

República Dominicana: Delegación de sociedad civil presente en la Pre-Sesión EPU

Ginebra, 6 de marzo de 2024.– Una delegación de sociedad civil dominicana participó en la Pre-sesión del Examen Periódico Universal (EPU) realizada el viernes 16 de febrero de 2024 en Ginebra, Suiza, con el apoyo técnico del Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad). La delegación estuvo compuesta por María Martínez (Movimiento Socio Cultural de Trabajadores Haiti, MOSCTHA), Manuel Dandre (Red de Encuentro Dominicano-Haitiano Jacques Viau, Red Jacques Viau), Rosalba Díaz (Comunidad de Lesbianas Inclusivas Dominicanas, COLESDOM), Roberto Acevedo (Observatorio de Derechos Humanos para Grupos Vulnerabilizados, ODH-GV) y Jenny Morón (Movimiento de Mujeres Domínico-Haitianas, MUDHA), quienes contaron con el acompañamiento de Elvia Duque, Oficial Senior sobre Raza y Etnicidad de Raza e Igualdad.

Durante una semana en la ciudad suiza, la delegación también tuvo la oportunidad de hacer incidencia al reunirse con representantes de organismos de Naciones Unidas y representantes de misiones diplomáticas, espacios donde compartieron información sobre la situación de discriminación que enfrentan algunos grupos poblacionales en República Dominicana y que resultan violatorias de sus derechos humanos.

Jenny Morón, de MUDHA, expuso la situación de apatridia que, según estimaciones de la sociedad civil, afecta a más de 209 mil personas y que se ha agravada a raíz de la Ley 169-14, al punto que actualmente existen cuatro grupos cuyos derechos humanos son afectados de una u otra forma: 1) quienes debido a su apellido y características fenotípicas no son asociados a la población haitiana y cuentan con todos sus derechos; 2) personas que inicialmente pertenecían al numeral 1 pero el Estado le quitó la nacionalidad en 2013 por identificar algún vínculo con la población haitiana; 3) quienes han sido inscritos en el llamado Libro Especial (Libro de registro para hijos e hijas de madres extranjeras no residentes); y 4) aquellos nacidos en territorio dominicano pero no cuentan con ningún tipo de documentación o designación de nacionalidad.

El activista Manuel Dandre, de la Red Jacques Viau, compartió su experiencia como persona afectada por la Sentencia TC 0168-13, pues a pesar de haber nacido en República Dominicana, a sus 55 años el Estado cambió sus documentos luego de identificar vínculos con población haitiana. “Aquellas personas que nos encontramos en el numeral 2 y 3 tenemos acceso parcial o nulo a derechos básicos como educación, empleo, tránsito, etc., y estamos temerosos a cambios legislativos que continúen mermando nuestros derechos”, expresó.

La defensora de derechos humanos María Martínez, de MOSCTHA, enfatizó la crisis que enfrenta el Estado dominicano en el área laboral, siendo las mujeres y la población en condición de apátrida las más afectadas. Según el mismo Ministerio de la Mujer, más del 95% de las mujeres en el país identifican sus espacios laborales como escenarios de violencia o acoso[1].

Así mismo, la activista Rosalba Diaz, de COLESDOM, resaltó que “la carencia de legislación que garantice protección a la población LGBTI+ ha generado una gran vulnerabilidad de esta población” enfatizando en su presentación “los constantes casos de mutilación, estigma y demás casos de vulneración a los derechos humanos que enfrenta la población intersexual incluso desde muy temprana edad, así como les patrones judiciales que merman los derechos de custodia de las madres lesbianas en República Dominicana”.

En tanto, Roberto Acevedo, de ODH-GV, expuso la falta de acceso a trabajo y discriminación que sufren personas con VIH/SIDA, pues a pesar de la existencia de la Ley 135-11 -que contempla la privacidad de la información sobre el diagnóstico del VIH, las instituciones públicas realizan pruebas de laboratorios como parte del proceso de preselección de candidatos a puestos de trabajos, teniendo como consecuencia no emplear a las personas que resultan positivas aun poseyendo las habilidades necesarias.

La delegación hizo un balance positivo de la visita pues además de visibilizar la crisis que vive el país debido a políticas racistas, xenofóbicas y discriminatorias, así como de posicionar sus recomendaciones, sirvió para advertir sobre la Ley 1/2024, la cual crea un organismo centralizado del Estado, con el objetivo de proteger los intereses de la nación y evaluar amenazas internas y externas contra este. La sociedad civil considera que esta ley genera las herramientas necesarias para avalar al Estado en su labor de criminalización de activistas y personas defensoras de derechos humanos, por lo tanto, la delegación hizo un fuerte llamado para demandar su derogación.

A ello se suma que, al regreso de la delegación a República Dominicana, se conoció la aprobación de la Resolución No. 13, del 17 de febrero de 2024, sobre tramitación de registro de nacimientos de hijos de extranjeros nacidos en República Dominicana. Después de algunos días de evaluación de esta Resolución, a primera vista esta resolución resulta ser una posible solución a varios de los temas abordados por esta delegación en Ginebra respecto a la situación de apatridia, pero al hacer un análisis de fondo genera preocupación porque no beneficia a la población en condición de apatridia en tanto establece la presentación de documentos que esta no posee.

A continuación, desatacamos algunas de las recomendaciones presentadas por esta delegación durante su gira de incidencia en la Pre-sesión del EPU en Ginebra:

  • Promover la creación de una mesa técnica de acompañamiento, revisión e implementación de las recomendaciones realizadas en el EPU, con la participación de la sociedad civil, un estado miembro del Consejo, organismos internacionales y el Estado Dominicano.
  • Promover una ley nacional de igualdad y no discriminación que persiga, tipifique y sancione el racismo y la discriminación en todas sus formas.
  • Motivar al Estado para que modifique y/o elimine cualquier legislación, sentencia o disposición que no esté alineada con los tratados y acuerdos internacionales de protección de los derechos humanos.
  • Motivar al Estado a firmar, ratificar e implementar la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia (CIRDI).
  • Prevenir la apatridia creando mecanismos claros, gratuitos y expeditos para beneficiar a las personas víctimas de la Sentencia 168.13, dado que la Ley 169.14 no ha solucionado el problema causado por la Sentencia 168.13. Además, ratificar la Convención de 1954 sobre el Estatuto de los Apátridas y la Convención de 1961 para Reducir los Casos de Apatridia.
  • Sensibilizar a las autoridades, para que eviten la criminalización de la migración y eliminar la política de arresto, deportación y expulsión basados en el perfil racial. Además, tomar las previsiones necesarias para que ninguna persona dominicana por su color de piel o descendencia sea expulsada del territorio nacional.
  • Promover la interculturalidad en la esfera de la educación y en los medios de comunicación.
  • Promover la protección de los derechos humanos de las mujeres y las niñas que se encuentren en contexto de vulnerabilidad.
  • Crear una legislación que integre los beneficios de los Convenios 156, 190, 189.
  • Promover e incentivar la integración social de grupos vulnerables (personas que viven con VIH-SIDA, usuarios de drogas) para que puedan aportar a su comunidad.
  • Motivar la elaboración y promulgación del reglamento de aplicación de la ley 135-11 de VIH/SIDA, que a 12 años aún no cuenta con ese importante instrumento jurídico.
  • Promover el fortalecimiento del rol del Defensor del Pueblo, para que promueva y defienda los derechos humanos independientemente del género, nacionalidad y creencia.

Raza e Igualdad agradece a MUDHA, COLESDOM y ODH-GV por obtener sus recursos y sumarse a la delegación inicialmente compuesta por MOSCTHA y la Red Jacques Viau, y les invita a seguir construyendo en unión estrategias para contrarrestar la cruda realidad que viven algunas poblaciones en República Dominicana. También, reiteramos nuestro compromiso de luchar contra las diferentes discriminaciones existentes en este país de la mano con las organizaciones miembros a la Red Jacques Viau y la coalición de ONGs CODHAJUR.

 

En la foto (de izquierda a derecha): Elvia Duque (Raza e Igualdad), María Martínez (MOSCTHA), Manuel Dandre (Red Jacques Viau), Rosalba Díaz (COLESDOM), Roberto Acevedo (ODH-GV) y Jenny Morón (MUDHA), en Sala XXII, Edificio E de Naciones Unidas. Ginebra, Suiza. 

 

[1] Ministerio de la Mujer. Ministerio de la Mujer pone en marcha ruta para la ratificación del Convenio 190 de Violencia y Acoso en el Mundo Laboral. 28 Junio, 2023. Disponible en https://mujer.gob.do/index.php/noticias/itemlist/tag/Convenio%20190#:~:text=M%C3%A1s%20del%2095%25%20de%20las,Convenio%20n%C3%BAmero%20190%20contra%20la

México: Raza e Igualdad lanza informe sobre racismo y discriminación racial en el Sistema de Justicia

Washington, D.C., 12 de diciembre de 2023.– El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) realizó el lanzamiento del Informe sobre Racismo Y Discriminación Racial en el Sistema de Justicia de México. Experiencia Ciudad de México, Chiapas, Oaxaca y Yucatán, en el marco del proyecto “Promoción de una agenda antirracista para fortalecer el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil en la lucha contra el racismo y la discriminación racial en México”, el cual es ejecutado con apoyo de la Fundación W.K Kellogg, México. El informe fue realizado por el Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción A.C (CEPIADET) con el aporte de Asistencia Legal por los Derechos Humanos A.C (ASILEGAL). El lanzamiento del informe se realizó el 30 de noviembre en Ciudad de México, el 1 de diciembre en Mérida, Yucatán, y el 4 de diciembre en San Cristóbal de las Casas, Chiapas.

En estos tres espacios se contó con la participación virtual de la presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), Claudia Morales, quien en sus palabras destacó que “es central conocer en dónde están las debilidades del sistema judicial y hacer todo lo posible para que desde todos los frentes se aseguren procesos de procuración de justicia libre de discriminación”. En tanto, Abel Villanueva, Subdirector de Vinculación Social de CONAPRED, señaló como uno de los principales desafíos la globalización de soluciones desconociendo las diferentes contextos que existe entre la población indígena y afrodescendiente. En ese sentido, puso como ejemplo lo que llamó “la Oaxacacización de la problemática y soluciones a la realidad indígena en México”; por lo tanto, celebró que el estudio incluya a Yucatán, espacio del cual poco se discute al momento de generar diálogos respecto a temas étnicos y discriminación racial.

De parte de CEPIADET, participaron Judith Bautista en Ciudad de México, Tomas López en Mérida, y Monivet López en San Cristóbal de las Casas. En sus intervenciones, resaltaron cómo el discurso del mestizaje y la no existencia del racismo en México está fuertemente arraigado en las instancias gubernamentales, por lo que el sistema de justicia no es ajeno a esta realidad. Como organización encargada de elaborar el informe, se refirieron a los principales desafíos que enfrentaron al momento de realizar este trabajo, especialmente: 1) la falta de datos respecto a estas poblaciones, especialmente sobre la población afrodescendiente en el área de justicia, y 2) la falta de acceso a servicios de interpretación para personas indígenas durante los procesos judiciales, siendo esta una de las principales quejas identificadas por parte de las organizaciones, activistas y personas indígenas.

José Luis Gutiérrez, de ASILEGAL, se refirió que actualmente—según datos oficiales—existen más de 7,000 personas privadas de la libertad que pertenecen a pueblos o comunidades indígenas, de las cuales más de 3,000 se encuentran en prisión preventiva, destacando que su organización ha acompañado casos de personas que han estado hasta por 20 años esperando por una sentencia, “lo cual evidencia el uso y abuso de la prisión preventiva, especialmente con poblaciones étnicas”, dijo Gutiérrez. El especialista también apuntó que las personas indígenas que se encuentra en prisión también ven violentados sus derechos desconocen porque no les permiten hablar su lengua materna y no les garantizan el acceso a medicina tradicional de acuerdo a su cosmovisión.

Miguel Alanis, de la Dirección de Justicia Intercultural de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), quien al momento de realizarse este informe participó como consultor de Raza e Igualdad, resaltó la importancia de hacer uso de las instancias regionales, tales como la Convención Interamericana sobre el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia (CIRDI), aportando a los estándares normativos antirracistas y al accionar dentro del sistema judicial. Asimismo, destacó la importancia de las recomendaciones que se hacen en el informe, especialmente la referida a promover una agenda antirracista de manera transversal en todas las instituciones estatales, con énfasis en el sistema judicial.

La Dirección de Justicia Intercultural es un departamento nuevo en la SCJ, con apenas tres meses de haberse creado. Su Directora, Elizabeth Olvera, dijo en Chiapas que tienen grandes expectativas de trabajar con los diferentes operadores de justicia, no solamente haciendo uso de las herramientas que se han creado recientemente al interior de la misma instancia, sino haciendo uso de los conocimientos y experiencias de las organizaciones de la sociedad civil y activistas étnicos en el área de justicia.

Además, las panelistas Flor May, de la Red Nacional de Juventudes Afromexicana y de Afropoderosas de Yucatán, y la académica María Guadalupe Ruiz, de Chiapas, señalaron que el Estado ha dejado por fuera de diálogos a estas zonas por considerarlas no afrodescendientes, lo cual refuerza estereotipos e invisibiliza a esta población. El activista Freddy Castillo, quien se identificó en el espacio realizado en San Cristóbal de las Casas (Chiapas) como AfroChiapaneco, afirmó que existe una gran falencia de auto-reconocimiento como afrodescendiente en sus comunidades, por lo que es necesario apoyar el trabajo que él y otros activistas hacen en ese sentido y acercar a estas poblaciones a programas y políticas públicas que contribuyan al ejercicio y protección de sus derechos.

Elvia Duque, Oficial Senior sobre Raza y Etnicidad de Raza e Igualdad, expresó que confía en que este informe sea un primer paso que permitirá generar un diálogo y monitoreo de las entidades y actores claves para alcanzar cambios en beneficio de las poblaciones indígenas y afromexicanas. Apuntó que es necesario continuar con este tipo de estudios y trabajar directamente con los operadores de justicia y de los sistemas penitenciarios para mejorar su formación y la recolección de datos, ya que actualmente se realizan sin tener en cuenta la auto-inscripción sino con base a estereotipos respecto de lo que es ser una persona indígena o afrodescendiente.

Raza e Igualdad agradece a todos los participantes de este lanzamiento en las diversas comunidades, también al Centro Prodh, la Comisión de Derechos Humanos de Yucatán, especialmente a su presidente Miguel Sabido, y al Centro Estatal de Lenguas, Arte y Literatura Indígenas por abrirnos sus puertas. Raza e Igualdad continuará trabajando para generar acciones que permitan avanzar en la protección y promoción de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y negros, afromexicanos y afrodescendientes en el área de justicia en México.

Raza e Igualdad y Congresistas de Colombia se reúnen para impulsar la ratificación e implementación de la Convención Interamericana contra el Racismo

Colombia, 14 de noviembre del 2023. En un esfuerzo más para promover la ratificación e implementación de la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia (CIRDI) en Colombia, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) realizará este miércoles 15 de noviembre un desayuno de socialización de la  CIRDI con representantes de la Comisión Legal Afrocolombiana, la Vicepresidencia de Colombia y el Ministerio del Interior. La actividad tendrá lugar en el Hotel de la Opera (Cl. 10 #5-72, La Candelaria, Bogotá) y en ella se buscará generar acciones afirmativas para aumentar el conocimiento sobre esta Convención, y promover su ratificación e implementación por parte del Estado colombiano.

Esta acción forma parte de la campaña CIRDI 2024: «Hacia una región libre de discriminación racial» de Raza e Igualdad, cuyo objetivo es fomentar la firma, ratificación e implementación de la CIRDI por parte de los Estados miembros de la OEA, en el contexto del Decenio Internacional para los Afrodescendientes promovido por Naciones Unidas. Uno de sus propósitos es brindar apoyo a los gobiernos para superar los obstáculos específicos que dificultan la ratificación y la implementación efectiva de la CIRDI, como son las limitaciones en cuanto a recursos, capacidad humana y experiencia técnica.

La firma y ratificación de la Convención Interamericana contra el Racismo es fundamental para visibilizar y reconocer las opresiones que sufren las personas afrodescendientes, los pueblos indígenas y otras minorías raciales en el hemisferio. Esta Convención es clave para que los Estados promuevan la igualdad de oportunidades y combatan la discriminación racial en todas sus formas. A pesar de su potencial, la falta de conocimiento y ratificación de la Convención ha impedido su efectividad, lo cual es preocupante ante el aumento de los crímenes de odio motivados por la raza. Es necesario que se reconozca y aborde el racismo para adoptar las leyes y políticas necesarias para combatir la discriminación racial y étnica. El diálogo sobre esta problemática es fundamental para proteger los derechos humanos en igualdad de condiciones para todas las personas del continente.

El objetivo de Raza e Igualdad es fomentar la ratificación de la Convención Interamericana contra el Racismo por parte de todos los Estados miembros de la OEA durante el Decenio Internacional para las personas Afrodescendientes. Con este fin, lanzamos la campaña CIRDI 2024 “Hacia una región libre de discriminación racial”, que busca lograr la ratificación y aplicación universal de la Convención para finales del año 2024. el Objetivo de esta campaña es ayudar a los gobiernos a superar los desafíos que surjan en el camino hacia la ratificación y aplicación, como la falta de recursos, capacidad institucional y experiencia técnica.

Con el fin de lograr este propósito en Colombia, Raza e Igualdad ha llevado a cabo diversas actividades[1] con el objetivo de aumentar el conocimiento dentro de la sociedad civil sobre la CIRDI, con el fin de fortalecer su capacidad para monitorear el proceso de ratificación de la Convención.

En el año 2013, la OEA adoptó la CIRDI[2] con el objetivo de proteger y fomentar los derechos humanos de todas las personas, independientemente de su raza, color, ascendencia u origen étnico. Un año más tarde, en el 2014, el Gobierno colombiano firmó dos convenios interamericanos sobre derechos humanos: la Convención Interamericana Contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia y la Convención Interamericana Contra Toda Forma de Discriminación e Intolerancia. Estos acuerdos fortalecen la legislación nacional en la lucha contra cualquier forma de discriminación y reconocen que Colombia es un país diverso y respetuoso; no obstante, aún no se han ratificado.

En el año 2021, se presentó un proyecto de ley en el Congreso con el objetivo de lograr la ratificación de la CIRDI[3]. Este proyecto de ley es el resultado de un proceso colectivo que involucró a diversos actores de los pueblos indígenas y rom (gitano), y fue liderado por activistas afrocolombianos a través de la Campaña CIRDI 2024 “Hacia una región libre de discriminación racial”, impulsada por Raza e Igualdad.

En Colombia, el racismo y la discriminación racial son prácticas comunes que limitan el pleno disfrute de los derechos humanos por parte de muchas personas; por ello es fundamental que el Estado se comprometa a garantizar la igualdad y a prevenir la discriminación en todos los ámbitos sociales. La ratificación de la CIRDI es un paso crucial para fortalecer el compromiso del Gobierno colombiano en la promoción y protección de los derechos humanos, así como en la lucha contra el racismo estructural y la discriminación racial.

 

 

 

[1] https://www.cirdi2024.org/es/noticias-y-eventos/noticias/71-cirdi-colombia

[2] https://www.oas.org/es/sla/ddi/tratados_multilaterales_interamericanos_A-68_racismo.asp

[3] https://www.cirdi2024.org/es/noticias-y-eventos/noticias/74-radicacion-proyecto-de-ley-cirdi-colombia

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