MUDE, un refugio amenazado por defender los derechos de mujeres e infancias negras en Palmira, Colombia

MUDE, un refugio amenazado por defender los derechos de mujeres e infancias negras en Palmira, Colombia

Bogotá, 20 de octubre de 2025 – El 15 de julio de 2024, las integrantes del Movimiento de Mujeres Unidas, Diversas y Emancipadas (MUDE) denunciaron que, en horas de la  madrugada, varias personas ingresaron violentamente a la casa donde funcionaba la sede de la organización, en el municipio de Palmira, Valle del Cauca. A través de sus redes sociales, hicieron público cómo fueron destruidos los computadores, y en general, el refugio de más de 300 personas, entre ellas niños, niñas, adolescentes y mujeres negras y diversas de esta región de Colombia, beneficiarias de MUDE. 

Ese día, las mujeres de esta organización sintieron que se ‘rebosó la copa’, tras años de amenazas, hostigamiento, actos de racismo, transfobia y campañas de odio difundidas a través de redes sociales. Les dejaron un mensaje claro: si siguen realizando esta labor, sus vidas están en peligro.

Después de un año del allanamiento, los hechos siguen en la impunidad y las integrantes de MUDE continúan denunciando lo ocurrido y exigiendo el reconocimiento y garantía de sus derechos en esta zona del Pacífico colombiano. “Seguimos haciendo un llamado a las autoridades y a las otras organizaciones, para que se nos escuche y se nos atienda. Queremos saber que tenemos un respaldo, que nuestras vidas importan, que a la gente le importa lo que pase con MUDE, con las infancias y con la diversidad”, dice María Camilia Saa, integrante de la organización. 

El Movimiento de Mujeres Unidas, Diversas y Emancipadas nació en 2019 y, desde entonces, ha acompañado y transformado la vida de más de seis mil niños, niñas, adolescentes, mujeres afrodescendientes y diversas, junto a sus familias, en Palmira y otros municipios del Valle del Cauca. Sady Carreazo, otra de sus integrantes, afirma que MUDE es un espacio para “colectivizar”. 

“Juntarnos garantiza la vida de la gente negra; es otra forma en la que podemos ser y habitar en libertad. Es otra oportunidad para estudiar, trabajar, ser y expresarse”, agrega Carreazo. La organización impulsa estrategias de incidencia, formación y visibilización con enfoque étnico y diverso, a través del arte y la música. Un ejemplo de ello es la agrupación Agojie de MUDE, que en sus canciones aborda temas como el cabello afro, el feminismo y las disidencias sexuales y de género.

Tras el ataque, MUDE se vio obligado a reubicar su sede en otro sector de Palmira, mientras sus integrantes siguen denunciando la continuidad de las amenazas y el hostigamiento que reciben, derivados de sus identidades diversas y de la labor en defensa de los derechos de sus comunidades.

Desde el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) expresamos nuestro acompañamiento a MUDE y reiteramos nuestro llamado urgente a las autoridades competentes para que actúen con diligencia, garanticen la protección de sus integrantes, y aseguren que hechos como estos no queden en la impunidad. Defender la vida, la diversidad y el liderazgo de las mujeres negras y diversas es una responsabilidad ineludible del Estado colombiano.



Activistas afro denuncian el impacto del racismo en las mujeres afrodescendientes de la región

  • Cinco lideresas de América Latina y el Caribe, junto con el profesor Justin Hansford, miembro del Foro Permanente de la ONU sobre los Afrodescendientes, participaron el pasado 18 de septiembre en Bogotá en el conversatorio Voces de la diáspora: mujeres afrodescendientes en resistencia y liderazgo global.

Bogotá, 22 de septiembre de 2025 – En el marco de la consulta regional del Foro Permanente de la ONU sobre los Afrodescendientes, que reunió a más de 60 activistas afro de América Latina y el Caribe; el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) realizó el conversatorio Voces de la diáspora: mujeres afrodescendientes en resistencia y liderazgo global, que tuvo lugar el pasado jueves 18 de septiembre en Bogotá.

El encuentro reunió a lideresas de distintos países de la región, quienes compartieron experiencias sobre las múltiples formas de violencia y discriminación que enfrentan las mujeres afrodescendientes, así como las estrategias de resistencia y construcción comunitaria que han impulsado.

La presidenta de la Organización Negra Centroamericana (ONECA), la afrohondureña Mirtha Colón, destacó la importancia de fortalecer la identidad cultural desde las nuevas generaciones. La coordinadora de la Red de Mujeres Afrolatinoamericana, Afrocaribeña y de la Diáspora, la afroboliviana Paola Yañez, subrayó que “no se puede hablar de racismo sin hablar de sexismo, porque están muy entrelazados”. Por su parte, la mexicana Teresa Mojica, presidenta de la Fundación Afromexicana Petra Morga, llamó a impulsar una agenda afrodescendiente, afrocentrada, interseccional y decolonial.

La afrodominicana María Bizenny Martínez, coordinadora del Departamento de Derechos Humanos e Incidencia Política de MOSCTHA, denunció la discriminación y xenofobia hacia la población haitiana, especialmente hacia las mujeres. Mientras tanto, la afrocolombiana Luz Marina Becerra Panesso, representante legal de la Coordinación de Mujeres Afrocolombianas Desplazadas en Resistencia (La Comadre), señaló que el conflicto armado en Colombia ha agudizado la vulnerabilidad de las mujeres afrocolombianas, muchas de las cuales callan por miedo.

Luego de escuchar a las lideresas, el profesor Justin Hansford, miembro del Foro Permanente de la ONU sobre los Afrodescendientes, destacó la situación de las mujeres afro en América Latina, y retomó algunas de las recomendaciones planteadas por las activistas durante el conversatorio.

Este diálogo fue un espacio de intercambio y construcción colectiva, donde las voces de mujeres afrodescendientes de la región y la diáspora visibilizaron cómo el racismo y el sexismo impactan sus vidas, y reafirmaron su papel central en la defensa de derechos y en la transformación social. También sirvió como una antesala para las activistas, quienes igualmente participaron en la consulta regional del Foro Permanente de la ONU sobre los Afrodescendientes, que se realizó el pasado 19 de septiembre en la Cancillería colombiana, y donde resaltaron la necesidad de visualizar la realidad de las mujeres afrodescendientes dentro del proyecto de borrador de la declaración, que se encuentra en construcción parte de las personas integrantes del Foro.

Desde Raza e Igualdad seguimos impulsando iniciativas y espacios que hagan posible este tipo de encuentros, con el fin de continuar denunciando las violaciones a los derechos humanos que sufren las personas afrodescendientes en la región, y de contribuir a un mundo donde se respete la dignidad de todas las personas, y cada quien pueda desarrollar plenamente sus capacidades.

Foro Permanente de las Naciones Unidas sobre los Afrodescendientes realizará consulta regional en Bogotá

Bogotá, 16 de septiembre de 2025. Este viernes 19 de septiembre, el Foro Permanente de las Naciones Unidas sobre los Afrodescendientes realizará la consulta regional para América Latina hispanohablante, un espacio que forma parte del proceso de construcción de la futura Declaración de las Naciones Unidas sobre el respeto, la protección y la efectividad de los derechos humanos de las personas afrodescendientes.

Este encuentro, que iniciará a partir de las 9 de la mañana en la sede principal del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia y reunirá a más de 60 líderes y lideresas, forma parte de las consultas regionales que adelanta el Foro Permanente en distintas partes del mundo, para recoger insumos y garantizar que las voces de las comunidades afrodescendientes sean tenidas en cuenta en la elaboración de la Declaración. La jornada en Bogotá será la segunda consulta regional, luego de la realizada en diciembre de 2024 en Barbados, enfocada en el Caribe.

De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), en la región viven alrededor de 200 millones de afrodescendientes, equivalentes al 30% de la población total. Sin embargo, persisten barreras estructurales que limitan su acceso a la justicia, la participación política, la educación, la salud y el empleo digno. Dichas brechas se profundizan en el caso de las mujeres afrodescendientes, quienes enfrentan de manera interseccional los efectos del racismo y el sexismo. La consulta regional en Bogotá, dirigida a las comunidades afrodescendientes de los países hispanohablantes de América Latina, busca generar un diagnóstico sobre las múltiples formas de discriminación y racismo estructural en la región, y al mismo tiempo consolidar propuestas que fortalezcan el proyecto de Declaración.

La jornada, que se desarrollará mediante un diálogo amplio y participativo, se centrará en temas prioritarios identificados por el Foro Permanente, entre ellos: el reconocimiento y abordaje del racismo sistémico y estructural; la justicia reparadora frente a los legados del colonialismo, la esclavización, el apartheid y el genocidio; los derechos colectivos de los pueblos afrodescendientes; el desarrollo sostenible y la reducción de desigualdades; así como cuestiones urgentes y emergentes en derechos humanos, como el impacto de la inteligencia artificial, el cambio climático, la injusticia ambiental y la necesidad de reformar el orden económico internacional.

 

Desde el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) acompañamos la participación de destacadas lideresas de la región, quienes aportarán desde sus experiencias y trayectorias a la discusión. Entre ellas se encuentran: la boliviana Paola Yánez, coordinadora de la Red de Mujeres Afrolatinoamericanas, Afrocaribeñas y de la Diáspora; la hondureña Mirtha Colón, presidenta de la Organización Negra Centroamericana (ONECA); la dominicana María Bizenny Martínez, coordinadora del Departamento de Derechos Humanos e Incidencia Política de MOSCTHA; la colombiana Luz Marina Becerra Panesso, representante legal de la Coordinación de Mujeres Afrocolombianas Desplazadas en Resistencia (La Comadre); y la mexicana Teresa Mojica, presidenta de la Fundación Afromexicana Petra Morga. Su participación permitirá visibilizar las realidades específicas que enfrentan las mujeres afrodescendientes frente a las violencias raciales, el desplazamiento forzado y la exclusión.

Voces de la diáspora: Mujeres afrodescendientes en resistencia y liderazgo global

Como antesala a la consulta, el jueves 18 de septiembre a las 4:00 p.m., en el Hotel Suite Jones (Chapinero, Bogotá), se llevará a cabo el diálogo Voces de la diáspora: Mujeres afrodescendientes en resistencia y liderazgo global. Este encuentro contará con la participación de las lideresas mencionadas y del profesor Justin Hasford, miembro del Foro Permanente de la ONU sobre los Afrodescendientes, cuya trayectoria en Estados Unidos y articulación con movimientos afrodescendientes de la diáspora, permitirá un análisis comparado entre América Latina y el Norte Global.

El evento, organizado por Raza e igualdad, tendrá interpretación simultánea inglés-español y busca consolidar un espacio de intercambio y construcción colectiva, fortaleciendo el vínculo entre las luchas históricas de las comunidades afrodescendientes en América Latina y aquellas que se desarrollan en otros contextos internacionales.



La próxima semana, cuatro documentales sobre el exilio y la resistencia cubana se presentan en Madrid

Madrid, 5 de septiembre de 2025. Cuatro documentales independientes cubanos se presentarán en la capital española los días 10 y 11 de septiembre, en la sala Artistic Metropol (calle Cigarrera, 6, Arganzuela, 28005), como parte de un ciclo de cine organizado por el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos.

Las producciones, que han sido apoyadas por la organización en los últimos años, exploran desde diferentes perspectivas la realidad política y social de Cuba, su cultura y el exilio; y buscan visibilizar y defender los derechos humanos en este país. La entrada será gratuita hasta completar aforo, previa inscripción en este enlace. Todas las proyecciones iniciarán a partir de las 20:00 horas (de Madrid).

10 de septiembre

Dos Patrias – Dir. Hilda Hidalgo

El ciclo de cine comenzará con Dos patrias, un documental que ofrece una mirada íntima a la vida de tres activistas de Cuba que han enfrentado la represión política en la Isla. A través de los testimonios de Xiomara Cruz (integrante de las Damas de Blanco), Eduardo Cardet (líder del Movimiento Cristiano de Liberación) y Aymara Nieto, también miembro de las Damas de Blanco, quien obtuvo la libertad bajo la condición de abandonar el país y hoy vive exiliada en República Dominicana, la obra indaga en las causas y consecuencias del estallido social del 11 de julio de 2021, y retrata la compleja realidad que atraviesa Cuba.

11 de septiembre

Recopilación de 5MIN – Dir. Katherine T. Gavilán

Este corto documental reflexiona sobre una deuda pendiente en la sociedad cubana: el ejercicio pleno de la palabra y la escucha. A través de una serie de discursos breves, esta producción propone un espacio donde emisor y receptor se encuentran, fomentando tanto el derecho a expresarse como la responsabilidad de escuchar. En ese diálogo necesario se plantea la posibilidad de una comunicación más abierta y democrática.

Otra ola – Dir. Mauricio Mendoza, Mario Luis Reyes y Alfredo Herrera

Centrada en el rap cubano y su historia de censura y marginación, Otra ola rescata la memoria de un movimiento cultural nacido en barrios afrodescendientes y empobrecidos. Este corto documental se erige como una plataforma para dar voz a artistas y comunidades que luchan por sus derechos humanos.

Sobrevivir. Historia de piel y silencio – Dir. Raúl Soublett

Este corto documental aborda la discriminación racial en Cuba y sus repercusiones en las oportunidades de desarrollo económico y social. Al recoger las experiencias de personas negras en contextos tanto urbanos como rurales, esta producción revela las múltiples formas de exclusión y reivindica la necesidad de garantizar empleo, educación y servicios básicos.



La ONU hizo pública una carta en la que exige información al Estado brasileño sobre la situación de Sônia Maria de Jesus 

  • Sônia Maria de Jesus, una mujer negra con múltiples discapacidades, fue sometida durante décadas a condiciones de esclavitud doméstica por una familia con vínculos en el Poder Judicial. 
  • Cuatro relatorías especiales y un grupo de trabajo de la ONU enviaron una comunicación al Estado brasileño expresando profunda preocupación por el caso, exigiendo información y medidas urgentes para evitar su revictimización y garantizar sus derechos.
  • En 2024, representantes de la familia de Sônia, CPT, CEJIL y el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos denunciaron el caso ante la ONU, exigiendo justicia y garantías de no repetición. 

Río de Janeiro, Brasil. XX de abril de 2025. — Cuatro Relatorías Especiales de la ONU exigieron aclaraciones y una postura del gobierno brasileño respecto al caso de Sônia Maria de Jesus, una mujer negra, con múltiples discapacidades y analfabeta, que fue sometida desde su infancia a condiciones análogas a la esclavitud doméstica por una familia en el estado de Santa Catarina, de la cual un juez de alto rango forma parte. 

La ONU, a través de las relatorías sobre tráfico de personas; derechos de las personas con discapacidad; formas contemporáneas de racismo y discriminación racial; y formas contemporáneas de esclavitud —junto con el grupo de trabajo sobre discriminación contra mujeres y niñas— hizo pública la carta enviada al gobierno brasileño, expresando preocupación por el caso, por las violaciones denunciadas, la revictimización de Sônia y la perpetuación de dichas violaciones, así como por el precedente negativo que este caso podría establecer. 

Las relatorías también subrayaron que los hechos informados evidencian la violación de diversos derechos contemplados en tratados internacionales, y manifestaron su inquietud ante la decisión judicial que determinó el retorno de Sônia a la residencia donde presuntamente fue sometida a esclavitud contemporánea, en contradicción con los protocolos nacionales e internacionales de protección a víctimas de esclavitud y violencia, lo que podría agravar su revictimización. 

Además de solicitar información, la ONU exigió al Estado brasileño detalles sobre las medidas adoptadas para garantizar los derechos humanos de Sônia y su familia, para investigar las violaciones denunciadas, así como sobre las políticas públicas para enfrentar la esclavitud contemporánea y el tráfico de personas, especialmente en el contexto del trabajo doméstico y en relación con personas en situación de vulnerabilidad agravada, como las mujeres negras y las personas con discapacidad. 

“Para nosotras, las hermanas de Sônia, es reconfortante y un alivio ver que alguna institución se ha sensibilizado y ha manifestado su preocupación por el caso. El Poder Judicial brasileño no está respondiendo adecuadamente ni a la situación de Sônia ni a la nuestra. No nos garantiza el derecho a la convivencia familiar ni reconoce que ella podría estar siendo acogida y reconstruyendo su vida junto a nosotras”, dijo Marta de Jesus, hermana de Sônia. 

En 1982, Sônia fue entregada a la casa de un juez de Santa Catarina para su protección, pero fue llevada a otro estado sin el conocimiento de su familia biológica. Fue explotada durante décadas, sin registro formal de trabajo, sin acceso a educación ni a cuidados médicos adecuados, y su desarrollo comunicacional fue bloqueado debido a la falta de estímulos apropiados. En 2023, Sônia fue rescatada tras una denuncia anónima, pero su libertad fue breve: una decisión del Superior Tribunal de Justicia autorizó su retorno a la casa donde había sido explotada. Sus hermanos solo supieron de su paradero tras el rescate, pero han sido privados del pleno contacto con ella. 

A fines de 2024, representantes de la familia de Sônia y las organizaciones Comisión Pastoral de la Tierra (CPT), CEJIL, Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos y el Movimiento Vidas Negras Con Discapacidad Importan, enviaron una comunicación a la Organización de las Naciones Unidas denunciando las violaciones sufridas por Sônia y su familia y solicitando que se exigieran respuestas y medidas al Estado brasileño. 

Mientras se espera una respuesta por parte del Estado, las relatorías y el grupo de trabajo de la ONU reiteraron la necesidad de que Brasil adopte todas las medidas necesarias para cesar las violaciones, evitar su repetición y asegurar la rendición de cuentas. También indicaron la posibilidad de expresar públicamente su preocupación, ya que consideran que se trata de un asunto que requiere atención inmediata y sobre el cual la sociedad debe estar alerta por sus posibles implicaciones. 

Segundo Decenio de los Afrodescendientes: Es hora de que los Estados ratifiquen la Convención Interamericana contra el Racismo

Washington, D.C., 21 de marzo de 2025.– Conmemorar un año más el Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial nos lleva a reflexionar sobre los hechos que dieron origen a esta fecha, pero también sobre la persistencia de este mal y los pasos que son necesarios para combatirlo y erradicarlo, como la ratificación e implementación de la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia (CIRDI).

El 21 de marzo de 1960, 20,000 personas negras protestaron en Sudáfrica contra una ley que restringía sus movimientos, lo que provocó la masacre de Sharpeville, en la que murieron 69 personas. En memoria de las víctimas, la Organización de Naciones Unidas (ONU) designó esta fecha como Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial.

Más de siete décadas después, el racismo estructural continúa afectando a personas afrodescendientes y pueblos indígenas en América Latina y el Caribe, lo que se traduce en precariedad de acceso a educación, vivienda y trabajo. A ello se suma la violencia desproporcionada por parte de fuerzas del orden y grupos ilegales.

Por ejemplo, datos del Atlas de la Violencia 2024 muestran que en Brasil, en 2022, el 66,4% de las mujeres asesinadas eran negras, con un total de 2.526 víctimas, y el 76,5% de los homicidios registrados fueron de personas negras.

En tanto, en Cuba, la pobreza extrema afecta principalmente a las personas afrodescendientes, según un estudio entre mayo y junio de 2024 por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), el cual detalla que “del total de la muestra (1,148 encuestas), el 61% dijo tener problemas para comprar lo más esencial para sobrevivir, mientras que en la población afrocubana la cifra se ubica en el 68%”.

Una oportunidad clave para combatir el racismo

El pasado 17 de diciembre de 2024, Naciones Unidas proclamó el Segundo Decenio Internacional de los Afrodescendientes. Este hecho marca una oportunidad clave para que en las Américas se impulsen acciones concretas que combatan los legados del racismo estructural, la esclavitud y el colonialismo. El éxito de esta iniciativa dependerá de la voluntad política de los Estados, algo que quedó en evidencia durante el primer Decenio (2015-2024), donde, a pesar de avances importantes, la falta de compromiso de los gobiernos impidió un cambio transformador.

Barbara Reynolds, presidenta del Grupo de Trabajo de Expertos sobre los Afrodescendientes de la ONU (WGEPAD, por sus siglas en inglés), fue clara al señalar que el primer Decenio «aumentó la concienciación sobre el racismo contra las personas negras, pero careció de suficiente voluntad política e inversión por parte de los Estados Miembros».

En América Latina y el Caribe, las desigualdades estructurales siguen afectando desproporcionadamente a las comunidades afrodescendientes e indígenas. La educación, la salud, la vivienda, el acceso a oportunidades económicas y la representación política continúan siendo barreras significativas. Además, estas poblaciones enfrentan vulnerabilidades agravadas por la crisis climática, la exclusión digital y la injusticia ambiental.

En este contexto, si los Estados realmente quieren erradicar el racismo en la región, un paso fundamental es la ratificación de la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia (CIRDI).

La CIRDI: Un compromiso pendiente

La CIRDI, adoptada por la Organización de los Estados Americanos (OEA) en 2013, es un instrumento legal crucial para combatir el racismo en la región. Sin embargo, pocos países la han ratificado, dejando a millones de afrodescendientes y personas indígenas sin una protección efectiva contra la discriminación racial.

Recordemos que la CIRDI establece obligaciones claras para los Estados, incluyendo: el desarrollo de políticas públicas para eliminar la discriminación racial, la promoción de la igualdad de oportunidades para comunidades afrodescendientes e indígenas, el fortalecimiento de los sistemas de justicia para evitar la criminalización desproporcionada de estas poblaciones, y la protección de defensores y defensoras de derechos humanos afrodescendientes, entre otras.

A pesar de su importancia, la falta de voluntad política sigue siendo el mayor obstáculo. Mientras algunos países han dado pasos significativos con leyes de acción afirmativa y oficinas para la equidad racial, la ausencia de un marco regional vinculante impide avances sostenibles y coordinados.

El nuevo Decenio: Un momento decisivo

El Segundo Decenio Internacional de los Afrodescendientes no puede repetir los errores del primero. Para garantizar un verdadero cambio estructural, desde Raza e Igualdad consideramos que los Estados deben:

  1. Ratificar e implementar la CIRDI. No basta con discursos y compromisos simbólicos; es necesario que los países incorporen sus principios en sus legislaciones nacionales.
  2. Diseñar planes de acción nacionales con la participación de la sociedad civil. Sin su voz, las políticas seguirán ignorando las necesidades reales de las personas afrodescendientes y pueblos indígenas.
  3. Recolectar datos desagregados sobre la situación socioeconómica de la población afrodescendiente y pueblos indígenas. Sin cifras precisas, no hay manera de diseñar políticas efectivas.
  4. Implementar acciones afirmativas en educación y empleo.
  5. Proteger a personas defensoras de derechos humanos afrodescendientes e indígenas. Su trabajo por la defensa de sus territorios y la justicia ambiental las expone a riesgos constantes.
  6. Cumplir con las recomendaciones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha emitido informes clave sobre el racismo en la región, pero pocos Estados han tomado medidas al respecto.

Un llamado a la acción

El racismo y la discriminación racial no son conceptos abstractos, sino realidades diarias para millones de personas afrodescendientes e indígenas en las Américas. Combatir esta injusticia requiere más que buenas intenciones; necesita decisiones políticas concretas, empezando por la ratificación de la CIRDI.

América Latina y el Caribe deben liderar esta lucha. No hay excusas para postergar más la adopción de este tratado fundamental. Es momento de actuar.

Declaración y el Programa de Acción de Durban: Expectativas de la sociedad civil sobre el proyecto de Declaración Internacional de protección, promoción y efectivo cumplimiento de los derechos de los afrodescendientes

El 15 de enero de 2025, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) y la Articulación Latinoamericana para los Decenios Afrodescendientes (ALDA) organizaron una reunión en la sede de Raza e Igualdad en Ginebra, con el objetivo de avanzar en la implementación de la Declaración y el Plan de Acción de Durban. En esta reunión participaron las Misiones de Brasil -con representación del Ministerio de Igualdad Racial (MIR)-, de Colombia, de México y de Chile; así como representantes del Foro Permanente sobre los Afrodescendiente de Naciones Unidas y organizaciones de la sociedad civil de países como Brasil, Costa Rica, Chile y Argentina. 

Este encuentro se llevó a cabo en el marco de las actividades del Grupo de Trabajo Intergubernamental, reunido del 13 al 17 de enero de 2025 en Ginebra. Su principal objetivo fue visibilizar la implementación del Plan de Acción y la Declaración de Durban, así como resaltar la importancia de una alianza estratégica para la incidencia política en el proyecto de declaración internacional para la protección, promoción y cumplimiento efectivo de los derechos de las personas afrodescendientes. Es importante destacar que hubo poca participación directa de entidades de la sociedad civil en este espacio intergubernamental, ya que solo pudieron asistir organizaciones de la sociedad civil con «estatus consultivo ECOSOC de la ONU» [1] o que hubieran participado en la Conferencia de Durban en 2001. 

Por esta razón, Raza e Igualdad y ALDA [2] participaron en la 23ª Sesión del Grupo de Trabajo Intergubernamental sobre la Implementación Efectiva de la Declaración y el Programa de Acción de Durban (IGWG, por sus siglas en inglés), para apoyar el proyecto de Declaración de los Derechos de las Personas Afrodescendientes. Como grupos de la sociedad civil, presentamos algunas consideraciones importantes que los gobiernos deben tener en cuenta en este proyecto de Declaración. Además de brindar apoyo esencial a las Misiones de Brasil y Colombia para que puedan liderar y amplificar las voces de casi 200 millones de afrodescendientes en las Américas, queremos destacar la necesidad de garantizar la participación y escucha de la sociedad civil y de los pueblos afrodescendientes, así como de la población latinoamericana y caribeña. En este sentido, destacamos algunas recomendaciones: 

Apoyamos al Gobierno de Colombia, que en esta sesión presentó una postura muy clara sobre el reconocimiento de los afrodescendientes como sujeto colectivo en el marco de la jurisprudencia internacional y de las naciones que lo han establecido por ley. Por lo tanto, el proyecto de Declaración debe considerar en su lenguaje a las personas, comunidades y pueblos afrodescendientes. 

Consideramos necesario ampliar el concepto de afrodescendiente como una expresión civilizatoria que tiene su origen en la experiencia de la trata de esclavos africanos ocurrida entre los siglos XVI y XIX en las Américas. Los afrodescendientes deben ser reconocidos como grupos étnico-culturales que también habitan territorios rurales, preservan instituciones culturales tradicionales y se definen como tales. 

El concepto de pueblos afrodescendientes se está integrando en el sistema internacional de derechos humanos, salvaguardando el derecho de los miembros de estas comunidades a ser sujetos colectivos de derechos, más allá de las categorías tradicionales de “igualdad y no discriminación como principio fundamental de los derechos humanos» (Recomendación General 34 de 2011 del CERD). 

Desde la perspectiva del concepto de «diáspora africana» aplicado a los afrodescendientes en las Américas, el sistema de justicia interamericano reconoce a los afrodescendientes rurales como «pueblos tribales», ya que las comunidades rurales mantienen una relación con el territorio que va más allá de los aspectos físicos, transformándolo en un mecanismo de lucha, trascendencia política y reivindicación de su ancestralidad. 

El movimiento afro-latinoamericano ha tenido siempre una participación colectiva y activa en la agenda internacional de derechos, incluso antes de Durban. Por ello, subrayamos la importancia de este evento y la necesidad de fortalecer lazos, redes y articulaciones para garantizar la voz de nuestros pueblos. 

Las misiones presentes en la reunión cerrada destacaron la necesidad de una mayor aproximación con la sociedad civil, con el fin de proporcionar conceptos y datos actualizados para el combate al racismo en las Américas, y de esta manera contribuir al texto de la Declaración que está siendo debatido en este Grupo de Trabajo Intergubernamental. También se discutieron temas como reparación, el uso de nuevas tecnologías de inteligencia artificial y la importancia de la agenda climática. 

Al finalizar los trabajos, se concluyó la primera lectura del texto de la Declaración, y en las próximas reuniones del Grupo de Trabajo Intergubernamental se podrán realizar nuevos aportes al documento. 

Raza e Igualdad y ALDA expresan su convicción de que este espacio debe ser plural y esperamos que, aunque sea de manera indirecta, podamos promover una mayor participación de las entidades de la sociedad civil en la construcción de la Declaración sobre la protección, promoción y cumplimiento efectivo de los derechos de las personas afrodescendientes. 

 

[1] https://ecosoc.un.org/en/ngo/consultative-status 

[2] La Articulación Latinoamericana para los Decenios Afrodescendientes ALDA y la Coalición de Organizaciones defensoras del Territorio ancestral, las tierras colectivas de los Afrodescendientes de América Latina y el Caribe, somos parte del movimiento social afrodescendiente que promueve la causa del reconocimiento, la justicia y las reparaciones históricas de la diáspora africana en el mundo. ALDA y la COALICIÓN fuimos parte de las organizaciones de la sociedad civil que apoyamos y promovimos la propuesta de reconocimiento de pueblo afrodescendiente en el derecho internacional, especialmente en el marco de la pasada COP 16 que se celebró en la ciudad de Cali con el auspicio del gobierno de Colombia. 

 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos juzgará al Estado mexicano en el caso de doña Ernestina Ascencio Rosario

Ciudad de México, 28 de enero de 2025.– El próximo 30 de enero de 2025, la Corte Interamericana de Derechos Humanos celebrará una audiencia pública contra México por el caso de doña Ernestina Ascencio Rosario, una mujer nahua de la Sierra de Zongolica, Veracruz. Doña Ernestina falleció en 2007, tras ser atacada por miembros del Ejército Mexicano y ser víctima de graves violaciones a sus derechos humanos, incluyendo violencia sexual, discriminación racial, omisiones e intervención indebida por parte de las altas autoridades del Estado. 

En la audiencia, la Corte Interamericana juzgará la violencia sexual y tortura que miembros del Ejército mexicano perpetraron contra doña Ernestina Ascencio, dando como resultado su muerte por la omisión estatal de garantizarle la atención médica adecuada y oportuna que pudo salvar su vida. La Corte también juzgará al Estado por la discriminación racial feminicida ejercida contra ella por el hecho de ser mujer, indígena nahua empobrecida, monolingüe y adulta mayor. Las autoridades estatales no sólo ignoraron su testimonio sobre el ataque sexual por pronunciarlo en su lengua, lo que llevó a desestimar evidencias clave para esclarecer los hechos, desviar y archivar indebidamente su investigación; sino que también intentaron frustrar la búsqueda de justicia de su familia, recurriendo a su secuestro para impedirles impugnar la decisión. 

Asimismo, se juzgará el ocultamiento de información pública para asegurar la impunidad de los perpetradores. Todo ello en un contexto general de racismo patriarcal, de falta de efectiva garantía de los derechos de las mujeres y los pueblos indígenas, y de un sistema de justicia y de acceso a información pública sujeto a aplicación discrecional y gravemente debilitado.

Las organizaciones locales y regionales que litigamos el caso de la mano de familiares de doña Ernestina, invitamos a seguir esta audiencia histórica que busca justicia y reparación para ella y su familia, y que pone en el centro la lucha de las mujeres indígenas contra la violencia y la discriminación racial, así como la ausencia de garantías plenas para el ejercicio del derecho a la verdad y a la justicia en el país.

Detalles de la audiencia:

#JusticiaParaErnestina 

Organizaciones peticionarias
El caso ha sido impulsado por organizaciones comprometidas con los derechos humanos y la justicia para las mujeres indígenas, incluyendo:

Contactos para más información:

1.Angelita Baeyens 

RFK Human Rights

baeyens@rfkhumanrights.org  

 

2. Patricia Torres 

CONAMI

+524432734950

ptorressandoval8@gmail.com

 

3. Arlet García

CESEM 

centrohj@gmail.com 

¡Justicia para Leandro y Smith!: La juventud de Quibdó exige vivir, no ser marcada por el miedo y la violencia

Bogotá, 24 de enero de 2025.- El recrudecimiento de la violencia armada el municipio de Quibdó, Chocó; constituye una violación flagrante de los derechos fundamentales y pone de relieve el racismo estructural y la exclusión histórica que enfrentan las comunidades del departamento del Chocó. Según Darwin Lozano – veedor del Chocó – esta violencia ha cobrado la vida de 11 jóvenes en lo que va de 2025, evidenciando la urgencia de implementar medidas efectivas que protejan a nuestra juventud y garanticen su derecho a vivir en paz. Además, datos de colectivos sociales revelan que, en 2024, fueron asesinados 148 jóvenes, mientras que en 2023 el Instituto Nacional de Medicina Legal registró 66 víctimas fatales entre adolescentes y jóvenes en el departamento del Chocó. 

José Alejandro Valencia Valencia (Leandro) y Juan David Ramírez Rodríguez (Smith) fueron dos jóvenes que encontraron en el baile urbano una herramienta de transformación social y un camino para alejarse de la violencia que golpea a Quibdó. A través de la iniciativa «Bailar por la paz, para no ver más muertes», hicieron parte de ‘Voces de Poder’ de UNICEF Colombia, un proyecto que impulsa el liderazgo juvenil en el Pacífico colombiano y fortalece narrativas de paz y convivencia. Además, integraban la agrupación “Chicos Dance”, reafirmando el arte como una vía para la reconstrucción del tejido social. 

En este contexto de violencia desbordada, José Alejandro de 17 años y Juan David de 19 años, fueron reportados como desaparecidos el pasado 19 de enero de 2025, antes de que se confirmara su asesinato, una práctica desafortunada cada vez más común en Quibdó, donde bandas criminales ejercen control territorial. Sus cuerpos fueron hallados días después, en un contexto que apunta a la acción de estructuras armadas ilegales que operan impunemente en la región, perpetuando el miedo y la desolación en las comunidades. A pesar de haber dedicado sus vidas al arte y a la construcción de paz, sus asesinatos evidencian el riesgo constante que enfrentan los jóvenes del Chocó, especialmente aquellos que buscan alejarse de la violencia y desafiar el orden impuesto por los grupos ilegales.  

El racismo sistémico que atraviesa la historia del Chocó se manifiesta en la ausencia de oportunidades, la falta de inversión en educación, salud y empleo, y en la desprotección de sus habitantes frente a la violencia armada. Esta realidad que vulnera los derechos fundamentales de las personas afrodescendientes también perpetúa un ciclo de discriminación y marginalización incompatible con los mandatos constitucionales y los compromisos internacionales asumidos por Colombia. 

Desde Raza e Igualdad, rechazamos la violencia sistemática que ha cobrado la vida de cientos de jóvenes en los últimos años y expresamos nuestras condolencias a las familias de las víctimas, quienes cargan el peso de una pérdida irreparable. Esta crisis exige medidas inmediatas por parte del Estado colombiano para garantizar la protección de la vida y la dignidad de las y los jóvenes afrocolombianos en el Chocó. 

Hacemos un llamado firme y urgente al Gobierno Nacional, al Sr. Presidente Gustavo Petro; la Sra. Vicepresidente Francia Elena Márquez; la Sra. Gobernadora del Chocó Nubia Carolina Córdoba y el Sr. Alcalde Rafael Andrés Bolaños para que concentren sus esfuerzos en la implementación de políticas públicas que aborden de manera integral las raíces estructurales de la violencia, desarticulen los grupos armados que operan en la región y promuevan condiciones de justicia, equidad y desarrollo sostenible. La vida de las y los jóvenes afrocolombianos no puede seguir siendo sacrificada ante la indiferencia institucional. 

El Chocó no puede seguir siendo un territorio de exclusión y olvido. Garantizar la paz, la seguridad y los derechos de su población es un deber irrenunciable del Estado y una exigencia moral para toda la sociedad colombiana. 

Las instituciones y la sociedad deben responder con firmeza para restablecer la paz y la convivencia en el departamento del Chocó. 

Ante el auge de la extrema derecha en Latinoamérica, líderes afrolatinos, indígenas y LGBTI+ sostuvieron reuniones de incidencia en Washington D.C.

Washington D.C., 16 de octubre 2024.- Ante la creciente influencia de movimientos de extrema derecha y el preocupante avance de agendas racistas y xenófobas en América Latina y el Caribe, una delegación de liderazgos afrolatinos, indígenas y LGBTI+, encabezada por el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), sostuvo reuniones clave de incidencia en Washington D.C. con el Congreso de los Estados Unidos, el Departamento de Estado y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Durante estos encuentros, la delegación presentó soluciones y perspectivas críticas frente a problemas como la discriminación racial y de género, la brutalidad policial y la sistemática falta de acceso a servicios esenciales como la salud y la educación.

Asimismo, la delegación presentó recomendaciones para promover la formulación e integración de políticas más inclusivas y equitativas en marcos clave como el Plan de Acción Conjunta para la Igualdad Racial y Étnica (JAPER), el Plan de Eliminación de la Discriminación Racial en las Américas (CAPREE) y la Declaración de Asociación de América del Norte por la Equidad y la Justicia Racial. 

Durante las reuniones, Mauricio Ye’kwana, Director Ejecutivo de Hutukara Associação Yanomami, abordó la crisis de violencia que enfrenta los territorios indígenas en Brasil, destacando las constantes amenazas derivadas de la explotación minera ilegal y la falta de reconocimiento gubernamental de sus tierras ancestrales. Ye’kwana señaló la negligencia del gobierno en su protección y la impunidad que rodea los asesinatos de líderes indígenas. También alertó sobre el preocupante reclutamiento de jóvenes indígenas por grupos armados, lo que debilita la cohesión comunitaria. Además, hizo un llamado urgente a la representación indígena en foros internacionales como la COP, enfatizando la necesidad de reconocer a los pueblos indígenas como guardianes esenciales del medio ambiente.

Bruna Benevides, Presidenta de la Asociación Nacional de Travestis y Transexuales (ANTRA), de Brasil, expuso las violaciones de derechos humanos que enfrentan las mujeres trans, especialmente las mujeres trans negras. Benevides señaló que el componente racial del transfemicidio está profundamente arraigado en la sociedad brasileña, y que las mujeres trans negras son desproporcionadamente afectadas por la violencia y la exclusión. Benevides también enfatizó la falta de representación de las personas trans en los movimientos antirracistas y que la invisibilización de sus problemas dentro de los espacios LGBTQ+ es una preocupación clave. 

Por su parte, Lucía Xavier, Coordinadora General de CRIOLA (Brasil) alertó sobre una ola conservadora que se ha extendido por Brasil y que aumentado significativamente la violencia contra las mujeres negras, tanto cis como trans, quienes enfrentan múltiples barreras para acceder a recursos básicos debido a políticas de financiamiento discriminatorias. Xavier solicitó una mayor representación política de las mujeres negras, así como políticas públicas efectivas que protejan sus derechos y promuevan su bienestar.

María Martínez, del Movimiento Socio-Cultural de los Trabajadores Haitianos (MOSCTHA),  denunció la constante amenaza de expulsión y la brutalidad policial que sufren las personas migrantes haitianas en República Dominicana. La reciente política del gobierno dominicano de deportar a 10,000 haitianos por semana ha agravado la discriminación y el racismo estructural que ya sufren estas comunidades, siendo las mujeres haitianas particularmente vulnerables a la violencia de género. Asimismo, Martínez explicó que la falta de reconocimiento civil y la situación de apatridia excluyen a estas personas del acceso a servicios básicos como la salud y la educación. 

Erlendy Cuero, vicepresidenta de la Asociación Nacional de Afrocolombianos desplazados (AFRODES) de Colombia, alertó sobre la difícil situación de la juventud afrodescendiente en Colombia, particularmente afectada por la violencia y el conflicto armado. La discriminación racial por parte de las fuerzas de seguridad ha resultado en un aumento alarmante de homicidios y desapariciones forzadas de jóvenes afrocolombianos, quienes son frecuentemente estigmatizados y tratados como sospechosos solo por su color de piel. 

Sandra Arizabaleta, Directora de la Fundación Afrodescendiente por las diversidades sociales y sexuales “Somos Identidad” (Colombia) expuso cómo la polarización política en Colombia ha exacerbado la violencia y la discriminación contra las personas afrodescendientes y LGBTI+. Para Arizabaleta es urgente crear políticas públicas que aborden de manera efectiva la interseccionalidad entre raza, género y orientación sexual, algo que actualmente está ausente en el discurso político colombiano. Asimismo, denunció la violencia que aún persiste por parte de grupos armados contra estas poblaciones vulnerables.

Cecilia Ramírez, Directora Ejecutiva del Centro para el Desarrollo de la Mujer Negra Peruana (CEDEMUNEP), Perú explicó que el plan de desarrollo afroperuano, que fue diseñado para mejorar las condiciones de estas comunidades, se ha estancado debido a la falta de recursos financieros y apoyo técnico. Ramírez también enfatizó en cómo el racismo estructural sigue siendo un obstáculo para el progreso social y económico de las personas afrodescendientes en Perú, quienes continúan teniendo los peores indicadores socioeconómicos. En sus planteamientos, propuso la implementación de cuotas étnicas para asegurar la representación política de afrodescendientes e indígenas, y subrayó la necesidad de procesos de autoidentificación más inclusivos que consideren tanto el género como la etnicidad.

Patricia Torres Sandoval, Representante del Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas (ECMIA), centró su intervención en la violencia contra las mujeres y niñas indígenas, enfatizando cómo esta situación se ve agravada por la violencia estructural que proviene del racismo, la pobreza y el colonialismo. También subrayó el impacto devastador de las actividades extractivistas en la región, que no solo causan destrucción ambiental, sino que también profundizan la pobreza y la exclusión social de las comunidades indígenas, intensificando la violencia contra las mujeres. Torres destacó que la falta de voluntad política y la implementación ineficaz de acuerdos internacionales contribuyen a la marginación y exclusión de estas comunidades, lo que requiere una atención urgente y sostenida.

Finalmente, las y los líderes presentaron una serie de recomendaciones clave a las autoridades, enfocadas en fortalecer la representación, promover políticas inclusivas y garantizar la rendición de cuentas:

  • Financiar programas que promuevan el liderazgo de las comunidades Afro-Latinas, Indígenas y LGBTQ+. 
  • Fomentar alianzas entre organizaciones de base de derechos humanos en EE.UU. y América Latina para fortalecer su capacidad y visibilidad. 
  • Instar a los gobiernos latinoamericanos a adoptar legislaciones que protejan a las poblaciones marginadas y promuevan políticas antirracistas y antihomofóbicas. 
  • Garantizar que acuerdos como JAPER y CAPREE aborden activamente la violencia que sufren estas comunidades.
  • Fortalecer la supervisión de la financiación internacional para garantizar que los recursos lleguen a los grupos vulnerables. 
  • Facilitar el diálogo entre los gobiernos y la sociedad civil para mejorar la transparencia en el monitoreo de derechos humanos y garantizar la rendición de cuentas de los responsables de abusos.

Raza e Igualdad respalda firmemente estas recomendaciones y reafirma su compromiso de seguir acompañando a estos liderazgos en la promoción de sus voces ante instancias gubernamentales y otros espacios de incidencia. Asimismo, continuará trabajando en la documentación de las violaciones a los derechos humanos y en la construcción de propuestas que fomentan sociedades más inclusivas, equitativas y respetuosas.

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