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El Día de la Afrocolombianidad no es solo una conmemoración, es un llamado al reconocimiento de derechos

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El Día de la Afrocolombianidad no es solo una conmemoración, es un llamado al reconocimiento de derechos

Bogotá, 21 de mayo de 2026 – Hay una forma de estar en el mundo que no se aprende en un aula ni se decreta desde una institución. Se aprende viviendo en comunidad, cuidando. 

En Colombia, las comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras han vivido así desde siempre; no porque no tuvieran otra opción, sino porque entendieron algo que a otros les ha costado siglos comprender: que la vida sola no alcanza, que el territorio se cuida entre todes y que la dignidad no es un logro individual, es una construcción colectiva.

Hoy 21 de mayo las comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras conmemoran la Afrocolombianidad desde ese lugar: desde los procesos organizativos que llevan décadas construyendo agenda; desde los consejos comunitarios que gobiernan el territorio con sus saberes; desde las organizaciones de mujeres que han sostenido la vida cotidiana en los momentos en que todo lo demás se desmoronaba. Desde las juventudes que recibieron un legado enorme y lo están cargando hacia adelante con compromiso y orgullo. 

Ese legado viene de muy atrás. Y para entender lo que hoy se conmemora, hay que comprender contra qué se ha resistido para llegar hasta aquí. Porque la lucha del pueblo negro en este país no empezó en 1851, cuando se abolió la esclavitud. Inició cuando los primeros africanos fueron traídos a estas tierras, arrancados de sus familias, de sus lenguas, de sus nombres, de su identidad. Y desde ese momento, la lucha fue por recuperar la humanidad que les fue arrebatada. 

Los palenques fueron la expresión más visible de esa decisión; comunidades enteras que dijeron que no, que construyeron su propio territorio. San Basilio de Palenque, un corregimiento del Caribe colombiano, sobrevivió. Defendió su autonomía, preservó su lengua, mantuvo su memoria. Y hoy sigue en pie.

La libertad llegó en 1851 sin tierra, sin recursos, sin las condiciones reales para ejercerla. Y las comunidades tuvieron que seguir. Por el territorio. Por la educación. Por el derecho a participar, a decidir, a ser reconocidas. 

Esa lucha llegó a la Constitución de 1991. Las organizaciones de comunidades negras no esperaron que les dieran un espacio, lo construyeron. Llegaron con agenda propia y lograron que la diversidad étnica y cultural quedara reconocida. Lograron la Ley 70 de 1993, que reconoció los territorios colectivos y el derecho a la consulta previa. Eso no fue un regalo. Fue el resultado de décadas de organización, de personas que dedicaron su vida a hacer posible lo que parecía imposible.

Y, sin embargo, la brecha entre lo que la ley dice y lo que la realidad muestra sigue siendo enorme. Entre el 4 y el 14 de mayo de este año, por ejemplo, el Mecanismo Internacional de Expertos Independientes para Promover la Justicia y la Igualdad Racial en la Aplicación de la Ley (EMLER) de Naciones Unidas, escuchó a las comunidades, a las organizaciones y a las instituciones del Estado. Y al terminar dijo lo que las comunidades llevan décadas nombrando: que el racismo en Colombia no es una colección de incidentes aislados, sino un sistema estructural, histórico y sostenido. Uno que se expresa en los indicadores de salud, en los mapas de violencia, en los territorios sin protección, en los cuerpos que no generan la misma urgencia cuando desaparecen.

Las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras han demostrado, a lo largo de siglos, que la identidad no se decreta ni se concede. Se construye, se defiende y se transmite. Y eso es precisamente lo que este país tiene entre sus manos: un patrimonio vivo, organizativo, cultural y político que sigue creciendo, que sigue formando líderes, que sigue cuidando territorios, y que sigue siendo, después de todo lo que se le ha puesto enfrente, una fuerza transformadora.

Por eso este día no es solo conmemoración; es también un llamado a que este país honre con hechos lo que ha reconocido con palabras, y a que los derechos que costaron siglos de lucha se ejerzan sin que nadie tenga que pagar con su vida por defenderlos.

Desde el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos hacemos eco a las palabras de Alomía, y nos unimos a la conmemoración de esta fecha, para recordar que el racismo afecta a millones de personas afro en Colombia; y, al mismo tiempo, exigimos al Estado colombiano que brinde garantías para el reconocimiento de derechos de las comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras de este país.

Dayana Alomía, consultora Legal de Raza e Igualdad en Colombia.



Organizaciones afrodescendientes exponen ante expertas de la ONU los desafíos estructurales que enfrenta la población afrodescendiente en México

Washington, D.C., 20 de mayo de 2026. – Durante la visita oficial a México del Grupo de Trabajo de Expertos sobre las Personas Afrodescendientes de las Naciones Unidas, organizaciones de la sociedad civil, liderazgos comunitarios y representantes afrodescendientes de distintos territorios del país compartieron con las expertas internacionales sus principales preocupaciones, desafíos y demandas en materia de derechos humanos, reconocimiento, participación política, justicia racial y desarrollo sostenible.

La visita oficial, que inició el 11 de mayo y concluirá el 20 de mayo, es encabezada por Isabelle Mamadou, presidenta del Grupo de Trabajo, y Catherine Namakula, miembra del mecanismo. Durante su estancia en el país, las expertas han examinado la situación de los derechos humanos de les afrodescendientes en México, recabando información sobre racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia, así como promoviendo la implementación del Segundo Decenio Internacional para los Afrodescendientes (2025-2034).

La delegación sostuvo reuniones con autoridades gubernamentales, instituciones nacionales, representantes de los poderes legislativo y judicial, así como con personas afrodescendientes, organizaciones de la sociedad civil y otros actores que trabajan en temas de discriminación racial y derechos humanos.

El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) tuvo el honor de apoyar la coordinación de espacios de diálogo y encuentros entre las expertas y activistas afrodescendientes en los distintos territorios visitados. Estos espacios fueron posibles gracias al compromiso, liderazgo y capacidad de movilización de liderazgos comunitarios afrodescendientes que convocaron a organizaciones, autoridades comunitarias, juventudes, mujeres, personas defensoras de derechos humanos y representantes de diversos sectores de sus comunidades para dialogar con las expertas de Naciones Unidas. Raza e Igualdad expresa un especial agradecimiento a Rosa María Hernández Fitta en Córdoba y Yanga (Veracruz); Teresa Mojica y las integrantes de Afrocaracolas en Puerto Marqués (Guerrero); Sergio Peñaloza en Cuajinicuilapa (Guerrero); y Yolanda Camacho en El Azufre (Oaxaca), cuyo trabajo de articulación territorial hizo posible una amplia y diversa participación de la población afrodescendiente. Sin su compromiso y liderazgo, estos encuentros no hubieran sido posibles.

Las actividades iniciaron el 13 de mayo de 2026 con un encuentro realizado en el Centro de Estudios Constitucionales y Saberes Jurídicos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, representado en esta ocasión por la Dra. Gema Tabares.

Durante los encuentros, las principales preocupaciones planteadas por las organizaciones y comunidades afrodescendientes destacaron que aunque existen avances institucionales dirigidos a la población afromexicana, estos continúan siendo insuficientes debido a limitaciones presupuestarias, falta de voluntad política y una visión predominantemente indigenista que no responde plenamente a las realidades, identidades y necesidades específicas de los pueblos y comunidades afrodescendientes.

En este sentido, se reiteró la necesidad de crear una institucionalidad especializada exclusivamente en la población afrodescendiente, con recursos adecuados, personal capacitado y capacidad para implementar políticas públicas integrales y sostenibles.

Asimismo, las organizaciones insistieron en la urgencia de fortalecer las acciones afirmativas y garantizar una representación política real de las personas afrodescendientes en espacios de toma de decisiones. Expresaron preocupación por los constantes intentos de usurpación de candidaturas destinadas a personas afromexicanas y por la utilización del censo como único mecanismo para acreditar pertenencia afrodescendiente, pese al bajo nivel de autorreconocimiento derivado de siglos de invisibilización histórica y discriminación racial.

Las organizaciones también destacaron la necesidad de avanzar en el reconocimiento de la autonomía y libre determinación de pueblos y comunidades afrodescendientes, así como de sus sistemas normativos propios, formas de organización y autogobierno.

Igualmente, manifestaron preocupación por la falta de protocolos específicos de consulta para pueblos afromexicanos, la ausencia de numerosas comunidades en el Catálogo Nacional de Comunidades Afromexicanas y el abandono de la discusión sobre una ley reglamentaria afromexicana que permita traducir los derechos constitucionalmente reconocidos en políticas públicas, mecanismos de protección y garantías concretas.

Las organizaciones denunciaron que la población afromexicana continúa enfrentando importantes barreras para acceder a una educación inclusiva y libre de discriminación. Entre las principales preocupaciones se destacó la ausencia de contenidos y currículos afromexicanos en las aulas, situación que contribuye a la invisibilización histórica de los aportes de la población afrodescendiente y perpetúa estereotipos raciales.

Asimismo, se señaló la falta de acceso efectivo a educación técnica y universitaria para muchas comunidades afrodescendientes. Incluso cuando las familias realizan importantes esfuerzos económicos para que sus hijas e hijos continúen estudios superiores, persisten obstáculos para acceder a empleos dignos debido a prácticas discriminatorias y al racismo estructural presente en el mercado laboral.

Las organizaciones también denunciaron que el perfilamiento racial continúa siendo una realidad cotidiana para muchas personas afrodescendientes, particularmente cuando salen de sus comunidades ancestrales. Con frecuencia son percibidas como personas extranjeras o migrantes debido a sus características físicas, enfrentando actos de discriminación, cuestionamientos sobre su nacionalidad y tratos diferenciados por parte de autoridades y particulares.

Las organizaciones subrayaron la importancia de incorporar un enfoque interseccional en el análisis de la situación de los derechos humanos de la población afrodescendiente en México. Destacaron que las mujeres afrodescendientes continúan enfrentando múltiples formas de discriminación derivadas de la interacción entre racismo y sexismo, así como mayores niveles de exclusión económica, violencia y barreras para acceder a espacios de participación y liderazgo.

Por su parte, las juventudes afrodescendientes enfrentan obstáculos específicos relacionados con el acceso a educación de calidad, empleo, oportunidades de movilidad social y participación política, además de ser frecuentemente afectadas por la criminalización, la estigmatización y la violencia.

Asimismo, se resaltó la situación de las personas afrodescendientes migrantes, quienes enfrentan formas agravadas de discriminación y vulnerabilidad debido a la convergencia de factores como raza, nacionalidad, situación migratoria y exclusión socioeconómica.

Otro de los temas abordados fue la protección del patrimonio cultural afrodescendiente, particularmente del afroseminol, lengua criolla de base inglesa hablada por la comunidad mascoga en Coahuila y actualmente en peligro de extinción.

Las organizaciones también resaltaron la necesidad de fortalecer y apoyar las iniciativas comunitarias orientadas a preservar la memoria histórica afrodescendiente, incluyendo museos comunitarios como el Museo Afromexicano de Huehuetán, espacios culturales y proyectos artísticos que desempeñan un papel fundamental en la construcción de identidad, autoestima colectiva y lucha contra la invisibilización. Sin embargo, señalaron que estas iniciativas continúan recibiendo escaso apoyo institucional y financiero.

Las comunidades afrodescendientes de zonas costeras alertaron igualmente sobre los impactos del cambio climático, el abandono estatal y proyectos económicos que afectan sus territorios y medios de vida, especialmente en lugares como Puerto Marqués, en Acapulco, y El Azufre, en Oaxaca.

Además, se denunciaron afectaciones derivadas de la violencia y el crimen organizado, incluyendo desapariciones, asesinatos, intimidación y falta de acceso a la justicia.

Las y los activistas señalaron también la necesidad urgente de contar con centros de salud adecuadamente equipados y con personal permanente. Actualmente, muchas personas afrodescendientes deben trasladarse largas distancias para acceder a atención médica o recurrir a servicios privados de alto costo, situación que limita seriamente el ejercicio del derecho a la salud.

Igualmente, manifestaron preocupación porque muchos programas y apoyos gubernamentales establecen requisitos que resultan inaccesibles para comunidades, organizaciones y activistas afrodescendientes, excluyendo precisamente a quienes más necesitan acceder a estos recursos.

Las organizaciones participantes subrayaron la importancia de que las recomendaciones que emita el Grupo de Trabajo contribuyan a fortalecer el reconocimiento, la protección y la garantía efectiva de los derechos de las personas afrodescendientes en México, desde una perspectiva de reparación histórica, justicia racial, igualdad sustantiva y participación efectiva de las comunidades.

Hoy, 20 de mayo de 2026, el Grupo de Trabajo de Expertos sobre las Personas Afrodescendientes dará a conocer sus observaciones y recomendaciones preliminares durante una rueda de prensa al cierre de su visita oficial a México. Posteriormente, se espera que el informe final sobre la misión sea presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas posiblemente en septiembre de 2026.

Raza e Igualdad reitera su compromiso de continuar acompañando y apoyando a la población afrodescendiente en México, como lo ha hecho durante muchos años, promoviendo espacios de diálogo, fortaleciendo las capacidades de organizaciones y liderazgos afrodescendientes, impulsando procesos de incidencia nacional e internacional y contribuyendo a la defensa de sus derechos humanos.

Confiamos en que las conclusiones y recomendaciones derivadas de esta visita contribuirán a visibilizar los desafíos que continúan enfrentando las personas, pueblos y comunidades afrodescendientes en México, así como a fortalecer las acciones necesarias para avanzar hacia la igualdad racial, la reparación histórica, el reconocimiento pleno de sus derechos y una participación efectiva en la vida política, económica, social y cultural del país.

La lucha por la igualdad racial a la luz de los mecanismos internacionales: Raza e Igualdad y su compromiso con pueblos afrodescendientes, indígenas y Roma en las Américas

Washington D.C., 20 de marzo de 2026.– En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) reafirma su compromiso con la lucha contra el racismo estructural y la construcción de sociedades más justas, inclusivas y equitativas en las Américas.

Desde Raza e Igualdad trabajamos de manera articulada con personas, comunidades y pueblos afrodescendientes, indígenas y Roma, quienes continúan enfrentando formas históricas y contemporáneas de discriminación que no solo limitan el ejercicio de sus derechos, sino que impactan directamente sus condiciones de vida, su acceso a oportunidades y su participación en la sociedad.

Lejos de ser meras declaraciones, los instrumentos internacionales de derechos humanos establecen obligaciones concretas para los Estados: garantizar igualdad real, eliminar prácticas discriminatorias, reconocer identidades y culturas, y adoptar medidas específicas para cerrar brechas históricas. Sin embargo, en la práctica, estas garantías aún no se traducen plenamente en cambios estructurales.

En el ámbito internacional, los avances en el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes han sido fundamentales para visibilizar estas desigualdades. Instrumentos como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas no solo reconocen derechos colectivos, sino que exigen a los Estados respetar la autodeterminación, proteger los territorios y asegurar la participación efectiva en decisiones que afectan sus vidas.

De igual forma, el proceso hacia una futura Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas, comunidades y pueblos afrodescendientes representa una oportunidad histórica para consolidar estándares que obliguen a los Estados a enfrentar el racismo estructural heredado del colonialismo y la esclavitud. Esto implica, por ejemplo, adoptar políticas públicas que garanticen acceso equitativo a educación, salud, empleo y justicia, así como reconocer y reparar los impactos históricos de la discriminación racial.

No obstante, los pueblos Roma continúan enfrentando importantes vacíos de reconocimiento en el sistema internacional, lo que se traduce en una persistente invisibilidad en las Américas. Esta falta de reconocimiento limita la adopción de políticas públicas específicas y perpetúa barreras en el acceso a derechos básicos.

En el sistema interamericano, instrumentos como la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia (CIRDI) refuerzan estas obligaciones, al establecer que los Estados deben no solo prohibir la discriminación, sino también prevenirla, sancionarla y erradicarla mediante acciones concretas. Esto incluye recopilar datos desagregados, reconocer a las comunidades afectadas y diseñar políticas públicas con su participación.

Un ejemplo reciente de estas deudas estructurales se evidenció en la histórica primera audiencia sobre el pueblo Roma ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, realizada el 9 de marzo de 2026 y acompañada por Raza e Igualdad. En este espacio, activistas Roma denunciaron cómo la invisibilidad, el racismo estructural y la falta de reconocimiento estatal continúan traduciéndose en exclusión del sistema educativo, barreras en el acceso a servicios de salud y obstáculos para acceder a la justicia.

Este tipo de espacios no solo visibilizan las problemáticas, sino que reafirman que los Estados deben pasar del reconocimiento formal a la acción efectiva.

Frente a estos desafíos, en Raza e Igualdad reafirmamos nuestro compromiso de:

  • Fortalecer la participación efectiva de las personas, comunidades y pueblos afrodescendientes, indígenas y Roma en la toma de decisiones, tanto a nivel nacional como en espacios internacionales.
  • Impulsar procesos de memoria, verdad, justicia y reparación frente a los legados del colonialismo, la esclavitud y el racismo estructural.
  • Visibilizar y documentar las desigualdades persistentes, apoyando a organizaciones y activistas en la defensa de sus derechos.
  • Incorporar un enfoque interseccional en todas nuestras acciones, reconociendo las múltiples formas de discriminación que enfrentan estas poblaciones.
  • Impulsar la ratificación de la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia (CIRDI), reconociendo que este instrumento proporciona herramientas concretas para que los Estados adopten marcos normativos en esa vía.

En este 21 de marzo, hacemos un llamado a los Estados, organismos internacionales y a la sociedad civil a redoblar esfuerzos para erradicar el racismo en todas sus formas. La igualdad no puede seguir siendo una promesa: debe traducirse en políticas, recursos y acciones concretas que garanticen dignidad y justicia para todas las personas.

Organizaciones denuncian invisibilidad y discriminación estructural contra pueblos Roma en la región en histórica audiencia ante la CIDH

Ciudad de Guatemala, 12 de marzo de 2026.– Organizaciones que promueven y defienden los derechos de la población Roma en las Américas, especialmente en Argentina, Brasil, Colombia y Estados Unidos, comparecieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el marco de su 195 Período de Sesiones, realizado del 9 al 12 de marzo en Ciudad de Guatemala, para exponer la situación de derechos humanos que enfrenta esta población en la región.

La audiencia —que fue convocada de oficio y contó con la participación de 13 organizaciones de la sociedad civil, incluido el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad)— fue histórica por ser la primera en toda la historia de la CIDH dedicada exclusivamente a abordar la situación de los derechos humanos de los pueblos y comunidades Roma, también conocidos como gitanos, romaníes o Rom.

Durante la sesión, representantes de organizaciones de Brasil, Argentina, Colombia, Canadá y Estados Unidos alertaron sobre la persistente invisibilidad, el racismo estructural, la violencia y las barreras que enfrentan las personas Roma para acceder a derechos fundamentales como la salud, la educación y la justicia. Asimismo, denunciaron la ausencia de datos oficiales, de políticas públicas específicas y de medidas estatales para combatir el antigitanismo en la región.

Entre las intervenciones destacadas estuvo la de Elisa Costa, de la Asociación Internacional Maylê Sara Kalí (AMSK) de Brasil, quien advirtió sobre el impacto desproporcionado de la discriminación y la violencia en las mujeres romaníes.

“Parto de un principio innegociable: los derechos humanos son indivisibles. La violencia afecta de manera desproporcionada al pueblo romaní, especialmente a las mujeres, los niños y las personas mayores”, señaló Costa.

La activista explicó que, ante la falta de estadísticas oficiales completas, su organización ha trabajado con microdatos provenientes de políticas públicas para dimensionar la situación de vulnerabilidad que enfrentan estas comunidades. Según indicó, hasta 2025 se han registrado al menos 3,417 niños romaníes de entre 0 y 4 años en situación de extrema vulnerabilidad social en Brasil, una situación que también refleja la precariedad que enfrentan sus madres y familias.

Costa explicó que los datos disponibles revelan una concentración crítica de esta población en condiciones de vulnerabilidad en pocos estados del país y advirtió que las mujeres romaníes resultan particularmente afectadas a lo largo de todo el ciclo de vida. Asimismo, señaló que muchas denuncias de violencia ocurren en contextos familiares ampliados, lo que requiere respuestas estatales culturalmente adecuadas que actualmente no existen.

En ese contexto, subrayó que la romafobia y el antigitanismo deben ser reconocidos como expresiones del racismo estructural en Brasil y en la región, e instó a los Estados a adoptar medidas para combatir estas formas de discriminación.

Entre sus recomendaciones ante la CIDH, Costa llamó a reconocer el 2 de agosto como el Día del Holocausto Rom, promover campañas de acción afirmativa contra el antigitanismo y apoyar iniciativas de memoria histórica como el Mapa de la Memoria Romani en las Américas.

Por su parte, Damián Cristo, de la Asociación por los Derechos del Pueblo Gitano/Romaní (ZOR) de Argentina, alertó sobre los múltiples obstáculos que enfrenta esta población para ejercer plenamente sus derechos. “El acceso a la salud para nuestras familias es casi imposible”, afirmó durante su intervención.

Cristo explicó que la situación de las comunidades romaníes en Argentina está marcada por la invisibilización estadística, las dificultades para acceder a servicios de salud, barreras en la justicia, deserción escolar y falta de políticas públicas con enfoque específico.

En materia educativa, advirtió que el sistema escolar argentino no ha logrado integrar plenamente a niñas, niños y jóvenes gitanos, quienes enfrentan altos niveles de abandono escolar, en muchos casos vinculados a la falta de contenidos que respeten su identidad cultural y a situaciones de acoso basadas en su origen étnico.

Asimismo, subrayó la importancia del derecho a la memoria y tambén llamó al Estado argentino a reconocer oficialmente el 2 de agosto como el Día de la Memoria del Holocausto Gitano, así como a promover el reconocimiento del 8 de abril como el Día Internacional del Pueblo Gitano.

Durante la audiencia también intervinieron representantes de diversas organizaciones de la región. Rogério Ribeiro, de la Rede Brasileira de Povos Ciganos, se refirió a casos recientes de violencia que han afectado a comunidades romaníes en el nordeste de Brasil. Por su parte, Daiane Rocha, de la Associação Nacional das Etnias Ciganas do Brasil (ANEC), agradeció la realización de este espacio de diálogo para visibilizar las dificultades que enfrentan estas comunidades en América Latina y el Caribe.

Desde Colombia, Ana Dalila Gómez Baos, de la organización Kumpania Rrom de Bogotá, destacó algunos avances en el reconocimiento de los derechos del pueblo Rrom en el país, aunque señaló que todavía son necesarias más acciones para combatir la discriminación y garantizar el ejercicio pleno de sus derechos.

Asimismo, Deny Dobobrov, Director de Relaciones Internacionales de la World Roma Federation, advirtió que las comunidades romaníes también enfrentan discriminación estructural en Estados Unidos, la cual suele permanecer oculta debido a que muchas personas romaníes optan por ocultar su identidad para evitar el estigma y los estereotipos. Según explicó, el limitado reconocimiento público de los romaníes como minoría étnica en ese país contribuye a perpetuar narrativas antirromaníes que influyen en la percepción social y en las instituciones.

Dobrov también expresó preocupación por la persistencia de estereotipos antirromaníes en algunos materiales de formación de las fuerzas del orden y en contextos de investigación, lo que podría favorecer prácticas de perfilamiento étnico. En ese contexto, instó a los Estados a reconocer explícitamente a las comunidades romaníes en las políticas contra el racismo, fortalecer la colaboración con organizaciones lideradas por romaníes y promover mecanismos seguros de autoidentificación que permitan diseñar políticas públicas más efectivas.

Durante la sesión también participaron representantes del sistema internacional de derechos humanos. Claude Cahn, oficial de Derechos Humanos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), se refirió a las dificultades existentes para documentar adecuadamente las violencias que afectan a esta población.

Al cierre de la audiencia, las comisionadas de la CIDH reconocieron la importancia histórica de este espacio. La comisionada Gloria de Mees, relatora sobre los derechos de las personas afrodescendientes y contra la discriminación racial, señaló que el pueblo romaní ha permanecido invisibilizado a pesar de sus aportes a la sociedad, mientras que la comisionada Marion Bethel, relatora sobre los derechos de las mujeres, manifestó preocupación por las formas de violencia de género que afectan particularmente a las mujeres romaníes.

Tras la audiencia, la CIDH agradeció la participación de las organizaciones y reafirmó su compromiso de escuchar y visibilizar las voces de los pueblos Roma en la región, destacando que estas comunidades han enfrentado discriminación histórica e intergeneracional. Asimismo, subrayó la importancia de que los Estados incluyan a esta población en los censos nacionales y utilicen los datos recopilados para desarrollar políticas públicas que respondan a sus necesidades y garanticen sus derechos.

La audiencia marcó un paso significativo para visibilizar la situación de los pueblos Roma en las Américas y avanzar hacia el reconocimiento de sus derechos en el sistema interamericano de derechos humanos. Desde Raza e Igualdad destacamos la importancia de este espacio histórico y reiteramos nuestro compromiso de seguir acompañando a las comunidades y organizaciones Roma en la región en sus esfuerzos por visibilizar la discriminación estructural que enfrentan y promover el reconocimiento y la protección efectiva de sus derechos humanos.

La condena por el asesinato de Marielle Franco debe traducirse en garantías estructurales contra la violencia política de género en Brasil

Río de Janeiro, 4 de marzo de 2026.– La condena histórica de los hermanos Chiquinho y Domingos Brazão a 76 años y 3 meses de prisión por el asesinato de la concejala Marielle Franco y del conductor Anderson Gomes representa no solo el fin de un largo ciclo de impunidad, sino también un hito en el reconocimiento jurídico de la gravedad de la violencia política de género en Brasil.

Para el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), este fallo constituye un precedente relevante, pero también una prueba para el Estado brasileño: la justicia en un caso emblemático debe ir acompañada de transformaciones estructurales que garanticen la no repetición y la protección efectiva de las mujeres en la vida pública, especialmente aquellas que enfrentan discriminaciones múltiples e interseccionales.

Según lo definido por la Ley nº 14.192/2021, la violencia política de género es toda acción que tiene como objetivo impedir, dificultar o anular los derechos políticos de las mujeres por el simple hecho de ser mujeres. En el caso de Marielle, mujer negra, criada en la favela da Maré y defensora de los derechos humanos, esta violencia fue llevada a las últimas consecuencias. Como destacó el ministro Alexandre de Moraes en su voto, el crimen reunió “cuestión política con misoginia, con racismo, con discriminación”, señalando que la concejala “era una mujer negra, pobre, que estaba enfrentándose a los intereses de los milicianos”. La ministra Cármen Lúcia también se hizo eco de este sentimiento al reflexionar sobre la fragilización histórica de las mujeres como sujetos de derecho: “Matar a una de nosotras es mucho más fácil […] Porque ‘no va a pasar nada’”.

Esta vulnerabilidad denunciada por la ministra alcanza niveles aún más críticos cuando se trata de mujeres LBTI (lesbianas, bisexuales, travestis, transexuales e intersexuales). Datos oficiales revelan un escenario alarmante: entre 2015 y 2022, las notificaciones de violencia contra mujeres lesbianas crecieron un 50%, y Brasil figura entre los países con los índices más altos de asesinato de personas trans. Estas cifras evidencian que, para las mujeres LBTI, la violencia política se agrava por la LBTIfobia estructural, que las coloca en una posición de extrema vulnerabilidad en los espacios de poder y decisión.

Es en este contexto que el gobierno federal lanzó, en septiembre de 2025, el Procedimiento Operativo Estándar (POE) para la acogida humanizada de mujeres LBTI en situación de violencia. El protocolo establece directrices fundamentales para que la red de atención respete la identidad de género y la orientación sexual de las víctimas, evitando la revictimización y garantizando una escucha calificada y el acceso a la justicia.

No obstante, es importante resaltar que la adopción de protocolos de esta naturaleza debe ir acompañada de asignación presupuestaria suficiente, capacitación obligatoria a funcionarios públicos, mecanismos de rendición de cuentas y sistemas de monitoreo independientes que permitan evaluar su impacto real. La debida diligencia reforzada que exige el derecho internacional de los derechos humanos obliga al Estado brasileño no solo a investigar y sancionar, sino también a prevenir, proteger y reparar integralmente.

En este sentido, Raza e Igualdad llama la atención de los mecanismos de las Naciones Unidas (en particular a la Relatoría sobre la violencia contra las mujeres y niñas y al Experto Independiente sobre orientación sexual e identidad de género), a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a las misiones diplomáticas acreditadas en Brasil, para que mantengan una vigilancia activa sobre la implementación de medidas estructurales que garanticen la seguridad y una vida libre de violencia para mujeres negras, mujeres LBTI y defensoras de derechos humanos.

La condena de los hermanos Brazão y sus cómplices no puede ser vista solo como el desenlace de una investigación criminal. Debe representar un punto de inflexión en el enfrentamiento a la violencia política de género en Brasil. La memoria de Marielle Franco exige que el Estado brasileño avance en reformas estructurales que desmantelen las redes de violencia y discriminación que buscan excluir a determinadas mujeres del poder político, y que garantice que ningún crimen con motivación política y de género vuelva a quedar en la impunidad.

¡Marielle vive!

La Corte Interamericana de Derechos Humanos condena al Estado mexicano por la violación sexual de parte de militares, tortura y muerte de doña Ernestina Ascencio Rosario

La Familia de doña Ernestina Ascencio Rosario y sus representantes, celebramos la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en la que, tras casi diecinueve años de impunidad y denegación de justicia por parte del Estado mexicano, declaró la responsabilidad internacional de este por la violación sexual, tortura y muerte de doña Ernestina Ascencio Rosario, mujer indígena nahua monolingüe de 73 años, agredida en febrero de 2007 por miembros del Ejército Mexicano en la Sierra de Zongolica, Veracruz.

La decisión de la Corte IDH reviste una importancia histórica que permitirá abordar las múltiples barreras que enfrentan las mujeres indígenas en el acceso a la justicia frente a la violencia y discriminación por razones de etnia, género y exclusión económica, al declarar que las violaciones perpetradas por el Estado en perjuicio de las víctimas, fueron resultado de la violencia institucional, la discriminación estructural y la violación del derecho a la verdad, que derivaron en la impunidad de los responsables. Asimismo, la sentencia avanza en la protección de las personas mayores al declarar que adquiere un carácter reforzado cuando la edad se cruza con otros factores de vulnerabilidad, como el género y el origen étnico, particularmente en contextos de militarización, donde se agravan las condiciones de violencia, exclusión y discriminación estructural.

Además, la Corte IDH reiteró el reconocimiento de los obstáculos estructurales que enfrentan los pueblos y las personas indígenas en el acceso a la justicia como resultado de las dinámicas históricas de discriminación, marginación y exclusión social y ordenó al Estado adoptar medidas para su eliminación.

El análisis sistemático que realizó la Corte de los factores que garantizaron impunidad a los responsables, tales como las declaraciones públicas de altas autoridades, incluido el entonces Presidente de la República, hace visible la manera en que la conducta estatal condujo a perpetuar la discriminación, la impunidad y a profundizar la situación de vulnerabilidad de la señora Ernestina y de su familia. En consecuencia, la Corte determinó que el Estado incurrió en violencia institucional en perjuicio de la señora Ernestina Ascencio Rosario y de sus familiares. Esta manera de abordar y analizar la actuación del Estado ofrece a las fiscalías y a quienes imparten justicia, una metodología para asegurar una actuación en el marco de las garantías del debido proceso y la protección judicial centrada en los derechos de las víctimas y las condiciones de vulnerabilidad que enfrentan por razones étnicas, de género y cualquier otro factor de discriminación.

En consecuencia, la Corte ordenó al Estado, entre otras medidas de reparación, realizar una investigación penal exhaustiva y seria en un plazo razonable, de la violación, tortura y muerte de doña Ernestina, que derive en la sanción de los responsables; adoptar medidas de satisfacción y rehabilitación, como brindar atención médica y psicológica culturalmente adecuadas a sus familiares; hacer pública la sentencia y realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad; y otorgar becas de estudios básicos, técnicos y/o universitarios a nietos y nietas de doña Ernestina que así lo deseen. También ordenó al Estado mexicano implementar un programa de formación y capacitación de servidores públicos en los aspectos señalados en la sentencia; a fortalecer el centro de salud ubicado en el Municipio de Soledad Atzompa; a adoptar medidas en materia de salud y justicia con perspectiva de género, étnica y etaria; a atender las barreras lingüísticas que enfrentan las mujeres indígenas en el Estado de Veracruz; y a elaborar un registro nacional de intérpretes de lenguas indígenas. El Estado deberá informar dentro de un año sobre el cumplimiento de estas medidas y la Corte lo supervisará hasta su plena implementación.

Luego de conocer la sentencia, la señora Martha Inés Asencio, hija de doña Ernestina, manifestó: “Estoy muy contenta porque nosotras solas no sabíamos qué íbamos a hacer y ustedes nos apoyaron. Ahora con la sentencia, ya sabemos que sí nos hicieron caso. A tres meses de cumplir los 19 años de la muerte de mi mamá, hoy escuché un poco de justicia de lo que hemos venido luchando, pero falta que el Estado cumpla con lo que le ordenaron”.  

Para Patricia Benítez Pérez, coordinadora del CESEM, “la sentencia de la Corte IDH honra la memoria de doña Ernestina Ascencio Rosario. La verdad acallada durante 19 años de la familia Inés Ascencio ha sido dignificada en el más alto Tribunal de justicia en la región, que respalda la verdad y las palabras que en vida expresó doña Ernestina: ´Pinomeh xoxokmeh nopan omotlahtlamotlakeh´ -Los hombres de verde se me echaron encima-”. 

Para Julia Marcela Suárez Cabrera, representante de AJDH, “el reclamo que emprendimos para conocer la verdad sobre los agravios perpetrados contra doña Ernestina y su familia, posibilitó que la Corte IDH les brindara justicia y ordenara al Estado la implementación de medidas de reparación para las víctimas y de no repetición, que garanticen los derechos de las mujeres indígenas en México”.   

Las representantes de las víctimas consideramos que la jurisprudencia emitida por la Corte en este caso será una herramienta fundamental en la lucha contra el racismo estructural que como en el presente caso se manifiesta con la discriminación racial que enfrentan las mujeres indígenas y otros sectores históricamente discriminados que buscan protección judicial frente a las violencias ejercidas en su contra.    

​​La sentencia llega luego de casi dos décadas de ocurridos los hechos, de búsqueda ininterrumpida de la verdad, la justicia y la reparación  sin resultados, lo que llevó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a presentar el caso ante la Corte IDH en el 2023. La prolongada falta de respuestas estatales adecuadas consolidó hasta el día de hoy, un escenario de impunidad y violación del derecho a la verdad que la decisión de la Corte IDH busca corregir y que refleja las fallas estructurales del Estado en la garantía integral de los derechos humanos de las mujeres indígenas, en especial, del derecho a una vida libre de violencia y discriminación, el derecho a una vida digna, así como a tener las garantías adecuadas de acceso a la verdad y la justicia.  

Las organizaciones Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos (AJDH), el Centro de Servicios Municipales Heriberto Jara A.C. (CESEM),  Kalli Luz Marina A.C., la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas (CONAMI)​, el Robert and Ethel Kennedy Human Rights Center y el Instituto Internacional sobre Raza​,​ Igualdad y Derechos Humanos, representantes de las víctimas, luego de ser notificadas de la sentencia solicitamos formalmente al Estado mexicano nos proponga una hoja de ruta para el cumplimiento pleno de la sentencia, lo cual le brinda la oportunidad de honrar la palabra empeñada al declarar el 2025 “Año de las Mujeres indígenas”, cumpliéndola a cabalidad y sin mayor dilación.

CONTACTOS DE PRENSA:

Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos (AJDH)

Contacto: Carmen Herrera, justiciayderechoshumanos2006@gmail.com, Whatsapp: 55 4347 6669

Centro de Servicios Municipales Heriberto Jara A.C. (CESEM)

Contacto: Arlet García López, centrohj@gmail.com, Whatsapp: 228 177 3127

Kalli Luz Marina A.C.

Contacto: Elizabeth Guevara Mitzi, kallilegal23@gmail.com  

Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas (CONAMI)​

Contacto: Patricia Torres Sandoval y Norma Don Juan Pérez, mujeresindigenasconami@gmail.com, WhatsApp: +52 55 2407 8827

Robert and Ethel Kennedy Human Rights Center

Contacto: Angelita Baeyens, baeyens@rfkhumanrights.org

Instituto Internacional sobre Raza​,​ Igualdad y Derechos Humanos

Contacto: Christina M. Fetterhoff, fetterhoff@raceandequality.org, WhatsApp: +1-202-867-6225

La equivocada política de seguridad pública en Brasil: El racismo sistémico detrás de la masacre más letal en la historia de Río de Janeiro

Río de Janeiro, 29 de octubre de 2025.– La operación policial llevada a cabo el 28 de octubre de 2025 en los complejos de Alemão y Penha, en Río de Janeiro, con 64 personas oficialmente confirmadas muertas , se estableció como la más mortífera de la historia del Estado, superando en escala a la Masacre de Jacarezinho (2021), que resultó en 28 muertes y fue, hasta entonces, la acción más violenta en la capital. El número real de víctimas puede ser aún mayor, con informes de lugareños que recolectan alrededor de 60 cuerpos adicionales (en su mayoría de personas negras) que no se contabilizaron en el balance inicial.

Los expertos en seguridad pública ya clasifican el evento como «la masacre más grande en la historia de Río» y «algo completamente inédito», lo que pone de manifiesto el fracaso de un modelo de seguridad pública basado en la confrontación violenta. Este episodio es parte de un trágico patrón histórico de violencia letal en las operaciones policiales en Brasil, que incluye masacres como las de Vigário Geral (1993, con 21 muertes) y Baixada Fluminense (2005, con 29 muertes), que repiten ciclos de brutalidad e impunidad que victimizan principalmente a jóvenes negros y residentes de las periferias.

Río de Janeiro, en particular, ha sido escenario de operativos policiales diarios y el impacto en la ciudad llega a todas las personas, indiscriminadamente. Sin embargo, afecta mucho más a las personas que viven en las periferias, en su mayoría negros, mujeres y niños, que se ven obligadas a hacer frente a múltiples formas de violencia. El Estado no tiene un plan para combatir esta violencia; lo que se observa es que el propio Estado es uno de los principales protagonistas en la generación de violencia y muertes.

Brasil ha recibido con frecuencia visitas de expertos de la ONU y otros mecanismos multilaterales. Estos expertos han emitido informes y recomendaciones concretas, que indican formas de combatir la violencia y, al mismo tiempo, establecer políticas públicas estructurantes que, a mediano y largo plazo, puedan cambiar este escenario de guerra civil en curso.

El informe emitido por el Mecanismo Internacional de Expertos Independientes para el Avance de la Igualdad Racial y la Justicia en la Aplicación de la Ley (EMLER), en octubre de 2024, destacó «la cultura policial y una política de seguridad pública basada en la represión, la violencia y la masculinidad hipertóxica”. “En el contexto de las operaciones policiales que buscan eliminar al enemigo público (los delincuentes), las personas de ascendencia africana a menudo se asocian injustamente con la delincuencia o como operaciones de daño colateral. El Mecanismo ha observado una erosión sintomática y generalizada y una profunda falta de confianza de las personas afrodescendientes en las fuerzas policiales, especialmente entre las comunidades marginadas, principalmente debido a la violencia policial histórica y actual, lo que crea una sensación de opresión sistémica agravada por la impunidad de larga data por estos actos» , señala el informe.

Los números de la operación en los complejos de Alemão y Penha Dejan em evidencia una política equivocada que, en los últimos 20 años, ha demostrado ser ineficiente en la lucha contra el crimen y ha generado cientos de muertes de forma indiscriminada. El mecanismo EMLER también considera que un enfoque policial basado en los derechos humanos debe ser parte de la estrategia para revertir estas brechas. Un enfoque policial basado en los derechos humanos es un enfoque integral, sistemático e institucional de la aplicación de la ley que se ajusta a las normas y prácticas internacionales de derechos humanos y que promueve el análisis de políticas y acciones a través de las obligaciones tripartitas de respetar, proteger y cumplir.

Otro punto destacado del informe es el hecho de que las cifras y las circunstancias en las que las personas son asesinadas por la policía en Brasil son alarmantes. En los últimos diez años, 54.175 personas han sido asesinadas por agentes de policía en el país, con más de 6.000 personas asesinadas cada año (17 por día) en los últimos seis años. Las muertes causadas por la policía aumentaron significativamente: de 2.212 en 2013 a 6.393 en 2023. Los datos más recientes representan el 13% del total de muertes violentas intencionales en el país. De las 6.393 personas asesinadas por la policía en 2023, el 99,3% eran hombres; el 6,7% eran niños entre 12 y 17 años; y el 65% eran adultos jóvenes: el 41% tenían entre 18 y 24 años y el 23,5% entre 25 y 29 años.

No hay forma de disociar este estado de violencia del racismo estructural y sistémico en Brasil. El uso excesivo de la fuerza, que provoca miles de muertes cada año, y el encarcelamiento excesivo, que afectan de manera desproporcionada a las personas afrodescendientes, son consecuencia del racismo sistémico que, combinado con las actuales políticas de «guerra contra el crimen», resulta en un proceso de limpieza social que sirve para exterminar a sectores de la sociedad considerados indeseables. peligroso y criminal. Este es un problema sistémico generalizado que requiere una respuesta sistémica e integral.

El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) repudia la operación realizada por el gobierno del Estado de Río de Janeiro el martes (28), que ha saldado, hasta el momento, con 64 muertes confirmadas, y refuerza que la lucha contra el crimen organizado debe ser repensada, ya que solo ha servido para generar pánico y diversas violaciones de derechos humanos en los territorios de las favelas, afectando fuertemente a las personas más vulnerables, que se encuentran como rehenes de esta política de seguridad equivocada.

MUDE, un refugio amenazado por defender los derechos de mujeres e infancias negras en Palmira, Colombia

Bogotá, 20 de octubre de 2025 – El 15 de julio de 2024, las integrantes del Movimiento de Mujeres Unidas, Diversas y Emancipadas (MUDE) denunciaron que, en horas de la  madrugada, varias personas ingresaron violentamente a la casa donde funcionaba la sede de la organización, en el municipio de Palmira, Valle del Cauca. A través de sus redes sociales, hicieron público cómo fueron destruidos los computadores, y en general, el refugio de más de 300 personas, entre ellas niños, niñas, adolescentes y mujeres negras y diversas de esta región de Colombia, beneficiarias de MUDE. 

Ese día, las mujeres de esta organización sintieron que se ‘rebosó la copa’, tras años de amenazas, hostigamiento, actos de racismo, transfobia y campañas de odio difundidas a través de redes sociales. Les dejaron un mensaje claro: si siguen realizando esta labor, sus vidas están en peligro.

Después de un año del allanamiento, los hechos siguen en la impunidad y las integrantes de MUDE continúan denunciando lo ocurrido y exigiendo el reconocimiento y garantía de sus derechos en esta zona del Pacífico colombiano. “Seguimos haciendo un llamado a las autoridades y a las otras organizaciones, para que se nos escuche y se nos atienda. Queremos saber que tenemos un respaldo, que nuestras vidas importan, que a la gente le importa lo que pase con MUDE, con las infancias y con la diversidad”, dice María Camilia Saa, integrante de la organización. 

El Movimiento de Mujeres Unidas, Diversas y Emancipadas nació en 2019 y, desde entonces, ha acompañado y transformado la vida de más de seis mil niños, niñas, adolescentes, mujeres afrodescendientes y diversas, junto a sus familias, en Palmira y otros municipios del Valle del Cauca. Sady Carreazo, otra de sus integrantes, afirma que MUDE es un espacio para “colectivizar”. 

“Juntarnos garantiza la vida de la gente negra; es otra forma en la que podemos ser y habitar en libertad. Es otra oportunidad para estudiar, trabajar, ser y expresarse”, agrega Carreazo. La organización impulsa estrategias de incidencia, formación y visibilización con enfoque étnico y diverso, a través del arte y la música. Un ejemplo de ello es la agrupación Agojie de MUDE, que en sus canciones aborda temas como el cabello afro, el feminismo y las disidencias sexuales y de género.

Tras el ataque, MUDE se vio obligado a reubicar su sede en otro sector de Palmira, mientras sus integrantes siguen denunciando la continuidad de las amenazas y el hostigamiento que reciben, derivados de sus identidades diversas y de la labor en defensa de los derechos de sus comunidades.

Desde el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) expresamos nuestro acompañamiento a MUDE y reiteramos nuestro llamado urgente a las autoridades competentes para que actúen con diligencia, garanticen la protección de sus integrantes, y aseguren que hechos como estos no queden en la impunidad. Defender la vida, la diversidad y el liderazgo de las mujeres negras y diversas es una responsabilidad ineludible del Estado colombiano.



Activistas afro denuncian el impacto del racismo en las mujeres afrodescendientes de la región

  • Cinco lideresas de América Latina y el Caribe, junto con el profesor Justin Hansford, miembro del Foro Permanente de la ONU sobre los Afrodescendientes, participaron el pasado 18 de septiembre en Bogotá en el conversatorio Voces de la diáspora: mujeres afrodescendientes en resistencia y liderazgo global.

Bogotá, 22 de septiembre de 2025 – En el marco de la consulta regional del Foro Permanente de la ONU sobre los Afrodescendientes, que reunió a más de 60 activistas afro de América Latina y el Caribe; el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) realizó el conversatorio Voces de la diáspora: mujeres afrodescendientes en resistencia y liderazgo global, que tuvo lugar el pasado jueves 18 de septiembre en Bogotá.

El encuentro reunió a lideresas de distintos países de la región, quienes compartieron experiencias sobre las múltiples formas de violencia y discriminación que enfrentan las mujeres afrodescendientes, así como las estrategias de resistencia y construcción comunitaria que han impulsado.

La presidenta de la Organización Negra Centroamericana (ONECA), la afrohondureña Mirtha Colón, destacó la importancia de fortalecer la identidad cultural desde las nuevas generaciones. La coordinadora de la Red de Mujeres Afrolatinoamericana, Afrocaribeña y de la Diáspora, la afroboliviana Paola Yañez, subrayó que “no se puede hablar de racismo sin hablar de sexismo, porque están muy entrelazados”. Por su parte, la mexicana Teresa Mojica, presidenta de la Fundación Afromexicana Petra Morga, llamó a impulsar una agenda afrodescendiente, afrocentrada, interseccional y decolonial.

La afrodominicana María Bizenny Martínez, coordinadora del Departamento de Derechos Humanos e Incidencia Política de MOSCTHA, denunció la discriminación y xenofobia hacia la población haitiana, especialmente hacia las mujeres. Mientras tanto, la afrocolombiana Luz Marina Becerra Panesso, representante legal de la Coordinación de Mujeres Afrocolombianas Desplazadas en Resistencia (La Comadre), señaló que el conflicto armado en Colombia ha agudizado la vulnerabilidad de las mujeres afrocolombianas, muchas de las cuales callan por miedo.

Luego de escuchar a las lideresas, el profesor Justin Hansford, miembro del Foro Permanente de la ONU sobre los Afrodescendientes, destacó la situación de las mujeres afro en América Latina, y retomó algunas de las recomendaciones planteadas por las activistas durante el conversatorio.

Este diálogo fue un espacio de intercambio y construcción colectiva, donde las voces de mujeres afrodescendientes de la región y la diáspora visibilizaron cómo el racismo y el sexismo impactan sus vidas, y reafirmaron su papel central en la defensa de derechos y en la transformación social. También sirvió como una antesala para las activistas, quienes igualmente participaron en la consulta regional del Foro Permanente de la ONU sobre los Afrodescendientes, que se realizó el pasado 19 de septiembre en la Cancillería colombiana, y donde resaltaron la necesidad de visualizar la realidad de las mujeres afrodescendientes dentro del proyecto de borrador de la declaración, que se encuentra en construcción parte de las personas integrantes del Foro.

Desde Raza e Igualdad seguimos impulsando iniciativas y espacios que hagan posible este tipo de encuentros, con el fin de continuar denunciando las violaciones a los derechos humanos que sufren las personas afrodescendientes en la región, y de contribuir a un mundo donde se respete la dignidad de todas las personas, y cada quien pueda desarrollar plenamente sus capacidades.

Foro Permanente de las Naciones Unidas sobre los Afrodescendientes realizará consulta regional en Bogotá

Bogotá, 16 de septiembre de 2025. Este viernes 19 de septiembre, el Foro Permanente de las Naciones Unidas sobre los Afrodescendientes realizará la consulta regional para América Latina hispanohablante, un espacio que forma parte del proceso de construcción de la futura Declaración de las Naciones Unidas sobre el respeto, la protección y la efectividad de los derechos humanos de las personas afrodescendientes.

Este encuentro, que iniciará a partir de las 9 de la mañana en la sede principal del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia y reunirá a más de 60 líderes y lideresas, forma parte de las consultas regionales que adelanta el Foro Permanente en distintas partes del mundo, para recoger insumos y garantizar que las voces de las comunidades afrodescendientes sean tenidas en cuenta en la elaboración de la Declaración. La jornada en Bogotá será la segunda consulta regional, luego de la realizada en diciembre de 2024 en Barbados, enfocada en el Caribe.

De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), en la región viven alrededor de 200 millones de afrodescendientes, equivalentes al 30% de la población total. Sin embargo, persisten barreras estructurales que limitan su acceso a la justicia, la participación política, la educación, la salud y el empleo digno. Dichas brechas se profundizan en el caso de las mujeres afrodescendientes, quienes enfrentan de manera interseccional los efectos del racismo y el sexismo. La consulta regional en Bogotá, dirigida a las comunidades afrodescendientes de los países hispanohablantes de América Latina, busca generar un diagnóstico sobre las múltiples formas de discriminación y racismo estructural en la región, y al mismo tiempo consolidar propuestas que fortalezcan el proyecto de Declaración.

La jornada, que se desarrollará mediante un diálogo amplio y participativo, se centrará en temas prioritarios identificados por el Foro Permanente, entre ellos: el reconocimiento y abordaje del racismo sistémico y estructural; la justicia reparadora frente a los legados del colonialismo, la esclavización, el apartheid y el genocidio; los derechos colectivos de los pueblos afrodescendientes; el desarrollo sostenible y la reducción de desigualdades; así como cuestiones urgentes y emergentes en derechos humanos, como el impacto de la inteligencia artificial, el cambio climático, la injusticia ambiental y la necesidad de reformar el orden económico internacional.

 

Desde el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) acompañamos la participación de destacadas lideresas de la región, quienes aportarán desde sus experiencias y trayectorias a la discusión. Entre ellas se encuentran: la boliviana Paola Yánez, coordinadora de la Red de Mujeres Afrolatinoamericanas, Afrocaribeñas y de la Diáspora; la hondureña Mirtha Colón, presidenta de la Organización Negra Centroamericana (ONECA); la dominicana María Bizenny Martínez, coordinadora del Departamento de Derechos Humanos e Incidencia Política de MOSCTHA; la colombiana Luz Marina Becerra Panesso, representante legal de la Coordinación de Mujeres Afrocolombianas Desplazadas en Resistencia (La Comadre); y la mexicana Teresa Mojica, presidenta de la Fundación Afromexicana Petra Morga. Su participación permitirá visibilizar las realidades específicas que enfrentan las mujeres afrodescendientes frente a las violencias raciales, el desplazamiento forzado y la exclusión.

Voces de la diáspora: Mujeres afrodescendientes en resistencia y liderazgo global

Como antesala a la consulta, el jueves 18 de septiembre a las 4:00 p.m., en el Hotel Suite Jones (Chapinero, Bogotá), se llevará a cabo el diálogo Voces de la diáspora: Mujeres afrodescendientes en resistencia y liderazgo global. Este encuentro contará con la participación de las lideresas mencionadas y del profesor Justin Hasford, miembro del Foro Permanente de la ONU sobre los Afrodescendientes, cuya trayectoria en Estados Unidos y articulación con movimientos afrodescendientes de la diáspora, permitirá un análisis comparado entre América Latina y el Norte Global.

El evento, organizado por Raza e igualdad, tendrá interpretación simultánea inglés-español y busca consolidar un espacio de intercambio y construcción colectiva, fortaleciendo el vínculo entre las luchas históricas de las comunidades afrodescendientes en América Latina y aquellas que se desarrollan en otros contextos internacionales.



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