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“Estoy como en esa especie de limbo que era la prisión”: Luis Manuel Otero Alcántara, artista cubano en el exilio

“Estoy como en esa especie de limbo que era la prisión”: Luis Manuel Otero Alcántara, artista cubano en el exilio

Miami, 7 de octubre de 2026 – Luis Manuel Otero Alcántara, el artista cubano que desde el pasado 18 de julio reside en Miami, Estados Unidos, responde claro y contundente las preguntas a esta entrevista. En la habitación donde llegó luego de cumplir cinco años en la cárcel de máxima seguridad de Guanajay, en el oeste de Cuba, y tras ser beneficiario del programa Parole humanitario del gobierno estadounidense, él habla sobre la Isla, su familia, el Movimiento San Isidro (MSI), la migración, el arte, y las obras con las que denuncia a la dictadura que por años se ha tomado Cuba.

A continuación la entrevista del Instituto sobre Raza Igualdad y Derechos Humanos al artista cubano, recortada para mayor claridad.

Ahora que estás en libertad, ¿en qué piensas frecuentemente? 

Siempre pienso en Cuba, siempre pienso en el arte, en cómo el arte va a seguir funcionando como una herramienta viva que aporta a la sociedad, tanto cubana como fuera de Cuba. Pienso en Cuba, en los que se quedaron atrás, en esa gente que ahora mismo no puede tomar agua potable porque no hay condiciones; que no hay corriente, que no hay vida en Cuba. Pienso en eso.

¿Piensas desde la ansiedad o desde un lugar de reflexión que te lleva a preguntarte: “¿qué más puedes hacer”?

Yo creo que un poco de ambas, yo creo que un poco de ansiedad porque el lugar donde estoy ahora mismo es un lugar desconocido, es un lugar que muestra retos gigantes. Estás desprovisto de un hogar ahora mismo… Tienes que tener una renta, tienes que tener un lugar donde existir. Después has hecho un montón de trabajo que te antecede, pero indiscutiblemente el mundo que viene ahora es mucho más; tienes que volver a conquistar como un nuevo espacio ahí dentro del imaginario popular fuera de Cuba. También quieres que tu trabajo, el arte, tenga esos lugares, esos nichos de reconocimiento occidental, de reconocimiento mundial, porque a partir de ahí es que puedes también seguir trabajando en pro de Cuba. Y después, ¿qué falta por hacer por Cuba? ¿Cuáles son las nuevas ideas que tienen que venir a tu cabeza para salir a trabajar por Cuba? Sufro esa realidad todos los días aún en la distancia, aún desde el exilio.

¿Cuánto tiempo tardaste en tomar la decisión de salir al exilio?

La decisión de salir al exilio tuvo varias etapas. Al año y seis meses de estar preso, yo decidí irme porque me di cuenta del impacto, de lo gigante que habíamos hecho, y que la dictadura cubana no se iba a permitir que Luis Manuel Otero Alcántara caminara por la calle. Después sigo pasando el tiempo y seguía aceptando y hubo un momento donde ya se me está acercando la salida. Tenía la posibilidad de decidir: no me voy de Cuba, si ya pasó los cinco años. Pero ahí sí reafirmé, sobre todo cuando me llevan a la casa cerca de la playa, la casa de la Seguridad del Estado. Cuando me llevan a esa casa, me di cuenta de que no había posibilidad de caminar por las calles. Inclusive, el tratamiento de la Seguridad del Estado en ese entonces ya era de que te vas porque te vas. Vamos a ceder todo lo que podamos pero es para que te vayas, no es para que tú vivas en Cuba, porque no vas a caminar por Cuba. Cuando ves todo ese aparato construido en función de que tú te vas es porque tú eres importante. Inclusive, hubo un momento donde me sacaron, entonces era como la cabeza, no podía mencionar mi nombre. Mi nombre era como algo prohibido mencionarlo. Yo decía: ‘Bueno, parece que sí, tú tienes un impacto en la sociedad y por supuesto que la dictadura no va a permitir su muerte, su propia muerte’, ¿entiendes? Y ahí es cuando me doy cuenta de que dentro de Cuba iba a ser imposible seguir trabajando. Yo podía montarme una tabla radical de quedarme en la casa, pero me iba a quedar en la casa sin internet, sin herramientas para poder seguir aportando; y es cuando decidí salir del exilio.

¿Qué se siente estar andando por la calle sin que te estén vigilando?

Todavía estoy traumado con la vigilancia. Cuando entro aquí al espacio, que voy a entrar por la calle, y pasa un carro, siento como que ese carro viene para mí. Los otros días estaba parado afuera, había una patrulla de policía en la esquina y al momento mi cuerpo regresó a aquel sitio de La Habana. Yo siento que todavía estoy vigilado, siento que donde quiera que me mueva hay un ojo de la Seguridad del Estado y del régimen cubano como pendiente de mí.

De las obras y los performances que has realizado, ¿cuál ha sido el más simbólico y más fuerte a la hora de retratar al régimen cubano?

Yo creo que mi obra en general es un testimonio vivo de esa relación dictadura tratando de descarchar el arte que le es incómodo, tratando de descarchar el arte que es comprometido con la gente… En mi trabajo siempre me comprometí con que llegara a la gente, con que hiciera pensar al individuo que camina por las calles, al individuo que hace las colas, al individuo que sufre la dictadura desde lo más primario… Y no creo que haya una obra específica, sino en mi conjunto, en mi propio cuerpo performático, mi propio cuerpo cultural, activista, artista, es la gran obra.

¿Qué ha sido lo más gratificante de haber creado el Movimiento San Isidro?

Yo creo que lo más gratificante de haber generado o de haber formado parte del Movimiento San Isidro es, primero que todo, haber demostrado que el arte era una herramienta de cambio real; no solamente un comentario político, no solamente la expresión de un artista, sino demostrar que una herramienta poderosa como el arte sirve para cambiar las cosas de primera mano, no a través de terceros ni a través de cuartos… Yo creo que para mí fue lo más importante y, por supuesto, ver en el terreno cómo una sociedad cambia de estado de terror, estado de miedo a volverse una sociedad cívica, a volverse una sociedad que podía ser capaz de tomar las riendas de su futuro inmediato y a largo plazo. Y partió de un proyecto cultural, un proyecto artístico como se llamó el MSI. Para mí la historia de Cuba está en San Isidro, pues como están muchos otros proyectos como el proyecto Varela,  y otros tantos proyectos como las Damas de Blanco, UNPACU, yo creo que San Isidro también forma parte de ese sitio de la historia reciente y forma parte también de la memoria colectiva y de esos cubanos que se sacrificaron porque Cuba fuera un sitio mejor, y eso me encantaría que así se recogiera en la historia.

Ahora que estás en el exilio, ¿cómo ves Cuba? ¿En qué cambia la mirada? 

Me cuesta trabajo responder esa pregunta porque todavía no creo que haya aterrizado. Estoy como en esa especie de limbo que era la prisión, esa especie de limbo que fue después estar en esta casa, esa especie de limbo que es montarte en un avión así y aterrizar en un sitio con toda una cantidad de información que tu cerebro está procesando. 

¿Qué fue lo más difícil de estar en prisión?

Brother, lo más difícil de estar en prisión es la prisión. La prisión es un sitio horrible. La prisión es un sitio que si pudiera como describírtelo con palabras, no se puede describir con palabras. De hecho, traje una serie de obras. Mis pinturas van a hacer un aporte a entender. Por ejemplo, hay una serie que hice que eran como unos agujeros negros, que tú sientes que estás como en una especie de limbo, como esas pesadillas que tú te caes al vacío y nunca llegas al fondo y siempre estás con esa ansiedad. Yo recuerdo la última vez que estuve en un parque de diversiones, que me montaron un aparato: eso que era como un barco y yo estuve como en la punta esa que subía para arriba, y esa sensación de bajar para abajo, que tú sientes como eso que te vas a morir. Esa adrenalina que es tóxica, es lo que tú sientes en la prisión a diario. Tú sientes que estás en un vacío que no llegas al fin. Inclusive ya después que sales, sigue estando ese vacío como muy perenne en ti durante mucho tiempo. Literalmente, tú lo que sientes en la prisión es que estás asfixiado. Esa sensación de ahogo que no te entra aire. 

Si pudieras explicar lo que pasa en Cuba a personas que no son de la Isla, ¿qué les dirías? ¿Por qué no se puede ‘romantizar’ lo que está ocurriendo?

Primero, no se puede romantizar, no se puede, es imposible romantizarlo; es imposible inclusive banalizar lo que la gente pasa en Cuba, es imposible tenerle cariño a una dictadura. Cuando alguien venga a decirme a mí algo sobre Cuba, que me estén hablando de la utopía o me estén hablando del bloqueo, del embargo, que los americanos; les diré que en Cuba lo que hay es una dictadura. En Cuba hay más de mil presos políticos. Y los presos políticos que hay ahora mismo no son ni siquiera activistas, ni son opositores. Son niños, jóvenes, mujeres que salieron a la calle a exigir un nuevo sistema político, un nuevo sistema económico. Entonces, si alguien romantiza eso es cómplice de la dictadura, es cómplice de las malas personas que están dirigiendo ahora mismo ese país. Estamos hablando de que hoy, a lo mejor hace 50 años atrás, 40 años atrás no había internet, nadie podía ver lo que pasaba en Cuba y tenías que guiarte por la propaganda del régimen. Pero ahora mismo que el día 11 de julio está ahí, que hay más de mil presos políticos, que hay más de no sé cuántas mil denuncias, si tú ahora mismo vives en una burbuja ese romanticismo, tu eres una mala persona. Tú eres una mala persona porque eres cómplice de una dictadura y yo con dictadores no quiero negocio, ni con sus cómplices menos les voy a aguantar la justificación del romanticismo. No son románticos, son asesinos.

***

Desde el instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos hacemos eco a las denuncias hechas por Luis Manuel Otero Alcántara. También condenamos el exilio forzado del que han sido víctimas este artista cubano y otras personas activistas, periodistas independientes y defensoras de los derechos humanos. Instamos al régimen autoritario de Cuba que cese la represión, libere a las personas privadas de libertad por motivos políticos e inicie una transición democrática que proteja los derechos fundamentales de las personas cubanas, dentro y fuera de la Isla.



Mecanismo de Naciones Unidas revela racismo policial en Colombia mientras crecen denuncias por muerte de dos personas afrodescendientes

Bogotá, 2 de octubre de 2026 – Luego de visitar las ciudades de Bogotá, Cali, Cartagena y Quibdó (en Colombia), del 4 al 14 de mayo de este año, el EMLER presentó un informe ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en el que concluyó que existe un racismo sistémico contra las personas afrocolombianas, que se reproduce en las instituciones encargadas de proteger y de hacer justicia. Sus hallazgos centrales sobre la labor policial y el sistema de justicia, son los siguientes:

 

  • Racismo sistémico, “normalizado e invisibilizado”, arraigado en las fuerzas de seguridad y en el sistema de justicia.
  • Perfilamiento racial de uso “sistemático y generalizado”.
  • Uso innecesario y desproporcionado de la fuerza, incluida la letal: jóvenes afrodescendientes perseguidos y baleados por la espalda; familias que llevan años sin avances en la investigación.
  • Expresiones policiales deshumanizantes y presencia policial excesiva en espacios de encuentro comunitario afrodescendiente.
  • Comparendos y multas arbitrarios, “comparendos fantasma”, cuotas policiales informales y uso discriminatorio del traslado para protección.
  • Impunidad, falta de acceso a la justicia y temor a denunciar.
  • Invisibilidad estadística: ausencia de datos desagregados por raza y caída del 31% de la población afrocolombiana en el censo de 2018.

El Mecanismo también advirtió que el perfilamiento racial escala hacia el uso innecesario de la fuerza. Los encuentros originados en detenciones, requisas o controles de identidad basados en estereotipos “pueden escalar innecesariamente hacia formas de violencia física”, incluida la fuerza letal. El informe sostiene que la impunidad transmite a las familias el mensaje de que sus vidas tienen menor valor ante las autoridades. 

“Nos permitimos indicar que la violencia policial racista no termina con el cuerpo de la víctima. Sus efectos se extienden a todo el Pueblo Negro, y ese daño colectivo es parte esencial de la violación”, señala el documento. 

El EMLER documentó afectaciones psicosociales, socioeconómicas, familiares y comunitarias: miedo, ansiedad, estrés, desconfianza hacia la policía y una sensación de desprotección colectiva. 

Esto tiene consecuencias en la relación entre las comunidades y las instituciones, cuando el Estado presume criminalidad por el color de la piel, el cuerpo, el cabello, la ropa, la música o el barrio, se rompe la relación básica de confianza entre ciudadanía e institucionalidad. Las personas dejan de denunciar y de acudir a la justicia, y el subregistro protege a quienes ejercen la violencia. El Mecanismo constató una “desconfianza generalizada” de la población afrodescendiente hacia las instituciones de seguridad y de justicia.

A esto se suman consecuencias que muchas veces permanecen; las multas acumuladas actúan como antecedentes que cierran el acceso al empleo y empujan a jóvenes a vivir en la informalidad o, en su defecto, el desempleo. El EMLER las describió como una forma de “criminalización administrativa de la negritud, la pobreza, la juventud y la disidencia sexual y de género”. 

El informe del EMLER se dio a conocer mientras en Colombia se denunciaba el caso de Donovan Balanta, un hombre de 34 años que murió el pasado 20 de septiembre en el suroccidente de Bogotá, luego de que lo golpeara un grupo de agentes de la Policía Nacional. Este hecho se suma al de Luis Alfredo Echeverry, otro joven afrocolombiano que murió el pasado 27 de septiembre en el departamento del Cauca, dos casos que reproducen con inquietante precisión los patrones de violencia que ha documentado el Mecanismo de Naciones Unidas: Un encuentro policial en un barrio popular con presencia mayoritaria de población afrodescendiente, el uso de la fuerza contra una persona reducida y bajo control estatal, denuncias públicas de que el procedimiento habría comenzado con expresiones discriminatorias, y una comunidad que debe movilizarse para que las pruebas se preserven y la investigación avance.

Los hallazgos del EMLER son generales y no constituyen una conclusión sobre ambos casos. Sin embargo, el componente racial debe integrar la investigación desde el primer día. “Se debe  analizar el papel que la discriminación racial, los estereotipos y los prejuicios puedan haber desempeñado en el incidente. Una investigación que ignore esa dimensión será una investigación incompleta”, señala el informe.

A raíz de la publicación de este documento y de los recientes casos de violencia en los que dos hombres afrocolombianos han resultado fallecidos, desde Raza e Igualdad hacemos un llamado a las instituciones del Estado para que adopten medidas concretas frente a estos hechos y atiendan las recomendaciones formuladas por el mecanismo internacional.

En primer lugar, solicitamos a la Fiscalía General de la Nación investigar con celeridad, independencia e imparcialidad las muertes de Donovan Balanta y Luis Alfredo Echeverry, garantizando de inmediato la preservación de todas las pruebas, incluidas las grabaciones de cámaras públicas y privadas. Asimismo, consideramos fundamental incorporar el componente racial en ambas investigaciones y evaluar la calificación penal que corresponda, de acuerdo con los estándares internacionales sobre tortura y uso ilegítimo de la fuerza.

A la Policía Nacional y al Ministerio de Defensa les solicitamos colaborar plenamente con la justicia, garantizar que ningún agente sospechoso permanezca en funciones que puedan permitirle afectar el desarrollo de las investigaciones y abstenerse de cualquier acción que pueda estigmatizar a las víctimas o a sus comunidades. Al Ministerio Público le corresponde ejercer una vigilancia activa sobre los procesos disciplinarios y penales, así como garantizar el acompañamiento a las familias con un enfoque étnico-racial y diferencial.

De igual manera, hacemos un llamado al Gobierno Nacional para que proporcione garantías a las familias y a las comunidades frente a posibles represalias, asegure su participación efectiva en los procesos y garantice una reparación integral, incluida la garantía de no repetición. También solicitamos la adopción de un plan público para implementar las recomendaciones del EMLER, con responsables definidos, cronograma, presupuesto y mecanismos de seguimiento que cuenten con la participación de las organizaciones afrodescendientes. Este plan debe incluir la prohibición expresa del perfilamiento racial, el inicio del proceso para trasladar la Policía Nacional a un ministerio civil y la publicación de datos desagregados por raza y origen étnico sobre uso de la fuerza, detenciones, comparendos y muertes bajo custodia.

Al Congreso de la República le solicitamos avanzar en la ratificación de la Convención Interamericana contra el Racismo y en la aceptación del procedimiento de comunicaciones individuales ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD), así como legislar para prevenir y sancionar el perfilamiento racial.

Finalmente, hacemos un llamado a la comunidad internacional y a los organismos de derechos humanos para que mantengan un seguimiento público tanto de estos casos como de la implementación de las recomendaciones formuladas por el EMLER, con el fin de contribuir a garantizar verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición para las personas y comunidades afrodescendientes afectadas.



En Cuba, el racismo persiste detrás del discurso de igualdad

Washington D. C., 8 de septiembre de 2026 – El pasado 31 de agosto se conmemoró el Día Internacional de las Personas Afrodescendientes, una fecha para visibilizar la lucha contra el racismo y reafirmar la necesidad de avanzar hacia sociedades más igualitarias. En Cuba, informes de organizaciones de la sociedad civil y las observaciones del Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) advierten sobre la persistencia de desigualdades estructurales que afectan a la población afrodescendiente.

Durante décadas, el discurso oficial cubano ha presentado la Revolución de 1959 como el momento en que la discriminación racial quedó atrás. Sin embargo, más de seis décadas después, persisten brechas en ámbitos como el empleo, la vivienda, los servicios básicos, las oportunidades económicas e, incluso, en la proporción de personas privadas de libertad. En el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) hemos documentado cómo estas desigualdades tienen un carácter estructural y reproducen condiciones históricas de exclusión.

Estas brechas, planteadas durante la revisión de Cuba ante el CERD en abril de este año, se evidenciaron en las observaciones finales de este órgano independiente divulgadas en mayo pasado.

Las mujeres y niñas afrodescendientes cubanas, por ejemplo, “enfrentan mayores obstáculos para acceder al mercado laboral, así como a oportunidades de participación y representación política… y se ven afectadas de manera desproporcionada por embarazos adolescentes y mortalidad materna. Además, preocupa la prevalencia de la violencia de género, incluidos los feminicidios”, señala uno de los apartados del informe del CERD. 

Desigualdad y falta de información

Por otra parte, en Raza e Igualdad hemos cuestionado las metodologías utilizadas para identificar a la población afrodescendiente y hemos señalado la necesidad de contar con información que permita visibilizar las desigualdades raciales. En su reciente revisión, el CERD consideró insuficientes las estadísticas disponibles para evaluar las condiciones de vida y el ejercicio de derechos de las personas afrodescendientes. Por ello, recomendó revisar la metodología estadística a partir de la autoidentificación, realizar un nuevo censo y publicar datos desagregados.

La desigualdad también se manifiesta en el ámbito de los derechos civiles y políticos. Según la Red en Defensa de los Derechos Humanos (RedDDHH), durante 2025 se registraron 3.511 acciones represivas que afectaron a 3.310 personas, de las cuales 1.842 eran afrodescendientes, equivalentes al 55,6 %. Esta organización también documentó una presencia significativa de personas afrodescendientes entre las víctimas de acciones represivas dentro de las prisiones.

Las protestas del 11 de julio de 2021, conocidas como 11J, también evidenciaron estas dinámicas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha señalado que la desigualdad racial estuvo entre los factores asociados a las manifestaciones y que la represión afectó de manera desproporcionada a personas afrodescendientes.

El CERD, por su parte, expresó preocupación por denuncias de uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias y perfilamiento racial contra personas afrodescendientes, especialmente en el contexto de manifestaciones pacíficas. También manifestó preocupación por el acoso, las amenazas, la vigilancia, las restricciones de movimiento y la criminalización de activistas, periodistas, artistas y defensores de derechos humanos que trabajan contra la discriminación racial y en favor de los derechos de las personas afrodescendientes.

Una igualdad que todavía no es suficiente

Las conclusiones del CERD cuestionan la idea de que el racismo sea un problema superado en Cuba. El Comité reconoció que la población afrodescendiente continúa enfrentando racismo y discriminación estructural, vinculados al legado histórico de la esclavitud, que se expresan en la pobreza, la vulnerabilidad, la marginación, la sobrerrepresentación en la población penitenciaria y las brechas en el acceso al empleo, la vivienda y los servicios básicos.

El Comité también manifestó preocupación por la falta de información suficiente sobre la implementación, los resultados y el impacto del Programa Nacional contra el Racismo y la Discriminación Racial, adoptado en 2019, así como por la necesidad de garantizar una participación amplia e inclusiva de las personas afrodescendientes y de sus organizaciones en las políticas destinadas a combatir la discriminación.

En el marco del Día Internacional de las Personas Afrodescendientes y del Segundo Decenio Internacional de los Afrodescendientes (2025-2034), en Raza e Igualdad manifestamos que combatir el racismo exige más que reconocer la igualdad ante la ley. Como ha señalado el CERD, Cuba debe adoptar medidas concretas para reducir la pobreza, la vulnerabilidad y la marginación de la población afrodescendiente, fortalecer la igualdad en el ámbito laboral, investigar las denuncias de perfilamiento racial y garantizar un espacio cívico seguro para quienes defienden sus derechos.



Ley 70: 33 años de una deuda con las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras

Bogotá, 27 de agosto de 2026 – Un día como hoy, en 1993, Colombia dio un paso histórico con la promulgación de la Ley 70, una norma que desarrolló el reconocimiento de los derechos territoriales, culturales, económicos y sociales de las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras. 33 años después, la ley sigue siendo una de las principales conquistas del movimiento social afrocolombiano, pero también evidencia una deuda que el Estado todavía no salda.

La Ley 70 nació del artículo transitorio 55 de la Constitución de 1991 y reconoció un principio fundamental: los territorios que estas comunidades han habitado, cuidado y defendido durante generaciones no son simplemente extensiones de tierra. Son espacios de vida, memoria, cultura, autonomía y organización comunitaria.

Por eso, la Ley 70 es importante no solo porque permite reconocer y proteger la propiedad colectiva de los territorios, sino porque establece garantías para que las comunidades puedan preservar su identidad cultural, participar en las decisiones que afectan sus territorios, proteger sus formas tradicionales de producción y desarrollar sus propios proyectos económicos y sociales. En otras palabras, busca que las comunidades puedan permanecer en sus territorios y decidir sobre su futuro sin que su identidad y sus formas de vida sean desplazadas o amenazadas.

Su importancia también trasciende a las propias comunidades. Colombia es un país construido sobre una profunda diversidad étnica y cultural, y garantizar los derechos de las comunidades afrocolombianas significa proteger parte fundamental de esa diversidad, así como los conocimientos, prácticas culturales y ecosistemas que estas comunidades han cuidado durante generaciones. Cumplir la Ley 70, por tanto, no es solamente una obligación con la población afrocolombiana: es también una condición para construir un país más justo, diverso e igualitario.

Sin embargo, 33 años después, la implementación de la Ley 70 continúa siendo incompleta. Algunas de sus disposiciones tardaron décadas en ser reglamentadas. Por ejemplo, el Capítulo IV, relacionado con el uso de la tierra, la protección de los bosques y el agua y el aprovechamiento de los recursos naturales en los territorios colectivos, solo fue reglamentado en 2023, 30 años después de la promulgación de la ley. Otras disposiciones todavía permanecen pendientes. Mientras tanto, las comunidades han enfrentado desplazamientos, confinamientos, violencia, minería ilegal y otras formas de presión sobre sus territorios.

Un terremoto que vuelve a poner el territorio en el centro

La importancia de esta deuda se evidenció con mayor fuerza tras el terremoto del 10 de agosto de 2026, que tuvo su epicentro en las proximidades del municipio San José del Palmar, en el departamento del Chocó, un territorio con una importante presencia de población afrocolombiana. El desastre dejó 331 personas fallecidas y afectó a esta región y otras ciudades del país, según la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Entre los territorios afectados estuvieron también Buenaventura y Cali, dos lugares con una importante presencia de población afrocolombiana y con historias marcadas por profundas desigualdades sociales y territoriales. Esto permite entender que los efectos de un desastre no se distribuyen de manera aislada de las condiciones en las que viven las comunidades.

En el Chocó, el terremoto llegó a un departamento que ya enfrentaba los impactos del conflicto armado, el confinamiento, el desplazamiento, la pobreza y las dificultades históricas de acceso a servicios e infraestructura. El desastre natural se superpuso así a una emergencia social que no comenzó el pasado 10 de agosto.

Para muchas comunidades, reconstruir significa mucho más que recuperar una vivienda. Significa recuperar sus medios de vida, sus caminos, escuelas y espacios comunitarios, pero también garantizar las condiciones para permanecer en el territorio y continuar desarrollando sus proyectos colectivos.

Por eso, la reconstrucción no puede limitarse a levantar nuevamente la infraestructura afectada. Debe reconocer las particularidades de los territorios colectivos, sus autoridades, sus formas de organización y la relación histórica de las comunidades con la tierra. ¿Cómo reconstruir estos territorios sin garantizar primero, de manera efectiva, los derechos que la Ley 70 reconoció hace 33 años?

Una deuda que el Estado debe saldar

Desde el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) consideramos que los 33 años de la Ley 70 deben ser una oportunidad para que el Estado colombiano pase del reconocimiento formal a la garantía efectiva de los derechos de las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras. El Gobierno debe avanzar en la reglamentación pendiente, fortalecer la protección de los territorios colectivos y garantizar la participación efectiva de sus comunidades y autoridades en las decisiones que las afectan.

La reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto debe incorporar un enfoque étnico y territorial y convertirse en una oportunidad para enfrentar, y no reproducir, las desigualdades históricas que afectan a territorios como Chocó, Buenaventura y Cali. Reconstruir no puede significar únicamente volver a levantar lo que se cayó. También debe significar garantizar que las comunidades puedan vivir con dignidad, ejercer su autonomía y permanecer en los territorios que han cuidado y defendido durante generaciones.



El Día de la Afrocolombianidad no es solo una conmemoración, es un llamado al reconocimiento de derechos

Bogotá, 21 de mayo de 2026 – Hay una forma de estar en el mundo que no se aprende en un aula ni se decreta desde una institución. Se aprende viviendo en comunidad, cuidando. 

En Colombia, las comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras han vivido así desde siempre; no porque no tuvieran otra opción, sino porque entendieron algo que a otros les ha costado siglos comprender: que la vida sola no alcanza, que el territorio se cuida entre todes y que la dignidad no es un logro individual, es una construcción colectiva.

Hoy 21 de mayo las comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras conmemoran la Afrocolombianidad desde ese lugar: desde los procesos organizativos que llevan décadas construyendo agenda; desde los consejos comunitarios que gobiernan el territorio con sus saberes; desde las organizaciones de mujeres que han sostenido la vida cotidiana en los momentos en que todo lo demás se desmoronaba. Desde las juventudes que recibieron un legado enorme y lo están cargando hacia adelante con compromiso y orgullo. 

Ese legado viene de muy atrás. Y para entender lo que hoy se conmemora, hay que comprender contra qué se ha resistido para llegar hasta aquí. Porque la lucha del pueblo negro en este país no empezó en 1851, cuando se abolió la esclavitud. Inició cuando los primeros africanos fueron traídos a estas tierras, arrancados de sus familias, de sus lenguas, de sus nombres, de su identidad. Y desde ese momento, la lucha fue por recuperar la humanidad que les fue arrebatada. 

Los palenques fueron la expresión más visible de esa decisión; comunidades enteras que dijeron que no, que construyeron su propio territorio. San Basilio de Palenque, un corregimiento del Caribe colombiano, sobrevivió. Defendió su autonomía, preservó su lengua, mantuvo su memoria. Y hoy sigue en pie.

La libertad llegó en 1851 sin tierra, sin recursos, sin las condiciones reales para ejercerla. Y las comunidades tuvieron que seguir. Por el territorio. Por la educación. Por el derecho a participar, a decidir, a ser reconocidas. 

Esa lucha llegó a la Constitución de 1991. Las organizaciones de comunidades negras no esperaron que les dieran un espacio, lo construyeron. Llegaron con agenda propia y lograron que la diversidad étnica y cultural quedara reconocida. Lograron la Ley 70 de 1993, que reconoció los territorios colectivos y el derecho a la consulta previa. Eso no fue un regalo. Fue el resultado de décadas de organización, de personas que dedicaron su vida a hacer posible lo que parecía imposible.

Y, sin embargo, la brecha entre lo que la ley dice y lo que la realidad muestra sigue siendo enorme. Entre el 4 y el 14 de mayo de este año, por ejemplo, el Mecanismo Internacional de Expertos Independientes para Promover la Justicia y la Igualdad Racial en la Aplicación de la Ley (EMLER) de Naciones Unidas, escuchó a las comunidades, a las organizaciones y a las instituciones del Estado. Y al terminar dijo lo que las comunidades llevan décadas nombrando: que el racismo en Colombia no es una colección de incidentes aislados, sino un sistema estructural, histórico y sostenido. Uno que se expresa en los indicadores de salud, en los mapas de violencia, en los territorios sin protección, en los cuerpos que no generan la misma urgencia cuando desaparecen.

Las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras han demostrado, a lo largo de siglos, que la identidad no se decreta ni se concede. Se construye, se defiende y se transmite. Y eso es precisamente lo que este país tiene entre sus manos: un patrimonio vivo, organizativo, cultural y político que sigue creciendo, que sigue formando líderes, que sigue cuidando territorios, y que sigue siendo, después de todo lo que se le ha puesto enfrente, una fuerza transformadora.

Por eso este día no es solo conmemoración; es también un llamado a que este país honre con hechos lo que ha reconocido con palabras, y a que los derechos que costaron siglos de lucha se ejerzan sin que nadie tenga que pagar con su vida por defenderlos.

Desde el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos hacemos eco a las palabras de Alomía, y nos unimos a la conmemoración de esta fecha, para recordar que el racismo afecta a millones de personas afro en Colombia; y, al mismo tiempo, exigimos al Estado colombiano que brinde garantías para el reconocimiento de derechos de las comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras de este país.

Dayana Alomía, consultora Legal de Raza e Igualdad en Colombia.



Organizaciones afrodescendientes exponen ante expertas de la ONU los desafíos estructurales que enfrenta la población afrodescendiente en México

Washington, D.C., 20 de mayo de 2026. – Durante la visita oficial a México del Grupo de Trabajo de Expertos sobre las Personas Afrodescendientes de las Naciones Unidas, organizaciones de la sociedad civil, liderazgos comunitarios y representantes afrodescendientes de distintos territorios del país compartieron con las expertas internacionales sus principales preocupaciones, desafíos y demandas en materia de derechos humanos, reconocimiento, participación política, justicia racial y desarrollo sostenible.

La visita oficial, que inició el 11 de mayo y concluirá el 20 de mayo, es encabezada por Isabelle Mamadou, presidenta del Grupo de Trabajo, y Catherine Namakula, miembra del mecanismo. Durante su estancia en el país, las expertas han examinado la situación de los derechos humanos de les afrodescendientes en México, recabando información sobre racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia, así como promoviendo la implementación del Segundo Decenio Internacional para los Afrodescendientes (2025-2034).

La delegación sostuvo reuniones con autoridades gubernamentales, instituciones nacionales, representantes de los poderes legislativo y judicial, así como con personas afrodescendientes, organizaciones de la sociedad civil y otros actores que trabajan en temas de discriminación racial y derechos humanos.

El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) tuvo el honor de apoyar la coordinación de espacios de diálogo y encuentros entre las expertas y activistas afrodescendientes en los distintos territorios visitados. Estos espacios fueron posibles gracias al compromiso, liderazgo y capacidad de movilización de liderazgos comunitarios afrodescendientes que convocaron a organizaciones, autoridades comunitarias, juventudes, mujeres, personas defensoras de derechos humanos y representantes de diversos sectores de sus comunidades para dialogar con las expertas de Naciones Unidas. Raza e Igualdad expresa un especial agradecimiento a Rosa María Hernández Fitta en Córdoba y Yanga (Veracruz); Teresa Mojica y las integrantes de Afrocaracolas en Puerto Marqués (Guerrero); Sergio Peñaloza en Cuajinicuilapa (Guerrero); y Yolanda Camacho en El Azufre (Oaxaca), cuyo trabajo de articulación territorial hizo posible una amplia y diversa participación de la población afrodescendiente. Sin su compromiso y liderazgo, estos encuentros no hubieran sido posibles.

Las actividades iniciaron el 13 de mayo de 2026 con un encuentro realizado en el Centro de Estudios Constitucionales y Saberes Jurídicos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, representado en esta ocasión por la Dra. Gema Tabares.

Durante los encuentros, las principales preocupaciones planteadas por las organizaciones y comunidades afrodescendientes destacaron que aunque existen avances institucionales dirigidos a la población afromexicana, estos continúan siendo insuficientes debido a limitaciones presupuestarias, falta de voluntad política y una visión predominantemente indigenista que no responde plenamente a las realidades, identidades y necesidades específicas de los pueblos y comunidades afrodescendientes.

En este sentido, se reiteró la necesidad de crear una institucionalidad especializada exclusivamente en la población afrodescendiente, con recursos adecuados, personal capacitado y capacidad para implementar políticas públicas integrales y sostenibles.

Asimismo, las organizaciones insistieron en la urgencia de fortalecer las acciones afirmativas y garantizar una representación política real de las personas afrodescendientes en espacios de toma de decisiones. Expresaron preocupación por los constantes intentos de usurpación de candidaturas destinadas a personas afromexicanas y por la utilización del censo como único mecanismo para acreditar pertenencia afrodescendiente, pese al bajo nivel de autorreconocimiento derivado de siglos de invisibilización histórica y discriminación racial.

Las organizaciones también destacaron la necesidad de avanzar en el reconocimiento de la autonomía y libre determinación de pueblos y comunidades afrodescendientes, así como de sus sistemas normativos propios, formas de organización y autogobierno.

Igualmente, manifestaron preocupación por la falta de protocolos específicos de consulta para pueblos afromexicanos, la ausencia de numerosas comunidades en el Catálogo Nacional de Comunidades Afromexicanas y el abandono de la discusión sobre una ley reglamentaria afromexicana que permita traducir los derechos constitucionalmente reconocidos en políticas públicas, mecanismos de protección y garantías concretas.

Las organizaciones denunciaron que la población afromexicana continúa enfrentando importantes barreras para acceder a una educación inclusiva y libre de discriminación. Entre las principales preocupaciones se destacó la ausencia de contenidos y currículos afromexicanos en las aulas, situación que contribuye a la invisibilización histórica de los aportes de la población afrodescendiente y perpetúa estereotipos raciales.

Asimismo, se señaló la falta de acceso efectivo a educación técnica y universitaria para muchas comunidades afrodescendientes. Incluso cuando las familias realizan importantes esfuerzos económicos para que sus hijas e hijos continúen estudios superiores, persisten obstáculos para acceder a empleos dignos debido a prácticas discriminatorias y al racismo estructural presente en el mercado laboral.

Las organizaciones también denunciaron que el perfilamiento racial continúa siendo una realidad cotidiana para muchas personas afrodescendientes, particularmente cuando salen de sus comunidades ancestrales. Con frecuencia son percibidas como personas extranjeras o migrantes debido a sus características físicas, enfrentando actos de discriminación, cuestionamientos sobre su nacionalidad y tratos diferenciados por parte de autoridades y particulares.

Las organizaciones subrayaron la importancia de incorporar un enfoque interseccional en el análisis de la situación de los derechos humanos de la población afrodescendiente en México. Destacaron que las mujeres afrodescendientes continúan enfrentando múltiples formas de discriminación derivadas de la interacción entre racismo y sexismo, así como mayores niveles de exclusión económica, violencia y barreras para acceder a espacios de participación y liderazgo.

Por su parte, las juventudes afrodescendientes enfrentan obstáculos específicos relacionados con el acceso a educación de calidad, empleo, oportunidades de movilidad social y participación política, además de ser frecuentemente afectadas por la criminalización, la estigmatización y la violencia.

Asimismo, se resaltó la situación de las personas afrodescendientes migrantes, quienes enfrentan formas agravadas de discriminación y vulnerabilidad debido a la convergencia de factores como raza, nacionalidad, situación migratoria y exclusión socioeconómica.

Otro de los temas abordados fue la protección del patrimonio cultural afrodescendiente, particularmente del afroseminol, lengua criolla de base inglesa hablada por la comunidad mascoga en Coahuila y actualmente en peligro de extinción.

Las organizaciones también resaltaron la necesidad de fortalecer y apoyar las iniciativas comunitarias orientadas a preservar la memoria histórica afrodescendiente, incluyendo museos comunitarios como el Museo Afromexicano de Huehuetán, espacios culturales y proyectos artísticos que desempeñan un papel fundamental en la construcción de identidad, autoestima colectiva y lucha contra la invisibilización. Sin embargo, señalaron que estas iniciativas continúan recibiendo escaso apoyo institucional y financiero.

Las comunidades afrodescendientes de zonas costeras alertaron igualmente sobre los impactos del cambio climático, el abandono estatal y proyectos económicos que afectan sus territorios y medios de vida, especialmente en lugares como Puerto Marqués, en Acapulco, y El Azufre, en Oaxaca.

Además, se denunciaron afectaciones derivadas de la violencia y el crimen organizado, incluyendo desapariciones, asesinatos, intimidación y falta de acceso a la justicia.

Las y los activistas señalaron también la necesidad urgente de contar con centros de salud adecuadamente equipados y con personal permanente. Actualmente, muchas personas afrodescendientes deben trasladarse largas distancias para acceder a atención médica o recurrir a servicios privados de alto costo, situación que limita seriamente el ejercicio del derecho a la salud.

Igualmente, manifestaron preocupación porque muchos programas y apoyos gubernamentales establecen requisitos que resultan inaccesibles para comunidades, organizaciones y activistas afrodescendientes, excluyendo precisamente a quienes más necesitan acceder a estos recursos.

Las organizaciones participantes subrayaron la importancia de que las recomendaciones que emita el Grupo de Trabajo contribuyan a fortalecer el reconocimiento, la protección y la garantía efectiva de los derechos de las personas afrodescendientes en México, desde una perspectiva de reparación histórica, justicia racial, igualdad sustantiva y participación efectiva de las comunidades.

Hoy, 20 de mayo de 2026, el Grupo de Trabajo de Expertos sobre las Personas Afrodescendientes dará a conocer sus observaciones y recomendaciones preliminares durante una rueda de prensa al cierre de su visita oficial a México. Posteriormente, se espera que el informe final sobre la misión sea presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas posiblemente en septiembre de 2026.

Raza e Igualdad reitera su compromiso de continuar acompañando y apoyando a la población afrodescendiente en México, como lo ha hecho durante muchos años, promoviendo espacios de diálogo, fortaleciendo las capacidades de organizaciones y liderazgos afrodescendientes, impulsando procesos de incidencia nacional e internacional y contribuyendo a la defensa de sus derechos humanos.

Confiamos en que las conclusiones y recomendaciones derivadas de esta visita contribuirán a visibilizar los desafíos que continúan enfrentando las personas, pueblos y comunidades afrodescendientes en México, así como a fortalecer las acciones necesarias para avanzar hacia la igualdad racial, la reparación histórica, el reconocimiento pleno de sus derechos y una participación efectiva en la vida política, económica, social y cultural del país.

La lucha por la igualdad racial a la luz de los mecanismos internacionales: Raza e Igualdad y su compromiso con pueblos afrodescendientes, indígenas y Roma en las Américas

Washington D.C., 20 de marzo de 2026.– En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) reafirma su compromiso con la lucha contra el racismo estructural y la construcción de sociedades más justas, inclusivas y equitativas en las Américas.

Desde Raza e Igualdad trabajamos de manera articulada con personas, comunidades y pueblos afrodescendientes, indígenas y Roma, quienes continúan enfrentando formas históricas y contemporáneas de discriminación que no solo limitan el ejercicio de sus derechos, sino que impactan directamente sus condiciones de vida, su acceso a oportunidades y su participación en la sociedad.

Lejos de ser meras declaraciones, los instrumentos internacionales de derechos humanos establecen obligaciones concretas para los Estados: garantizar igualdad real, eliminar prácticas discriminatorias, reconocer identidades y culturas, y adoptar medidas específicas para cerrar brechas históricas. Sin embargo, en la práctica, estas garantías aún no se traducen plenamente en cambios estructurales.

En el ámbito internacional, los avances en el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes han sido fundamentales para visibilizar estas desigualdades. Instrumentos como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas no solo reconocen derechos colectivos, sino que exigen a los Estados respetar la autodeterminación, proteger los territorios y asegurar la participación efectiva en decisiones que afectan sus vidas.

De igual forma, el proceso hacia una futura Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas, comunidades y pueblos afrodescendientes representa una oportunidad histórica para consolidar estándares que obliguen a los Estados a enfrentar el racismo estructural heredado del colonialismo y la esclavitud. Esto implica, por ejemplo, adoptar políticas públicas que garanticen acceso equitativo a educación, salud, empleo y justicia, así como reconocer y reparar los impactos históricos de la discriminación racial.

No obstante, los pueblos Roma continúan enfrentando importantes vacíos de reconocimiento en el sistema internacional, lo que se traduce en una persistente invisibilidad en las Américas. Esta falta de reconocimiento limita la adopción de políticas públicas específicas y perpetúa barreras en el acceso a derechos básicos.

En el sistema interamericano, instrumentos como la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia (CIRDI) refuerzan estas obligaciones, al establecer que los Estados deben no solo prohibir la discriminación, sino también prevenirla, sancionarla y erradicarla mediante acciones concretas. Esto incluye recopilar datos desagregados, reconocer a las comunidades afectadas y diseñar políticas públicas con su participación.

Un ejemplo reciente de estas deudas estructurales se evidenció en la histórica primera audiencia sobre el pueblo Roma ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, realizada el 9 de marzo de 2026 y acompañada por Raza e Igualdad. En este espacio, activistas Roma denunciaron cómo la invisibilidad, el racismo estructural y la falta de reconocimiento estatal continúan traduciéndose en exclusión del sistema educativo, barreras en el acceso a servicios de salud y obstáculos para acceder a la justicia.

Este tipo de espacios no solo visibilizan las problemáticas, sino que reafirman que los Estados deben pasar del reconocimiento formal a la acción efectiva.

Frente a estos desafíos, en Raza e Igualdad reafirmamos nuestro compromiso de:

  • Fortalecer la participación efectiva de las personas, comunidades y pueblos afrodescendientes, indígenas y Roma en la toma de decisiones, tanto a nivel nacional como en espacios internacionales.
  • Impulsar procesos de memoria, verdad, justicia y reparación frente a los legados del colonialismo, la esclavitud y el racismo estructural.
  • Visibilizar y documentar las desigualdades persistentes, apoyando a organizaciones y activistas en la defensa de sus derechos.
  • Incorporar un enfoque interseccional en todas nuestras acciones, reconociendo las múltiples formas de discriminación que enfrentan estas poblaciones.
  • Impulsar la ratificación de la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia (CIRDI), reconociendo que este instrumento proporciona herramientas concretas para que los Estados adopten marcos normativos en esa vía.

En este 21 de marzo, hacemos un llamado a los Estados, organismos internacionales y a la sociedad civil a redoblar esfuerzos para erradicar el racismo en todas sus formas. La igualdad no puede seguir siendo una promesa: debe traducirse en políticas, recursos y acciones concretas que garanticen dignidad y justicia para todas las personas.

Organizaciones denuncian invisibilidad y discriminación estructural contra pueblos Roma en la región en histórica audiencia ante la CIDH

Ciudad de Guatemala, 12 de marzo de 2026.– Organizaciones que promueven y defienden los derechos de la población Roma en las Américas, especialmente en Argentina, Brasil, Colombia y Estados Unidos, comparecieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el marco de su 195 Período de Sesiones, realizado del 9 al 12 de marzo en Ciudad de Guatemala, para exponer la situación de derechos humanos que enfrenta esta población en la región.

La audiencia —que fue convocada de oficio y contó con la participación de 13 organizaciones de la sociedad civil, incluido el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad)— fue histórica por ser la primera en toda la historia de la CIDH dedicada exclusivamente a abordar la situación de los derechos humanos de los pueblos y comunidades Roma, también conocidos como gitanos, romaníes o Rom.

Durante la sesión, representantes de organizaciones de Brasil, Argentina, Colombia, Canadá y Estados Unidos alertaron sobre la persistente invisibilidad, el racismo estructural, la violencia y las barreras que enfrentan las personas Roma para acceder a derechos fundamentales como la salud, la educación y la justicia. Asimismo, denunciaron la ausencia de datos oficiales, de políticas públicas específicas y de medidas estatales para combatir el antigitanismo en la región.

Entre las intervenciones destacadas estuvo la de Elisa Costa, de la Asociación Internacional Maylê Sara Kalí (AMSK) de Brasil, quien advirtió sobre el impacto desproporcionado de la discriminación y la violencia en las mujeres romaníes.

“Parto de un principio innegociable: los derechos humanos son indivisibles. La violencia afecta de manera desproporcionada al pueblo romaní, especialmente a las mujeres, los niños y las personas mayores”, señaló Costa.

La activista explicó que, ante la falta de estadísticas oficiales completas, su organización ha trabajado con microdatos provenientes de políticas públicas para dimensionar la situación de vulnerabilidad que enfrentan estas comunidades. Según indicó, hasta 2025 se han registrado al menos 3,417 niños romaníes de entre 0 y 4 años en situación de extrema vulnerabilidad social en Brasil, una situación que también refleja la precariedad que enfrentan sus madres y familias.

Costa explicó que los datos disponibles revelan una concentración crítica de esta población en condiciones de vulnerabilidad en pocos estados del país y advirtió que las mujeres romaníes resultan particularmente afectadas a lo largo de todo el ciclo de vida. Asimismo, señaló que muchas denuncias de violencia ocurren en contextos familiares ampliados, lo que requiere respuestas estatales culturalmente adecuadas que actualmente no existen.

En ese contexto, subrayó que la romafobia y el antigitanismo deben ser reconocidos como expresiones del racismo estructural en Brasil y en la región, e instó a los Estados a adoptar medidas para combatir estas formas de discriminación.

Entre sus recomendaciones ante la CIDH, Costa llamó a reconocer el 2 de agosto como el Día del Holocausto Rom, promover campañas de acción afirmativa contra el antigitanismo y apoyar iniciativas de memoria histórica como el Mapa de la Memoria Romani en las Américas.

Por su parte, Damián Cristo, de la Asociación por los Derechos del Pueblo Gitano/Romaní (ZOR) de Argentina, alertó sobre los múltiples obstáculos que enfrenta esta población para ejercer plenamente sus derechos. “El acceso a la salud para nuestras familias es casi imposible”, afirmó durante su intervención.

Cristo explicó que la situación de las comunidades romaníes en Argentina está marcada por la invisibilización estadística, las dificultades para acceder a servicios de salud, barreras en la justicia, deserción escolar y falta de políticas públicas con enfoque específico.

En materia educativa, advirtió que el sistema escolar argentino no ha logrado integrar plenamente a niñas, niños y jóvenes gitanos, quienes enfrentan altos niveles de abandono escolar, en muchos casos vinculados a la falta de contenidos que respeten su identidad cultural y a situaciones de acoso basadas en su origen étnico.

Asimismo, subrayó la importancia del derecho a la memoria y tambén llamó al Estado argentino a reconocer oficialmente el 2 de agosto como el Día de la Memoria del Holocausto Gitano, así como a promover el reconocimiento del 8 de abril como el Día Internacional del Pueblo Gitano.

Durante la audiencia también intervinieron representantes de diversas organizaciones de la región. Rogério Ribeiro, de la Rede Brasileira de Povos Ciganos, se refirió a casos recientes de violencia que han afectado a comunidades romaníes en el nordeste de Brasil. Por su parte, Daiane Rocha, de la Associação Nacional das Etnias Ciganas do Brasil (ANEC), agradeció la realización de este espacio de diálogo para visibilizar las dificultades que enfrentan estas comunidades en América Latina y el Caribe.

Desde Colombia, Ana Dalila Gómez Baos, de la organización Kumpania Rrom de Bogotá, destacó algunos avances en el reconocimiento de los derechos del pueblo Rrom en el país, aunque señaló que todavía son necesarias más acciones para combatir la discriminación y garantizar el ejercicio pleno de sus derechos.

Asimismo, Deny Dobobrov, Director de Relaciones Internacionales de la World Roma Federation, advirtió que las comunidades romaníes también enfrentan discriminación estructural en Estados Unidos, la cual suele permanecer oculta debido a que muchas personas romaníes optan por ocultar su identidad para evitar el estigma y los estereotipos. Según explicó, el limitado reconocimiento público de los romaníes como minoría étnica en ese país contribuye a perpetuar narrativas antirromaníes que influyen en la percepción social y en las instituciones.

Dobrov también expresó preocupación por la persistencia de estereotipos antirromaníes en algunos materiales de formación de las fuerzas del orden y en contextos de investigación, lo que podría favorecer prácticas de perfilamiento étnico. En ese contexto, instó a los Estados a reconocer explícitamente a las comunidades romaníes en las políticas contra el racismo, fortalecer la colaboración con organizaciones lideradas por romaníes y promover mecanismos seguros de autoidentificación que permitan diseñar políticas públicas más efectivas.

Durante la sesión también participaron representantes del sistema internacional de derechos humanos. Claude Cahn, oficial de Derechos Humanos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), se refirió a las dificultades existentes para documentar adecuadamente las violencias que afectan a esta población.

Al cierre de la audiencia, las comisionadas de la CIDH reconocieron la importancia histórica de este espacio. La comisionada Gloria de Mees, relatora sobre los derechos de las personas afrodescendientes y contra la discriminación racial, señaló que el pueblo romaní ha permanecido invisibilizado a pesar de sus aportes a la sociedad, mientras que la comisionada Marion Bethel, relatora sobre los derechos de las mujeres, manifestó preocupación por las formas de violencia de género que afectan particularmente a las mujeres romaníes.

Tras la audiencia, la CIDH agradeció la participación de las organizaciones y reafirmó su compromiso de escuchar y visibilizar las voces de los pueblos Roma en la región, destacando que estas comunidades han enfrentado discriminación histórica e intergeneracional. Asimismo, subrayó la importancia de que los Estados incluyan a esta población en los censos nacionales y utilicen los datos recopilados para desarrollar políticas públicas que respondan a sus necesidades y garanticen sus derechos.

La audiencia marcó un paso significativo para visibilizar la situación de los pueblos Roma en las Américas y avanzar hacia el reconocimiento de sus derechos en el sistema interamericano de derechos humanos. Desde Raza e Igualdad destacamos la importancia de este espacio histórico y reiteramos nuestro compromiso de seguir acompañando a las comunidades y organizaciones Roma en la región en sus esfuerzos por visibilizar la discriminación estructural que enfrentan y promover el reconocimiento y la protección efectiva de sus derechos humanos.

La condena por el asesinato de Marielle Franco debe traducirse en garantías estructurales contra la violencia política de género en Brasil

Río de Janeiro, 4 de marzo de 2026.– La condena histórica de los hermanos Chiquinho y Domingos Brazão a 76 años y 3 meses de prisión por el asesinato de la concejala Marielle Franco y del conductor Anderson Gomes representa no solo el fin de un largo ciclo de impunidad, sino también un hito en el reconocimiento jurídico de la gravedad de la violencia política de género en Brasil.

Para el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), este fallo constituye un precedente relevante, pero también una prueba para el Estado brasileño: la justicia en un caso emblemático debe ir acompañada de transformaciones estructurales que garanticen la no repetición y la protección efectiva de las mujeres en la vida pública, especialmente aquellas que enfrentan discriminaciones múltiples e interseccionales.

Según lo definido por la Ley nº 14.192/2021, la violencia política de género es toda acción que tiene como objetivo impedir, dificultar o anular los derechos políticos de las mujeres por el simple hecho de ser mujeres. En el caso de Marielle, mujer negra, criada en la favela da Maré y defensora de los derechos humanos, esta violencia fue llevada a las últimas consecuencias. Como destacó el ministro Alexandre de Moraes en su voto, el crimen reunió “cuestión política con misoginia, con racismo, con discriminación”, señalando que la concejala “era una mujer negra, pobre, que estaba enfrentándose a los intereses de los milicianos”. La ministra Cármen Lúcia también se hizo eco de este sentimiento al reflexionar sobre la fragilización histórica de las mujeres como sujetos de derecho: “Matar a una de nosotras es mucho más fácil […] Porque ‘no va a pasar nada’”.

Esta vulnerabilidad denunciada por la ministra alcanza niveles aún más críticos cuando se trata de mujeres LBTI (lesbianas, bisexuales, travestis, transexuales e intersexuales). Datos oficiales revelan un escenario alarmante: entre 2015 y 2022, las notificaciones de violencia contra mujeres lesbianas crecieron un 50%, y Brasil figura entre los países con los índices más altos de asesinato de personas trans. Estas cifras evidencian que, para las mujeres LBTI, la violencia política se agrava por la LBTIfobia estructural, que las coloca en una posición de extrema vulnerabilidad en los espacios de poder y decisión.

Es en este contexto que el gobierno federal lanzó, en septiembre de 2025, el Procedimiento Operativo Estándar (POE) para la acogida humanizada de mujeres LBTI en situación de violencia. El protocolo establece directrices fundamentales para que la red de atención respete la identidad de género y la orientación sexual de las víctimas, evitando la revictimización y garantizando una escucha calificada y el acceso a la justicia.

No obstante, es importante resaltar que la adopción de protocolos de esta naturaleza debe ir acompañada de asignación presupuestaria suficiente, capacitación obligatoria a funcionarios públicos, mecanismos de rendición de cuentas y sistemas de monitoreo independientes que permitan evaluar su impacto real. La debida diligencia reforzada que exige el derecho internacional de los derechos humanos obliga al Estado brasileño no solo a investigar y sancionar, sino también a prevenir, proteger y reparar integralmente.

En este sentido, Raza e Igualdad llama la atención de los mecanismos de las Naciones Unidas (en particular a la Relatoría sobre la violencia contra las mujeres y niñas y al Experto Independiente sobre orientación sexual e identidad de género), a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a las misiones diplomáticas acreditadas en Brasil, para que mantengan una vigilancia activa sobre la implementación de medidas estructurales que garanticen la seguridad y una vida libre de violencia para mujeres negras, mujeres LBTI y defensoras de derechos humanos.

La condena de los hermanos Brazão y sus cómplices no puede ser vista solo como el desenlace de una investigación criminal. Debe representar un punto de inflexión en el enfrentamiento a la violencia política de género en Brasil. La memoria de Marielle Franco exige que el Estado brasileño avance en reformas estructurales que desmantelen las redes de violencia y discriminación que buscan excluir a determinadas mujeres del poder político, y que garantice que ningún crimen con motivación política y de género vuelva a quedar en la impunidad.

¡Marielle vive!

La Corte Interamericana de Derechos Humanos condena al Estado mexicano por la violación sexual de parte de militares, tortura y muerte de doña Ernestina Ascencio Rosario

La Familia de doña Ernestina Ascencio Rosario y sus representantes, celebramos la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en la que, tras casi diecinueve años de impunidad y denegación de justicia por parte del Estado mexicano, declaró la responsabilidad internacional de este por la violación sexual, tortura y muerte de doña Ernestina Ascencio Rosario, mujer indígena nahua monolingüe de 73 años, agredida en febrero de 2007 por miembros del Ejército Mexicano en la Sierra de Zongolica, Veracruz.

La decisión de la Corte IDH reviste una importancia histórica que permitirá abordar las múltiples barreras que enfrentan las mujeres indígenas en el acceso a la justicia frente a la violencia y discriminación por razones de etnia, género y exclusión económica, al declarar que las violaciones perpetradas por el Estado en perjuicio de las víctimas, fueron resultado de la violencia institucional, la discriminación estructural y la violación del derecho a la verdad, que derivaron en la impunidad de los responsables. Asimismo, la sentencia avanza en la protección de las personas mayores al declarar que adquiere un carácter reforzado cuando la edad se cruza con otros factores de vulnerabilidad, como el género y el origen étnico, particularmente en contextos de militarización, donde se agravan las condiciones de violencia, exclusión y discriminación estructural.

Además, la Corte IDH reiteró el reconocimiento de los obstáculos estructurales que enfrentan los pueblos y las personas indígenas en el acceso a la justicia como resultado de las dinámicas históricas de discriminación, marginación y exclusión social y ordenó al Estado adoptar medidas para su eliminación.

El análisis sistemático que realizó la Corte de los factores que garantizaron impunidad a los responsables, tales como las declaraciones públicas de altas autoridades, incluido el entonces Presidente de la República, hace visible la manera en que la conducta estatal condujo a perpetuar la discriminación, la impunidad y a profundizar la situación de vulnerabilidad de la señora Ernestina y de su familia. En consecuencia, la Corte determinó que el Estado incurrió en violencia institucional en perjuicio de la señora Ernestina Ascencio Rosario y de sus familiares. Esta manera de abordar y analizar la actuación del Estado ofrece a las fiscalías y a quienes imparten justicia, una metodología para asegurar una actuación en el marco de las garantías del debido proceso y la protección judicial centrada en los derechos de las víctimas y las condiciones de vulnerabilidad que enfrentan por razones étnicas, de género y cualquier otro factor de discriminación.

En consecuencia, la Corte ordenó al Estado, entre otras medidas de reparación, realizar una investigación penal exhaustiva y seria en un plazo razonable, de la violación, tortura y muerte de doña Ernestina, que derive en la sanción de los responsables; adoptar medidas de satisfacción y rehabilitación, como brindar atención médica y psicológica culturalmente adecuadas a sus familiares; hacer pública la sentencia y realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad; y otorgar becas de estudios básicos, técnicos y/o universitarios a nietos y nietas de doña Ernestina que así lo deseen. También ordenó al Estado mexicano implementar un programa de formación y capacitación de servidores públicos en los aspectos señalados en la sentencia; a fortalecer el centro de salud ubicado en el Municipio de Soledad Atzompa; a adoptar medidas en materia de salud y justicia con perspectiva de género, étnica y etaria; a atender las barreras lingüísticas que enfrentan las mujeres indígenas en el Estado de Veracruz; y a elaborar un registro nacional de intérpretes de lenguas indígenas. El Estado deberá informar dentro de un año sobre el cumplimiento de estas medidas y la Corte lo supervisará hasta su plena implementación.

Luego de conocer la sentencia, la señora Martha Inés Asencio, hija de doña Ernestina, manifestó: “Estoy muy contenta porque nosotras solas no sabíamos qué íbamos a hacer y ustedes nos apoyaron. Ahora con la sentencia, ya sabemos que sí nos hicieron caso. A tres meses de cumplir los 19 años de la muerte de mi mamá, hoy escuché un poco de justicia de lo que hemos venido luchando, pero falta que el Estado cumpla con lo que le ordenaron”.  

Para Patricia Benítez Pérez, coordinadora del CESEM, “la sentencia de la Corte IDH honra la memoria de doña Ernestina Ascencio Rosario. La verdad acallada durante 19 años de la familia Inés Ascencio ha sido dignificada en el más alto Tribunal de justicia en la región, que respalda la verdad y las palabras que en vida expresó doña Ernestina: ´Pinomeh xoxokmeh nopan omotlahtlamotlakeh´ -Los hombres de verde se me echaron encima-”. 

Para Julia Marcela Suárez Cabrera, representante de AJDH, “el reclamo que emprendimos para conocer la verdad sobre los agravios perpetrados contra doña Ernestina y su familia, posibilitó que la Corte IDH les brindara justicia y ordenara al Estado la implementación de medidas de reparación para las víctimas y de no repetición, que garanticen los derechos de las mujeres indígenas en México”.   

Las representantes de las víctimas consideramos que la jurisprudencia emitida por la Corte en este caso será una herramienta fundamental en la lucha contra el racismo estructural que como en el presente caso se manifiesta con la discriminación racial que enfrentan las mujeres indígenas y otros sectores históricamente discriminados que buscan protección judicial frente a las violencias ejercidas en su contra.    

​​La sentencia llega luego de casi dos décadas de ocurridos los hechos, de búsqueda ininterrumpida de la verdad, la justicia y la reparación  sin resultados, lo que llevó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a presentar el caso ante la Corte IDH en el 2023. La prolongada falta de respuestas estatales adecuadas consolidó hasta el día de hoy, un escenario de impunidad y violación del derecho a la verdad que la decisión de la Corte IDH busca corregir y que refleja las fallas estructurales del Estado en la garantía integral de los derechos humanos de las mujeres indígenas, en especial, del derecho a una vida libre de violencia y discriminación, el derecho a una vida digna, así como a tener las garantías adecuadas de acceso a la verdad y la justicia.  

Las organizaciones Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos (AJDH), el Centro de Servicios Municipales Heriberto Jara A.C. (CESEM),  Kalli Luz Marina A.C., la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas (CONAMI)​, el Robert and Ethel Kennedy Human Rights Center y el Instituto Internacional sobre Raza​,​ Igualdad y Derechos Humanos, representantes de las víctimas, luego de ser notificadas de la sentencia solicitamos formalmente al Estado mexicano nos proponga una hoja de ruta para el cumplimiento pleno de la sentencia, lo cual le brinda la oportunidad de honrar la palabra empeñada al declarar el 2025 “Año de las Mujeres indígenas”, cumpliéndola a cabalidad y sin mayor dilación.

CONTACTOS DE PRENSA:

Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos (AJDH)

Contacto: Carmen Herrera, justiciayderechoshumanos2006@gmail.com, Whatsapp: 55 4347 6669

Centro de Servicios Municipales Heriberto Jara A.C. (CESEM)

Contacto: Arlet García López, centrohj@gmail.com, Whatsapp: 228 177 3127

Kalli Luz Marina A.C.

Contacto: Elizabeth Guevara Mitzi, kallilegal23@gmail.com  

Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas (CONAMI)​

Contacto: Patricia Torres Sandoval y Norma Don Juan Pérez, mujeresindigenasconami@gmail.com, WhatsApp: +52 55 2407 8827

Robert and Ethel Kennedy Human Rights Center

Contacto: Angelita Baeyens, baeyens@rfkhumanrights.org

Instituto Internacional sobre Raza​,​ Igualdad y Derechos Humanos

Contacto: Christina M. Fetterhoff, fetterhoff@raceandequality.org, WhatsApp: +1-202-867-6225

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