La lucha por la igualdad racial a la luz de los mecanismos internacionales: Raza e Igualdad y su compromiso con pueblos afrodescendientes, indígenas y Roma en las Américas

La lucha por la igualdad racial a la luz de los mecanismos internacionales: Raza e Igualdad y su compromiso con pueblos afrodescendientes, indígenas y Roma en las Américas

Washington D.C., 20 de marzo de 2026.– En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) reafirma su compromiso con la lucha contra el racismo estructural y la construcción de sociedades más justas, inclusivas y equitativas en las Américas.

Desde Raza e Igualdad trabajamos de manera articulada con personas, comunidades y pueblos afrodescendientes, indígenas y Roma, quienes continúan enfrentando formas históricas y contemporáneas de discriminación que no solo limitan el ejercicio de sus derechos, sino que impactan directamente sus condiciones de vida, su acceso a oportunidades y su participación en la sociedad.

Lejos de ser meras declaraciones, los instrumentos internacionales de derechos humanos establecen obligaciones concretas para los Estados: garantizar igualdad real, eliminar prácticas discriminatorias, reconocer identidades y culturas, y adoptar medidas específicas para cerrar brechas históricas. Sin embargo, en la práctica, estas garantías aún no se traducen plenamente en cambios estructurales.

En el ámbito internacional, los avances en el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes han sido fundamentales para visibilizar estas desigualdades. Instrumentos como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas no solo reconocen derechos colectivos, sino que exigen a los Estados respetar la autodeterminación, proteger los territorios y asegurar la participación efectiva en decisiones que afectan sus vidas.

De igual forma, el proceso hacia una futura Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas, comunidades y pueblos afrodescendientes representa una oportunidad histórica para consolidar estándares que obliguen a los Estados a enfrentar el racismo estructural heredado del colonialismo y la esclavitud. Esto implica, por ejemplo, adoptar políticas públicas que garanticen acceso equitativo a educación, salud, empleo y justicia, así como reconocer y reparar los impactos históricos de la discriminación racial.

No obstante, los pueblos Roma continúan enfrentando importantes vacíos de reconocimiento en el sistema internacional, lo que se traduce en una persistente invisibilidad en las Américas. Esta falta de reconocimiento limita la adopción de políticas públicas específicas y perpetúa barreras en el acceso a derechos básicos.

En el sistema interamericano, instrumentos como la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia (CIRDI) refuerzan estas obligaciones, al establecer que los Estados deben no solo prohibir la discriminación, sino también prevenirla, sancionarla y erradicarla mediante acciones concretas. Esto incluye recopilar datos desagregados, reconocer a las comunidades afectadas y diseñar políticas públicas con su participación.

Un ejemplo reciente de estas deudas estructurales se evidenció en la histórica primera audiencia sobre el pueblo Roma ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, realizada el 9 de marzo de 2026 y acompañada por Raza e Igualdad. En este espacio, activistas Roma denunciaron cómo la invisibilidad, el racismo estructural y la falta de reconocimiento estatal continúan traduciéndose en exclusión del sistema educativo, barreras en el acceso a servicios de salud y obstáculos para acceder a la justicia.

Este tipo de espacios no solo visibilizan las problemáticas, sino que reafirman que los Estados deben pasar del reconocimiento formal a la acción efectiva.

Frente a estos desafíos, en Raza e Igualdad reafirmamos nuestro compromiso de:

  • Fortalecer la participación efectiva de las personas, comunidades y pueblos afrodescendientes, indígenas y Roma en la toma de decisiones, tanto a nivel nacional como en espacios internacionales.
  • Impulsar procesos de memoria, verdad, justicia y reparación frente a los legados del colonialismo, la esclavitud y el racismo estructural.
  • Visibilizar y documentar las desigualdades persistentes, apoyando a organizaciones y activistas en la defensa de sus derechos.
  • Incorporar un enfoque interseccional en todas nuestras acciones, reconociendo las múltiples formas de discriminación que enfrentan estas poblaciones.
  • Impulsar la ratificación de la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia (CIRDI), reconociendo que este instrumento proporciona herramientas concretas para que los Estados adopten marcos normativos en esa vía.

En este 21 de marzo, hacemos un llamado a los Estados, organismos internacionales y a la sociedad civil a redoblar esfuerzos para erradicar el racismo en todas sus formas. La igualdad no puede seguir siendo una promesa: debe traducirse en políticas, recursos y acciones concretas que garanticen dignidad y justicia para todas las personas.

Organizaciones denuncian invisibilidad y discriminación estructural contra pueblos Roma en la región en histórica audiencia ante la CIDH

Ciudad de Guatemala, 12 de marzo de 2026.– Organizaciones que promueven y defienden los derechos de la población Roma en las Américas, especialmente en Argentina, Brasil, Colombia y Estados Unidos, comparecieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el marco de su 195 Período de Sesiones, realizado del 9 al 12 de marzo en Ciudad de Guatemala, para exponer la situación de derechos humanos que enfrenta esta población en la región.

La audiencia —que fue convocada de oficio y contó con la participación de 13 organizaciones de la sociedad civil, incluido el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad)— fue histórica por ser la primera en toda la historia de la CIDH dedicada exclusivamente a abordar la situación de los derechos humanos de los pueblos y comunidades Roma, también conocidos como gitanos, romaníes o Rom.

Durante la sesión, representantes de organizaciones de Brasil, Argentina, Colombia, Canadá y Estados Unidos alertaron sobre la persistente invisibilidad, el racismo estructural, la violencia y las barreras que enfrentan las personas Roma para acceder a derechos fundamentales como la salud, la educación y la justicia. Asimismo, denunciaron la ausencia de datos oficiales, de políticas públicas específicas y de medidas estatales para combatir el antigitanismo en la región.

Entre las intervenciones destacadas estuvo la de Elisa Costa, de la Asociación Internacional Maylê Sara Kalí (AMSK) de Brasil, quien advirtió sobre el impacto desproporcionado de la discriminación y la violencia en las mujeres romaníes.

“Parto de un principio innegociable: los derechos humanos son indivisibles. La violencia afecta de manera desproporcionada al pueblo romaní, especialmente a las mujeres, los niños y las personas mayores”, señaló Costa.

La activista explicó que, ante la falta de estadísticas oficiales completas, su organización ha trabajado con microdatos provenientes de políticas públicas para dimensionar la situación de vulnerabilidad que enfrentan estas comunidades. Según indicó, hasta 2025 se han registrado al menos 3,417 niños romaníes de entre 0 y 4 años en situación de extrema vulnerabilidad social en Brasil, una situación que también refleja la precariedad que enfrentan sus madres y familias.

Costa explicó que los datos disponibles revelan una concentración crítica de esta población en condiciones de vulnerabilidad en pocos estados del país y advirtió que las mujeres romaníes resultan particularmente afectadas a lo largo de todo el ciclo de vida. Asimismo, señaló que muchas denuncias de violencia ocurren en contextos familiares ampliados, lo que requiere respuestas estatales culturalmente adecuadas que actualmente no existen.

En ese contexto, subrayó que la romafobia y el antigitanismo deben ser reconocidos como expresiones del racismo estructural en Brasil y en la región, e instó a los Estados a adoptar medidas para combatir estas formas de discriminación.

Entre sus recomendaciones ante la CIDH, Costa llamó a reconocer el 2 de agosto como el Día del Holocausto Rom, promover campañas de acción afirmativa contra el antigitanismo y apoyar iniciativas de memoria histórica como el Mapa de la Memoria Romani en las Américas.

Por su parte, Damián Cristo, de la Asociación por los Derechos del Pueblo Gitano/Romaní (ZOR) de Argentina, alertó sobre los múltiples obstáculos que enfrenta esta población para ejercer plenamente sus derechos. “El acceso a la salud para nuestras familias es casi imposible”, afirmó durante su intervención.

Cristo explicó que la situación de las comunidades romaníes en Argentina está marcada por la invisibilización estadística, las dificultades para acceder a servicios de salud, barreras en la justicia, deserción escolar y falta de políticas públicas con enfoque específico.

En materia educativa, advirtió que el sistema escolar argentino no ha logrado integrar plenamente a niñas, niños y jóvenes gitanos, quienes enfrentan altos niveles de abandono escolar, en muchos casos vinculados a la falta de contenidos que respeten su identidad cultural y a situaciones de acoso basadas en su origen étnico.

Asimismo, subrayó la importancia del derecho a la memoria y tambén llamó al Estado argentino a reconocer oficialmente el 2 de agosto como el Día de la Memoria del Holocausto Gitano, así como a promover el reconocimiento del 8 de abril como el Día Internacional del Pueblo Gitano.

Durante la audiencia también intervinieron representantes de diversas organizaciones de la región. Rogério Ribeiro, de la Rede Brasileira de Povos Ciganos, se refirió a casos recientes de violencia que han afectado a comunidades romaníes en el nordeste de Brasil. Por su parte, Daiane Rocha, de la Associação Nacional das Etnias Ciganas do Brasil (ANEC), agradeció la realización de este espacio de diálogo para visibilizar las dificultades que enfrentan estas comunidades en América Latina y el Caribe.

Desde Colombia, Ana Dalila Gómez Baos, de la organización Kumpania Rrom de Bogotá, destacó algunos avances en el reconocimiento de los derechos del pueblo Rrom en el país, aunque señaló que todavía son necesarias más acciones para combatir la discriminación y garantizar el ejercicio pleno de sus derechos.

Asimismo, Deny Dobobrov, Director de Relaciones Internacionales de la World Roma Federation, advirtió que las comunidades romaníes también enfrentan discriminación estructural en Estados Unidos, la cual suele permanecer oculta debido a que muchas personas romaníes optan por ocultar su identidad para evitar el estigma y los estereotipos. Según explicó, el limitado reconocimiento público de los romaníes como minoría étnica en ese país contribuye a perpetuar narrativas antirromaníes que influyen en la percepción social y en las instituciones.

Dobrov también expresó preocupación por la persistencia de estereotipos antirromaníes en algunos materiales de formación de las fuerzas del orden y en contextos de investigación, lo que podría favorecer prácticas de perfilamiento étnico. En ese contexto, instó a los Estados a reconocer explícitamente a las comunidades romaníes en las políticas contra el racismo, fortalecer la colaboración con organizaciones lideradas por romaníes y promover mecanismos seguros de autoidentificación que permitan diseñar políticas públicas más efectivas.

Durante la sesión también participaron representantes del sistema internacional de derechos humanos. Claude Cahn, oficial de Derechos Humanos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), se refirió a las dificultades existentes para documentar adecuadamente las violencias que afectan a esta población.

Al cierre de la audiencia, las comisionadas de la CIDH reconocieron la importancia histórica de este espacio. La comisionada Gloria de Mees, relatora sobre los derechos de las personas afrodescendientes y contra la discriminación racial, señaló que el pueblo romaní ha permanecido invisibilizado a pesar de sus aportes a la sociedad, mientras que la comisionada Marion Bethel, relatora sobre los derechos de las mujeres, manifestó preocupación por las formas de violencia de género que afectan particularmente a las mujeres romaníes.

Tras la audiencia, la CIDH agradeció la participación de las organizaciones y reafirmó su compromiso de escuchar y visibilizar las voces de los pueblos Roma en la región, destacando que estas comunidades han enfrentado discriminación histórica e intergeneracional. Asimismo, subrayó la importancia de que los Estados incluyan a esta población en los censos nacionales y utilicen los datos recopilados para desarrollar políticas públicas que respondan a sus necesidades y garanticen sus derechos.

La audiencia marcó un paso significativo para visibilizar la situación de los pueblos Roma en las Américas y avanzar hacia el reconocimiento de sus derechos en el sistema interamericano de derechos humanos. Desde Raza e Igualdad destacamos la importancia de este espacio histórico y reiteramos nuestro compromiso de seguir acompañando a las comunidades y organizaciones Roma en la región en sus esfuerzos por visibilizar la discriminación estructural que enfrentan y promover el reconocimiento y la protección efectiva de sus derechos humanos.

La condena por el asesinato de Marielle Franco debe traducirse en garantías estructurales contra la violencia política de género en Brasil

Río de Janeiro, 4 de marzo de 2026.– La condena histórica de los hermanos Chiquinho y Domingos Brazão a 76 años y 3 meses de prisión por el asesinato de la concejala Marielle Franco y del conductor Anderson Gomes representa no solo el fin de un largo ciclo de impunidad, sino también un hito en el reconocimiento jurídico de la gravedad de la violencia política de género en Brasil.

Para el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), este fallo constituye un precedente relevante, pero también una prueba para el Estado brasileño: la justicia en un caso emblemático debe ir acompañada de transformaciones estructurales que garanticen la no repetición y la protección efectiva de las mujeres en la vida pública, especialmente aquellas que enfrentan discriminaciones múltiples e interseccionales.

Según lo definido por la Ley nº 14.192/2021, la violencia política de género es toda acción que tiene como objetivo impedir, dificultar o anular los derechos políticos de las mujeres por el simple hecho de ser mujeres. En el caso de Marielle, mujer negra, criada en la favela da Maré y defensora de los derechos humanos, esta violencia fue llevada a las últimas consecuencias. Como destacó el ministro Alexandre de Moraes en su voto, el crimen reunió “cuestión política con misoginia, con racismo, con discriminación”, señalando que la concejala “era una mujer negra, pobre, que estaba enfrentándose a los intereses de los milicianos”. La ministra Cármen Lúcia también se hizo eco de este sentimiento al reflexionar sobre la fragilización histórica de las mujeres como sujetos de derecho: “Matar a una de nosotras es mucho más fácil […] Porque ‘no va a pasar nada’”.

Esta vulnerabilidad denunciada por la ministra alcanza niveles aún más críticos cuando se trata de mujeres LBTI (lesbianas, bisexuales, travestis, transexuales e intersexuales). Datos oficiales revelan un escenario alarmante: entre 2015 y 2022, las notificaciones de violencia contra mujeres lesbianas crecieron un 50%, y Brasil figura entre los países con los índices más altos de asesinato de personas trans. Estas cifras evidencian que, para las mujeres LBTI, la violencia política se agrava por la LBTIfobia estructural, que las coloca en una posición de extrema vulnerabilidad en los espacios de poder y decisión.

Es en este contexto que el gobierno federal lanzó, en septiembre de 2025, el Procedimiento Operativo Estándar (POE) para la acogida humanizada de mujeres LBTI en situación de violencia. El protocolo establece directrices fundamentales para que la red de atención respete la identidad de género y la orientación sexual de las víctimas, evitando la revictimización y garantizando una escucha calificada y el acceso a la justicia.

No obstante, es importante resaltar que la adopción de protocolos de esta naturaleza debe ir acompañada de asignación presupuestaria suficiente, capacitación obligatoria a funcionarios públicos, mecanismos de rendición de cuentas y sistemas de monitoreo independientes que permitan evaluar su impacto real. La debida diligencia reforzada que exige el derecho internacional de los derechos humanos obliga al Estado brasileño no solo a investigar y sancionar, sino también a prevenir, proteger y reparar integralmente.

En este sentido, Raza e Igualdad llama la atención de los mecanismos de las Naciones Unidas (en particular a la Relatoría sobre la violencia contra las mujeres y niñas y al Experto Independiente sobre orientación sexual e identidad de género), a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a las misiones diplomáticas acreditadas en Brasil, para que mantengan una vigilancia activa sobre la implementación de medidas estructurales que garanticen la seguridad y una vida libre de violencia para mujeres negras, mujeres LBTI y defensoras de derechos humanos.

La condena de los hermanos Brazão y sus cómplices no puede ser vista solo como el desenlace de una investigación criminal. Debe representar un punto de inflexión en el enfrentamiento a la violencia política de género en Brasil. La memoria de Marielle Franco exige que el Estado brasileño avance en reformas estructurales que desmantelen las redes de violencia y discriminación que buscan excluir a determinadas mujeres del poder político, y que garantice que ningún crimen con motivación política y de género vuelva a quedar en la impunidad.

¡Marielle vive!

La Corte Interamericana de Derechos Humanos condena al Estado mexicano por la violación sexual de parte de militares, tortura y muerte de doña Ernestina Ascencio Rosario

La Familia de doña Ernestina Ascencio Rosario y sus representantes, celebramos la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en la que, tras casi diecinueve años de impunidad y denegación de justicia por parte del Estado mexicano, declaró la responsabilidad internacional de este por la violación sexual, tortura y muerte de doña Ernestina Ascencio Rosario, mujer indígena nahua monolingüe de 73 años, agredida en febrero de 2007 por miembros del Ejército Mexicano en la Sierra de Zongolica, Veracruz.

La decisión de la Corte IDH reviste una importancia histórica que permitirá abordar las múltiples barreras que enfrentan las mujeres indígenas en el acceso a la justicia frente a la violencia y discriminación por razones de etnia, género y exclusión económica, al declarar que las violaciones perpetradas por el Estado en perjuicio de las víctimas, fueron resultado de la violencia institucional, la discriminación estructural y la violación del derecho a la verdad, que derivaron en la impunidad de los responsables. Asimismo, la sentencia avanza en la protección de las personas mayores al declarar que adquiere un carácter reforzado cuando la edad se cruza con otros factores de vulnerabilidad, como el género y el origen étnico, particularmente en contextos de militarización, donde se agravan las condiciones de violencia, exclusión y discriminación estructural.

Además, la Corte IDH reiteró el reconocimiento de los obstáculos estructurales que enfrentan los pueblos y las personas indígenas en el acceso a la justicia como resultado de las dinámicas históricas de discriminación, marginación y exclusión social y ordenó al Estado adoptar medidas para su eliminación.

El análisis sistemático que realizó la Corte de los factores que garantizaron impunidad a los responsables, tales como las declaraciones públicas de altas autoridades, incluido el entonces Presidente de la República, hace visible la manera en que la conducta estatal condujo a perpetuar la discriminación, la impunidad y a profundizar la situación de vulnerabilidad de la señora Ernestina y de su familia. En consecuencia, la Corte determinó que el Estado incurrió en violencia institucional en perjuicio de la señora Ernestina Ascencio Rosario y de sus familiares. Esta manera de abordar y analizar la actuación del Estado ofrece a las fiscalías y a quienes imparten justicia, una metodología para asegurar una actuación en el marco de las garantías del debido proceso y la protección judicial centrada en los derechos de las víctimas y las condiciones de vulnerabilidad que enfrentan por razones étnicas, de género y cualquier otro factor de discriminación.

En consecuencia, la Corte ordenó al Estado, entre otras medidas de reparación, realizar una investigación penal exhaustiva y seria en un plazo razonable, de la violación, tortura y muerte de doña Ernestina, que derive en la sanción de los responsables; adoptar medidas de satisfacción y rehabilitación, como brindar atención médica y psicológica culturalmente adecuadas a sus familiares; hacer pública la sentencia y realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad; y otorgar becas de estudios básicos, técnicos y/o universitarios a nietos y nietas de doña Ernestina que así lo deseen. También ordenó al Estado mexicano implementar un programa de formación y capacitación de servidores públicos en los aspectos señalados en la sentencia; a fortalecer el centro de salud ubicado en el Municipio de Soledad Atzompa; a adoptar medidas en materia de salud y justicia con perspectiva de género, étnica y etaria; a atender las barreras lingüísticas que enfrentan las mujeres indígenas en el Estado de Veracruz; y a elaborar un registro nacional de intérpretes de lenguas indígenas. El Estado deberá informar dentro de un año sobre el cumplimiento de estas medidas y la Corte lo supervisará hasta su plena implementación.

Luego de conocer la sentencia, la señora Martha Inés Asencio, hija de doña Ernestina, manifestó: “Estoy muy contenta porque nosotras solas no sabíamos qué íbamos a hacer y ustedes nos apoyaron. Ahora con la sentencia, ya sabemos que sí nos hicieron caso. A tres meses de cumplir los 19 años de la muerte de mi mamá, hoy escuché un poco de justicia de lo que hemos venido luchando, pero falta que el Estado cumpla con lo que le ordenaron”.  

Para Patricia Benítez Pérez, coordinadora del CESEM, “la sentencia de la Corte IDH honra la memoria de doña Ernestina Ascencio Rosario. La verdad acallada durante 19 años de la familia Inés Ascencio ha sido dignificada en el más alto Tribunal de justicia en la región, que respalda la verdad y las palabras que en vida expresó doña Ernestina: ´Pinomeh xoxokmeh nopan omotlahtlamotlakeh´ -Los hombres de verde se me echaron encima-”. 

Para Julia Marcela Suárez Cabrera, representante de AJDH, “el reclamo que emprendimos para conocer la verdad sobre los agravios perpetrados contra doña Ernestina y su familia, posibilitó que la Corte IDH les brindara justicia y ordenara al Estado la implementación de medidas de reparación para las víctimas y de no repetición, que garanticen los derechos de las mujeres indígenas en México”.   

Las representantes de las víctimas consideramos que la jurisprudencia emitida por la Corte en este caso será una herramienta fundamental en la lucha contra el racismo estructural que como en el presente caso se manifiesta con la discriminación racial que enfrentan las mujeres indígenas y otros sectores históricamente discriminados que buscan protección judicial frente a las violencias ejercidas en su contra.    

​​La sentencia llega luego de casi dos décadas de ocurridos los hechos, de búsqueda ininterrumpida de la verdad, la justicia y la reparación  sin resultados, lo que llevó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a presentar el caso ante la Corte IDH en el 2023. La prolongada falta de respuestas estatales adecuadas consolidó hasta el día de hoy, un escenario de impunidad y violación del derecho a la verdad que la decisión de la Corte IDH busca corregir y que refleja las fallas estructurales del Estado en la garantía integral de los derechos humanos de las mujeres indígenas, en especial, del derecho a una vida libre de violencia y discriminación, el derecho a una vida digna, así como a tener las garantías adecuadas de acceso a la verdad y la justicia.  

Las organizaciones Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos (AJDH), el Centro de Servicios Municipales Heriberto Jara A.C. (CESEM),  Kalli Luz Marina A.C., la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas (CONAMI)​, el Robert and Ethel Kennedy Human Rights Center y el Instituto Internacional sobre Raza​,​ Igualdad y Derechos Humanos, representantes de las víctimas, luego de ser notificadas de la sentencia solicitamos formalmente al Estado mexicano nos proponga una hoja de ruta para el cumplimiento pleno de la sentencia, lo cual le brinda la oportunidad de honrar la palabra empeñada al declarar el 2025 “Año de las Mujeres indígenas”, cumpliéndola a cabalidad y sin mayor dilación.

CONTACTOS DE PRENSA:

Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos (AJDH)

Contacto: Carmen Herrera, justiciayderechoshumanos2006@gmail.com, Whatsapp: 55 4347 6669

Centro de Servicios Municipales Heriberto Jara A.C. (CESEM)

Contacto: Arlet García López, centrohj@gmail.com, Whatsapp: 228 177 3127

Kalli Luz Marina A.C.

Contacto: Elizabeth Guevara Mitzi, kallilegal23@gmail.com  

Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas (CONAMI)​

Contacto: Patricia Torres Sandoval y Norma Don Juan Pérez, mujeresindigenasconami@gmail.com, WhatsApp: +52 55 2407 8827

Robert and Ethel Kennedy Human Rights Center

Contacto: Angelita Baeyens, baeyens@rfkhumanrights.org

Instituto Internacional sobre Raza​,​ Igualdad y Derechos Humanos

Contacto: Christina M. Fetterhoff, fetterhoff@raceandequality.org, WhatsApp: +1-202-867-6225

La equivocada política de seguridad pública en Brasil: El racismo sistémico detrás de la masacre más letal en la historia de Río de Janeiro

Río de Janeiro, 29 de octubre de 2025.– La operación policial llevada a cabo el 28 de octubre de 2025 en los complejos de Alemão y Penha, en Río de Janeiro, con 64 personas oficialmente confirmadas muertas , se estableció como la más mortífera de la historia del Estado, superando en escala a la Masacre de Jacarezinho (2021), que resultó en 28 muertes y fue, hasta entonces, la acción más violenta en la capital. El número real de víctimas puede ser aún mayor, con informes de lugareños que recolectan alrededor de 60 cuerpos adicionales (en su mayoría de personas negras) que no se contabilizaron en el balance inicial.

Los expertos en seguridad pública ya clasifican el evento como «la masacre más grande en la historia de Río» y «algo completamente inédito», lo que pone de manifiesto el fracaso de un modelo de seguridad pública basado en la confrontación violenta. Este episodio es parte de un trágico patrón histórico de violencia letal en las operaciones policiales en Brasil, que incluye masacres como las de Vigário Geral (1993, con 21 muertes) y Baixada Fluminense (2005, con 29 muertes), que repiten ciclos de brutalidad e impunidad que victimizan principalmente a jóvenes negros y residentes de las periferias.

Río de Janeiro, en particular, ha sido escenario de operativos policiales diarios y el impacto en la ciudad llega a todas las personas, indiscriminadamente. Sin embargo, afecta mucho más a las personas que viven en las periferias, en su mayoría negros, mujeres y niños, que se ven obligadas a hacer frente a múltiples formas de violencia. El Estado no tiene un plan para combatir esta violencia; lo que se observa es que el propio Estado es uno de los principales protagonistas en la generación de violencia y muertes.

Brasil ha recibido con frecuencia visitas de expertos de la ONU y otros mecanismos multilaterales. Estos expertos han emitido informes y recomendaciones concretas, que indican formas de combatir la violencia y, al mismo tiempo, establecer políticas públicas estructurantes que, a mediano y largo plazo, puedan cambiar este escenario de guerra civil en curso.

El informe emitido por el Mecanismo Internacional de Expertos Independientes para el Avance de la Igualdad Racial y la Justicia en la Aplicación de la Ley (EMLER), en octubre de 2024, destacó «la cultura policial y una política de seguridad pública basada en la represión, la violencia y la masculinidad hipertóxica”. “En el contexto de las operaciones policiales que buscan eliminar al enemigo público (los delincuentes), las personas de ascendencia africana a menudo se asocian injustamente con la delincuencia o como operaciones de daño colateral. El Mecanismo ha observado una erosión sintomática y generalizada y una profunda falta de confianza de las personas afrodescendientes en las fuerzas policiales, especialmente entre las comunidades marginadas, principalmente debido a la violencia policial histórica y actual, lo que crea una sensación de opresión sistémica agravada por la impunidad de larga data por estos actos» , señala el informe.

Los números de la operación en los complejos de Alemão y Penha Dejan em evidencia una política equivocada que, en los últimos 20 años, ha demostrado ser ineficiente en la lucha contra el crimen y ha generado cientos de muertes de forma indiscriminada. El mecanismo EMLER también considera que un enfoque policial basado en los derechos humanos debe ser parte de la estrategia para revertir estas brechas. Un enfoque policial basado en los derechos humanos es un enfoque integral, sistemático e institucional de la aplicación de la ley que se ajusta a las normas y prácticas internacionales de derechos humanos y que promueve el análisis de políticas y acciones a través de las obligaciones tripartitas de respetar, proteger y cumplir.

Otro punto destacado del informe es el hecho de que las cifras y las circunstancias en las que las personas son asesinadas por la policía en Brasil son alarmantes. En los últimos diez años, 54.175 personas han sido asesinadas por agentes de policía en el país, con más de 6.000 personas asesinadas cada año (17 por día) en los últimos seis años. Las muertes causadas por la policía aumentaron significativamente: de 2.212 en 2013 a 6.393 en 2023. Los datos más recientes representan el 13% del total de muertes violentas intencionales en el país. De las 6.393 personas asesinadas por la policía en 2023, el 99,3% eran hombres; el 6,7% eran niños entre 12 y 17 años; y el 65% eran adultos jóvenes: el 41% tenían entre 18 y 24 años y el 23,5% entre 25 y 29 años.

No hay forma de disociar este estado de violencia del racismo estructural y sistémico en Brasil. El uso excesivo de la fuerza, que provoca miles de muertes cada año, y el encarcelamiento excesivo, que afectan de manera desproporcionada a las personas afrodescendientes, son consecuencia del racismo sistémico que, combinado con las actuales políticas de «guerra contra el crimen», resulta en un proceso de limpieza social que sirve para exterminar a sectores de la sociedad considerados indeseables. peligroso y criminal. Este es un problema sistémico generalizado que requiere una respuesta sistémica e integral.

El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) repudia la operación realizada por el gobierno del Estado de Río de Janeiro el martes (28), que ha saldado, hasta el momento, con 64 muertes confirmadas, y refuerza que la lucha contra el crimen organizado debe ser repensada, ya que solo ha servido para generar pánico y diversas violaciones de derechos humanos en los territorios de las favelas, afectando fuertemente a las personas más vulnerables, que se encuentran como rehenes de esta política de seguridad equivocada.

MUDE, un refugio amenazado por defender los derechos de mujeres e infancias negras en Palmira, Colombia

Bogotá, 20 de octubre de 2025 – El 15 de julio de 2024, las integrantes del Movimiento de Mujeres Unidas, Diversas y Emancipadas (MUDE) denunciaron que, en horas de la  madrugada, varias personas ingresaron violentamente a la casa donde funcionaba la sede de la organización, en el municipio de Palmira, Valle del Cauca. A través de sus redes sociales, hicieron público cómo fueron destruidos los computadores, y en general, el refugio de más de 300 personas, entre ellas niños, niñas, adolescentes y mujeres negras y diversas de esta región de Colombia, beneficiarias de MUDE. 

Ese día, las mujeres de esta organización sintieron que se ‘rebosó la copa’, tras años de amenazas, hostigamiento, actos de racismo, transfobia y campañas de odio difundidas a través de redes sociales. Les dejaron un mensaje claro: si siguen realizando esta labor, sus vidas están en peligro.

Después de un año del allanamiento, los hechos siguen en la impunidad y las integrantes de MUDE continúan denunciando lo ocurrido y exigiendo el reconocimiento y garantía de sus derechos en esta zona del Pacífico colombiano. “Seguimos haciendo un llamado a las autoridades y a las otras organizaciones, para que se nos escuche y se nos atienda. Queremos saber que tenemos un respaldo, que nuestras vidas importan, que a la gente le importa lo que pase con MUDE, con las infancias y con la diversidad”, dice María Camilia Saa, integrante de la organización. 

El Movimiento de Mujeres Unidas, Diversas y Emancipadas nació en 2019 y, desde entonces, ha acompañado y transformado la vida de más de seis mil niños, niñas, adolescentes, mujeres afrodescendientes y diversas, junto a sus familias, en Palmira y otros municipios del Valle del Cauca. Sady Carreazo, otra de sus integrantes, afirma que MUDE es un espacio para “colectivizar”. 

“Juntarnos garantiza la vida de la gente negra; es otra forma en la que podemos ser y habitar en libertad. Es otra oportunidad para estudiar, trabajar, ser y expresarse”, agrega Carreazo. La organización impulsa estrategias de incidencia, formación y visibilización con enfoque étnico y diverso, a través del arte y la música. Un ejemplo de ello es la agrupación Agojie de MUDE, que en sus canciones aborda temas como el cabello afro, el feminismo y las disidencias sexuales y de género.

Tras el ataque, MUDE se vio obligado a reubicar su sede en otro sector de Palmira, mientras sus integrantes siguen denunciando la continuidad de las amenazas y el hostigamiento que reciben, derivados de sus identidades diversas y de la labor en defensa de los derechos de sus comunidades.

Desde el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) expresamos nuestro acompañamiento a MUDE y reiteramos nuestro llamado urgente a las autoridades competentes para que actúen con diligencia, garanticen la protección de sus integrantes, y aseguren que hechos como estos no queden en la impunidad. Defender la vida, la diversidad y el liderazgo de las mujeres negras y diversas es una responsabilidad ineludible del Estado colombiano.



Activistas afro denuncian el impacto del racismo en las mujeres afrodescendientes de la región

  • Cinco lideresas de América Latina y el Caribe, junto con el profesor Justin Hansford, miembro del Foro Permanente de la ONU sobre los Afrodescendientes, participaron el pasado 18 de septiembre en Bogotá en el conversatorio Voces de la diáspora: mujeres afrodescendientes en resistencia y liderazgo global.

Bogotá, 22 de septiembre de 2025 – En el marco de la consulta regional del Foro Permanente de la ONU sobre los Afrodescendientes, que reunió a más de 60 activistas afro de América Latina y el Caribe; el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) realizó el conversatorio Voces de la diáspora: mujeres afrodescendientes en resistencia y liderazgo global, que tuvo lugar el pasado jueves 18 de septiembre en Bogotá.

El encuentro reunió a lideresas de distintos países de la región, quienes compartieron experiencias sobre las múltiples formas de violencia y discriminación que enfrentan las mujeres afrodescendientes, así como las estrategias de resistencia y construcción comunitaria que han impulsado.

La presidenta de la Organización Negra Centroamericana (ONECA), la afrohondureña Mirtha Colón, destacó la importancia de fortalecer la identidad cultural desde las nuevas generaciones. La coordinadora de la Red de Mujeres Afrolatinoamericana, Afrocaribeña y de la Diáspora, la afroboliviana Paola Yañez, subrayó que “no se puede hablar de racismo sin hablar de sexismo, porque están muy entrelazados”. Por su parte, la mexicana Teresa Mojica, presidenta de la Fundación Afromexicana Petra Morga, llamó a impulsar una agenda afrodescendiente, afrocentrada, interseccional y decolonial.

La afrodominicana María Bizenny Martínez, coordinadora del Departamento de Derechos Humanos e Incidencia Política de MOSCTHA, denunció la discriminación y xenofobia hacia la población haitiana, especialmente hacia las mujeres. Mientras tanto, la afrocolombiana Luz Marina Becerra Panesso, representante legal de la Coordinación de Mujeres Afrocolombianas Desplazadas en Resistencia (La Comadre), señaló que el conflicto armado en Colombia ha agudizado la vulnerabilidad de las mujeres afrocolombianas, muchas de las cuales callan por miedo.

Luego de escuchar a las lideresas, el profesor Justin Hansford, miembro del Foro Permanente de la ONU sobre los Afrodescendientes, destacó la situación de las mujeres afro en América Latina, y retomó algunas de las recomendaciones planteadas por las activistas durante el conversatorio.

Este diálogo fue un espacio de intercambio y construcción colectiva, donde las voces de mujeres afrodescendientes de la región y la diáspora visibilizaron cómo el racismo y el sexismo impactan sus vidas, y reafirmaron su papel central en la defensa de derechos y en la transformación social. También sirvió como una antesala para las activistas, quienes igualmente participaron en la consulta regional del Foro Permanente de la ONU sobre los Afrodescendientes, que se realizó el pasado 19 de septiembre en la Cancillería colombiana, y donde resaltaron la necesidad de visualizar la realidad de las mujeres afrodescendientes dentro del proyecto de borrador de la declaración, que se encuentra en construcción parte de las personas integrantes del Foro.

Desde Raza e Igualdad seguimos impulsando iniciativas y espacios que hagan posible este tipo de encuentros, con el fin de continuar denunciando las violaciones a los derechos humanos que sufren las personas afrodescendientes en la región, y de contribuir a un mundo donde se respete la dignidad de todas las personas, y cada quien pueda desarrollar plenamente sus capacidades.

Foro Permanente de las Naciones Unidas sobre los Afrodescendientes realizará consulta regional en Bogotá

Bogotá, 16 de septiembre de 2025. Este viernes 19 de septiembre, el Foro Permanente de las Naciones Unidas sobre los Afrodescendientes realizará la consulta regional para América Latina hispanohablante, un espacio que forma parte del proceso de construcción de la futura Declaración de las Naciones Unidas sobre el respeto, la protección y la efectividad de los derechos humanos de las personas afrodescendientes.

Este encuentro, que iniciará a partir de las 9 de la mañana en la sede principal del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia y reunirá a más de 60 líderes y lideresas, forma parte de las consultas regionales que adelanta el Foro Permanente en distintas partes del mundo, para recoger insumos y garantizar que las voces de las comunidades afrodescendientes sean tenidas en cuenta en la elaboración de la Declaración. La jornada en Bogotá será la segunda consulta regional, luego de la realizada en diciembre de 2024 en Barbados, enfocada en el Caribe.

De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), en la región viven alrededor de 200 millones de afrodescendientes, equivalentes al 30% de la población total. Sin embargo, persisten barreras estructurales que limitan su acceso a la justicia, la participación política, la educación, la salud y el empleo digno. Dichas brechas se profundizan en el caso de las mujeres afrodescendientes, quienes enfrentan de manera interseccional los efectos del racismo y el sexismo. La consulta regional en Bogotá, dirigida a las comunidades afrodescendientes de los países hispanohablantes de América Latina, busca generar un diagnóstico sobre las múltiples formas de discriminación y racismo estructural en la región, y al mismo tiempo consolidar propuestas que fortalezcan el proyecto de Declaración.

La jornada, que se desarrollará mediante un diálogo amplio y participativo, se centrará en temas prioritarios identificados por el Foro Permanente, entre ellos: el reconocimiento y abordaje del racismo sistémico y estructural; la justicia reparadora frente a los legados del colonialismo, la esclavización, el apartheid y el genocidio; los derechos colectivos de los pueblos afrodescendientes; el desarrollo sostenible y la reducción de desigualdades; así como cuestiones urgentes y emergentes en derechos humanos, como el impacto de la inteligencia artificial, el cambio climático, la injusticia ambiental y la necesidad de reformar el orden económico internacional.

 

Desde el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) acompañamos la participación de destacadas lideresas de la región, quienes aportarán desde sus experiencias y trayectorias a la discusión. Entre ellas se encuentran: la boliviana Paola Yánez, coordinadora de la Red de Mujeres Afrolatinoamericanas, Afrocaribeñas y de la Diáspora; la hondureña Mirtha Colón, presidenta de la Organización Negra Centroamericana (ONECA); la dominicana María Bizenny Martínez, coordinadora del Departamento de Derechos Humanos e Incidencia Política de MOSCTHA; la colombiana Luz Marina Becerra Panesso, representante legal de la Coordinación de Mujeres Afrocolombianas Desplazadas en Resistencia (La Comadre); y la mexicana Teresa Mojica, presidenta de la Fundación Afromexicana Petra Morga. Su participación permitirá visibilizar las realidades específicas que enfrentan las mujeres afrodescendientes frente a las violencias raciales, el desplazamiento forzado y la exclusión.

Voces de la diáspora: Mujeres afrodescendientes en resistencia y liderazgo global

Como antesala a la consulta, el jueves 18 de septiembre a las 4:00 p.m., en el Hotel Suite Jones (Chapinero, Bogotá), se llevará a cabo el diálogo Voces de la diáspora: Mujeres afrodescendientes en resistencia y liderazgo global. Este encuentro contará con la participación de las lideresas mencionadas y del profesor Justin Hasford, miembro del Foro Permanente de la ONU sobre los Afrodescendientes, cuya trayectoria en Estados Unidos y articulación con movimientos afrodescendientes de la diáspora, permitirá un análisis comparado entre América Latina y el Norte Global.

El evento, organizado por Raza e igualdad, tendrá interpretación simultánea inglés-español y busca consolidar un espacio de intercambio y construcción colectiva, fortaleciendo el vínculo entre las luchas históricas de las comunidades afrodescendientes en América Latina y aquellas que se desarrollan en otros contextos internacionales.



La próxima semana, cuatro documentales sobre el exilio y la resistencia cubana se presentan en Madrid

Madrid, 5 de septiembre de 2025. Cuatro documentales independientes cubanos se presentarán en la capital española los días 10 y 11 de septiembre, en la sala Artistic Metropol (calle Cigarrera, 6, Arganzuela, 28005), como parte de un ciclo de cine organizado por el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos.

Las producciones, que han sido apoyadas por la organización en los últimos años, exploran desde diferentes perspectivas la realidad política y social de Cuba, su cultura y el exilio; y buscan visibilizar y defender los derechos humanos en este país. La entrada será gratuita hasta completar aforo, previa inscripción en este enlace. Todas las proyecciones iniciarán a partir de las 20:00 horas (de Madrid).

10 de septiembre

Dos Patrias – Dir. Hilda Hidalgo

El ciclo de cine comenzará con Dos patrias, un documental que ofrece una mirada íntima a la vida de tres activistas de Cuba que han enfrentado la represión política en la Isla. A través de los testimonios de Xiomara Cruz (integrante de las Damas de Blanco), Eduardo Cardet (líder del Movimiento Cristiano de Liberación) y Aymara Nieto, también miembro de las Damas de Blanco, quien obtuvo la libertad bajo la condición de abandonar el país y hoy vive exiliada en República Dominicana, la obra indaga en las causas y consecuencias del estallido social del 11 de julio de 2021, y retrata la compleja realidad que atraviesa Cuba.

11 de septiembre

Recopilación de 5MIN – Dir. Katherine T. Gavilán

Este corto documental reflexiona sobre una deuda pendiente en la sociedad cubana: el ejercicio pleno de la palabra y la escucha. A través de una serie de discursos breves, esta producción propone un espacio donde emisor y receptor se encuentran, fomentando tanto el derecho a expresarse como la responsabilidad de escuchar. En ese diálogo necesario se plantea la posibilidad de una comunicación más abierta y democrática.

Otra ola – Dir. Mauricio Mendoza, Mario Luis Reyes y Alfredo Herrera

Centrada en el rap cubano y su historia de censura y marginación, Otra ola rescata la memoria de un movimiento cultural nacido en barrios afrodescendientes y empobrecidos. Este corto documental se erige como una plataforma para dar voz a artistas y comunidades que luchan por sus derechos humanos.

Sobrevivir. Historia de piel y silencio – Dir. Raúl Soublett

Este corto documental aborda la discriminación racial en Cuba y sus repercusiones en las oportunidades de desarrollo económico y social. Al recoger las experiencias de personas negras en contextos tanto urbanos como rurales, esta producción revela las múltiples formas de exclusión y reivindica la necesidad de garantizar empleo, educación y servicios básicos.



La ONU hizo pública una carta en la que exige información al Estado brasileño sobre la situación de Sônia Maria de Jesus 

  • Sônia Maria de Jesus, una mujer negra con múltiples discapacidades, fue sometida durante décadas a condiciones de esclavitud doméstica por una familia con vínculos en el Poder Judicial. 
  • Cuatro relatorías especiales y un grupo de trabajo de la ONU enviaron una comunicación al Estado brasileño expresando profunda preocupación por el caso, exigiendo información y medidas urgentes para evitar su revictimización y garantizar sus derechos.
  • En 2024, representantes de la familia de Sônia, CPT, CEJIL y el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos denunciaron el caso ante la ONU, exigiendo justicia y garantías de no repetición. 

Río de Janeiro, Brasil. XX de abril de 2025. — Cuatro Relatorías Especiales de la ONU exigieron aclaraciones y una postura del gobierno brasileño respecto al caso de Sônia Maria de Jesus, una mujer negra, con múltiples discapacidades y analfabeta, que fue sometida desde su infancia a condiciones análogas a la esclavitud doméstica por una familia en el estado de Santa Catarina, de la cual un juez de alto rango forma parte. 

La ONU, a través de las relatorías sobre tráfico de personas; derechos de las personas con discapacidad; formas contemporáneas de racismo y discriminación racial; y formas contemporáneas de esclavitud —junto con el grupo de trabajo sobre discriminación contra mujeres y niñas— hizo pública la carta enviada al gobierno brasileño, expresando preocupación por el caso, por las violaciones denunciadas, la revictimización de Sônia y la perpetuación de dichas violaciones, así como por el precedente negativo que este caso podría establecer. 

Las relatorías también subrayaron que los hechos informados evidencian la violación de diversos derechos contemplados en tratados internacionales, y manifestaron su inquietud ante la decisión judicial que determinó el retorno de Sônia a la residencia donde presuntamente fue sometida a esclavitud contemporánea, en contradicción con los protocolos nacionales e internacionales de protección a víctimas de esclavitud y violencia, lo que podría agravar su revictimización. 

Además de solicitar información, la ONU exigió al Estado brasileño detalles sobre las medidas adoptadas para garantizar los derechos humanos de Sônia y su familia, para investigar las violaciones denunciadas, así como sobre las políticas públicas para enfrentar la esclavitud contemporánea y el tráfico de personas, especialmente en el contexto del trabajo doméstico y en relación con personas en situación de vulnerabilidad agravada, como las mujeres negras y las personas con discapacidad. 

“Para nosotras, las hermanas de Sônia, es reconfortante y un alivio ver que alguna institución se ha sensibilizado y ha manifestado su preocupación por el caso. El Poder Judicial brasileño no está respondiendo adecuadamente ni a la situación de Sônia ni a la nuestra. No nos garantiza el derecho a la convivencia familiar ni reconoce que ella podría estar siendo acogida y reconstruyendo su vida junto a nosotras”, dijo Marta de Jesus, hermana de Sônia. 

En 1982, Sônia fue entregada a la casa de un juez de Santa Catarina para su protección, pero fue llevada a otro estado sin el conocimiento de su familia biológica. Fue explotada durante décadas, sin registro formal de trabajo, sin acceso a educación ni a cuidados médicos adecuados, y su desarrollo comunicacional fue bloqueado debido a la falta de estímulos apropiados. En 2023, Sônia fue rescatada tras una denuncia anónima, pero su libertad fue breve: una decisión del Superior Tribunal de Justicia autorizó su retorno a la casa donde había sido explotada. Sus hermanos solo supieron de su paradero tras el rescate, pero han sido privados del pleno contacto con ella. 

A fines de 2024, representantes de la familia de Sônia y las organizaciones Comisión Pastoral de la Tierra (CPT), CEJIL, Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos y el Movimiento Vidas Negras Con Discapacidad Importan, enviaron una comunicación a la Organización de las Naciones Unidas denunciando las violaciones sufridas por Sônia y su familia y solicitando que se exigieran respuestas y medidas al Estado brasileño. 

Mientras se espera una respuesta por parte del Estado, las relatorías y el grupo de trabajo de la ONU reiteraron la necesidad de que Brasil adopte todas las medidas necesarias para cesar las violaciones, evitar su repetición y asegurar la rendición de cuentas. También indicaron la posibilidad de expresar públicamente su preocupación, ya que consideran que se trata de un asunto que requiere atención inmediata y sobre el cual la sociedad debe estar alerta por sus posibles implicaciones. 

Únete a nuestros esfuerzos

Apoya el fortalecimiento de individuos y comunidades para lograr cambios estructurales en América Latina.

Deja una donación Contáctanos