Washington, D.C., 15 de marzo de 2019. Oficialmente 150 prisioneros políticos del Gobierno de Nicaragua han sido excarcelados y pasado al régimen de convivencia familiar en las últimas tres semanas, en el marco de las negociaciones que sostienen una delegación gubernamental con miembros de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, para buscar una salida a la crisis de derechos humanos que vive Nicaragua desde abril 2018.

Esta mañana, medios locales reportaron que cinco buses salieron del Sistema Penitenciario Jorge Navarro, una cárcel de hombres conocida como “La Modelo”, en los que las autoridades penitenciarias trasladaban a los prisioneros que serían entregados casa por casa, en diferentes ciudades del país.

El Ministerio de Gobernación publicó hoy en su sitio web una lista de 50 personas, 8 mujeres y 42 hombres, que a partir de hoy recibieron medidas cautelares, entre ellas los líderes estudiantiles Yaritza Rostrán y Levis Artola, y las estudiantes matagalpinas Nelly Roque y Solange Centeno.  

“La prisión en su totalidad es espantosa, pero hay muchas chavalas que son en realidad guerreras”, le dijo Rostrán a periodistas, según informó el diario La Prensa. Los familiares de los presos políticos y sus defensores han reportado en diversas ocasiones que estos sufren tratos crueles e inhumanos, discriminación, violencia sexual, falta de atención médica, amenazas y hostigamiento por parte de las autoridades penitenciarias.

Otros 100 prisioneros de conciencia, 12 mujeres y 88 hombres, fueron liberados el 27 de febrero, el mismo día que iniciaron nuevamente las negociaciones luego de que en junio de 2018 se suspendiera el Diálogo Nacional a consecuencia de la continua represión a manifestantes por parte de policías y agentes paraestatales.

Negociaciones

La excarcelación del último grupo de prisioneros que se realizó hoy, ocurre luego de que la Alianza Cívica se retirara hace una semana de la mesa de negociación ante la negativa del Gobierno de Nicaragua de dar “gestos creíbles” para alcanzar verdaderos cambios. El miércoles 13 de marzo, las autoridades anunciaron que liberarían a una “cantidad apreciable” de personas, lo que impulsó que las negociaciones se reanudaran este jueves.

“La liberación de los presos políticos es decisiva para la buena marcha del proceso de negociación con el Gobierno”, dijo ayer a Confidencial el presidente de la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (Amcham) y delegado de la Alianza Cívica, Mario Arana, tras salir de la novena ronda de negociaciones.

De acuerdo con cifras del Comité Pro Liberación de los Presos Políticos de Nicaragua, al menos 777 personas están privadas de libertad por haber ejercido su derecho a la protesta, lo que significaría que aún quedan más de 600 personas encarceladas por ejercer ese derecho humano.

Según el gobierno, las 150 personas excarceladas cometieron “delitos contra la seguridad común y delitos contra la tranquilidad pública” durante las propuestas antigubernamentales.

Esta decisión de enviar a sus casas a 50 nicaraguenses que fueron encarcelados por ejercer su derecho a protestar cívicamente, coincide con la negativa policial de permitir la Marcha convocada por la Unidad Nacional Azul y Blanco para el día 17 de marzo, que demandaría la liberación incondicional de todos los presos políticos y con el aumento de la presencia policial en la capital para intimidar a la población y persuadirla de que no salga a protestar.

Desde abril, fecha en que inició una crisis de derechos humanos en Nicaragua producto de la represión estatal a manifestaciones cívicas en todo el país, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contabiliza que fallecieron al menos 325 personas y otras 2mil resultaron lesionadas.

Raza e Igualdad demanda la liberación inmediata de todos los presos políticos en Nicaragua.