Washington D.C., 26 de abril de 2022.- En varios países del mundo, cada 26 de abril se conmemora el Día de la Visibilidad Lésbica. Tal y como se concibe la fecha, es un acto político que reivindica la presencia y el papel de las personas lesbianas en los espacios públicos. Es también una oportunidad para continuar luchando por los derechos humanos y para visibilizar los múltiples desafíos que enfrentan desde la sociedad y el Estado. 

El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), además de reiterar su compromiso con la promoción y defensa de los derechos humanos de la población LGBTI+, da especial reconocimiento a las vidas lesbianas que se rebelan y enfrentan al mandado de la heteronormatividad, un sistema que normaliza e institucionaliza la violencia contra las diversidades sexuales e identitarias. A lo largo del tiempo, dicha contribución ha sido y es de suma importancia para la lucha por los derechos humanos y la vida digna. 

Esta también es una oportunidad para recordar las valerosas luchas del movimiento lésbico y las tareas pendientes que los diversos Estados de América Latina y el Caribe tienen con las lesbianas. En la historia de Perú, por ejemplo, este año por primera vez una pareja de madres y esposas lesbianas, Jenny Trujillo y Darling Delfín, demandaron al Estado Peruano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) “tras esperar casi 5 años a que la justicia peruana garantice los derechos de su hijo y de ellas como lesbianas y madres”, como indica el portal web de Demus, organización que litiga el caso. El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) del país se niega a registrarlas a ambas en el documento de identidad de su hijo como sus madres, pese a que, en primera instancia, el Poder Judicial le ordenó hacerlo. Actualmente, el caso tiene una petición y solicitud de medida cautelar en curso dentro del Sistema Interamericano. En Perú, las familias homoparentales siguen siendo tabú y no gozan de los derechos que les corresponde por ley. A menudo, las madres lesbianas son criminalizadas por sus exparejas hombres y por la justicia peruana que durante los procesos de tenencia pretenden quitarles a sus hijos/as. Por ello, el caso de Jenny y Darling marcaría un gran precedente en el reconocimiento legal de familias diversas.  

En Colombia, el caso de Marta Lucía Álvarez Giraldo también llegó a la CIDH y tuvo un precedente importante. Ella estuvo privada de su libertad en el Centro de Reclusión Dosquebradas «La Badea», en Pereira, cuando demandó al Estado porque las autoridades penitenciarias se negaron a autorizar el ejercicio de su derecho a la visita íntima debido a su orientación sexual. Como resultado de un proceso legal de 9 años y una Solución Amistosa en el Sistema Interamericano, el Estado tuvo que pedir  disculpas por discriminarla e implementar una reforma al reglamento del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) para prohibir que se sancionen las manifestaciones de afecto entre integrantes de los sectores LGBTI+ al interior de las cárceles.  

Por otro lado, en República Dominicana, organizaciones de promoción y defensa de los derechos de las personas LGBTI+ como TRANSSA, el Observatorio de Derechos Humanos de Personas Trans y el Voluntariado GLBT se encargan de documentar y producir data sobre situaciones de violencia y discriminación por orientación sexual e identidad de género, una labor que en general los Estados de la región no desempeñan.  En su último informe titulado “Homicidios de Lesbianas, Gais, Bisexuales, Trans e Intersex en la República Dominicana” señalan que entre 2020 y 2021, en este país asesinaron a dos mujeres lesbianas, una en cada año.  

La falta de un sistema de registro estatal que recopile datos sobre las violencias contra las personas LGBTI+ dificulta la formulación de políticas públicas de prevención y atención, e imposibilita producir datos estadísticos para visibilizar y abordar la violencia adecuadamente. 

Por su parte, Nicaragua vive una crisis sociopolítica y de derechos humanos que agrava la situación de aquellos grupos que han sido históricamente vulnerados, como las personas LGBTI+, y más aún si participan en espacios políticos y de defensa de los derechos humanos. Por ejemplo, desde el estallido de la rebelión cívica en abril de 2018, más de 70 personas de la diversidad sexual y de género han sido víctimas de campañas de odio, y más de 4 personas estuvieron encarceladas por motivos políticos y en condiciones discriminatorias por su orientación sexual e identidad de género. Dos lideresas lesbianas de la Mesa Nacional LGBTIQ+ de Nicaragua que se encuentran en el exilio aseguraron que, en los espacios políticos nicaragüenses, tanto oficialistas como de oposición, se invisibilizan las demandas de las mujeres lesbianas y no se priorizan medidas que garanticen sus derechos. Además, manifestaron que las mujeres lesbianas no tienen acceso real a los espacios de toma de decisiones y más si son jóvenes.  

En Cuba desde 2002, Las Isabelas -primer grupo de activismo formado por mujeres no heterosexuales de Cuba- vienen reclamando el reconocimiento de sus uniones y familias, sus derechos patrimoniales como pareja, a visitas conyugales para mujeres lesbianas en las cárceles, la Educación Integral de la Sexualidad y la perspectiva de género.  Actualmente, el gobierno de este país promueve una serie de reuniones para dar a conocer y debatir los alcances del proyecto de ley del Código de las Familias. Sin embargo, esta iniciativa que reconoce a las familias diversas se someterá a consulta popular, una situación insólita porque los derechos humanos no se supeditan a votación.  

Desde Raza e Igualdad seguimos trabajando a favor de los derechos de las personas LGBTI+ y de la mano con diversas organizaciones a fin de erradicar los estereotipos, prejuicios y normas sociales que discriminan y normalizan la violencia contra las lesbianas en espacios públicos y privados. Trabajaremos para derribar la heterosexualidad obligatoria que perpetúa el bullying lesbofóbico, las terapias de conversión, las violaciones correctivas entre otros crímenes de odio. ¡Los derechos LGBTI+ son derechos humanos! 

En ese sentido, recomendamos a los Estados: 

• Implementar las políticas de Educación Sexual Integral bajo un enfoque de derechos humanos a fin de que se reconozca y respete la diversidad sexual y las identidades de género. 
• Garantizar el trato digno hacia las mujeres lesbianas y personas GBTI+ en todos los servicios públicos y privados del país a través del fortalecimiento de los programas de capacitación a autoridades, operadores de justicia, funcionarios públicos y personal administrativo, y a través de la adecuación de los protocolos de atención. 
• Registrar, documentar y analizar las violencias contra lesbianas y personas GBTI+ a fin de ilustrar mejor las situaciones de violencia y, posteriormente, formular políticas de prevención y atención. 
• Garantizar el acceso a la justicia a través de la investigación y sanción de la discriminación y los crímenes cometidos contra las mujeres lesbianas y personas GBTI+. Asimismo, elaborar mecanismos que evite la criminalización de las madres lesbianas en procesos de tenencias de sus hijos/as. 
• Garantizar y defender los derechos civiles y el derecho a la familia de las lesbianas y personas LGBTI+ a través del acceso al matrimonio igualitario y el reconocimiento legal de madres lesbianas y familias diversas. En ese sentido, respetar también los derechos adquiridos en el extranjero.  
• Promover el acceso de lesbianas y personas GBTI+ a espacios políticos y cargos de poder a fin de garantizar el derecho a la participación política sin violencia y la representación de identidades.