Este 24 de noviembre se conmemora el quinto aniversario de la firma del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera entre el Estado Colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército Popular (FARC-EP). Aunque el Acuerdo ha permitido algunos avances importantes para el reconocimiento y la participación de las víctimas, y la inclusión de un enfoque diferencial para el acceso a la justicia, verdad, reparación y no repetición, la falta de compromiso en su implementación y el recrudecimiento de la violencia generada por los grupos armados ilegales, han puesto al país en un terrible momento en términos de violencia a nivel nacional.  

Recrudecimiento de la violencia  

Según cifras del Observatorio de Derechos Humanos, Conflictividades y Paz, del Instituto para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ), durante 2021 han sido asesinados 155 líderes y lideresas sociales y defensores de derechos humanos asesinados y 1,270 desde la firma del Acuerdo. Esto sumado a las 88 masacres que se han presentado en el país en lo que va del presente año.  

Mecanismos de protección en el Acuerdo de Paz 

Debe resaltarse que en el marco de las acciones establecidas en el Acuerdo Final se acordaron mecanismos para proteger a los líderes y lideresas, tanto en el Punto 2 (Participación Política: apertura democrática para construir la paz), Punto 3 (Fin del Conflicto), así como en el Punto 5 del Acuerdo, dedicado al tema de Víctimas del Conflicto. 

En el Punto 2, se estableció el deber de adoptar “medidas efectivas para promover una mayor participación en la política nacional, regional y local de todos los sectores, incluyendo la población más vulnerable, en igualdad de condiciones y con garantías de seguridad”. Sin embargo, en el plan marco de implementación, así como en las medidas que ha ido adoptando el Gobierno Nacional, no se evidencian medidas que permitan la protección en clave de seguridad. 

Este componente de garantías de seguridad se vuelve un aspecto muy importante, sobre todo cuando el conflicto se mantiene en los territorios que fueron abandonados por las FARC – EP y en los que no se logró presencia por parte del Estado. Ahora más, cuando las 16 curules de las circunscripciones especiales de paz se encuentran en campaña, lo que exacerba los riesgos en los territorios priorizados para los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), que históricamente han sido escenarios de conflicto y fuerte presencia de grupos armados ilegales. 

Según las cifras de la Agencia Nacional de Renovación del Territorio, (encargada de materializar los PDET), el 25% de las zonas focalizadas para dichos planes tienen presencia de grupos étnicos, lo que representa un interés importante en la garantía de seguridad para la participación política en estos territorios, puesto que esa actividad puede generar riesgos en los líderes y lideresas miembros de comunidades negras que iniciarán la campaña electoral. 

Por otra parte, en el Punto 3 del Acuerdo se instituyeron las “Garantías de seguridad y lucha contra las organizaciones y conductas criminales responsables de homicidios y masacres, que atentan contra defensores/as de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos (…)” y el Gobierno Nacional se comprometió a crear la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad mediante el Decreto Ley 154 de 2017; no obstante, en dicha conformación no se ha evidenciado la manera en la que se incluirá el enfoque étnico/diferencial, acorde a las necesidades específicas de las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras. 

La falta de implementación del Capítulo Étnico del Acuerdo de Paz ha generado un incremento en patrones de violencia como el desplazamiento forzado, el asesinato de líderes y lideresas sociales y violencia sexual contra las mujeres afrocolombianas, principalmente en los territorios con mayor existencia de comunidades afrodescendientes, como el Pacifico colombiano. Según el informe de Masacres en Colombia  de Indepaz, entre enero del 2020 y septiembre del 2021 se ejecutaron 27 masacres en la región pacífica.  

Violencia hacia población Afro-LGBT 

Los grupos armados legales e ilegales persiguieron y ejercieron formas diferenciadas de violencias por prejuicios contra las personas Afro-LGBT, en razón de su pertenencia étnica afrodescendiente y su orientación sexual, identidad y/o expresión de género (OSIGEG) real o percibida. Esta violencia se dio de forma sistemática y con fines estratégicos y se basó en prejuicios racistas, misóginos y LGBTfóbicos preexistentes en las sociedades en las que estas agrupaciones centraron su actuar, los cuales se exacerbaron atendiendo a las dinámicas de la guerra y las condiciones de pobreza que se vivía en las regiones. 

Lamentablemente, estos hechos de violencia continúan hasta el día de hoy. Sumado al recrudecimiento de la violencia después de la firma del Acuerdo en territorios en su mayoría afrodescendientes, la invisibilidad de las personas Afro-LGBT y la impunidad en los hechos de discriminación y agresión en su contra limitan su acceso a garantías de verdad, justicia, reparación y no repetición. Las víctimas Afro-LGBT se encuentran en medio de un continuum de violencias que persiste en el posconflicto.  

Para septiembre de 2021, de acuerdo con el Registro Único de Víctimas, había 4,251[1] víctimas únicas autorreconocidas como LGBT[2] siendo los departamentos en donde han ocurrido el mayor número de eventos asociados a afectaciones de población LGBT Antioquia, Nariño, Bolívar, Valle del Cauca y Chocó, departamentos en los que más presencia de personas afro se reporta en el país[3]. Si bien en la página puede hacerse el cruce de datos de las víctimas de cada departamento con respecto a su pertenencia étnico-racial y su autoreconocimiento como una persona LGBTI, teniendo como resultado un total de 660 víctimas Afro-LGBT en todo el país[4], la metodología de recopilación y presentación de datos abiertos no es clara frente al manejo de algunas variables de análisis, como la inclusión de una categoría adicional a LGBTI que se refiere a víctima “intersexual”. Además, en el caso de las personas LGBT hay un enorme subregistro de la violencia, motivado por prejuicios y la implementación de metodologías que no facilitan en terreno el autorreconocimiento[5].  

La implementación de los Acuerdos de Paz posibilita la oportunidad de que garanticen integralmente los derechos a la verdad, justicia, reparación y no repetición de las víctimas desde una perspectiva interseccional y para aportar a la visibilidad y al reconocimiento de las víctimas Afro-LGBT del conflicto armado colombiano. 

Frente a este panorama, la interseccionalidad, como categoría de análisis y enfoque teórico, es una herramienta clave que debe ser aplicada de forma transversal a los componentes de estándares internacionales en materia de transiciones de conflicto armado a tiempos de paz (es decir, verdad, justicia, reparación y no repetición), para así materializar realmente una paz estable y duradera. 

Raza e Igualdad recomienda al Estado Colombiano reforzar sus esfuerzos para la implementación del Acuerdo de Paz, en especial frente a las problemáticas aquí señaladas. A mecanismos nacionales e internacionales, así como a iniciativas estatales y de la sociedad civil para el seguimiento a la implementación del Acuerdo de Paz, recomendamos la recopilación de datos y cifras desagregadas por orientación sexual, identidad de género, pertenencia étnico-racial, entre otros factores que permitan contar con información más precisa sobre el acceso a derechos de las víctimas desde un enfoque interseccional, en especial víctimas Afro-LGBT. De igual manera, celebra y reconoce los esfuerzos adelantados por el Sistema Integral para la Paz para garantizar los derechos de las víctimas desde un enfoque diferencial y recomienda a las instituciones que lo conforman seguir articulando acciones conjuntas para brindar una reparación integral a las víctimas, en especial las víctimas Afro y Afro-LGBT.  

[1] Al respecto ver la base de datos del RUV: https://www.unidadvictimas.gov.co/es/registro-unico-de-victimas-ruv/37394 con corte al 30 de septiembre de 2021 

[2] Estas cifras siguen reflejando también las debilidades y omisiones del Estado para contar con información real sobre los impactos del conflicto armado en la vida de las personas LGBTI, teniendo en cuenta que asumirse como LGBTI ante el Registro Único de Víctimas significó un gran número de retos y dificultades para las personas, como riesgos para su vida y prejuicios ejercidos por parte de funcionariado público. Sobre el tema puede verse Caribe Afirmativo (2015). Des-amar sexualidades. Aplicación de la Ley de Víctimas en el Caribe colombiano. Disponible en: https://caribeafirmativo.lgbt/docs/Des-armar-Sexualidades–Personas-LGBTI-y-Aplicacion-de-la-Ley-de-Victimas-en-el-Caribe-Colombiano.pdf      

[3] De acuerdo a cifras de distribución geográfica de la población afrodescendiente del DANE en el 2018, disponibles en: https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/grupos-etnicos/presentacion-grupos-etnicos-poblacion-NARP-2019.pdf   

[4] Al respecto ver la base de datos del RUV: https://www.unidadvictimas.gov.co/es/registro-unico-de-victimas-ruv/37394 con corte al 30 de septiembre de 2021 

[5] Caribe Afirmativo (2015). Des-armar sexualidades. Personas LGBTI y aplicación de la Ley de Víctimas en el Caribe colombiano. Barranquilla: Caribe Afirmativo. https://caribeafirmativo.lgbt/docs/Des-armar-Sexualidades–Personas-LGBTI-y-Aplicacion-de-la-Ley-de-Victimas-en-el-Caribe-Colombiano.pdf