Washington D.C., 9 de enero de 2020. El Gobierno de Nicaragua excarceló el pasado 30 de diciembre a 91 presos y presas políticas que se encontraban detenidos en diversos centros penitenciarios del país desde hacía dos y hasta dieciocho meses, entre ellos dieciséis activistas que fueron apresados por repartir agua a las madres de presos políticos que realizaban una huelga de hambre.   

Las excarcelaciones se dan en un contexto de amplia presión nacional e internacional por la liberación de los presos políticos. Las autoridades reconocieron el acompañamiento en el proceso del Comité Internacional de la Cruz Roja, la Procuraduría de Derechos Humanos y el nuncio apostólico en Nicaragua, Waldemar Sommertag.

El pasado 30 de diciembre, los presos políticos fueron trasladados a sus viviendas bajo el régimen de convivencia familiar, según informó el Ministerio de Gobernación de Nicaragua. Esto significa que aún tienen abiertos los procesos judiciales, y que tienen ciertas restricciones de movilización.

La banda de las y los aguadores, como es conocida la agrupación de 16 activistas excarcelados, denunciaron este miércoles que todo su proceso judicial se dio “de forma totalmente irregular, y condicionado con una serie de restricciones, que nos dejan muy en claro que seguimos siendo tratados como culpables, aunque no hemos sido juzgados”. Su juicio está programado para el 30 de enero.

De acuerdo con datos del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), entre los 91 excarcelados, se encuentran 41 que ya habían sido condenados, 39 que están siendo procesados, y 4 que estaban detenidos pero sin tener un proceso judicial abierto.

Represión continúa

Varios excarcelados además han reportado que desde su salida de prisión han sido víctimas de amenazas, asedio y hostigamientos por parte de grupos afines al Gobierno y la misma Policía Nacional.

La joven belga-nicaragüense Amaya Coppens, ha sido blanco de diversas agresiones. El 1 y 2 de enero, un grupo de hombres a bordo de motocicletas, lanzaron aceite negro en las paredes de su casa y piedras a los ventanales de la vivienda ubicada en la ciudad de Estelí. El lugar, además, es continuamente vigilado por patrullas policiales.

“Las agresiones, el asedio, continúan en el día a día, es difícil saber que mi familia sigue siendo víctima también, pero intentamos mantenernos protegidos hasta donde podemos”, dijo Coppens este miércoles, tras una conferencia de prensa.  

El CENIDH solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), evaluar la permanencia del riesgo de que se produzca un daño irreparable en los derechos a la vida y la integridad física de la familia Coppens Zamora, y que urja al Estado de Nicaragua a cesar las “agresiones y hostigamientos de sus grupos parapoliciales y funcionarios en contra de todos los miembros” de dicha familia.

Amaya, al igual que los otros 15 jóvenes detenidos por llevar agua a madres de presos políticos, recibieron a finales de diciembre medidas cautelares de la CIDH por considerar que su vida e integridad física se encontraban en riesgo dentro de la Dirección de Auxilio Judicial de Managua.

Otros excarcelados, entre ellos Roberto Buchting, también han reportado constantes hostigamientos, los que incluyen vigilancia continua de sus viviendas por parte de paramilitares, amenazas a través de redes sociales e incluso invasión de la propiedad con intenciones intimidatorias.

Todavía en prisión

Según el CENIDH, después de un amplio cotejo de las listas de personas excarceladas, se confirmó que aún falta por liberar a 65 prisioneros políticos. 

“Nuestro compromiso por la liberación de todas las personas y de toda Nicaragua sigue más firme que nunca, a pesar (de) que el 30 de diciembre fuimos excarceladas 91 personas, aún quedan más de 65 presas y presos políticos, incluidas Katherine Martínez y Mayela Cruz, activista trans”, aseguraron los 16 activistas.

Raza e Igualdad exige la liberación inmediata de todas las personas presas políticas en Nicaragua, y el cierre de los procesos judiciales, así como la cancelación de sus antecedentes penales. Llamamos a las autoridades a cesar la represión, hostigamiento y persecución en contra de quienes estuvieron apresados arbitrariamente. Es primordial que su retorno a casa esté libre de cualquier amenaza o asedio contra ellos o sus familiares.