San José, 18 de abril de 2023.- El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) llevó a cabo un conversatorio denominado “Nicaragua: 5 años de crímenes de lesa humanidad” en San José Costa Rica, en conmemoración del quinto aniversario del inicio de la crisis sociopolítica y de derechos humanos que atraviesa el país desde abril de 2018.

En el mismo, participaron víctimas de los crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen autoritario de Daniel Ortega y Rosario Murillo, organizaciones de la sociedad civil y personas expertas de los órganos internacionales de protección de derechos humanos, quienes brindaron sus testimonios, reflexionaron sobre los avances y perspectivas de la crisis, y demandaron que se avance en los procesos de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. 

María Luisa Gómez, abogada de Raza e Igualdad dio las palabras de bienvenida y expresó que la crisis sociopolítica y de derechos humanos lejos de resolverse continúa profundizándose. 

“Hasta la fecha no sólo no se ha garantizado justicia para las víctimas de las graves y generalizadas violaciones a derechos humanos, sino que el régimen autoritario de los Ortega-Murillo ha instaurado un continuum de violencia y un clima opresivo que imposibilita el ejercicio de los derechos humanos y sigue cobrando víctimas en el país”, dijo Gómez.  

Justicia sin impunidad

El evento se dividió en tres paneles. El primero: “crímenes de lesa humanidad en impunidad: privación arbitraria de libertad por motivos políticos, ejecuciones extrajudiciales, tortura, traslado forzado de población y privación arbitraria de la nacionalidad” fue moderado por Braulio Abarca, Fundador y coordinador del área de Educación y de Memoria histórica del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más. En el mismo participaron Azahálea Solís, feminista e integrante del Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM), Francisca Ramírez, del Movimiento Campesino y Azucena López, integrante de la Asociación Madres de Abril (AMA), madre de Erick Antonio Jímenez López, asesinado en Masaya Monimbó en 2018,

Azahálea Solís, una de las 94 personas que fue arbitrariamente despojada de su nacionalidad y derechos ciudadanos recientemente, explicó que por primera vez en la historia del país, la niñez y las personas de la tercera edad se han visto afectadas por la represión y explicó que no es que antes personas de la niñez o tercera edad no hubieran sufrido represión en las distintas dictaduras, sino que la masividad con la que se ha dado es algo único de este régimen. “Han sido afectadas en ejecuciones extrajudiciales, privación de libertad arbitraria, tortura, tratos crueles, desplazamiento forzado, exilio, violación  a su identidad”.

Por su parte Francisca Ramírez, expuso que el Movimiento campesino ha sido víctima del régimen desde 2013, cuando empezaron las protestas por la concesión otorgada a Wang Jing del Canal Interoceánico, desde entonces han sido arrestados arbitrariamente, perseguidos, heridos y asesinados.

Ramírez pidió apoyo a la comunidad internacional para que haya reparación por todas las violaciones a derechos humanos que se han cometido. 

Azucena López, de AMA recordó que el 17 de julio, cuando su hijo fue asesinado, fue el día más negro de su vida, al tener que velar a su hijo en la oscuridad con un velita y cuatro personas. “Hoy seguimos sin justicia, sigo siendo maltratada, porque mi hermana está en El Chipote con su esposo, fue sacada como una delincuente por pedir justicia por mi hijo”, dijo López.

López agregó que en AMA lo que piden es justicia sin impunidad, ya que el régimen les negó la justicia, por lo cual el reto actual es completar la documentación sobre las víctimas.

Ataques a indígenas se han recrudecido

El segundo panel “La violencia contra los pueblos indígenas y afrodescendientes como un crimen de lesa humanidad que debe ser investigado”, fue moderado por María Luisa Gómez de Raza e Igualdad. El y las panelistas fueron Maria Luisa Acosta, Coordinadora del Centro de Asistencia Legal a pueblos indígenas (Calpi), Amaru Ruiz de la Fundación del Río y Becky McCray, lideresa indígena parte de la Alianza de Pueblos indígenas y Afrodescendientes de Nicaragua (APIAN).

Maria Luisa Acosta denunció que las comunidades indígenas Miskitus y Mayagnas en la Reserva de la Biósfera Bosawas y en el resto de la Región autónoma de la Costa Cribe Norte están siendo atacadas desde el 2015 por bandas paramilitares conformadas por personas  no indígenas, llegadas de otras partes del país con equipamiento, vestimentas, tácticas militares y además armas de guerra.

“El Estado ha implementado una política de colonización interna sobre las regiones autónomas de la Costa Caribe por medio del impulso de inmigración de no indígenas que traen consigo el avance de la frontera agrícola y más recientemente han implementado una política extractivista por medio de empresas forestales y mineras”, dijo Acosta.

Acosta dijo que aunque las comunidades piden al Estado su protección, actualmente no se conoce que alguna banda esté siendo investigada y por el contrario están acusando a los indígenas de ser perpetradores de la masacre de Kiwakumbaih, por lo que el pasado 13 de abril la CIDH otorgó medidas cautelares en favor de tres indígenas Mayagnas.

Por su parte Amaru Ruiz, explicó que la situación de violencia e invasión a los pueblos indígenas y afrodescendientes es el resultado de un modelo neo-extractivista impuesto por el régimen Ortega-Murillo. “Un modelo de saqueo y despojo de territorio indígena y afrodescendientes de toda la Costa Caribe, este modelo ha permitido establecer al menos 141 concesiones mineras en territorio indígenas y afrodescendientes, el avance de la palma africana que ronda más de 48 mil hectáreas, el aumento de los procesos de invasión ha aumentado los procesos de deforestación y degradación de los bosques que ha impactado las principales áreas protegidas del país (…)  y ha generado al menos unas 146 mil hectáreas de deforestación anual”.

Ruíz denunció que uno de los impacto en la zona es el aumento de la ganadería y uno de los cuidadores  de ese ganado es el Ejército de Nicaragua “que cuida más a las vacas que a las comunidades indígenas y afrodescendientes, porque pese a que son territorios militarizados, no pueden encontrar a las bandas que atacan a las comunidades indígenas”.

Por su parte Becky McCray, dijo que “a raíz de la crisis política de 2018 la situación ha recrudecido a nivel de violencia y en violaciones a derechos autonómicos y de autodeterminación”.

McCray explicó que los crímenes de lesa humanidad en contra de las personas indígenas están en impunidad, pero además enfrentan otras amenazas como la inseguridad alimentaria, porque las tierras están quedando en manos de colonos y cuando las tierras son utilizadas para la ganadería no son útiles  para la agricultura.  

Otro de los problemas que están enfrentando las personas indígenas, según McCray es el desplazamiento forzoso de comunidades enteras que deja a las personas indígenas en condiciones precarias  en cabeceras municipales. 

Uno de los participantes en el evento preguntó cómo hacen las personas de las comunidades indígenas para dar a conocer lo que ocurre en su territorio. Acosta explicó que las personas de las comunidades indígenas han tenido que ser sus propios investigadores, debido a que las organizaciones de sociedad civil y medios de comunicación no pueden entrar al territorio. “Ellos hacen su censo, toman sus fotos, hacen videos, han tenido que desarrollar su capacidad de dar a conocer la precaria situación en que viven”. 

El tercer panel “Desafíos y perspectivas del Sistema Internacional de Protección de los Derechos Humanos frente a la profundización de la crisis de Nicaragua” fue moderado por  María Luisa Gómez de Raza e Igualdad y tuvo como participantes a Alberto Brunori, representante para América Central y República Dominicana de Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH); Jon Izaguirre,  oficial de Derechos Humanos de la OACNUDH, Virgina De Abajo, jefa de investigación en la Secretaría del Grupo de Expertos en Derechos Humanos para Nicaragua de las Naciones Unidas  y Alejandra Manavella, coordinadora de incidencia del Programa para Mesoamérica del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).

Alberto Brunori, manifestó que a pesar de que se ha tratado de mover todos los mecanismos de los Sistemas Universal y Regional, la crisis sociopolítica y de derechos humanos sigue agravándose. Por lo que mandó un mensaje de apoyo, solidaridad y compromiso con los y las nicaragüenses y las personas defensoras de derechos humanos y los invitó a no perder la esperanza.

“Hay que perseverar, desde la Oficina de Naciones Unidas estamos haciendo lo posible para acompañarlos, pero sabemos que la conquista y reconquista de derechos humanos exige además de tesón, exige sacrificio y nos consta que ustedes han hecho un tremendo sacrificio”. 

Jon Izagirre explicó que desde 2019 la oficina ha presentado 4 informes escritos y 10 actualizaciones orales al Consejo de Derechos Humanos, lo cual ha permitido mantener a Nicaragua en la agenda anual. Agregó que también han adoptado cinco resoluciones, la última el pasado 3 de abril.

Izagirre agregó que otro de los componentes del Sistema Universal, son los Procedimientos Especiales. “En los últimos cinco años han mandado 26 comunicaciones al gobierno de Nicaragua por parte de 35 mandatos temáticos y de estos 26 solo han respondido a tres comunicaciones, la última en noviembre de 2018”.

Agregó que otra herramientas de la que disponen los Procedimientos Especiales son las visitas a países, desde 2018 cinco titulares han expresado su interés de visitar Nicaragua y han solicitado una invitación al gobierno, sin embargo aunque Nicaragua cuenta con una invitación abierta desde el 2006, no ha permitido ninguna visita oficial por parte de los procedimientos especiales desde 2009.

“En cuanto a las perspectivas de nuestro trabajo en relación con el Sistema Universal en noviembre será efectivo el retiro de Nicaragua del sistema interamericano de Derechos Humanos, ante el vacío que esto puede suponer la oficina viene trabajando en la capacitación de defensores y defensoras de Derechos Humanos en el procedimiento de denuncia ante el comité de Derechos Humanos que no ha sido utilizado por los y las nicaragüenses desde hace 30 años”.  

Virgina De Abajo, además de exponer sobre los hallazgos del informe del GHREN presentado en marzo, dijo que este no hubiera podido avanzar sin la colaboración de organizaciones que contribuyeron con el envío de información  desde el inicio del primer mandato y solicitó a la comunidad de donantes para que siga proveyendo de los recursos necesarios a esas organizaciones para que sigan realizando la labor de levantamiento de evidencia. Además espera que se amplíe el equipo para poder abarcar más ejes de investigación en el mandato que ha sido renovado por dos años.

Por su parte, Alejandra Manavella insistió en la importancia de seguir con los procesos de denuncia y documentación de las graves violaciones de derechos humanos ante los sistemas internacionales de protección en este caso tanto el Sistema Interamericano, como en el Sistema Universal.

“En el caso del Sistema Interamericano no sólo sostener las medidas de protección sino avanzar prioritariamente en el sistema de casos y peticiones de la Comisión, porque aunque el camino es largo a futuro permitirá contar con resoluciones del Sistema que determinen la responsabilidad del Estado”, aconsejó.

Los panelistas coincidieron en que el gran reto para el Sistema Internacional de Protección de los Derechos Humanos frente a la profundización de la crisis de Nicaragua es el tener acceso al país, por lo cual invitaron a las diversas organizaciones a continuar documentando. 

Para cerrar el evento Gómez manifestó que “ha sido esta incansable labor de acompañamiento de manera coordinada, de documentación, de incidencia, de litigio estratégico, lo que nos ha permitido ir creando rayos de esperanza, que se abren paso frente a un régimen que se ha cerrado por completo ante la comunidad internacional”.

“Desde Raza e Igualdad reafirmamos nuestro compromiso con las familias, con las organizaciones de sociedad civil  y  con la comunidad internacional para continuar con este trabajo articulado hasta lograr justicia, reparación y garantías de no repetición”, concluyó Gómez.