Washington, D.C., 18 de abril de 2023.- Con la presencia de víctimas del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo y miembros de órganos de protección internacional de Derechos Humanos el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) llevó a cabo en Washington, D.C., Estados Unidos, el conversatorio, “Nicaragua: 5 años de crímenes de lesa humanidad”, sobre la situación de destierro, ataques a la prensa y sobre los desafíos y perspectivas del Sistema Internacional  de Protección de los Derechos Humanos frente a la profundización de la crisis de Nicaragua.

El evento se realizó en el contexto del quinto aniversario de la crisis sociopolítica y de derechos humanos de Nicaragua.

Christina Fetterhoff, Directora de Programas de Raza e Igualdad dio las palabras de bienvenida en el evento y recordó que desde 218 han sido víctimas letales 355 personas, más de 2000 heridos y más de 1, 614 personas arbitrariamente privadas de libertad.

Fetterhoff, destacó que la criminalización de voces disidentes, la manipulación del derecho penal, y la impunidad frente a violaciones de Derechos Humanos a cinco años de la crisis lejos de resolverse, continúan profundizándose y sigue cobrando víctimas.

Una prensa que no calla

En el primer panel sobre la “Persistencia de los ataques hacia la libertad de prensa desde la perspectiva de las víctimas y de la Relatoría para la Libertad de Expresión”, participaron los periodistas, Wilfredo Miranda, Lucía Pineda Ubau, Eduardo Enríquez y el Relator Especial para la Libertad de Prensa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Pedro Vaca Villarreal. El panel fue moderado por David Álvarez Veloso, Coordinador del Consorcio de Derechos Humanos – Raza e Igualdad.

En su participación el Relator Especial para la Libertad de Expresión Pedro Vaca Villarreal, aplaudió la valentía del periodismo nicaragüense y dijo que el Estado de Nicaragua ha renunciado deliberadamente a cumplir el compromiso que asumió voluntariamente con la comunidad internacional y con su población, especialmente en materia de libertad de expresión. Advirtió que la sociedad nicaragüense está siendo bombardeada con propaganda oficial, que solo es contrarrestada con esfuerzos del periodismo valiente e hizo un llamado a aumentar los apoyos y respaldos que la prensa nicaragüense necesita.

El Relator expresó que entre 2018 y 2022 la CIDH otorgó 22 resoluciones de medidas cautelares a 69 personas vinculadas al periodismo nicaragüense y en algunos casos las medidas de protección han sido extendidas a familiares.

Por su parte Lucía Pineda Ubau, encarcelada en 2018 por seis meses por ejercer su derecho de informar y recientemente despojada de su nacionalidad  y declarada prófuga de la justicia indicó  que 100% Noticias pese a que fue arrasado en 2018, confiscadas sus instalaciones y el personal forzado al exilio, no ha dejado de informar.

“Pido nuevamente a organismos como Raza e igualdad y a los órganos de protección internacional de los derechos humanos como la Comisión, la Corte, el Consejo de Derechos Humanos, el Grupo de Expertos para Nicaragua, y a los países amigos del pueblo de Nicaragua, que continúen presionando para que en Nicaragua se termine la dictadura de terror impuesta por la familia Ortega Murillo y todos sus cómplices”, manifestó Pineda.

El periodista Wilfredo Miranda, co-fundador de Divergentes, y quien también fue despojado de la nacionalidad el pasado 15 de febrero, manifestó que los embates de la dictadura no los han callado. “Aunque eso pareciera poco, realmente no lo es. Resulta demasiado cuando se hace periodismo bajo un régimen totalitario, señalado de cometer crímenes de lesa humanidad desde 2018”.

Miranda recordó que han sido los reporteros en las calles los que comenzaron a documentar los crímenes de lesa humanidad que hoy el Grupo de Expertos de Naciones Unidas endilga a la pareja presidencial. En su caso, logró documentar en un reportaje las ejecuciones extrajudiciales cometidas por policías y paramilitares. “A cinco años del inicio de las protestas de abril, podemos decir que entre las trincheras democráticas que los Ortega-Murillo han querido destruir, el periodismo ha resistido. Cojeamos, pero no claudicamos”, dijo Miranda.

Para Eduardo Enriquez, jefe de Redacción del Diario La Prensa, la dictadura se ha propuesto acabar con el periodismo, “el régimen está empeñado en borrarlo, prueba de ello son los periodistas detenidos y los 185 en el exilio”.

Enríquez agregó que en los 97 años del Diario La Prensa esta es la peor etapa que el medio ha pasado y relató cómo pasaron del embargo del papel y la tinta hasta el “robo” de las instalaciones del medio y la encarcelación de Juan Lorenzo Holmann, Gerente del medio y de otros trabajadores.

Enríquez agregó que si Ortega y Murillo no han logrado callar el periodismo es por la tenacidad de los periodistas, la rebeldía de la ciudadanía que desde cualquier rincón sigue denunciando y el apoyo de organizaciones no gubernamentales.  

Llaman a la comunidad internacional a tomar acciones contundentes

El segundo panel fue una conversación sobre “Destierro y pérdida de la nacionalidad: el nuevo intento del régimen para acabar con la disidencia nicaragüense”, moderado por Carlos Quesada, Director Ejecutivo de Raza e Igualdad, en el cual participaron Juan Sebastián Chamorro, activista político; Violeta Granera, defensora de Derechos Humanos; Karla Escobar del Movimiento campesino y Cinthia Samantha Padilla Jirón, líder estudiantil, todos ellos desterrados por el régimen Ortega Murillo el pasado 9 de febrero.

Carlos Quesada destacó que la excarcelación de las 222 personas privadas de libertad fue producto del trabajo de mucha gente del Departamento de Estado, muchos de ellos voluntarios. Recuerda que cuando vio a las personas excarceladas y desterradas bajar del avión, tuvo la sensación de que estaba viendo a la sociedad nicaragüense en su conjunto. “Lo cual me afectó porque significa que el régimen se ha ido con todo, contra toda la sociedad” 

Quesada recordó que a las 36 personas privadas de libertad por motivos políticos que permanecían en las cárceles hasta marzo hay que sumarle 18 que permanecen encarceladas arbitrariamente  tras haber sido detenidas durante la Semana Santa.

Los panelistas recordaron que los reiterados y valiosos intentos de la comunidad internacional y de los órganos de protección de los derechos humanos por encontrar una salida pacífica a la crisis, no han tenido colaboración de parte del régimen. Por lo cual hicieron un llamado a sumar esfuerzos y seguir insistiendo para que las recomendaciones del informe del Grupo de Expertos, las de la Comisión Interamericana y las resoluciones de la Corte Interamericana sean cumplidas y para que se realicen acciones de mayor contundencia, ya que hasta hora está probado que la presión rinde frutos.

En la conversación Karla Escobar, quien ha sido dos veces encarcelada arbitrariamente, solicitó a la comunidad internacional que continúe apoyando al pueblo de Nicaragua, con sanciones al régimen y demás funcionarios. También lamentó que el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), siga dando oxígeno al régimen con financiamiento para continuar con la represión dentro del país.

A Violeta Granera, aún le es difícil hablar sobre las condiciones en que estuvo encarcelada arbitrariamente. “Las torturas fueron diseñadas para afectar nuestra mente y nuestro corazón. Fue muy duro. Sobre todo por el aislamiento con nuestras familias”, sostuvo

Juan Sebastián Chamorro, también agradeció a Raza e Igualdad, por todo el apoyo recibido. “Race and Equality está haciendo un tremendo trabajo de documentación, monitoreo y abogacía en defensa de los derechos humanos en Nicaragua”, dijo Chamorro.

Chamorro agregó que el régimen ha atentado contra la dignidad y derechos de todos las personas nicaragüenses, incluyendo a sus propios simpatizantes. “Es prácticamente imposible encontrar un derecho humano que el régimen no haya violentado”, enfatizó.

Samantha Padilla Jirón hizo énfasis en que la nueva táctica de represión del régimen como son el destierro, la confiscación y la desnacionalización son violatorias de la Constitución Política de Nicaragua, que ha sido reformada tantas veces y a la medida de los intereses del tirano. 

El tercer panel “Desafíos y perspectivas del Sistema Internacional de Protección de los Derechos Humanos frente a la profundización de la crisis de Nicaragua”, fue moderado por Christina Fetterhoff, Directora de Programas de Raza e Igualdad. En dicho panel participó Fiorella Melzi, Coordinadora del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI) quien manifestó que la CIDH continúa con sus actividades de monitoreo y documentación sin parar sobre la situación de Nicaragua.

Melzi agregó que preocupa en sobremanera la situación de las familias que están en Nicaragua viviendo en la zozobra, por la discreción que tienen la autoridades del país para decidir quienes pueden viajar y quién no. Además preocupa la intensificación de violencia que viven las comunidades indígenas de la Costa Caribe.

Melzi explicó que a partir del trabajo del MESENI, la Comisión ha reportado la situación del país en 202 comunicados de prensa, nueve informes rendidos ante el Consejo Permanente de la OEA, han capacitado a más de 900 personas y miembros de sociedad civil, han brindado seguimiento al cumplimientos de 139 medidas cautelares otorgadas y desde el 2018 han realizado un informe de país cada año.

Por su parte Viviana de la Peña, Coordinadora del Secretariado. Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN), dijo que la renovación del mandato por dos años refleja la gravedad de la crisis.

Peña hizo un llamado a las víctimas, para seguir documentando, ya que el trabajo del Grupo de Expertos no se puede hacer sin las víctimas y organismos como Raza e Igualdad que han facilitado el acceso a las víctimas y a las personas que pueden dar información.

Carlos Quesada, director de Raza  e igualdad explicó cuál ha sido la labor del Instituto desde 2018 e indicó que en el caso del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, han solicitado medidas cautelares en favor de representantes del sector privado, periodistas y directores de medios independientes como Confidencial, 100 % Noticias, Radio Darío, La Costeñisima, así como de defensores de Derechos Humanos y personas privadas de libertad por motivos políticos, cuyas vidas estaban en grave riesgo antes de la controversial Ley de Amnistía, así como de las personas privadas de libertad en los años siguientes.

Agregó que como parte del trabajo realizado en el Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos han motivado para que el Grupo de Trabajo sobre detenciones arbitrarias se pronuncie sobre 38 detenciones arbitrarias en seis solicitudes presentadas y han motivado para que los Procedimientos Especiales de Naciones Unidas se pronuncien respecto a las cancelaciones de personería jurídica de las organizaciones de sociedad civil , las prohibiciones de regreso  al país  de muchas personas y los ataques a la  prensa independiente. 

Por último Quesada dijo que Raza e Igualdad va a continuar luchando por la promoción y protección de derechos humanos en Nicaragua, y va a continuar trabajando no solo en el Sistema interamericano, sino también en el Sistema Universal.