Nueva York, 19 de septiembre de 2023.- En países donde impera el autoritarismo, trabajar por la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) se convierte en una “labor titánica”, alertaron cuatro activistas de Nicaragua y Cuba en un evento paralelo al 78 período de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas, celebrado este martes 19 de septiembre, y organizado por el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), en colaboración con Artists at Risk Connection (ARC), un programa de PEN America y PEN International. 

Los testimonios de las personas defensoras de derechos humanos Alexa Zamora, Yader Parajón, Laritza Diversent y Martha Beatriz Ferrer demuestran que ambos países violan gravemente los derechos humanos de sus habitantes, y criminalizan la labor de quienes trabajan por la implementación de la Agenda 2030 y sus ODS. El Relator para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Pedro Vaca, quien también participó en el conversatorio, llamó a la comunidad internacional a no caer en la resignación y normalización, y a no cesar la documentación y el monitoreo en Nicaragua y Cuba. 

Nicaragua: el régimen de Ortega se ha ensañado contra mujeres y población LGBTI+

“La falta de democracia y el irrespeto a los derechos humanos anulan las posibilidades de un desarrollo equitativo y sostenible”, explicó Alexa Zamora, activista y defensora de derechos humanos quien por su labor  fue despojada arbitrariamente de su nacionalidad nicaragüense y derechos ciudadanos.

Pese a que el objetivo 5 llama a lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas, el régimen de Ortega mantiene a 16 mujeres en la cárcel, resistiendo a condiciones que les afectan de forma diferenciada por su género, como la exposición a violencia sexual, tocamientos, falta de acceso a la salud, incomunicación con sus hijos e hijas, entre otros. 

Zamora también explicó que en Nicaragua “las instituciones están al servicio de una élite en el poder, en lugar de servir al interés público”, lo cual se aleja de la implementación del objetivo 16 (paz, justicia e instituciones sólidas); y el régimen incumple con sus acuerdos internacionales en materia de la libertad de establecer alianzas en el nivel nacional y local, lo cual es una amenaza para el alcance del objetivo 17 (alianzas para lograr los objetivos).

Por su parte, el activista LGBTI+ y excarcelado político, Yader Parajón, denunció que “la población LGBTI+ no solo tiene dificultades y obstáculos para acceder a empleos, educación y otros derechos… sino que desde el año 2018 hemos sido víctima de una cruel represión”.

Yader Parajón es hermano de una de las 355 víctimas fatales del régimen de Ortega. Su hermano, Jimmy Parajón, recibió un disparo en el costado izquierdo del tórax, el 11 de mayo de 2018, en el contexto de las manifestaciones pacíficas de Nicaragua, según información recopilada por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). El clamor de justicia por el asesinato de su hermano, su membresía en la Asociación Madres de Abril (AMA) y su trabajo de defensa de la igualdad de derechos para las personas LGBTI+ y de los derechos ambientales esenciales para la sostenibilidad, lo pusieron en la mira del régimen, que lo mantuvo en prisión desde 2021 hasta su destierro en febrero de 2023.

Yader relató que durante su tiempo en la cárcel experimentó de primera mano el “sistema patriarcal machista y homofóbico” del régimen de Ortega, a través de comentarios denigrantes, radicales y religiosos que satanizaban su orientación sexual, y de la ridiculización de su sexualidad. También fue testigo de casos de mujeres trans que nunca fueron reubicadas a sistemas penales para mujeres, en una violación a sus derechos humanos.

Su testimonio es una impactante evidencia del incumplimiento del objetivo 16, que incluye la promoción de sociedades justas, pacíficas e inclusivas. 

Cuba: las manifestaciones evidencian una crisis multidimensional

Cuba también enfrenta grandes desafíos en su camino hacia el ODS 16, que busca establecer la paz, la justicia y fortalecer las instituciones. Las alarmantes cifras de detenciones en el contexto de los actos de protesta que se celebraron por toda la Isla el 11 julio de 2021 confirman la crisis multidimensional de Cuba, aseguró Laritza Diversent, directora de la organización Cubalex.

Según la abogada, en Cuba “la ley y la justicia están intrínsecamente vinculadas al poder ejecutivo, lo que pone en peligro la autonomía judicial”. Por ejemplo, el Código Penal actual criminaliza el apoyo internacional para coartar el crecimiento de organizaciones civiles independientes.

“Si queremos que la paz, la justicia y las instituciones sólidas no sean simplemente objetivos, sino realidades tangibles, es esencial reformar sistemas que obstaculizan estos ideales”, aseguró Diversent, quien también llamó a la comunidad internacional adoptar un “papel activo” como facilitadores y aliados que aseguren el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales en dicho proceso.

Por otro lado, en su testimonio, Martha Beatriz Ferrer, hija del activista y líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), José Daniel Ferrer, denunció que el pasado miércoles 13 de septiembre se le negó por sexta vez consecutiva la visita familiar a su padre. 

El defensor de derechos humanos fue detenido el 11 de julio de 2021 y, desde marzo de este año, el régimen autoritario de Díaz-Canel no le ha permitido recibir visitas ni llamadas telefónicas. Su familia está profundamente preocupada por las condiciones inhumanas, torturas físicas y psicológicas, mala alimentación y malos tratos que podría estar recibiendo el líder cubano.

“Les pedimos a todas las naciones libres y democráticas el apoyo a estos hombres y mujeres encarcelados injustamente. Les pedimos que tengan mano dura y que no sigan permitiendo las atrocidades que comete la dictadura contra su pueblo”, finalizó Ferrer.

Pedro Vaca: Censura y propaganda oficial para crear realidades ficticias

En Nicaragua y Cuba la censura está acompañada de una propaganda institucional muy poderosa, “que termina construyendo paisajes que no son compatibles con la realidad, ficciones de que existe acceso a diferentes derechos”, explicó el Relator para la Libertad de Expresión de la CIDH, Pedro Vaca, durante su intervención en un diálogo con la directora de Programas de Raza e Igualdad, Christina Fetterhoff, en el que conversaron sobre el rol que tienen los mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos, y las organizaciones internacionales de la sociedad civil, en la protección y defensa de las personas defensoras de los derechos humanos en países con espacios cívicos cerrados.

Para Vaca, también existe un mensaje detrás de la represión a las protestas en Nicaragua y Cuba, “es un mensaje de que sean muy visibles las consecuencias de pensar distinto, a tal punto que el miedo sea tan grande que se inhiba el debate”. 

En este sentido, el Relator llamó a la comunidad internacional a no cesar la documentación y el monitoreo, ya que “no solo es un asunto de reconstruir el Estado de Derecho, donde existió, sino también los impactos que estos tienen en estas personas y en sus proyectos de vida, que son tremendamente dramáticos”. 

La directora del programa Artists at Risk Connection de PEN América, Julie Trébault, quien también participó en el evento, dijo además que los derechos a la libertad de prensa y de expresión son casi inexistentes en Nicaragua y Cuba. 

Desde Raza e Igualdad seguiremos promoviendo este tipo de diálogos y haciendo un  llamado a la comunidad internacional para que condenen y rechacen  las violaciones a los derechos humanos que se registran en ambos países. Raza e Igualdad trabaja para realizar acciones que permitan abrir espacios democráticos, que protejan de forma especial a quienes trabajan arduamente por el cumplimiento de la Agenda 2030 y sus ODS.