Colombia, 6 de agosto de 2022.-Este 7 de Agosto de 2022, con el inicio del nuevo gobierno de Colombia 2022-2026, liderado por el Presidente Gustavo Petro y la Vicepresidenta Francia Márquez, se puede dar inicio a cambios y procesos institucionales y sociales con el potencial de crear y consolidar condiciones favorables para garantizar los derechos humanos a las comunidades del Pueblo Afrodescendiente en Colombia. En la ruta hacia ese horizonte, la formulación e implementación de la agenda internacional de derechos humanos (DDHH) del nuevo Gobierno jugará un papel determinante. De manera especial lo referido a (i) las relaciones con los organismos internacionales de derechos humanos, en el marco de los compromisos internacionales del Estado colombiano, y (ii) las relaciones bilaterales con países aliados en términos de los temas afrodescendientes. A continuación, se ofrecen algunas reflexiones y propuestas al respecto.

Se percibe una voluntad política comprometida con la garantía de derechos humanos de los afrodescendientes.  

El nuevo Gobierno, en términos del programa de gobierno propuesto, algunos nombramientos y anuncios sobre sus políticas de paz e inclusión, ofrecen un marco institucional favorable para mejorar la garantía de derechos. De manera especial, (i) su compromiso para la implementación a fondo del Acuerdo de Paz, así como de las recomendaciones entregadas recientemente por la Comisión de la Verdad en su Informe Final, (ii) el anuncio sobre la paz como elemento constitutivo de la política exterior, y de los temas étnicos como una prioridad, y (iii) la inclusión en el programa de gobierno de compromisos para atender “deudas” históricas con el Pueblo Afrodescendiente como es la reglamentación plena de la Ley 70 de 1993 y todas las ordenes de Corte Constitucional que no se han cumplido cabalmente.

La persistencia de las violaciones de derechos humanos contra las comunidades afrodescendientes seguramente continuará el cuatrienio 2022-2024.

La voluntad política descrita deberá enfrentarse con la continuidad de exclusiones y violencias históricas contra el Pueblo Afrodescendiente. El bajo nivel de implementación del Acuerdo de Paz, y de su Capítulo Étnico en particular, por parte del gobierno saliente, implica que las dinámicas de los conflictos armados activos en los territorios étnicos, seguirán representando un riesgo alto para que las comunidades sigan siendo víctimas de violaciones de derechos humanos. En esa perspectiva, el nuevo gobierno deberá corregir las fallas institucionales e inercias negativas en materia de protección. La “buena noticia”, es que existiendo la voluntad política, podrá apoyarse en los conocimientos y propuestas que las comunidades han venido construyendo desde hace más de dos décadas.

La necesidad de concebir y relacionarse con los organismos internacionales de derechos humanos como “aliados” para avanzar en la garantía de los derechos humanos de las comunidades afrodescendientes.

Quienes desde finales de los 1990s hemos acompañado a las comunidades y organizaciones afrodescendientes en el uso de los mecanismos ofrecidos por los organismos internacionales de derechos humanos, podemos atestiguar que el patrón general del Estado colombiano ha sido la negación y/o la indiferencia en cuanto a sus responsabilidades para reconocer y proteger a las comunidades afrodescendientes. En la dimensión más “humana” de las relaciones con el Estado en el marco de los espacios internacionales, hemos percibido una falta de empatía para reconocer el dolor de las víctimas. Esto debe cambiar. El reconocimiento de que el Estado tiene responsabilidades y obligaciones, y que ha fallado, no lo deslegitima. Al contrario, este reconocimiento, acompañado de medidas para corregir esta situación, fortalecerán su legitimidad. Si bien es cierto, que los organismos internaciones de derechos humanos, en virtud de los mandatos que cada Estado le ha autorizado ejercer en virtud de la ratificación de tratados, tienen la obligación y el poder de vigilar, recomendar y sancionar, igualmente cierto es que su mandato también ofrece múltiples mecanismos para apoyar a los Estados para avanzar en mejorar su diseño y comportamiento institucional. La oportunidad histórica está servida: que el nuevo Gobierno lidere una nueva era de colaboración con los organismos internacionales de derechos humanos. Para ello requiere un diseño cuidadoso en su política exterior y el equipo que la gestionara. Para el caso de los temas afrodescendientes requiere avanzar en crear condiciones institucionales para ello.

La necesidad de cumplir con pendientes prioritarios en materia de obligaciones internacionales de DDHH.

El Estado de Colombia ha tenido una tradición de adoptar “formalmente” los compromisos internaciones en materia de derechos humanos, pero un desempeño cuestionable en cuanto la a adopción de las medidas necesarias y efectivas para honrar esos compromisos. A pesar de ello, y gracias a las acciones de exigibilidad e incidencia de la sociedad civil, las contribuciones de los procesos derivados de las obligaciones internacionales, han fundamentado transformaciones institucionales con una repercusión positiva para las condiciones de garantía de derechos. De ahí, la prioridad que el nuevo gobierno debe dar a profundizar el cumplimiento pleno de estas obligaciones. En esta perspectiva se destacan: (i) el liderazgo para la ratificación de la “Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y otras formas conexas de Intolerancia (CIRDI)” y la “Convención Interamericana Contra Toda Forma de Discriminación e Intolerancia”; (ii) el cumplimiento de obligaciones y recomendaciones ofrecidas por los Comités de Tratados de la Organización de las Naciones Unidades. De manera especial, lo referido al Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW); (iii) el cumplimiento pleno de las Medidas Cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a líderes, lideresas, organizaciones y comunidades en situación de riesgo; (iv) Cumplimiento pleno de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; (v) el cumplimiento de la Declaración y Programa de Acción de Durban; (vi) los compromisos establecidos por Decenio Internacional para los Afrodescendientes (2015-2024)

Las “reparaciones históricas” deben priorizarse como marco ético y de acción para avanzar en la eliminación del racismo y la discriminación racial.

Como parte de la diáspora afrodescendiente, el movimiento social afrocolombiano, ha ido avanzando en la consolidación de rutas de “reparaciones históricas” ajustada a las particularidades del caso de los afrodescendientes en Colombia. Como lo demostró el Informe Final de la Comisión de la Verdad, las violencias y daños del conflicto armado interno sobre el Pueblo Afrodescendiente en Colombia, tienen una conexión causal y continuidad con la experiencia colonial de la esclavización y sus efectos persistentes en el tiempo, que se han perpetuado e inscrito en racismos institucionales que siguen profundizándose.  En esta perspectiva, las reparaciones históricas deben orientarse a construir condiciones para transformaciones estructurales que enfrenten tanto los daños históricos como aquellos conectados y derivados con el conflicto armado interno. La ruta para ello deberá apoyarse en la articulación del Estado y las comunidades afrodescendientes con los procesos globales en torno a las reparaciones históricas.

La necesidad de profundizar la agenda afrodescendiente en el marco de las relaciones bilaterales con los Estados Unidos en términos de las transformaciones estructurales. Los temas afrodescendientes ingresaron a la agenda bilateral con los Estados Unidos desde finales de los 1990s, de la mano de los procesos de denuncia e incidencia de las comunidades víctimas del conflicto armado, apoyadas por organizaciones de derechos humanos estadounidenses. Dichos procesos contribuyeron a construir un compromiso, vigente hasta el día de hoy, por parte de miembros del Congreso de los Estados Unidos y oficinas y programas de rama ejecutiva de las diferentes administraciones. Los resultados y contribuciones de las políticas que han incluido las necesidades de las comunidades afrocolombianas más marginadas y golpeadas por la violencia, ejecutadas a través de la USAID y otras dependencias, ofrecen un balance positivo. Pero aún hay mucho espacio para mejorar. El nuevo Gobierno, basado en una evaluación comprehensiva de más de 20 años de colaboración en los temas afrodescendientes, deberá ofrecer propuestas para que los aportes mejoren su articulación con las transformaciones estructurales que se están proponiendo para superar el racismo y la discriminación racial. De manera especial, se deben valorar las conexiones de todas las dimensiones de la agenda bilateral con estas problemáticas, y no solamente abordar de manera aislada las acciones específicas para lo afrodescendiente. En esta perspectiva, el Plan de Acción Colombia-Estados Unidos para la Equidad Racial y Étnica (CAPREE por sus siglas en inglés), es un escenario clave para revisitar y relanzar en una perspectiva estructural. Pero igualmente, las relaciones bilaterales en otros temas como las relaciones comerciales, política criminal, justicia, construcción de paz, deben entrar a revaluarse desde la perspectiva afrodescendiente.

La necesidad de consolidar temas afrodescendientes en las relaciones con la Unión Europea y otros países.

En materia de contribuir a enfrentar las graves situaciones de derechos humanos en las comunidades afrodescendientes en Colombia, los países de la Unión Europea también han desarrollado un trabajo significativo desde hace más de dos décadas. Sus aportes en la construcción de la paz, con su apoyo a la institucionalidad que creó el Acuerdo de Paz, se han convertido en un aporte fundamental. De manera similar, otros países como Canadá y Nueva Zelanda, también han venido realizando aportes significativos. El nuevo Gobierno también deberá valorar las rutas para mejorar estas contribuciones.

En conclusión,  la agenda internacional de DDHH para los afrodescendientes en Colombia, debe ser una prioridad en la política exterior del nuevo gobierno. Su cuidadoso diseño e implementación tienen la posibilidad de ofrecer contribuciones significativas para crear y/o consolidar condiciones institucionales y sociales para avanzar en transformar las variables estructurales que mantienen el racismo y la discriminación racial. Las comunidades del pueblo afrodescendiente en Colombia, y las organizaciones de la sociedad civil nacional e internacional que las acompañan, así como los aportes de los organismos internacionales de derechos humanos y países aliados, ofrecen un acumulado que el nuevo gobierno puede capitalizar. Las nuevas condiciones y voluntad política favorable que anuncia el nuevo Gobierno, en sí mismas no garantizan el avance requerido. Para que se conviertan en oportunidades se requiere que el Estado, bajo este nuevo gobierno, adopte las decisiones políticas y técnicas adecuadas.

Este artículo fue escrito por Pedro L. Cortes-Ruiz, Ph.D., Asesor en Colombia del Instituto Internacional de Raza, Igualdad y Derechos Humanos.