Ginebra, 18 de diciembre 2023.- La Alta Comisionada Adjunta para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Nada Al-Nashif realizó una actualización oral sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua en la que resaltó que en el país centroamericano “la impunidad es la norma” dada la falta de acción del gobierno nicaragüense para prevenir las violaciones a derechos humanos y los ataques sistemáticos que éste encabeza contra líderes indígenas y políticos, miembros de la iglesia católica, personas defensoras y periodistas. 

En el diálogo con la sociedad civil, representantes nicaragüenses y organizaciones de derechos humanos exigieron la libertad de más de 90 personas que permanecen privadas de libertad por motivos políticos y prueba de vida del diputado de Yatama, Brooklyn Rivera; así como la suspensión de financiamientos que no garanticen que las autoridades respetarán los derechos humanos.

Control político en la Costa Caribe

Según la Oficina del Alto Comisionado (OACNUDH), el gobierno ha ejercido control político sobre la Costa Caribe de Nicaragua. “En este contexto, el 3 de octubre, las autoridades cancelaron arbitrariamente el estatus legal de Yatama, el principal partido político indígena y afrodescendiente en el país. Adicionalmente, sus dos representantes en la Asamblea Nacional fueron privados de su libertad por la policía, sin aviso de detención ni debido proceso”, declaró Al- Nashif.

El líder Miskito y diputado de Yatama, Brooklyn Rivera, tiene 71 años y permanece en una situación que equivale a “desaparición forzada», según la OACNUDH. Su suplente en la Asamblea, Nancy Henríquez, fue sentenciada a 8 años por los falsos delitos de traición a la patria y propagación de noticias falsas. Tras sus detenciones, sus escaños en la Asamblea Nacional fueron tomados por el partido de gobierno. Estas acciones son alarmantes, sobre todo por las próximas elecciones regionales programadas para marzo de 2024.

Presión indiscriminada a pueblos indígenas para aprobar el Proyecto BioClima

Al-Nashif expresó su preocupación por la falta de información suficiente sobre el proyecto BioClima financiado por el Fondo Verde del Clima (FVC) del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), sus riesgos y “sobre el ejercicio de presiones indiscriminadas a personas indígenas para que den su consentimiento al proyecto sin tiempo suficiente para la deliberación”. 

Según la Alta Comisionada Adjunta, desde agosto de 2023, el gobierno ha realizado consultas para obtener consentimiento para el proyecto bajo la presencia de oficiales armados. “Cualquier consulta debe realizarse respetando la legislación y las normas sobre derechos humanos, incluido el consentimiento libre, previo e informado”, dijo Al-Nashif.

Condiciones de detención y juicios no cumplen los estándares internacionales 

Se estima que al menos 17 mujeres y 74 hombres continuan privados de libertad por motivos políticos en situaciones que se consideran tortura, y bajo amenazas que se extienden a sus familiares para que no denuncien las condiciones. Según informaciones recibidas por la Alta Comisionada, los juicios de estas personas se están dando sin la presencia física de las personas acusadas, quienes sólo participan por videollamada y sin asistencia legal.

Al-Nashif enfatizó en los casos de Anielka García, joven activista y madre que fue detenida simplemente por serigrafiar una camiseta con el eslogan “Viva Nicaragua libre”, y estuvo privada de visitas familiares por dos meses y ahora tiene acceso limitado a  las visitas de sus hijos menores de edad. Asimismo, los casos de otros tres jóvenes que fueron detenidos por protestar pacíficamente por el cierre de la Universidad Centroamericana (UCA) y ahora están siendo acusados por falsos delitos relacionados a drogas.

Sobre la privación arbitraria de libertad del Obispo Rolando José Álvarez , la Alta Comisionada Al-Nashif dijo que, a pesar de la información publicada recientemente por el gobierno, las condiciones de detención del Obispo violan los estándares internacionales, “ya que sigue sometido a un prolongado régimen de aislamiento con esporádicas visitas familiares, privado de alimentos suficientes, de atención médica adecuada y de cualquier material de lectura”.

Finalmente, la Alta Comisionada dijo que “hay esperanza, las personas defensoras en Nicaragua y el exilio siguen trabajando incansablemente por un mejor futuro, pero necesitan el apoyo de la comunidad internacional”. Una vez más, llamó al gobierno a que acepte la oferta de realizar un diálogo genuino y reciba asistencia técnica para superar la crisis de derechos humanos.

Nicaragua intenta abatir el escrutinio internacional

En las intervenciones de las delegaciones de los Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos, el representante de la Unión Europea manifestó preocupación por “las restricciones al espacio cívico y la fragilidad del Estado de Derecho, el freno a la libertad académica y el derecho a la educación, detenciones arbitrarias, desplazamiento forzado y la privación de ciudadanías que resultan en apatridia”. Por su parte, el representante de Bélgica llamó a la libertad inmediata e  incondicional y rehabilitación de las personas privadas de libertad por motivos políticos, así como a la restauración de la democracia e independencia del Sistema Judicial.

El Core Group (grupo núcleo), en voz de la delegación de Costa Rica, manifestó que la retirada de Nicaragua de la Organización de Estados Americanos (OEA) es otro intento de abatir el escrutinio internacional. La delegación reiteró su compromiso con el Pueblo de Nicaragua.“No están siendo olvidados”, agregó.

Otros Estados como Chile, Ecuador, Nueva Zelanda, Turquía, Georgia, Argentina, Estados Unidos reiteraron su llamado a Nicaragua para que coopere plenamente con la OACNUDH.

Sociedad civil denuncia torturas a disidentes e irregularidades en proyecto BioClima

La defensora nicaragüense y abogada de la Unidad de Defensa Jurídica (UDJ), Alexandra Salazar denunció el retorno de patrones de tortura física y criminalización bajo cargpos de delincuencia común para cubrir la persecución política, juicios exprés desde las cárceles y por videollamada sin la posibilidad de abogados. Salazar también denunció que persiste la desaparición forzada, entre las que se encuentran Freddy Quezada y Brooklyn Rivera; y el reciente envío de 7 presos políticos a celdas de máxima seguridad y aislamiento por cantar el himno nacional antes de una huelga de hambre.

Cristiana Huerta, defensora de derechos humanos y feminista, resaltó que más de 170 mujeres defensoras de derechos humanos se encuentran en el exilio por la persecución del gobierno y la cancelación de la personalidad jurídica de más de 300 de organizaciones de derechos de las mujeres. En esta misma línea, Rommel Moncada, estudiante y activista LGBTI+, denunció vigilancia, amenazas, persecución y tocamientos sexuales por parte de las autoridades.

En una declaración conjunta del Centro por los Derechos Civiles y Políticos (CCPR) y el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), la defensora nicaragüense de los pueblos indígenas y afrodescendientes, Winnye Bernard denunció que en la Costa Caribe persisten las violaciones a los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas por parte de colonos invasores y la inacción del Estado. “En seis años se registraron en los territorios 640 incidentes con 1164 víctimas”, dijo Bernard.

Según Bernard, la criminalización hacia los defensores, líderes y lideresas indígenas se agudiza en el contexto del proyecto BioClima, aprobado sin consulta previa, libre e informada. “Denunciamos los efectos negativos potencialmente irreversibles… así como la realización de la pantomima de elecciones regionales. Instamos a este Consejo a solicitar al Estado de Nicaragua la implementación de acciones que garanticen la vida e integridad colectiva de las comunidades y sobre todo de las mujeres, y prueba de vida del líder indígena Miskito Brooklyn Rivera”, agregó.

“Los pueblos indígenas solicitan la suspensión de todo plan de financiamiento actual y futuro a las autoridades nicaragüenses mientras no se den las condiciones que garanticen los derechos humanos”, enfatizó la defensora.