Washington D.C., 25 de febrero de 2021.– La crisis socio-política y de derechos humanos que atraviesa Nicaragua desde abril de 2018 se ha visto exacerbada por la pandemia de Covid-19 y por el impacto de los huracanes Eta e Iota en el Caribe Norte del país, señaló la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en la presentación de su informe sobre Nicaragua durante el 46 periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. El informe fue respaldado por una veintena de delegaciones diplomáticas, así como por diversas organizaciones internacionales de derechos humanos que participaron en una discusión posterior sobre la situación del país.

“Mientras Nicaragua se acerca a las elecciones generales del 7 noviembre de 2021, el Estado de Derecho sigue deteriorándose. La adopción reciente de varias leyes contrarias a los derechos, a la libertad de asociación, de expresión, a la participación política y a las garantías al debido proceso, constituye un claro ejemplo de la continua restricción del espacio cívico y democrático”, expuso la Alta Comisionada, quien señaló que el informe abarca el periodo comprendido entre el 1 de agosto de 2019 y el 31 de diciembre de 2020.

El informe indica que la Oficina de la Alta Comisionada ha documentado 117 casos de acoso, intimidaciones y amenazas por parte de agentes de la Policía o elementos progubernamentales en contra de estudiantes, campesinos, activistas políticos, personas defensoras de derechos humanos y organizaciones de víctimas y de mujeres. “Documentamos también 34 casos de intimidación, amenazas, criminalización y campañas de desprestigio contra medios de comunicación y periodistas considerados opositores”, agregó.

La Alta Comisionada dijo que siguieron registrándose detenciones arbitrarias, la mayoría de breve duración, y destacó la situación de las y los prisioneros políticos, que según el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas en Nicaragua suman 111 hasta febrero de 2021. Destacó también que en el periodo que comprende el informe las comunidades indígenas continuaron enfrentando invasiones en sus tierras y ataques violentos de colonos, a lo cual se añade el impacto devastador de los dos huracanes. A este panorama, la Alta Comisionada agregó el aumento de los feminicidios y las altas tasas de embarazo en niñas y adolescentes.

Violaciones de derechos humanos en la impunidad

 “Las violaciones de derechos humanos perpetradas durante las protestas sociales de 2018 siguen en la impunidad”, expresó, y enfatizó el balance deficiente en la implementación de las recomendaciones contenidas en su informe anterior, tal como lo muestra el último boletín de la Oficina Regional de la Alta Comisionada.

“La incorporación de un sólido enfoque de derechos humanos y la participación de las personas en situación de mayor vulnerabilidad puede contribuir significativamente a la solución de la actual crisis y a los esfuerzos de reconstrucción después de los desastres naturales. Una vez más, insto al Gobierno que permita a mi Oficina acceder al país para cumplir con su mandato, que incluye el monitoreo de los derechos humanos en el contexto electoral y la asesoría técnica para garantizar el ejercicio de las libertades públicas. Es esencial que se adopten las reformas necesarias para garantizar elecciones libres justas y transparentes”, finalizó.

Respuesta del Estado

En nombre del Estado de Nicaragua, la Procuradora General de la República, Wendy Carolina Morales, expresó la “no aceptación y rechazo absoluto” del informe por considerarlo “unilateral” y “parcializado”. “El Gobierno rechaza contundentemente este tipo de informes injerencistas e interventores que pretenden seguir descalificando y denigrando a nuestras autoridades e instituciones nacionales, así como el ordenamiento jurídico que sustenta al Estado nicaragüense”, dijo.

Respaldo internacional

El informe de la Alta Comisionada fue respaldado por las delegaciones diplomáticas de Alemania, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, Colombia, Ecuador, España, Estados Unidos, Francia, Georgia, Holanda, Luxemburgo, Paraguay, Perú, Suecia, Suiza, Uruguay y la Unión Europea, así como por organizaciones internacionales de derechos humanos que participaron en una discusión posterior a la presentación del informe y que incluyó la intervención de representantes de la sociedad civil nicaragüense.

Todas expresaron su preocupación por la continuidad de la represión en contra de la sociedad civil, periodistas, medios de comunicación, opositores, y defensores y defensoras de derechos humanos, y por la reciente aprobación de leyes como la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, así como también lamentaron que el Gobierno no acepte su responsabilidad en las violaciones de derechos humanos registradas desde abril de 2018.

La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), Vilma Núñez, fue una de las personas que intervino en nombre de la sociedad civil nicaragüense, del Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), del International Service for Human Rights (ISHR) y de la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), refiriéndose a la destrucción de oficinas de organizaciones civiles y de medios de comunicación, las cuales fueron arbitraria e ilegalmente ocupadas y concedidas al Ministerio de Salud, que actualmente realiza labores de construcción para transformarlas en unidades de salud y, en algunos casos como sede del CENIDH en Juigalpa y las instalaciones de Confidencial, ya inauguró como tales.

También fue expuesta la situación de las invasiones de tierras y violencia que enfrentan las comunidades indígenas y afrodescendientes del Caribe Norte del país. “A lo largo de 2020, la apropiación de tierras y los ataques violentos de colonos armados ilegales han aumentado, con al menos 13 asesinatos, 8 heridos, 2 secuestros, el desplazamiento forzado de una comunidad y 2 agresiones a dos niñas indígenas mískitu menores de edad”, expusieron el Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (CEJUDHCAN), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL, por sus siglas en inglés) y el CENIDH.

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