Washington D.C., 12 de septiembre de 2023.- El Gobierno de Nicaragua ha aumentado la persecución contra las voces disidentes provocando el exilio de más nicaragüenses, coincidieron el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, y el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN, por sus siglas en inglés) en el 54 período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos.

En la presentación del informe A/HRC/54/60 de la Oficina del Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), Türk denunció que “los supuestos críticos de las autoridades, y sus familiares, son acosados, perseguidos y encarcelados de forma rutinaria”. Asimismo, expresó su preocupación por la escalada represiva contra la Iglesia Católica, la permanencia de más de 70 personas en prisión por motivos políticos,  la privación arbitraria de la nacionalidad, el destierro, la falta de garantías de los derechos humanos de las mujeres, y la impunidad de los asesinatos y ataques que sufren los pueblos indígenas por parte de colonos (terceros no indígenas).

Por su parte, el Grupo de Expertos alertó que «Nicaragua está siendo despojada de su capital intelectual y voces críticas, dejando en suspenso las perspectivas de desarrollo del país”.

Fuerte escalada represiva contra la Iglesia Católica

Desde el año 2018 la Iglesia Católica y sus integrantes han sido objeto de ataques; sin embargo, en el periodo del informe “se produjo una fuerte escalada en su frecuencia y gravedad” con el cierre de 12 medios de comunicación católicos, el allanamiento de las instalaciones de la Diócesis de Matagalpa; detenciones arbitrarias, juicios, privación de la ciudadanía nicaragüense y pérdida de los derechos ciudadanos y destierro, entre otras.

Entre el 21 y 23 de mayo, cuatro sacerdotes y ocho personas colaboradoras de la Iglesia Católica fueron privadas de su libertad arbitrariamente. Dos sacerdotes están bajo arresto domiciliario en sus seminarios y uno bajo custodia, y las y los colaboradores continúan detenidos. 

Asimismo, “la expulsión de miembros de la Iglesia percibidos como críticos con el Gobierno, así como la negativa a dejarles entrar en Nicaragua, se han convertido en una práctica habitual”, cita el informe, que documentó un total de 42 casos desde agosto de 2022.

Pautas de tortura en las cárceles de Nicaragua

El Informe destacó que más de 70 personas se encuentran privadas de libertad en situación de extrema vulnerabilidad, bajo condiciones que no cumplen con las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Nelson Mandela). 

El Alto Comisionado aseguró que se han documentado pautas de tortura en centros de detención de Nicaragua. En julio, una vez finalizado el periodo que abarca el informe, la Oficina conoció de siete casos de tortura grave de detenidos, incluido el uso de electricidad y abusos sexuales y violación de hombres, y sometimiento, desnudez forzada y cacheos genitales humillantes a mujeres y niñas, incluso antes de las visitas a las personas detenidas.

En el informe también se destaca el caso de cuatro personas (un hombre y tres mujeres) detenidas arbitrariamente y privadas de atención médica que el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria abordó en dos comunicaciones al Estado. Lamentablemente, lejos de recibir una respuesta estatal, el Grupo recibió información de que estas personas fueron enviadas a prisión preventiva, imposibilitadas de comunicarse con su abogadas y abogados, y dos de ellas fueron sometidas a desaparición forzada.

El Alto Comisionado lamentó la falta de respuesta del Gobierno a sus comunicaciones y las de otros mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas, y llamó al Estado a liberar inmediatamente a las personas privadas de libertad por motivos políticos.

Privación de nacionalidad y destierro

En febrero de este año al menos 316 personas fueron privadas de su nacionalidad nicaragüense, quedando así en situación de apatridia. La OACNUDH ha documentado que a 43 de estas personas se les negaron copias de documentos del registro civil y de expedientes académicos en las universidades, y fueron informadas de que «no existían» en los registros públicos. Esto puede equivaler a la «muerte civil» de las personas afectadas, dice el informe.

La OACNUDH también recibió información de que, desde septiembre de 2022, a 27 ciudadanos y ciudadanas nicaragüenses se les negó la entrada a Nicaragua después de viajar brevemente fuera del país. 

“Dado el gran número de personas afectadas por esta forma global de castigo, muchas personas afirman ahora que tienen miedo de salir del país, aunque sea brevemente, por temor a que se les despoje para siempre de su derecho a regresar”, alertó el Alto Comisionado.

En su informe también llamó al Estado a liberar inmediatamente a todas las personas privadas de libertad por motivos políticos, a derogar la Ley 1145 (2023) y la reforma del artículo 21 de la Constitución, restituir la nacionalidad a todas las personas privadas de ella y permitir el retorno seguro de todas las personas nicaragüenses que deseen regresar al país. 

El Gobierno no publica datos de agresiones a personas LGBTI+ y subregistra los femicidios

El Gobierno ha ordenado el cierre de más de 315 organizaciones de derechos de las mujeres desde 2021, muchas de las cuales trabajaban en derechos sexuales y reproductivos, y la defensa y protección de mujeres víctimas de violencia de género. Esto es de especial preocupación para la OACNUDH, que también ha documentado un elevado número de matrimonios infantiles y embarazos de adolescentes; así como la prohibición total del aborto en el país, que pone en peligro la salud sexual y reproductiva, provocando abortos inseguros y la muerte de mujeres y niñas. 

La Oficina del Alto Comisionado también identificó un subregistro de las cifras de feminicidios. El Instituto Nacional de Información de Desarrollo reportó 15 feminicidios en entre 2021 y enero 2023, que contrastan con los 71 contabilizados por la sociedad civil. Según organizaciones de la sociedad civil, entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2023 ocurrieron 36 femicidios, incluidos cuatro casos de niñas menores de 16 años, sin embargo aún no hay cifras oficiales respecto de este periodo.

En cuanto a los ataques contra personas LGBTI+ en 2022, la sociedad civil documentó 31 casos incluyendo un feminicidio de una mujer trans, otros actos de violencia sexual, física y psicológica, discursos de odio y discriminación. Del 1 de enero al 30 de abril de 2023, las organizaciones de la sociedad civil denunciaron 20 agresiones. El Estado no publica datos oficiales sobre agresiones contra personas LGBTI+, ni sobre investigaciones y enjuiciamientos a quienes cometen estos delitos, a pesar de que el Código Penal establece circunstancias agravantes en los casos motivados por la orientación sexual

Brusco y continuo aumento de la violencia en territorios indígenas y afrodescendientes 

Los pueblos indígenas continúan sufriendo asesinatos y ataques por parte de colonos (terceros no indígenas). Esta situación ha puesto a los pueblos indígenas bajo la amenaza constante del desplazamiento y la pérdida de sus medios de vida. Entre el 15 de agosto de 2022 y el 15 de junio de 2023, la OACNUDH documentó ocho casos de ataques violentos contra pueblos indígenas, especialmente en Mayagna Sauni As, en el núcleo de la Reserva de la Biósfera de Bosawás.

Entre otros casos, la OACNUDH recibió información de que colonos han tomado aproximadamente 21,000 hectáreas del pueblo Miskitu, y han desplazado por la fuerza a unas 1000 personas Miskitu. Autoridades indígenas se han visto obligadas a exiliarse debido a las amenazas de muerte, y el Gobierno ha impedido a algunas de ellas regresar al país negándoles la entrada en la frontera.

Estos casos motivaron a que la OACNUDH inste al Estado a investigar todos los actos de violencia contra los pueblos indígenas y afrodescendientes y exigir responsabilidades a los autores de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos; y a prevenir nuevos actos de violencia garantizando sus derechos territoriales mediante la finalización del proceso de saneamiento en consulta con estos pueblos.

GHREN: Sector universitario ya no cuenta con instituciones independientes

En su actualización oral ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) alertó sobre las severas presiones que sufren personas defensoras de derechos humanos y opositoras, e incluso el estudiantado para abandonar Nicaragua. Vigilancia constante, acoso en espacios públicos y privados, criminalización continua, detenciones arbitrarias, cierre de universidades, denegación de expedientes académicos y documentación, son algunas de las estrategias utilizadas por el régimen para sofocar a la disidencia e intensificar la persecución.

Jan-Michael Simon, Presidente del GHREN, denunció la privación arbitraria de la nacionalidad y derechos ciudadanos de más de 300 personas, entre los cuales destacan los casos de la Dra. Vilma Núñez de Escorcia, histórica defensora de derechos humanos que aún se encuentra en Nicaragua, expuesta a graves riesgos a su vida e integridad personal; y Monseñor Rolando Álvarez, religioso condenado a 26 años de cárcel por “traición a la patria” quien se encuentra bajo total aislamiento en la prisión La Modelo. 

«Hemos observado la privación intencionada y grave de los derechos económicos y sociales, en particular del derecho a la educación y a la libertad académica. Hoy, el sector universitario de Nicaragua en su conjunto ya no cuenta con instituciones independientes. Nicaragua está siendo despojada de su capital intelectual y de sus voces críticas, dejando en suspenso las perspectivas y el desarrollo del país», dijo Simon.

Un total de 27 instituciones educativas han sufrido la cancelación de su personería jurídica y la confiscación de sus bienes, incluída la Universidad Centroamericana (UCA), centro educativo de los Jesuitas. Las investigaciones del GHREN confirman que estas violaciones de derechos humanos se han perpetrado al más alto nivel del Estado, conjuntamente con otras instituciones controladas por el Gobierno, como los Ministerios de Educación, Juventud e Interior, la Asamblea Nacional, y consejos educativos, así como sindicatos y organismos estudiantiles vinculados al Gobierno.

En este sentido, el Grupo concluyó que estas graves violaciones y los crímenes documentados hasta la fecha constituyen prima facie crímenes de lesa humanidad de persecución por motivos políticos, y pidió a la comunidad internacional que se ponga en contacto con las autoridades de educación superior para apoyar a los y las estudiantes y al personal académico nicaragüenses afectados.

Pronunciamiento

El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos acoge este informe de la Oficina del Alto Comisionado y la actualización oral del GHREN como una herramienta valiosa de visibilización, denuncia y propuesta de acciones para superar  la situación de derechos humanos de Nicaragua. La comunidad internacional no debe  hacer caso omiso de lo que sucede en este país centroamericano y debe aplicar medidas que presionen al Estado de Nicaragua a cesar las violaciones a los derechos humanos y actuar de conformidad con sus obligaciones internacionales.

Dado los hallazgos que demuestran que el Estado de Nicaragua ha cometido crímenes de lesa humanidad contra personas opositoras reales o percibidas, y las próximas investigaciones del Grupo de Expertos, el Estado podría enfrentar procesos ante la justicia internacional. Desde Raza e Igualdad, continuamos poniendo a disposición de la OACNUDH y el GHREN nuestro trabajo de monitoreo y documentación para sus investigaciones y nuestra firme voluntad para contribuir a que las víctimas encuentren la justicia que merecen.