Washington D.C., 16 de octubre de 2023.- En el marco del 86 periodo de sesiones del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), defensoras nicaragüenses, acompañadas por el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), denunciaron la situación de violencia y persecución en contra de las mujeres indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe, la zona con la tasa de femicidios más alta en Nicaragua.

Durante la sesión, la defensora indígena Anexa Alfred se dirigió al Comité “como una víctima más cuya voz han querido callar” señalando que muchas mujeres indígenas que quisieran estar participando en este proceso “están silenciadas por la política de terror, cárcel, exilio o muerte del gobierno de Nicaragua”. En tanto, la Oficial de Incidencia de Raza e Igualdad, Gaia Hefti, expuso la situación de mujeres afrodescendientes, que no pudieron participar por el contexto de represalias del régimen nicaragüense contra las personas defensoras de derechos humanos. 

“Cohabitación” con colonos expone a mujeres indígenas y afrodescendientes a violencia sexual

Desde la última revisión del Comité, la situación de derechos humanos de las mujeres indígenas se ha agudizado “por un contexto de acontecimientos críticos, marcados por la violencia sistemática con impactos diferenciados a las mujeres, niñas y adolescentes por las acciones y omisiones del Estado de Nicaragua”, según Alfred Cunningham. Las masacres, asesinatos, desplazamiento forzado y la crisis humanitaria sin precedentes que enfrentan las comunidades indígenas de Nicaragua, ponen en alto riesgo las vidas de las mujeres indígenas. 

La política ilegal y arbitraria de “cohabitación” con colonos (terceros no indígenas) que promueve el Gobierno de Nicaragua en los territorios indígenas y afrodescendientes, genera impunidad y más violencias hacia las mujeres. Según un monitoreo realizado en 26 comunidades de 6 territorios indígenas, durante el primer semestre del 2023 se registraron 12 violaciones sexuales con víctimas de un promedio de 13 años. Preocupa que esta situación tiene tendencia a normalizarse en las comunidades donde hay fuerte presencia de colonos. 

Por otro lado, la persecución y criminalización perpetrada por el régimen de Ortega contra lideresas y defensoras indígenas que han acompañado los procesos de defensa de los derechos de los pueblos indígenas, ha resultado en el destierro de al menos 10 mujeres indígenas de larga trayectoria y la desaparición de Nancy Elizabeth Henriquez, diputada suplente y presidenta del partido indígena YATAMA, quien fue detenida arbitrariamente el 1 de octubre.

Asimismo, el desplazamiento forzado también expone a las mujeres, adolescentes y niñas indígenas a la violencia sexual, explotación laboral y trata de personas. Esta situación trasciende las fronteras, afectando también a las mujeres en el exilio, como es el caso de las comunidades indígenas miskitas refugiadas en Costa Rica. 

Alfred solicitó al Comité cuestionar la política de “cohabitación” con colonos promovida por el Estado nicaragüense; y solicitó al Estado de Nicaragua “la implementación de acciones o políticas y programas de seguridad pública para garantizar la vida e integridad personal y comunitaria de las mujeres indígenas en la Costa Caribe, donde se ha agudizado la violencia armada de los colonos”.

Defensoras afrodescendientes son perseguidas por su trabajo de demarcación de territorios

“La falta de datos desagregados acerca de la población afrodescendiente en el país y de un censo actualizado, dificulta el análisis de la situación de los derechos de las mujeres afrodescendientes, invisibilizándolas”, dijo Gaia Hefti al Comité.

Según Hefti, existe una alta migración de mujeres afrodescendientes, en especial de madres solteras, que tienen que abandonar sus hogares y a sus hijos e hijas menores de edad para buscar el sustento de sus familias e intentar alcanzar la seguridad alimentaria. Asimismo, hay una alta tasa de niñas costeñas en desnutrición “debido a la falta de ayuda humanitaria después de la devastación de los huracanes en los últimos años”. 

Hefti también se refirió al caso particular de las defensoras de derechos humanos afrodescendientes, quienes sufren persecución continua, vigilancia en sus casas y detenciones arbitrarias periódicas, debido a su trabajo de demarcación de territorios; así como a la cancelación de organizaciones de sociedad civil y de universidades y las violaciones a la libertad religiosa, que “ha afectado a la mujer afrodescendiente en su desarrollo social, económico, cultural y espiritual”.

“Pedimos al Comité que visibilice en su informe la difícil situación de las mujeres afrodescendientes de Nicaragua, y que exhorte al Estado de Nicaragua a cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos”, finalizó Hefti.

Pronunciamiento 

El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) expresa su profunda preocupación por la vulnerabilidad en la que se encuentran las mujeres, niñas y adolescentes indígenas y afrodescendientes, que están expuestas a asesinatos y violaciones por parte de colonos invasores; y han quedado en indefensión por la persecución política contra las organizaciones de sociedad civil que brindaban atención en la región. 

Instamos al Comité CEDAW a:

• Solicitar al Estado de Nicaragua la implementación de acciones o programas de seguridad pública para garantizar la vida y la integridad personal de las mujeres.
• Exhortar al Estado de Nicaragua a implementar la recomendación número 39, para que tome medidas legislativas, ejecutivas y políticas en general, que garanticen el cumplimiento de sus obligaciones como Estado Parte de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, con relación a los derechos fundamentales de las mujeres y niñas indígenas.