Ante la CIDH: Graves violaciones a la libertad de asociación en Nicaragua

Nicaragua ES

Esta mañana, 18 organizaciones participamos en audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar la extrema situación en relación a la sistemática violación de la libertad de asociación y el derecho a defender derechos humanos en Nicaragua. A la fecha se han cancelado arbitrariamente la personalidad jurídica de 2634 organizaciones, de […]

Esta mañana, 18 organizaciones participamos en audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar la extrema situación en relación a la sistemática violación de la libertad de asociación y el derecho a defender derechos humanos en Nicaragua. A la fecha se han cancelado arbitrariamente la personalidad jurídica de 2634 organizaciones, de las cuales el 2,510 han sido canceladas a partir de marzo de este año; y, al menos 43 organizaciones han sido allanadas y apropiado inconstitucionalmente su patrimonio.

Denunciamos ante la Comisión la contínua aplicación de leyes represivas que son utilizadas para justificar estas cancelaciones y criminalizar a sus miembros y miembras, lo cual aumenta la vulnerabilidad en poblaciones históricamente discriminadas; como una muestra representativa presentada, 53 organizaciones canceladas refleja la reducción de 41.9 millones de dólares en ejecución anual de proyectos de desarrollo, la pérdida de más de 2,000 empleos formales y la desatención de más de un millón de personas beneficiarias de estas organizaciones. Todas estas cancelaciones y violencia contra las personas defensoras de derechos humanos son avaladas por un Poder Judicial instrumentalizado y por la ineficacia de recursos internos.

En esta audiencia se contó con la participación del Relator Especial sobre Libertad de Reunión y Asociación de Naciones Unidas, Clement Voule, quien denunció una “política de desmantelamiento de movimientos sociales”, mediante la aplicación de leyes ambiguas, la estigmatización de su labor, cancelación de personalidad jurídica y ocupación de sus bienes, lo cual se ha convertido en una estrategia de censura permanente, con un claro patrón para reprimir las voces disidentes.

Ante la extrema gravedad que vivimos, la Comisión externó su molestia y preocupación; al respecto, la comisionada Margarette May denunció que todas las organizaciones que defienden la democracia están en peligro, que la criminalización y represión contra las personas defensoras de derechos humanos es ilegal y que la principal creencia del Estado es el “autoritarismo del régimen”, al catalogar como enemigos del Estado a quienes se le oponen, sin garantía de ningún órgano independiente en el país; además, categóricamente señaló que Nicaragua está destruyendo de forma “demente” a una parte de la población, destruyendo sus activos y la vida de los nicaragüenses, señalando que lo que se vive son crímenes de lesa humanidad que no pueden quedar impunes.

Tanto la Comisión como sus relatores especiales expresaron que la grave situación en el país es una prioridad para ellos, señalando que estas violaciones a derechos humanos se merecen una máxima condena; además se reiteró que en el país se vive un “Régimen de terror” que impide a sus ciudadanos organizarse para defender sus derechos, refiriéndose además sobre el negativo de acceso a sus nacionales, lo que catalogó como una forma de violencia. Lacomisionada Esmeralda Arosemena envió un mensaje al Estado de Nicaragua: “Nicaragua necesita regresar la libertad de su gente, los presos políticos no pueden existir en un país democrático, Nicaragua necesita abrir estos espacios de diálogo”.

Ante esta grave situación demandamos el cese inmediato de la brutal represión contra la población nicaragüense organizada, absteniéndose de continuar cancelando masivamente organizaciones; restableciendo la personalidad jurídica de las organizaciones canceladas; devolviéndoles sus bienes; revocando las órdenes de captura vigentes y liberando inmediatamente a todas las personas que permanecen privadas de libertad por motivos políticos; así como derogar todas las leyes represivas e inconstitucionales.

San José, Costa Rica, 27 de octubre de 2022

Organizaciones firmantes:

Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH)
Centro de Asistencia Legal para Pueblos Indígenas (CALPI)
Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (CISAS)
Centro de Estudios y Promoción Social (CEPS)
Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más (CDHNN+)
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
Coordinadora de la Niñez y la Adolescencia (CODENI)
Foro de Educación y Desarrollo Humano (FEDH -IPN)
Fundación para la Conservación y el Desarrollo del Sureste de Nicaragua (Fundación del Río) Hagamos Democracia (HADEMOS)
Instituto de Liderazgo de las Segovias (ILLS)
Instituto para el Desarrollo y la Democracia (IPADE)
Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras) Federación Nicaragüense por la Democracia y el Desarrollo Local (Red Local)
Fundación para la Promoción y el Desarrollo Municipal Popol Na (Popol Na)
Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM)
Sociedad Nicaragüense de Medicina General (SONIMEG)

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