Washington, D.C., 22 de mayo de 2019. El Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), Eduardo Ferrer MacGregor, resolvió ayer 21 de mayo requerir al Estado de Nicaragua que adopte de forma inmediata las medidas necesarias para proteger eficazmente la salud, vida y la integridad personal de 17 personas privadas de libertad que fueron encarceladas por hacer uso de su derecho legítimo a la protesta.

Entre los beneficiarios de las medidas provisionales están los periodistas Miguel Mora Barberena, Director del Canal 100% Noticias, y Lucía Pineda Ubau, Jefa de Prensa del Canal 100% Noticias, ambos representados por el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) y la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH).

Pineda Ubau, de 45 años, fue detenida junto con Miguel Mora, de 55 años, el 21 de diciembre de 2018. Ese día, varias patrullas de la Policía allanaron con armas, durante la noche, las instalaciones del medio televisivo 100% Noticias. En el operativo desmantelaron y sustrajeron los equipos periodísticos, y detuvieron de manera ilegal a los periodistas. La detención de los periodistas habría sido, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), como consecuencia de “presuntas represalias con el ejercicio de su actividad periodística y el derecho a la libertad de expresión”.

Mora y sus familiares habían recibido medidas cautelares por parte de la CIDH apenas 8 días antes de su detención, y actualmente está detenido en la la cárcel «La Modelo», mientras que Pineda recibió medidas cautelares el pasado 22 de febrero y hasta la fecha guarda prisión en la cárcel de mujeres “La Esperanza”. Ambos se encuentran a la espera de un juicio oral y público por los delitos de provocación, proposición y conspiración para cometer actos terroristas.

Las medidas otorgadas

Los demás beneficiarios son la estudiante Amaya Eva Coppens; los líderes del Movimiento 19 de Abril de Masaya Cristhian Rodrigo Fajardo, Yubrank Miguel Suazo y María Adilia Peralta; los miembros del Movimiento 19 de Abril de Managua Kevin Rodrigo Espinoza y Edwin José Carcache; los líderes campesinos Medardo Mairena Sequeira y Mario Lener Fonseca Díaz; el profesor universitario Ricardo Baltodano; la comerciante Irlanda Undina Jeréz; las hermanas Olesia Auxiliadora Muñoz Pavón y Tania Verónica Muñoz Pavón, y los defensores de derechos humanos Jaime Ramon Ampié Toledo, Julio José Ampié Machado y Reynaldo Lira Luquez.

Las medidas otorgadas por el Presidente de la Corte IDH requieren al Estado de Nicaragua que evalúe de inmediato otorgar medidas alternativas a la privación de libertad para doce de los beneficiarios, incluyendo a los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda. Cinco de los beneficiarios de las medidas fueron excarcelados el pasado 20 de mayo y puestos bajo régimen de convivencia familiar.

Además, disponen que, previa aquiescencia del Estado, una delegación de la Corte IDH realice una visita a la cárcel de mujeres “La Esperanza” y a la cárcel de varones “La Modelo”, para entrevistar a los beneficiarios y a diversas autoridades estatales. La delegación de la Corte IDH estaría integrada por su Presidente, Vicepresidente, otro Juez o Jueza, el Secretario y personal de la Secretaría.

De acuerdo con la disposición del Presidente de la Corte IDH, el Estado de Nicaragua deberá informar a más tardar el 1 de junio cuáles han sido las medidas urgentes adoptadas para dar cumplimiento a la decisión.

Nuestra posición

Raza e Igualdad, el Centro Nicaraguense de Derechos Humanos (CENIDH) y la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH), en nuestra calidad de representantes de Miguel Mora Barberena y Lucía Pineda Ubau acogemos con esperanza la decisión tomada por el Presidente de la Corte IDH con respecto a 17 personas privadas de libertad en Nicaragua, quienes se encuentran en una situación de extrema gravedad, urgencia y en la necesidad de evitar daños irreparables ante las continuas torturas, agresiones y malos tratos que reciben por parte de las autoridades y funcionarios penitenciarios.

Exhortamos al Estado a que asegure de forma inmediata el cumplimiento de la decisión tomada ayer por el Presidente de la Corte IDH, y que cumpla con su obligación de garantizar que las personas detenidas tengan condiciones que sean compatibles con el respeto a su dignidad humana, a su derecho a la salud y a su bienestar personal. Además, esperamos que el Estado Nicaraguense garantice el acceso de los beneficiarios a visitas de sus familiares, de sus abogados y de los médicos para que atiendan debidamente sus padecimientos de salud.

Suscriben:

Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad)

Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH)

Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH)