Creemos en una Nicaragua libre, igualitaria y democrática donde se garanticen los derechos humanos de todas las personas, la verdad y la justicia. Esto no es posible actualmente en Nicaragua. Desde abril de 2018, el gobierno ha criminalizado, detenido arbitrariamente, torturado e incluso asesinado a quienes promueven los derechos humanos y a quienes cuestionan su forma de gobernar. Si bien alcanzó un punto álgido en el período previo a la farsa del proceso electoral de ayer, es probable que sus políticas represivas persistan en el tiempo, mientras las causas estructurales que subyacen a la crisis de derechos humanos del país siguen profundamente arraigadas. 

Es hora de que Naciones Unidas responda contundentemente y cree un mecanismo internacional que garantice la justicia y la rendición de cuentas para el pueblo de Nicaragua. Por ello, el ISHR y Raza e Igualdad, como parte del Colectivo 46/2 -una coalición de ONGs internacionales, regionales y nicaragüenses- han lanzado un llamado global para que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU cree un mecanismo de investigación y rendición de cuentas para Nicaragua en su próxima sesión de marzo de 2022.

¿Cómo ha respondido la ONU hasta ahora?

El pasado mes de marzo, el Consejo de Derechos Humanos adoptó la resolución 46/2, su tercera resolución sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua. En esta se instaba al gobierno a tomar una serie de medidas urgentes para revertir el rumbo de la crisis del país, que van desde la liberación de las personas detenidas arbitrariamente y la derogación de las leyes restrictivas, hasta la protección de las mujeres y las comunidades indígenas, y la cooperación con la comunidad internacional. 

Desde su adopción, hemos hecho un seguimiento objetivo de la acción -y la inacción- del gobierno para aplicar las 14 recomendaciones de la resolución, basándonos en la información pública del sistema de Naciones Unidas y Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Hoy lanzamos nuestro segundo marco de evaluación de la implementación de la resolución 46/2 por parte de Nicaragua. Sobre la base de estas evaluaciones, concluímos que:

• El gobierno de Nicaragua no ha tomado medidas sustanciales, ni iniciales, para implementar ninguna de las recomendaciones de la resolución 46/2; 
• El gobierno ha tomado un número significativo de acciones contrarias a las recomendaciones, resultando en un espacio cerrado de la sociedad civil y un aumento de los ataques a los defensores de los derechos humanos, periodistas, candidatos presidenciales y disidentes.

Además, el Gobierno nicaragüense no ha señalado ninguna intención de reanudar una cooperación significativa con la comunidad internacional, desde que expulsó del país a las presencias de derechos humanos de las Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en diciembre de 2018. Durante las reuniones del Consejo de Derechos Humanos dedicadas a la situación de derechos humanos en el país, Nicaragua evitó abordar cualquier preocupación sustancial, y rechazó todas las críticas por considerarlas «intervencionistas y supremacistas». En septiembre, el Gobierno no cumplió con sus obligaciones en materia de tratados de derechos humanos, al asistir en «modo de escucha» a un examen del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CESCR) sin responder a ninguna pregunta, a pesar de los «numerosos acontecimientos extraordinarios que merecían ser abordados». 

¿Qué debe hacer la comunidad internacional?

Dada la gravedad de las violaciones de derechos que se están cometiendo, y la prolongada falta de voluntad del gobierno para abordar la crisis y cooperar con la ONU, es hora de que las Naciones Unidas -a través de su Consejo de Derechos Humanos- nombre a un grupo de personas expertas internacionales independientes para que investiguen la situación. En su último párrafo, la resolución 46/2 pide al Consejo que «considere todas las medidas disponibles para fortalecer la promoción y la protección de los derechos humanos en Nicaragua», un llamamiento que ha reiterado la Alta Comisionada Bachelet.

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU debe establecer un mecanismo internacional de rendición de cuentas para Nicaragua cuando considere su resolución anual sobre el país en su próxima sesión de marzo de 2022. 

Este mecanismo debe contar con el personal y recursos adecuados, y deber tener el mandato de investigar las graves violaciones de derechos humanos que han ocurrido en el país desde e abril de 2018, así como sus causas estructurales; de recopilar y preservar pruebas con vistas a garantizar que los autores de violaciones o abusos del derecho internacional de los derechos humanos rinden cuentas. 

El 14 de diciembre, según el mandato de la resolución 46/2, la Alta Comisionada Michelle Bachelet presentará ante el Consejo de Derechos Humanos una actualización oral sobre el contexto «postelectoral» en Nicaragua. Hacemos un llamado a todos los Estados para que garanticen una posición conjunta sólida, basada en las declaraciones conjuntas interregionales anteriores, que expresa profunda preocupación por las graves violaciones que tienen lugar en el país y muestren  su apoyo a la creación de un mandato de las Naciones Unidas que establezca un mecanismo de rendición de cuentas en la 49ª sesión del Consejo de Derechos Humanos. 

¿Qué puede hacer usted?

Managua, Nicaragua. 30/03/2019.  Oscar Navarrete/ LA PRENSA.

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