Lima, 8 de enero de 2024.- Jenny y Darling, una pareja de ciudadanas peruanas, ingresaron una petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en marzo 2022 debido a las violaciones de los derechos humanos de su hijo Daki y de ellas. La CIDH ha notificado al Estado peruano y le ha otorgado tres meses para responder.

Ambas, por medio de la campaña Tengo dos mamás, hicieron llegar su petición luego de que el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) se negara a registrar a una de las madres en el Documento Nacional de Identidad (DNI) de su hijo, pese a que, en primera instancia, el Poder Judicial le ordenó hacerlo.

Jenny Trujillo y Darling Delfín acudieron a la CIDH con una petición y solicitud de medida cautelar para garantizar una vida sin discriminación, el interés superior del niño, el libre desarrollo de la personalidad, la libertad personal, entre otros derechos humanos, como lo explica Carlos J. Zelada, abogado consultor de DEMUS para el caso.

Regularmente, la petición que realizaron ante la CIDH se presenta cuando los procesos judiciales nacionales se encuentran agotados. sin embargo, en este caso, la demanda de amparo contra RENIEC sigue vigente y en curso. En ese sentido, tras haber transcurrido más de 6 años, se ha configurado el llamado ‘retardo injustificado’, previsto en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. «Asimismo, un amparo que tarda tanto en resolver sobre los derechos fundamentales de un niño no es un recurso efectivo», declaró Cynthia Silva directora de DEMUS.

En un contexto, en el que el Tribunal Constitucional del Perú, instancia que tiene el caso sin resolver por más de un año, ha mostrado ser abiertamente antiderechos y ha favorecido al criminal Alberto Fujimori, las copeticionarias DEMUS, LIFS, Más Igualdad Perú y Raza e Igualdad han logrado se notifique al Estado peruano de la petición para que se agilice el trámite de admisibilidad y la resolución del fondo de manera prioritaria y diligente, según informó María Ysabel Cedano, coordinadora del equipo de litigio estratégico.

Gissy Cedamanos, coordinadora de LIFS, nos recordó que, en el 2024, Daki cumplirá 10 años sin un DNI que lo identifique plenamente. Asimismo, informó que Daki ha ejercido su derecho del niño a ser escuchado. Él se ha dirigido al Tribunal Constitucional y a la CIDH para recibir protección.

«El Estado peruano tiene 3 meses para responder y una prórroga máxima de 4 meses. El Estado deberá responder en abril o máximo agosto 2024«, declaró Zuleika Rivera, Oficial Senior del Programa LGBTI de Raza e Igualdad.

«En esta próxima etapa, le pediremos a la CIDH unir el proceso de admisibilidad y fondo considerando el interés superior del niño y el derecho de Daki de acceder a la justicia», concluyó Gabriela Zavaleta, responsable de incidencia de Más Igualdad Perú.