A solicitud del Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) y el Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (CEJUDHCAN), el 28 de agosto de 2021 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares de protección a favor de la periodista independiente de la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte (RACCN), Georgina Roxana Vargas Clarens, por considerar que está en una situación de gravedad y urgencia de sufrir daños irreparables a sus derechos a la vida e integridad personal en Nicaragua. 

En su resolución, la CIDH requiere al Estado de Nicaragua que adopte las medidas necesarias para proteger los derechos de la periodista Vargas Clarens, asegure que sus agentes respeten su vida e integridad personal, y proteja sus derechos en relación con actos de riesgo que sean atribuibles a terceros, de conformidad con los estándares establecidos por el derecho internacional de los derechos humanos. A su vez, ordena al Estado que adopte todas las medidas necesarias para que Vargas Clarens “pueda desarrollar sus actividades como periodista independiente sin ser objeto de actos de violencia, amenazas, hostigamiento o intimidación en el ejercicio de sus labores”.

Situación de riesgo acentuada por ser mujer y periodista independiente

La Comisión asegura que la situación de riesgo de Vargas Clarens “se enmarca en el contexto actual por el que atraviesa Nicaragua, así como en un contexto represivo hacia la actividad periodística independiente en el país”.

Vargas Clarens se desempeña como corresponsal en la RACCN de Canal 10 de televisión desde el año 2013. Ha realizado reportajes periodísticos e investigativos sobre las invasiones a los territorios indígenas cometidas por diversos grupos de colonos con la aquiescencia de las autoridades locales y estatales. A su vez, ha documentado y divulgado las constantes agresiones de autoridades públicas contra comunitarios, y ha brindado cobertura especial a los distintos comicios electorales que se han celebrado en los últimos años en la Costa Caribe.

La Comisión reconoce que su situación de riesgo está relacionada directamente con su labor periodística, a consecuencia de la cual ha sido intimidada, amenazada, hostigada y agredida físicamente; represalias que se han acentuado con el tiempo, particularmente desde 2018 a la fecha. Asimismo, resalta que resulta sumamente preocupante que varias de las amenazas más recientes en su contra habrían venido de autoridades estatales.

La CIDH también enfatiza que “la propuesta beneficiaria tiene limitaciones severas para poder desarrollar libremente sus actividades como periodista en Nicaragua”. Asimismo, reconoce que existe cierta hostilidad por parte de actores estatales hacia ella, quienes además tendrían como objetivo de tenerla bajo estricta vigilancia y control a lo largo del tiempo”.  

Adicionalmente, la Comisión advierte que esta situación de riesgo se acentúa por el hecho de ser mujer periodista, ya que al ejercer su derecho a la libertad de expresión de manera activa y mantener un alto perfil público, Vargas se ve enfrentada a la violencia y la discriminación basada en género, así́ como a formas diferenciadas de violencia por parte de actores estatales y no estatales.

Finalmente, la Comisión expresa que el Estado de Nicaragua ha tenido conocimiento, internamente y a través del presente procedimiento, de la situación de riesgo enfrentada por la periodista Vargas Clarens, dadas las denuncias policiales interpuestas por la beneficiaria. Sin embargo, estima que el Estado no aportó mayores elementos para desvirtuar los eventos de riesgo alegados por la parte solicitante. También tomó en cuenta el contexto represivo hacia la actividad periodística independiente en Nicaragua, así como la situación de riesgo acentuada que enfrenta la beneficiaria como mujer periodista; por tanto, otorgó las medidas cautelares solicitadas en  favor de la periodista Georgina Vargas Clarens. 

Pronunciamiento

Como organizaciones que acompañamos a las y los periodistas independientes en el marco de la crisis de derechos humanos que sufre Nicaragua desde abril del 2018, consideramos que el otorgamiento de las medidas cautelares en favor de Georgina Vargas, reconoce y constata de manera contundente el clima de violencia y abierta violación a los derechos humanos que se vive actualmente en la RACCN y en Nicaragua en particular respecto de las afectaciones específicas que enfrentan las mujeres periodistas; y reafirma la responsabilidad del Estado de Nicaragua de tomar todas las medidas para garantizar su protección, cumpliendo con sus obligaciones internacionales de derechos humanos.