San José, Ginebra, Washington D.C., 12 de mayo del 2023.- Ante la reciente suspensión definitiva del ejercicio de la abogacía y notariado a 25 personas en Nicaragua, ordenada el 11 de mayo de 2023 por el Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), las organizaciones que integramos el Colectivo 46/2 expresamos nuestra enérgica condena a lo que constituye una represalia más de los operadores del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.  

De las 25 personas afectadas,15 son abogados del grupo de 222 personas que fueron excarceladas y desterradas hacia Estados Unidos el pasado 9 de febrero, y las otras 10 personas fueron despojadas de su nacionalidad en un grupo de 94 personas, entre quienes se encuentran la reconocida defensora de derechos humanos Vilma Núñez de Escorcia y el escritor Sergio Ramírez Mercado.  

Vilma Núñez de Escorcia, es fundadora y presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), organización integrante del Colectivo 46/2. Núñez tiene una carrera intachable de más de seis décadas luchando incansablemente por la defensa de los derechos humanos en Nicaragua, siendo su labor reconocida a nivel nacional e internacional. El régimen ya la había despojado de su nacionalidad el pasado 15 de febrero, junto a otras 93 personas.

Entre las abogadas y notarias suspendidas están Mónica López Baltodano, defensora ambiental y Presidenta de POPOL NA; Gonzalo Carrión, defensor de derechos humanos del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más; Ana Margarita Vijil, feminista, dirigente política de UNAMOS y defensora de derechos humanos; y María Oviedo, abogada y defensora de derechos humanos de CPDH.

La arbitraria decisión afecta también a otras defensoras de derechos humanos, ambientalistas, políticos opositores, escritores y a tres extrabajadores del mismo Poder Judicial que fueron procesados el año pasado y enviados al destierro en febrero. Esta decisión fue antecedida por la tomada el 9 de mayo contra la abogada Yonarqui Martínez, quien denunció la detención arbitraria de 57 personas el 3 de mayo.  

Desde el Colectivo 46/2 lamentamos profundamente que el impacto de esta acción represiva traerá consecuencias directas en la observancia y defensa en procesos judiciales y en la defensa de derechos humanos. Exigimos a las autoridades del Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) anular esta decisión, que es violatoria del derecho internacional de los derechos humanos.  

Demandamos que se investigue y sancione a los responsables de esta nueva ola de arbitrariedades. Llamamos a los órganos de protección de los derechos humanos y a la comunidad internacional a denunciar esta acción emprendida por un poder desbordado que persigue a un sector de la población que se identifica como oposición o se percibe como tal, lo que caracteriza la situación de Nicaragua como una de las más graves de la región por los crímenes de lesa humanidad que continúan cometiéndose.  

Finalmente, expresamos nuestra solidaridad con todas las personas afectadas por esta nueva arbitrariedad y nuestro reconocimiento a su importante labor. Continuaremos observantes para que estos y otros hechos no queden en la impunidad.  

*** 

El Colectivo 46/2 es una coalición conformada por 21 organizaciones de derechos humanos internacionales, regionales y nicaragüenses que informa periódicamente a la comunidad internacional sobre la falta de acciones del régimen de Nicaragua para atender sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.  

El Colectivo 46/2 impulsó una campaña de incidencia #MecanismoParaNicaragua con el objetivo de que el Consejo de Derechos Humanos de Humanos de Naciones Unidas adoptara la Resolución 49/3, que estableció el mandato del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN, por sus siglas en inglés); y más recientemente, abogó para la aprobación de la Resolución L.38. Esta última resolución, aprobada el pasado 27 de marzo de 2023, renueva el mandato de monitoreo de la OACNUDH y el mandato GHREN por dos años, reforzando su enfoque interseccional de este último, y prestando especial atención a la situación de los pueblos indígenas y afrodescendientes, las personas migrantes y desplazadas a la fuerza, las personas detenidas por razones políticas, y a familiares de las víctimas.