Colombia, 16 de agosto de 2023.- La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos presento su análisis de la situación de derechos humanos, en el cual reconoció el enfoque que el actual Gobierno ha tenido hacia los derechos humanos, su disposición a abordar temas importantes y su compromiso con la protección de los derechos humanos, lo cual ha resultado en cambios significativos y positivos. No obstante, la Representante en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas Juliette De Rivero, destacó las preocupaciones y desafíos que la Oficina ha observado en el territorio y que requieren atención inmediata. En particular, expresó su preocupación por la expansión territorial de grupos armados y sus estrategias violentas de control social sobre la población civil y las organizaciones de base, a pesar del proceso de diálogo ofrecido. 

Aumento de masacres en el país  

Durante el primer semestre del año 2023, la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos registró un incremento del 11% en el número de masacres verificadas en comparación con el mismo semestre del año anterior. Se verificaron un total de 52 masacres durante este periodo. Se observó que la mayoría de las masacres fueron presuntamente perpetradas por grupos armados no estatales y organizaciones criminales. Los departamentos más afectados fueron Atlántico, Antioquia, Cauca, La Guajira, Magdalena, Meta, Norte de Santander, Putumayo y Valle del Cauca. Por su parte el Instituto de estudios para el desarrollo y la paz INDEPAZ, ha registrado a la fecha un total de 59 masacres en el país.

Violencia contra liderazgos sociales sigue siendo preocupante   

En el primer semestre de 2023, La Oficina ha informado de una reducción del 19% en los casos de homicidios de defensores de derechos humanos en comparación con el semestre anterior (julio-diciembre de 2022). Aunque esta disminución es alentadora, el número de asesinatos de defensores y defensoras en Colombia sigue siendo inaceptablemente alto. En total, se han registrado 46 casos de homicidio, de los cuales 39 eran hombres y 7 mujeres. Entre ellos, 11 eran indígenas, 9 afrodescendientes y 15 campesinos. Además, el 35% de los defensores de derechos humanos asesinados eran miembros de Juntas de Acción Comunal. A la fecha, Indepaz ha registrado 105 masacres durante el 2023 en el país. 

En cuanto a los desplazamientos, la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) ha informado de una disminución del 33% en los casos de desplazamiento en comparación con el semestre anterior y un aumento del 2% en los casos de confinamiento durante el mismo período. Además, la Misión de Verificación de Naciones Unidas ha verificado dos casos menos de asesinatos de excombatientes durante este período.  

Violencia sexual y trata de personas  

Durante la primera mitad del año 2023, la Oficina ha recibido un total de 42 denuncias de violencia sexual y de género en el contexto del conflicto armado, de las cuales 27 han sido confirmadas. Estas denuncias se han registrado en los departamentos de Antioquia, Arauca, Chocó, Nariño y Norte de Santander. Es especialmente preocupante la situación de trata de niñas y adolescentes con fines de explotación sexual por parte de grupos armados no estatales, así como la violación de mujeres y niñas. Estas situaciones diferenciadas evidencian la necesidad de adoptar medidas específicas efectivas que garanticen la protección y la participación efectiva de mujeres, niñas y personas LGBTI+ en todos los espacios de diálogo y toma de decisiones para la construcción integral de la paz.   

Desde Raza e Igualdad hacemos un llamado al Gobierno de Colombia para que tomen en cuenta el informe presentado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos, el cual señala la existencia de violaciones a los derechos humanos que requieren medidas inmediatas para proteger la vida y los derechos de los ciudadanos en el territorio nacional, especialmente en zonas del país que siguen siendo afectadas por el conflicto armado y grupos ilegales. En cuanto a la protección de las comunidades étnicas en situación de riesgo, es crucial que el Estado tome medidas efectivas para garantizar el pleno ejercicio de sus derechos individuales y colectivos, especialmente debido al impacto del conflicto armado y la violencia. El Gobierno nacional debe trabajar para reparar y proteger los derechos de estas comunidades, quienes son sujetos de especial protección según los estándares internacionales. 

Así mismo, instamos al Estado a llevar a cabo una Reforma Integral de la Policía Nacional con la participación genuina y efectiva de la sociedad civil, especialmente de las víctimas de la violencia policial racista. Así como adoptar, acatar e implementar de manera efectiva los estándares internacionales contra el racismo y la discriminación, como la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y formas conexas de Intolerancia (CIRDI), la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (CERD) y los estándares que se han desarrollado para prevenir el uso desproporcionado de la fuerza contra personas afrodescendientes por parte de la Fuerza Pública.