Colombia, 12 de marzo de 2022-. En las elecciones de este domingo en Colombia, la población votará para elegir a las y los nuevos representantes del Congreso de la República y, quien lo desee, podrá votar en las consultas presidenciales para elegir su candidato en varios partidos políticos.  

Además de las elecciones de la Cámara y el Senado, las víctimas del conflicto armado tendrán la posibilidad de elegir a sus representantes en 167 municipios de las Circunscripciones Especiales Transitorias de Paz, (Citrep). Son 16 curules de la Cámara de Representantes que fueron creados para que las víctimas y territorios donde el conflicto armado ha tenido un impacto mayor, puedan tener representación. Por cada circunscripción especial se elegirá un o una representante.  

Estas curules nacen del Acuerdo de Paz entre el gobierno de Colombia y las FARC, con el objetivo de dar representatividad política a las víctimas del conflicto armado. Según cifras de la Registraduría, hay 407 candidatos a esta circunscripción de víctimas en 204 listas. 

El proceso electoral se desarrollará en medio de un panorama poco alentador en materia de derechos humanos en el país. El informe anual de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia sobre la Situación de Derechos Humanos en Colombia, correspondiente al año 2021, señaló que en ese año se registraron 202 alegaciones de homicidios de personas defensoras de derechos humanos. En 100 casos se verificó la existencia de un vínculo entre el asesinato y la labor de defensa de los derechos humanos, de los cuales, 9 fueron personas afrodescendientes. Además, se presentaron 1.116 alegaciones de amenazas y agresiones contra personas u organizaciones defensoras de derechos humanos. 

Desde Raza e Igualdad, hemos observado con preocupación un notable incremento de la violencia armada, especialmente en territorios con gran presencia de comunidades afrodescendientes e indígenas, o contra líderes sociales y firmantes del Acuerdo de Paz. Asimismo, es notoria la escalada del conflicto armado en departamentos como Arauca, donde se están presentando enfrentamientos entre grupos armados, teniendo un impacto directo en la población civil. Allí, más de 2.000 personas han sido desplazadas. En Cauca, la situación es igualmente grave. En febrero de 2022, se presentaron ataques de grupos armados ilegales, incluida la explosión de un carro bomba en Padilla, Cauca. 

De acuerdo con el Observatorio de Derechos Humanos, Conflictividades y Paz del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), en lo que va corrido del año 2022 han sido asesinadas 37 personas defensoras de derechos humanos y liderazgos sociales, particularmente en territorios racializados como Chocó, Cauca y Valle del Cauca. 

La Defensoría del Pueblo ha advertido que hay riesgo extremo de violencia armada y fraude electoral en los municipios que hacen parte de las Circunscripciones Especiales de Paz. Según el Mecanismo Unificado de Monitoreo (MOE), herramienta del Sistema Integral para la Paz, hay por lo menos 347 afectaciones en sus circunscripciones en lo que va del 2022, incluidas amenazas y hostigamientos contra los aspirantes a las Curules de Paz. Así mismo, hemos observado con gran preocupación un incremento de violaciones a los derechos humanos individuales y colectivos, en las zonas priorizadas por el Acuerdo de Paz; lo que dificulta el desarrollo de las actividades de política electoral a cargo de los candidatos.  

Raza e Igualdad hace un especial llamado al Estado colombiano, para que durante la jornada electoral de este domingo se garantice la participación efectiva de toda la ciudadanía, incluidas las minorías históricamente excluidas, en todas las regiones del país. Así mismo se debe hacer un seguimiento a los casos de riesgo por corrupción electoral.   

Estas elecciones constituyen una nueva oportunidad para que los ciudadanos elijan legisladores comprometidos con garantizar los derechos humanos de todas las personas. Y desde esa perspectiva, se requiere que el nuevo Congreso priorice la implementación del Acuerdo Final de Paz. Si bien el nuevo presidente que se elija en los próximos meses será un factor determinante de ese horizonte ético, será el Congreso en sus funciones legislativas y de control político, el que permitirá configurar el marco normativo, institucional y de políticas públicas que se requiere para consolidar la paz. 

El nuevo Congreso también se debe comprometer con los términos estipulados en el Capítulo Étnico, especialmente en sus principios y salvaguardas. Para esto, se deben adoptar los mecanismos necesarios para garantizar el derecho al consentimiento previo, libre e informado en todas las iniciativas legislativas con impactos directos sobre las comunidades étnicas.  

Finalmente, hacemos un llamado a la comunidad internacional, en especial a las misiones de verificación, para que continúen con su trabajo de veeduría sobre el ejercicio electoral en Colombia y hagan un seguimiento al comportamiento del nuevo Congreso, así como al próximo Presidente de la República.  

Por unas elecciones libres, democráticas y seguras.