Bogotá, 6 de octubre de 2020.– El Instituto Internacional de Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), rechaza el alarmante incremento en los índices de violencia y discriminación que sufre la población LGBTI en Colombia en medio de la emergencia sanitaria por COVID-19 y hace un llamado para que el Gobierno Nacional desarrolle acciones concretas para prevenir, investigar y sancionar los ataques y asesinatos por prejuicio y la discriminación de la que han sido objeto las personas LGBTI. Aun cuando recientemente se han alcanzado importantes logros para el respeto y la garantía de los derechos de gays, lesbianas, bisexuales y trans, tales como el reconocimiento como sujeto de reparación colectiva a las víctimas LGBTI de El Carmen de Bolívar y el reconocimiento de pensión de una mujer trans de acuerdo con el régimen de pensión exigido para las mujeres, las cifras de asesinatos, amenazas y hostigamientos sigue creciendo exponencialmente.

Al 15 de septiembre de 2020, la Defensoría del Pueblo reportó el asesinato de 63 personas LGBTI y 388 casos de violencia por prejuicio contra personas LGBTI, señalando que durante la pandemia, “se exacerbaron el prejuicio y la discriminación y aumentaron los obstáculos para el acceso a la justicia en la recepción de las denuncias y las barreras institucionales ligadas a la ausencia de sensibilidad de empatía que deben prevalecer en las autoridades encargadas de atender a esta población.” A la fecha, Raza e Igualdad ha documentado 61 casos de ataques contra personas LGBT en Colombia*, en los que hemos reseñado actos de discriminación en espacios públicos, denegación de derechos como la salud y la alimentación, agresiones físicas con armas cortopunzantes, hostigamientos, amenazas e incluso asesinatos.

El pasado 05 de septiembre, el ataque homofóbico de un hombre, que “en el nombre de Cristo Jesús” abordó públicamente a la Alcaldesa de Bogotá Claudia López, abiertamente lesbiana, para reprocharle por “enseñar cosas irrespetuosas a la niñez” evidenció que el clima de discriminación y exclusión social en contra de las personas LGBTI no es exclusivo de las instituciones. En Colombia, a pesar de los progresos formales en el reconocimiento de derechos, hace falta avanzar en la construcción de un ambiente favorable y respetuoso de la diversidad sexual desde la sociedad, que resulte en verdaderas transformaciones para la inclusión y el reconocimiento de las personas LGBTI.

Cifras alarmantes de asesinatos y agresiones

A octubre de 2020, Raza e Igualdad ha documentado 30 casos de violencia en los que han sido asesinadas y/o agredidas gravemente personas LGBTI. Recientemente, el asesinato de Juliana, una mujer trans, por un disparo de un soldado del Ejército, prendió las alarmas sobre la violencia que se ejerce contra las personas LGBTI, en especial, contra las personas trans. En todo el país, se ha evidenciado el aumento en los índices de violencia en los territorios: En Armenia, Quindío, el 25 de agosto la Defensoría del Pueblo emitió una Alerta Temprana que señala que la población LGBTI se encuentra en alto riesgo; el 01 de septiembre, la Red LGBTI del departamento de Boyacá denunció en sus redes sociales el aumento de los abusos policiales en contra de trabajadoras sexuales, en especial mujeres trans y  en el Caribe, la organización Caribe Afirmativo pidió a través de una carta dirigida a las entidades territoriales, que hagan frente al alarmante aumento en los asesinatos y agresiones en esta zona del país, que ya representan el doble respecto al año 2019.

Liderazgos LGBTI en la mira

Los ataques a los liderazgos y organizaciones LGBTI en diferentes territorios denotan el afán por debilitar las agendas e iniciativas para la garantía de los derechos de gays, lesbianas, bisexuales y trans a lo largo del país. A la fecha, Raza e Igualdad ha documentado 8 casos de ataques, amenazas y asesinatos en contra de liderazgos LGBTI.

Ataques como del que fue víctima Aurora Iglesias, popularmente conocida como “Zunga, la Perra Roja”, lideresa trans de Florencia, Caquetá, quien fue amenazada con un arma de fuego en su vivienda mientras que le exigían cesar con sus labores comunitarias, advierten un patrón de persecución a los procesos LGBTI. El 17 de septiembre, una bandera LGBTI apareció quemada frente al hogar de un líder social en la ciudad de Armenia, Quindío y el 25 de agosto, a un líder gay de El Roble, Sucre, le fue incinerada su casa. Estos sucesos, además de amedrentar a las organizaciones LGBTI que son directamente atacadas, advierten un patrón de hostigamientos que busca también, enviar un mensaje de amenaza a otros procesos organizativos LGBTI a nivel local. Estos hechos se suman a el asesinato de Mateo, un hombre trans líder comunitario y el intento de homicidio de John Restrepo, líder gay que trabaja con víctimas LGBTI del conflicto armado, ambos perpetrados en pleno espacio público, en medio de actividades que adelantaban con la comunidad.

Abusos policiales contra las trabajadoras sexuales, en especial contra personas trans

En medio de un tenso clima de marchas, protestas y discusiones políticas sobre los abusos de la fuerza pública, se han reportado graves violaciones a los derechos humanos por parte de la policía contra las personas LGBTI. Raza e Igualdad ha reportado 12 denuncias públicas de ataques colectivos e individuales por parte de la Policía Nacional en contra las personas trans trabajadoras sexuales. En medio de estos ataques, perpetrados en su mayoría por varios miembros de la Fuerza Pública, se presentan agresiones físicas en procedimientos policiales de requisa injustificados, ataques con armas de fuego y con otras armas de dotación y la exigencia de pagos para permitirles a las trabajadoras sexuales ocupar el espacio público en medio de la pandemia, abusando física y psicológicamente de aquellas que no pueden pagar el monto exigido, como es el caso de Medellín, Caldas y Bogotá.

En otro episodio de abuso policial, se registró la muerte de Juan Luis Guzmán, un joven gay de Arboletes, Antioquia, quien apareció muerto en una estación de policía bajo extrañas condiciones, luego de que fuera trasladado allí por infringir las medidas de restricción de la movilidad expedidas frente al COVID-19.

En Colombia, la Fuerza Pública contribuye en gran medida a la reproducción de patrones de discriminación y exclusión contra de la población LGBTI. Esta situación de vulnerabilidad se profundiza cuando las víctimas de abuso o violencia policial reclaman o intentan exigir justicia, pues deben enfrentar diferentes barreras de acceso como la falta de enfoque diferencial y de género en los formularios de denuncia, las represalias con posterioridad a la misma o el encubrimiento institucional, la omisión, entre otros.

Frente al contexto previamente descrito, Raza e Igualdad se une a los actos de denuncia y rechazo de la sociedad civil colombiana frente al grave contexto de vulneración de derechos de las personas LGBTI y realiza un llamado al Gobierno Colombiano para que:

1. De celeridad a las investigaciones judiciales y sancione efectivamente a les responsables en los casos de asesinatos y agresiones contra la población LGBTI, garantizando la integración de un enfoque de diversidad sexual y de género en las diligencias a las que haya lugar, a fin de combatir los altos niveles de impunidad que se registran sobre estos casos.
2. Fortalezca las acciones de monitoreo, sensibilización y formación en DDHH, en especial en DDHH de personas LGBT, con miembros de fuerzas de seguridad, particularmente de la Policía Nacional, así como dar trámite a las denuncias presentadas en contra de funcionarios oficiales y redoblar los esfuerzos para que las investigaciones que se adelanten al interior de estas instituciones por la vulneración a DDHH de personas LGBT no queden en la impunidad.
3. Asegure a la población LGBTI el acceso sin discriminación a sus derechos como ciudadanes, en particular, el acceso a la justicia, fortaleciendo el monitoreo de las acciones de sensibilización y capacitación en derechos LGBTI a les operadores de justicia y diseñando rutas de atención diferencial para víctimas con orientación sexual e identidad de género diversa.
4. Rechace públicamente los actos de discriminación y/o violencia en contra de las personas LGBTI y adopte iniciativas de sensibilización y capacitación que permitan desestructurar las conductas y actitudes discriminativas y LGBTfóbicas dentro de la sociedad civil colombiana.

*Raza e Igualdad ha realizado un monitoreo de medios y denuncias públicas de ataques y discriminación en contra de la población LGBTI a partir del 25 de marzo de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19. Esta cifra se presenta al 05 de octubre de 2020.