Una vez más el gobierno Ortega – Murillo reprimió al pueblo de Nicaragua que pacíficamente se disponía a participar el pasado 14 de octubre, en la marcha cívica “Unidos por la Libertad”, actividad en la que estarían participando activistas y defensores de derechos humanos para exigir paz, justicia y libertad para las y los presos políticos que hoy ascienden a más de 400.

Mientras activistas y reconocidos defensores y defensoras de derechos humanos protestaban pacíficamente exigiendo al régimen de Ortega libertad para las y los presos políticos, antimotines de la Policía fuertemente armados arremetieron violentamente contra las y los manifestantes, argumentando que la movilización se constituía como una actividad instigadora y provocadora, que obstruía el derecho a la tranquilidad y libertad de circulación de las familias nicaragüenses para realizar sus actividades cotidianas; esto según lo expuesto en comunicado oficial de la Policía, en el que se reportaron un total de 38 personas capturadas, de las cuales 8 fueron liberadas horas después. Entre los detenidos están líderes políticos y sociales como Suyen Barahona, Presidenta del Movimiento Renovador Sandinista, Ana Margarita Vijil dirigente Movimiento Renovador Sandinista y José Antonio Peraza, Director del Movimiento por Nicaragua.

El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos humanos condena y rechaza enérgicamente la represión y brutalidad en la que incurrió la Policía el día de ayer en contra de activistas y defensores de derechos humanos; así como la censura y hostigamiento contra medios de comunicación nacionales independientes e internacionales que en ejercicio de su labor fueron retenidos.  Todos estos actos se constituyen como una gravísima violación a los legítimos derechos a la protesta social, libertad de expresión y de prensa; así como a la integridad, seguridad y buen trato que merecen las y los nicaragüenses según los tratados que conforman la Carta Internacional de Derechos Humanos y la Constitución nicaragüense.

Con preocupación denunciamos el patrón de crueldad y persecución del régimen de Ortega-Murillo, que se orienta a intimidar a la población para que desista de ejercer su legítimo derecho a manifestarse, lo que transgrede los derechos fundamentales de las y los nicaragüenses, así como el derecho internacional.  Las amenazas y actos de criminalización, intimidación y censura continúan escalando, lo que evidencia la poca voluntad política del gobierno nacional para tramitar una salida pacífica del conflicto y su afán por instalar de facto un estado de excepción.

Demandamos al gobierno de Nicaragua velar por la seguridad de su pueblo y cesar los actos de crueldad; así mismo, exigimos el respeto por ciudadanos y ciudadanas que cuentan con medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y se encuentran hoy detenidos.  Exigimos la libertad de todas y todos los presos políticos injustamente judicializados y de las personas detenidas ayer por ejercer su derecho a la manifestación. Demandamos información sobre su paradero y las condiciones en que se encuentran.

Finalmente, hacemos un llamado urgente a la comunidad internacional para redoblar esfuerzos que contribuyan a una solución pacífica a una crisis que ya ha cobrado más de trescientas vidas, más de dos mil personas heridas, centenares de presos políticos y personas desaparecidas.