El Instituto Raza e Igualdad rechaza enfáticamente los hechos racistas, violencia sexual, física y psicológica cometidos en Paya, Boyacá, contra Kerin Murillo Mena y sus hijos Keiner y Keylerl. Asimismo, hacemos un llamado en contra de las prácticas racistas que a diario se viven en las instituciones educativas producto de la estructura racista que reproducen todas las instituciones sociales. Los espacios escolares deben ser libres de prácticas racistas y cualquier tipo discriminación. De igual manera, exigimos acciones por parte del Gobierno nacional, para sancionar de forma efectiva cualquier acto de racismo y discriminación que se cometan en instituciones educativas. A los entes de justicia para que investiguen y sancionen a los responsables intelectuales y materiales de estos hechos, y se repare de forma integral a las víctimas.

El pasado 3 de diciembre se conoció la denuncia de Kerin Murillo Mena, una mujer afrocolombiana, quien trabajaba como docente de inglés en la Institución Educativa El Rosario, ubicada en el municipio de Paya, Boyacá[1]. Según la denuncia de Kerin, ella y sus hijos – quienes estudiaban en la misma institución donde Kerin se desempeñaba como docente – fueron víctimas de hechos racistas, violencia física, verbal, sexual y psicológica en la institución educativa.

Por su parte, varias organizaciones convocaron hoy a un “plantón nacional antirracista” en algunas ciudades del país, con el fin de expresar su inconformidad ante el creciente número de actos de discriminación y racismo en contra de las personas afrodescendientes en el territorio nacional.

Desde Raza e Igualdad urgimos al Estado Colombiano para que realice de forma efectiva las respectivas investigaciones ante estos hechos, garantice el acceso a justicia, medidas en contra de la revictimización y reparación. En ese sentido, urge que se cumpla con lo señalado en la Ley 1482 de 2011 en Colombia, la cual tiene el objetivo de garantizar la protección de los derechos de personas y comunidades que han sido víctimas de racismo y discriminación. De igual manera, instamos al Estado colombiano a acatar lo estipulado en la Declaración y Plan de Acción de Durban[2], donde se hace énfasis en la incorporación de medidas eficaces para hacerle frente a los casos de discriminación basados en la pertenencia étnico racial de las víctimas, y a la aplicación de lo estipulado en la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial de las Naciones Unidas.  De igual forma, hacemos un llamado al Estado colombiano a ratificar e implementar la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia (CIRDI)[3].

[1] https://www.semana.com/nacion/articulo/aterrador-este-es-un-caso-de-violencia-racista-en-boyaca-que-deberia-indignar-a-toda-colombia/202257/

[2] https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/DurbanDecProgAction_sp.pdf

[3] https://cirdi2024.org/es/sobre-la-cirdi