Washington D.C., 17 de junio de 2021.- El pasado 15 de junio, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó por una amplia mayoría de  26 votos a favor una resolución expresando su “alarma ante el deterioro del entorno político y la situación de los derechos humanos en Nicaragua, incluído el uso de leyes y acciones represivas para intimidar y amenazar a los miembros de la oposición y de la prensa, y para restringir la participación política”.

Las delegaciones de Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, Estados Unidos, Paraguay, Perú, El Salvador, Grenada, Guatemala, Guyana, Haití, Jamaica, Panamá, República Dominicana, Saint Kitts and Nevis, Santa Lucía, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay, Venezuela, Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Colombia y Ecuador votaron a favor de la resolución; en cambio, Bolivia, San Vicente y Granadinas y Nicaragua votaron en contra; y las delegaciones de Argentina, México, Honduras, Dominica y Belice optaron por la abstención.

La resolución aprobada condena el arresto, el hostigamiento y las restricciones arbitrarias impuestas a potenciales candidatos y candidatas presidenciales, integrantes de partidos políticos y periodistas independientes, además demanda la liberación inmediata de las personas detenidas arbitrariamente en las últimas semanas, así como del resto de presas y presos políticos.

El Consejo instó enérgicamente al Gobierno de Nicaragua a que implemente medidas legislativas y de otro tipo, acordes a las normas internacionales, con el fin de promover elecciones libres, justas, transparentes y con observación electoral fidedigna de la OEA y otros países.

Asimismo, solicitó a la Secretaría General y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que “presenten dos informes al Consejo Permanente sobre el proceso electoral en Nicaragua, para su consideración y posible presentación en la Asamblea General”.

Desde el inicio de la sesión, el representante de la delegación de Nicaragua en la OEA, Luis Alvarado, expresó que el Gobierno de Nicaragua desaprobaba la convocatoria del Consejo Permanente y, por tanto, declaraba la resolución sometida a votación como “inadmisible, de nulidad absoluta y sin ningún efecto vinculante para el Gobierno”. 

“Condenamos la práctica injerencista de esta desacreditada organización y su Secretaría General, en los asuntos de la jurisdicción interna de Nicaragua, y la de otros Estados Miembros de la Organización”, recalcó Alvarado.

Por su parte, el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, expuso que esta nueva resolución es un “avance en el trabajo de la organización respecto a Nicaragua”; e hizo un recuento de todos los acuerdos que el Gobierno de Nicaragua ha firmado con la Secretaría General y con la Organización de Estados Americanos, pero que lamentablemente “ha violado e incumplido”. 

“Urge la liberación de todos los presos políticos, urge la liberación de todos los precandidatos: Cristiana Chamorro, Juan Sebastián Chamorro, José Adán Aguerri, José Pallais, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Violeta Granera, Walter Gómez, Marcos Fletes, Tamara Dávila Rivas… los compañeros de otros tiempos del Sandinismo: Hugo Tórrez, Dora María Téllez, Suyen Barahona, Victor Hugo Tinoco, Ana Margarita Vijil”, expresó Almagro.

Desde el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) respaldamos la resolución aprobada por el Consejo Permanente, así como todos los esfuerzos de la Organización de Estados Americanos para el irrestricto respeto  de las libertades fundamentales y el restablecimiento de la democracia en Nicaragua.