Este pasado mes de julio, la situación de violencia y desprotección contra personas LGBTI presentó cifras alarmantes, incluyendo asesinatos, amenazas, acciones discriminatorias incluso desde el Estado. Esta situación se contrapone a otro cartapacio de noticias positivas recibidas este mes en apoyo a diferentes sectores de la población por parte del Estado.

Las cifras alarmantes de homicidios a personas LGBTI en julio

Durante el mes de julio, los medios de comunicación reportaron el homicidio de cuatro personas debido a su orientación sexual o identidad de género. El primer caso relatado a 10 de julio es el de Johny Jiménez Martínez, quien era vendedor de accesorios de celulares en el municipio de Montelíbano, Córdoba. El cuerpo de Johny fue encontrado en un pozo por un vecino del sector, con señales de desmembramiento causadas por un machete de acuerdo con el personal de Medicina Legal.

En Medellín, ese mismo día, se reportó el homicidio de Adriana, una mujer trans barranquillera de 35 años que falleció en el Hospital General luego de ser herida con un puñal. Era conocido que Adriana ejercía el trabajo sexual en Cali y se había trasladado a Medellín para continuar su trabajo allí. De acuerdo con reportes, el presunto victimario la persiguió en el centro de la ciudad y le propinó 4 heridas de arma blanca en el cuello. Cabe resaltar que los reportes de prensa propician la mala identificación Adriana, al enunciarla como una víctima masculina, desplegando el nombre de su documento de identidad como el oficial, y mencionando el nombre de “Adriana” como si fuera un alias, lo que desconoce plenamente su identidad de género.

El 13 de julio en Ipiales, Nariño, la actual virreina del reinado LGBTI del municipio, que es una mujer trans, fue abordada por tres hombres cisgénero que intentaron violarla. Sin embargo, al percatarse de que la víctima era una mujer trans, decidieron insultarla y apuñalarla. La víctima sobrevivió al ataque, aunque de acuerdo con el reporte de prensa presenta repercusiones psicológicas que no fueron atendidas inmediatamente, ya que los funcionarios que la atendieron no tenían la claridad suficiente para atenderla respetando su identidad de género.

Finalmente, el 25 de julio fue capturado Hardín Piedrahíta, quien aceptó cargos por el homicidio de un joven gay el pasado jueves 18 de julio en el norte de la capital. El acusado relató que conoció a la víctima por Internet meses antes. En la noche de los hechos, el acusado mencionó que se dirigió a la casa de la víctima para realizar una fiesta, pero al percatarse de que su amigo era gay, “se sintió engañado y decidió propinarle ocho puñaladas”.

Tres amenazas en territorio para líderes sociales y personas que se identifican como LGBTI

En el marco de la marcha del orgullo LGBTI en Quindío, el enlace en territorio mencionó que hay registradas más de 14.000 personas que se identifican como lesbianas, gay, bisexuales, transexuales e intersexuales con los cuales están construyendo la política de diversidad sexual. Sin embargo, reiteró que la actual situación de amenazas a los líderes de esta población se sigue presentando en la región en especial en municipios como Calarcá, Armenia, Génova, entre otros.

Ahora, la situación en Norte de Santander es similar. De acuerdo con la directora de la Fundación Libélula, colectivo lésbico de la capital del departamento, hay constantes amenazas por parte de grupos armados en diversos municipios del Catatumbo y la zona de frontera, que han desencadenado incluso su desplazamiento interno hasta la ciudad de Cúcuta. Adicionalmente, mencionó cómo hace varias semanas encontraron un joven trans en zona rural del municipio de El Zulia, que fue asesinado y cuya investigación no se ha adelantado de forma efectiva.

En Bolívar las amenazas contra líderes sociales LGBTI también es constante. Yirley Velasco fue amenazada previamente en el corregimiento de El Salado. En reportes recientes Claudia Casseres Lujano, quien actualmente trabaja por los derechos de la población LGBTI en el municipio de Turbaco en la mesa departamental LGBTI, recibió graves amenazas de muerte por parte de hombres encapuchados que llegaron hasta la puerta de su vivienda, ubicada en el barrio El Talón. Allí, seis hombres la amenazaron a ella y a su pareja para que abandonaran el territorio, o iban a incendiar su casa.

Las acciones discriminatorias contra personas LGBTI no cesan

Durante finales del mes de junio e inicios del mes de julio, las noticias sobre el día del orgullo LGBTI inundaron las redes sociales. Sin embargo, en Colombia la práctica de atacar las banderas LGBTI izadas con el aval de autoridades municipales fue una noticia reiterada y que genera alta preocupación sobre la situación de discriminación social contra la población con orientación sexual e identidad de género diversa. Esta práctica fue por primera vez documentada en un ataque a la bandera que se encontraba izada en el Pueblito Paisa, y cuyo atacante decidió bajarla y romperla. Sin embargo, esta práctica se replicó en el ataque a la bandera que se encontraba izada en la Alcaldía de Pasto, y a su vez culminó en que la Gobernación de la Guajira decidiera bajar la bandera LGBTI que se encontraba izada debido a mensajes homofóbicos.

A episodios similares de discriminación se enfrentan también los extranjeros que viven en Ibagué, departamento de Tolima. A mediados de julio, la emisora Ondas de Ibagué reportaba que a los migrantes LGBTI que llegan de Venezuela se enfrentan a una doble discriminación: la xenofobia y la negación de derechos por su orientación sexual e identidad de género. De acuerdo con el reporte, los líderes comunitarios LGBTI de Ibagué se han movilizado para atender al menos a 30 personas en esa situación en busca de techo, comida y atención médica.

Otro hecho discriminatorio ocurrió en Bucaramanga, ciudad en la que el 20 de julio el periódico El Frente publicó una nota en la que aseguraba que la homosexualidad ha incrementado los casos de SIDA. De forma inmediata, la Plataforma LGBTIQ de Santander emitió su posicionamiento de rechazo, e incluso anunció que tomaría medidas legales ante dicha publicación, que fomenta la discriminación y los discursos de odio hacia la comunidad LGBTI.

Buenas noticias: apoyos de aliados estatales y sociales

 Pero no todas las noticias en que se visibiliza a personas LGBTI en los medios de comunicación son negativas. En julio, también hubo varios artículos que reflejan que la sociedad avanza en el reconocimiento de derechos de la comunidad LGBTI.

En Tumaco, a inicios de mes se realizó una feria de salud dirigida a la población LGBTI del municipio, misma que apoyaron la Secretaría de Salud y la Fundación Arcoíris, pero también otras instituciones como centros hospitalarios y la Cruz Roja.  Esto manifiesta el compromiso del sector público y de las organizaciones de sociedad civil por garantizar los derechos y el respeto a las personas LGBTI.

Más recientemente, una pareja homoparental cobró notoriedad en los medios porque logró bautizar en la iglesia católica a su hijo recién nacido. Manuela y Luisa revelaron que nunca se sintieron discriminadas y que si bien principio se les había dificultado la realización del bautizo, el trato por parte de la Iglesia siempre fue respetuoso.

Por otro lado, la Corte Constitucional de Colombia falló a favor de una pareja de lesbianas que fue expulsada de un bar de Barranquilla por razón de orientación sexual. Según la noticia, publicada por RCN Radio, el alto tribunal “concluyó que los reproches del dueño del establecimiento por las demostraciones de afecto entre ellas fueron actos de discriminación que vulneraron los derechos de las mujeres”. El dueño del bar tendrá que disculparse con la pareja y deberá permitir su entrada al establecimiento.

A finales de mes, en Medellín se firmó un Plan de Reparación Colectiva que busca reparar a la Mesa LGBT que en 2011 sufrió violencia por parte de actores armados. El plan durará 3 años y contempla el desarrollo de una escuela de género para la comunidad y la ejecución de una escuela de profesionalización para las mujeres trans, según el diario El Espectador.