Bogotá, 18 de Mayo de 2016. El 17 Mayo de 2016 el Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano (CONPA) realizo un conversatorio sobre el papel de los Afrocolombianos en los diálogos y la construcción de la paz en Colombia. En el evento participaron cerca de 100 personas pertenecientes a organizaciones afrocolombianas, funcionarios de entidades gubernamentales, y representantes de agencias de cooperación nacional e internacional. La lista de conferencistas incluyo al Sr. Todd Howland (Representante en Colombia de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humano).

Los análisis y propuestas de conferencistas y participantes reiteraron la importancia que tiene para la sostenibilidad de la paz que la Mesa de Negociaciones reciba una delegación de los pueblos étnicos antes de la firma de los Acuerdos, con el objetivo de que estos incorporen en su texto final clausulas para salvaguardar los derechos étnico-territoriales de las comunidades en la implementación de los mismos. Pero también se identificaron alternativas para enfrentar los obstáculos y conflictos que van a surgir durante la implementación como consecuencia de que los Acuerdos no hayan incorporado un enfoque diferencial étnico.

El representante para Colombia del Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Pedro L. Cortes-Ruiz), quien asistió al evento, resalta algunos de los planteamientos que tienen mayor relevancia para la perspectiva de garantizar los derechos de las comunidades étnicas en el contexto del post-acuerdo.

Un racismo naturalizado e institucionalizado es la causa de la exclusión de las comunidades étnicas de los diálogos y de la ausencia de un enfoque diferencial étnico adecuado en los Acuerdos. Este argumento explicativo puede derivarse de algunos análisis como el planteado por Carlos Rosero del Proceso de Comunidades Negras (PCN) y el CONPA. En su presentación Carlos expreso que la falta de adopción de mecanismos de participación “especiales, diferenciales, y proporcionales” no tiene correspondencia con consensos que se tienen sobre los impactos diferenciales del conflicto sobre las comunidades étnicas. En la misma perspectiva, Francia Marquez de la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca (ACONC),  considera absurdo que el gobierno haya planteado que “los derechos de las comunidades étnicas no se van a tocar en la Mesa”, como justificación para rechazar la adopción de mecanismos de participación especiales para las comunidades étnicas. Francia resalto la contradicción de esta argumentación si se tiene en cuenta que la implementación de los Acuerdos se realizara en gran parte en territorios étnicos.

La legitimidad de los Acuerdos también depende de la participación diferenciada y efectiva que se le garantice a las comunidades étnicas, y no solamente de los mecanismos que la Mesa ha propuesto recientemente para su “blindaje”. El primer paso hacia este tipo de participación debe ser que “seamos escuchados” como lo indico Richard Moreno del Foro Interétnico Solidaridad por Choco (FISCH). En este mismo sentido, Sr. Todd Howland recordó que esta participación debe ser protegida por el Estado colombiano en virtud de las obligaciones que tiene el Estado colombiano al haber ratificado tratados internacionales como la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial de la ONU, y el Convenio de 1969 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). La no participación de las Comunidades tanto en el proceso de negociación de los Acuerdos como en su implementación representa una violación a esas obligaciones.

La propuesta de las organizaciones afrocolombianas para que el Acuerdo Final incorpore una clausula para salvaguardar los derechos étnico-territoriales plantea principios que pueden corregir la ausencia de un enfoque diferencial adecuado hasta el momento. En su intervención, Silvio Garces (líder afrocolombiano y funcionario del gobierno que ha contribuido significativamente a los procesos de titulación colectiva por más de 20 años) ofreció un análisis y propuesta que recoge planteamientos centrales de la Agenda del CONPA. Cinco puntos deberían incorporarse a los Acuerdos: (1) salvaguarda de derechos adquiridos como principio general en términos que implementación de Acuerdos no afectaran derechos adquiridos, (2) garantía para dar continuidad a los procesos de titulación, (3) garantía de concertación con las comunidades en los casos que “zonas de concentración” de excombatientes de las FARC lleguen a coincidir con territorios colectivos, (4) compromiso para detener el repoblamiento de territorios, y (5) garantía de que se respetaran formas autónomas de gobernabilidad.

La adecuación institucional para la implementación de los Acuerdos que ya se ha iniciado debe incorporar desde ahora la participación de las comunidades étnicas. En su intervención, Zulia Mena (Viceministra de Cultura y lideresa del movimiento afrocolombiana) describió el proceso que ella ha comenzado a dinamizar al interior del Ministerio de Cultura para integrar a miembros de las organizaciones étnicas en las discusiones que ya se desarrollan en función de la adecuación que se va a realizar para la implementación de los Acuerdos. Este tipo de liderazgos que potencian la participación de las comunidades en función de la construcción de la paz también es significativo para avanzar en dimensiones de la Ley 70 de 1993 que no se han implementado en forma adecuada hasta el momento.

La garantía del derecho a la participación de las comunidades étnicas en la implementación de los Acuerdos está amenazada si las FARC continúan restringiendo su autonomía. Algunos de los líderes regionales expresaron su preocupación sobre la continuidad de prácticas de la FARC que han violado el derecho de las comunidades a tomar sus propias decisiones. Se recordó el caso del asesinato por parte de las FARC en Agosto de 2015 de Genaro Garcia, presidente del Consejo Comunitario Alto Mira en Tumaco. Dado que los territorios afrocolombianos serán zonas prioritarias para la implementación de los Acuerdos, y que la perspectiva es que excombatientes de las FARC se incorporen a la vida política de esos territorios, la dejación de armas también debe significar la dejación de cualquier práctica que continúe restringiendo el derecho de las comunidades a gobernarse en forma autónoma.

Acompañar a las comunidades debe ser la prioridad de las organizaciones de derechos humanos en estos momentos y en el contexto post-acuerdo. El acompañamiento directo en función de detener las violaciones y restricción de derechos que siguen sufriendo las comunidades debe ser la prioridad de organizaciones de derechos humanos en sus estrategias para proteger los derechos humanos de las comunidades étnicas en el contexto post-acuerdo. Los complejos diseños institucionales de los que se ha ocupado la negociación, y que se requieren para la implementación de los Acuerdos, parece haber desplazado esta urgencia. “Hay mucha desesperanza en los territorios” expresó en forma muy sentida Francia Marquez. Esta expresión refleja el estado emocional que han seguido viviendo las comunidades étnicas durante el proceso de negociación, aunque simultáneamente mantienen una actitud de resistencia proactiva.

Conversatorio “El Papel de Los Afrodescendientes en los Diálogos y La Construcción de la Paz en Colombia”