Crisis de DDHH en Nicaragua no se ha superado, denuncian Alta Comisionada de Derechos Humanos, CIDH y activistas nicas

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Ginebra, 10 de septiembre de 2019. La grave crisis sociopolítica y de derechos humanos que atraviesa Nicaragua desde abril 2018 ha quedado expuesta en toda su magnitud esta semana durante el 42 periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, Suiza, con la presentación de un informe actualizado sobre la […]

Ginebra, 10 de septiembre de 2019. La grave crisis sociopolítica y de derechos humanos que atraviesa Nicaragua desde abril 2018 ha quedado expuesta en toda su magnitud esta semana durante el 42 periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, Suiza, con la presentación de un informe actualizado sobre la situación en ese país que realizó hoy la Alta Comisionada Michelle Bachelet, el respaldo al pueblo de Nicaragua expresado por diversas delegaciones diplomáticas, y la presencia de una delegación de activistas, periodistas, ex prisioneros políticos, defensores de derechos humanos nicaragüenses y organizaciones internacionales de derechos humanos.

El informe de Bachelet

La Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, reflejó en su informe que las graves violaciones de derechos humanos han continuado en Nicaragua, especialmente contra el derecho a la reunión pacífica, a la libertad de expresión y asociación, a la libertad personal, a no ser sometido a tortura ni condiciones inhumanas de detención, a tener un juicio justo y a obtener reparaciones.

“La respuesta institucional a las violaciones de los derechos humanos ha sido insuficiente”, dijo Bachelet en su intervención, añadiendo que el sistema de justicia en Nicaragua no ha garantizado la rendición de cuentas por estas graves violaciones. En consecuencia, resaltó la importancia de que los organismos de derechos humanos pueda regresar al país para monitorear la situación de derechos humanos en Nicaragua.

En el informe de Bachelet se brindan ocho recomendaciones al Estado de Nicaragua, entre ellas que se reanude “urgentemente” el diálogo entre el Gobierno y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia; que se garantice el ejercicio de las libertades de reunión pacífica, expresión y asociación; que se restablezca de forma urgente la personalidad jurídica de las nueve organizaciones de la sociedad civil y de los medios de comunicación que fueron sancionados e ilegalizados; y que se establezca un plan de acción de amplio alance orientado a la rendición de cuentas.

CIDH y delegaciones internacionales respaldaron informe de la ACNUDH

La Relatora para Nicaragua de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Antonia Urrejola, señaló que la crisis en Nicaragua “mantiene al país en un clima de grave deterioro institucional y de completo cierre de los espacios democráticos para el ejercicio de los derechos humanos”.

De acuerdo con la Comisionada, «persiste la instalación de facto de un estado de excepción que mantiene suspendidas o seriamente limitadas las libertades públicas, persisten las detenciones arbitrarias, el exilio de periodistas y líderes sociales, la falta de tutela judicial efectiva para las víctimas, persiste la impunidad, persisten las denuncias de asesinatos de personas identificadas como opositoras, las denuncias por casos que pudiesen calificarse de desapariciones forzadas y las denuncias de ataques sexuales y torturas”.

Posteriormente, diversas delegaciones respaldaron el informe de la ACNUDH, incluyendo: la Unión Europea, Brasil, Canadá, Costa Rica, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Argentina, Bélgica, República Checa, México, Alemania, Suiza, Ecuador, España, Francia, Sudáfrica, Uruguay, Australia, Georgia, Islandia, Luxemburgo. Así mismo, las organizaciones CIVICUS, Red Local, Human Rights Watch, FIDH, Amnistía Internacional, CitizenGo e Hivos, acogieron el informe e instaron al Estado a retomar las recomendaciones allí presentadas.

Estado nicaragüense niega violaciones de derechos humanos

El vicecanciller de Nicaragua, Valdrack Jaentscke, negó las violaciones de derechos humanos cometidas por el Estado de Nicaragua desde el inicio de la crisis en abril de 2018 hasta la fecha, puestas en evidencia de forma irrefutable por Bachelet y por Urrejola.

En cambio, desacreditó el informe presentado por Bachelet y defendió la postura gubernamental de que en Nicaragua existe plena libertad de asociación, que ningún periodista ha sido perseguido por ejercer su oficio, ni defensores humanos han sido reprimidos en sus funciones, que no han existido las detenciones arbitrarias y que no existen torturas ni tratos crueles e inhumanos en los centros de detención nicaragüenses.

Al Estado de Nicaragua lo respaldaron las delegaciones de Bolivia, Siria, Belarús, Cuba, Rusia y Venezuela, países que solicitaron a la ONU no intervenir en asuntos internos.

Los espacios de incidencia

Un día antes de la presentación del informe de derechos humanos sobre Nicaragua, se llevó a cabo el evento “Combatiendo la impunidad y fortaleciendo la rendición de cuentas: violaciones de derechos humanos en Nicaragua”, evento organizado por el Instituto de Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) con el propósito de acercar la realidad de Nicaragua al 42 periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos.

En el panel participaron los excarcelados políticos nicaragüenses Lucía Pineda, Victoria Obando y Edwin Carcache, el Relator Especial de la ONU sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación, Clément Voulé, y el primer vicepresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Relator sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad, Joel Hernández.

La Jefa de Prensa de 100% Noticias, Lucía Pineda, expuso cómo el Gobierno de Nicaragua sigue acosando, amenazando y reprimiendo a los comunicadores y periodistas independientes en su país, y cómo aún continúan ocupadas las oficinas del Canal 100% Noticias y del medio digital Confidencial y los programas televisivos Esta Noche y Esta Semana, dirigidos por Carlos Fernando Chamorro.

Edwin Carcache, líder estudiantil y miembro de la Alianza Cívica, contó que aún continúan apresadas al menos 126 personas que fueron detenidas por su participación en protestas ciudadanas, y lamentó que estos presos políticos estén pasando por las mismas condiciones de torturas y tratos inhumanos que él mismo vivió en las celdas del Sistema Penitenciario Jorge Navarro “La Modelo”.

Victoria Obando, por su parte, resaltó cómo la comunidad LGBTIQ ha sido parte activa de las manifestaciones ciudadanas y por lo tanto, ha sufrido los embates de la represión a través del encarcelamiento o el exilio. “Tenemos registros de personas exiliadas de nuestra comunidad en al menos 13 países, donde sus condiciones de vida se ven afectadas gravemente cuando media la visibilidad de su orientación sexual o identidad de género”, explicó Obando.

Apoyo del Sistema Universal y Sistema Interamericano

El Relator Especial de la ONU sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación, Clément Voulé, coincidió con el informe de Bachelet y reiteró que en Nicaragua se siguen violando los derechos humanos de los ciudadanos nicaragüenses.

El relator especial explicó que el derecho a la libertad de asociación y reunión pacífica es un derecho fundamental para que se garanticen los demás derechos. Con base en lo anterior, pidió al Estado de Nicaragua que se les devuelva la personería jurídica a las ONG’s que fueron ilegalizadas, pues estas desempeñan un papel vital en la protección y el cumplimiento de los derechos humanos y la vida democrática de la sociedad.

“El gobierno de Nicaragua no debe verlos como una amenaza, sino como un medio de diálogo en el que debe participar”, añadió, resaltando que el inicio de cualquier proceso de justicia transicional pasa por permitir el trabajo de organizaciones independientes que puedan prestar apoyo a las víctimas y documentación de denuncias. Además, subrayó el gran interés de su oficina de visitar el país para establecer un diálogo con el gobierno nicaragüense, aunque este no ha recibido respuesta por parte del Estado.

Finalmente, el vicepresidente de la CIDH, Joel Hernández, también resaltó que están dispuestos a desplegar sus misiones nuevamente en Nicaragua, a pesar de que tampoco han recibido respuesta sobre reiteradas solicitudes. “Se han cerrado los espacios democráticos y a la fecha no se han abierto. Nicaragua no tiene una voluntad de solucionar esta crisis”, lamentó Hernández.

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