“Hemos tenido una reunión con la Alta Comisionada, ha escuchado nuestras peticiones y ha expresado sentidamente preocupación por la situación en Nicaragua y su compromiso por incluir y señalar la situación que se está dando en todas sus intervenciones y contribuir en todo lo que pueda para que se logre mejorar las condiciones en el país” señaló Ana Quirós, de CISAS defensora de derechos humanos recientemente expulsada arbitrariamente de Nicaragua.  Así mismo, Heydeé Castillo, directora del Instituto de Liderazgo de Las Segovias infirió “pudimos contarle de viva voz lo que hemos vivido y lo que está viviendo el pueblo de Nicaragua, los niveles de criminalización, de violencia, los crímenes de lesa humanidad cometidos…”

Ocho de las diez organizaciones de sociedad civil presentes en la reunión han sido arbitrariamente censuradas por el gobierno de turno tras la decisión tomada por los mismos de cancelar sus personerías jurídicas como represalia por cumplir su misión y objetivos, brindando atención a la población en el contexto de la crisis nicaragüense.  En este sentido, Luciano García, de Hagamos Democracia, expresó “Lo más importante ha sido poder ponerla al tanto de manera puntual de todos los atropellos que el régimen está cometiendo en contra de todos los nicaragüenses y todas las organizaciones de sociedad civil, y ella [Michelle Bachelet] ha escuchado nuestras demandas y se encuentra extremadamente preocupada y sorprendentemente informada del caso de Nicaragua”.

Algunas de las peticiones presentadas por los representantes ante la Comisionada Bachelet estuvieron relacionadas con solicitar al Estado de Nicaragua el cese a la represión, persecución y criminalización a la población, a los y las defensoras de derechos humanos, pueblos indígenas, líderes sociales, políticos y periodistas; además de hacer un llamado al Estado para que ofrezca garantías para el pronto y seguro retorno al país de defensores y defensoras de derechos humanos forzados al exilio producto de la criminalización y judicialización, así como el restablecimiento de las personerías jurídicas arbitrariamente canceladas (ilegalmente arrebatadas) a organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil.

A lo largo del espacio la Alta Comisionada se mostró profundamente sensible y comprometida con la situación.  Anibal Toruño de Radio Darío señala que el encuentro no sólo es un espacio para presentar una realidad nacional sino la posibilidad de encontrar otros interlocutores para la pronta solución a la crisis.  “Fue un momento esperanzador, recibimos un respaldo pleno de la Alta Comisionada. Una ventana, una esperanza y desde luego la posibilidad de encontrar interlocutores que nos puedan ayudar a resolver la crisis que vivimos actualmente en Nicaragua”.

Por su parte, Mónica Baltonado representante de la Fundación Popol Na hizo hincapié en lo que significó presentarle a la comisionada no solo el dolor que viven los defensores y activistas de derechos humanos sino una nación “De una trascendencia significativa para las organizaciones nicaragüenses, pero también para el conjunto de la sociedad, primero porque pudimos de manera directa transmitirle el dolor y el sufrimiento del pueblo de nicaragüense, y la enorme preocupación que tenemos, pero sobre todo el sentido de urgencia de encontrar en el menor tiempo posible una solución”.

Desde el mes de abril de 2018 Nicaragua se encuentra sumergida en una grave crisis de derechos humanos que se ha ido agudizando en tanto no se han atendido las causas que la provocaron ni se ha escuchado la demanda de la población nicaragüense por justicia y democracia.  Durante los últimos meses se ha observado una estrategia del gobierno para desarticular todo espacio de crítica y la violencia se manifiesta de forma más selectiva dirigida hacia defensores y defensoras de derechos humanos.  Hasta el día de hoy, las acciones represivas del gobierno nicaragüense han dejado un saldo de 325 personas asesinadas, más de 2000 heridos, 767 presos y presas políticas y más de 80,000 personas desplazadas forzosamente a Costa Rica.