Washington D.C., 28 de abril de 2021.– El VIII Congreso del Partido Comunista de Cuba—que se desarrolló del 16 al 19 de abril de 2021—transcurrió sin que se definieran acciones que den respuesta a los grandes problemas de derechos humanos que existen en la Isla. Para la sociedad cubana, y especialmente para la sociedad civil independiente y las organizaciones que dan seguimiento a la situación en el país, este octavo congreso fue “más de lo mismo”, a pesar de los esfuerzos del Gobierno y de medios de comunicación oficiales para proyectarlo como un hito.

Este evento político se realiza cada cinco años y siempre despierta diversas expectativas sobre la forma en que será conducido el país en el próximo quinquenio, ya que el PCC es el máximo órgano de poder en el país. El primer día del Congreso, el presidente Miguel Díaz-Canel y ahora máxima autoridad del partido, expresó a través de Twitter: “Aquí se afianzan las ideas, se reconoce la historia y se habla de futuro”.

Sin embargo, la trascendencia de este evento a nivel internacional estuvo marcada por el anuncio del traspaso de la Primera Secretaría del PCC de Raúl Castro a Díaz-Canel. En tanto, para la sociedad cubana este Congreso dio la espalda a sus principales demandas, que en su mayoría se relacionan a la carencia de la vida e imposibilidad de acceder a insumos de sobrevivencia básica, la falta de medicinas y la propagación del COVID-19, la violencia contra las mujeres y las graves restricciones al ejercicio de derechos como la libertad de expresión y de asociación, entre otras.

En palabras del líder afrocubano y coordinador nacional del Comité Ciudadanos por la Integración Racial (CIR), Juan Antonio Madrazo, “el Congreso del PCC se enfocó más en cómo reforzar la construcción de un frente ideológico, que hace mucho tiempo tiene grietas, que en asomarse a los problemas inmediatos de la sociedad”. “El PCC como vanguardia no identificó cómo ellos van a modernizar la Política Social ni cuáles son los instrumentos de Protección Social que van a utilizar para empujar el enfrentamiento a la pobreza y la desigualdad”, asegura.

Nuevamente vimos cómo Cuba se aleja de sus obligaciones en materia de derechos humanos. Ya lo hizo en 2019, con la modificación del Proyecto de Constitución de la República, que originalmente establecía que “los derechos y deberes reconocidos en esta Constitución se interpretan de conformidad con los tratados internacionales de derechos humanosratificados por Cuba”; no obstante, ese texto fue excluido y al artículo 8 se le añadió que la Constitución prima sobre tratados internacionales, como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, entre otros instrumentos.

La batalla contra el racismo

Para activistas y organizaciones que luchan contra el racismo y la discriminación racial, el hecho que en el VIII Congreso del PCC no se haya abordado esta temática significa que la problemática racial continúa siendo una asignatura pendiente y postergada, siendo entonces el Programa Nacional de Gobierno contra el Racismo una hoja de ruta desconocida por las y los cubanos. “No se definieron líneas de trabajo contra el racismo, la homofobia y la violencia de género porque para el Estado esto forma parte de la ´agenda enemiga´”, sostiene Madrazo.

Las demandas de una respuesta del Gobierno sobre la aplicación del Programa de Gobierno contra el Racismo le han valido a activistas del Comité Ciudadanos por la Integración Racial (CIR) persecución, agresiones y detenciones arbitrarias, situación que desde el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) hemos venido denunciando y visibilizando ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y Naciones Unidas.

En enero de 2021 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a Juan Antonio Madrazo Luna, Marthadela Tamayo González y Osvaldo Navarro Veloz, todos defensores de derechos humanos e integrantes del CIR, y en marzo de 2021 la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la Situación de los Defensores de Derechos Humanos, Mary Lawlor, se pronunció y llamó al Gobierno de Cuba a poner fin a la intimidación y detención en contra de las y los integrantes de dicha organización.

“Lo acordado durante el Congreso deja un sabor amargo, desesperanza en un amplio sector poblacional y la opinión general interpreta que la represión, la vigilancia ideológica y la violación permanente de los derechos humanos serán los elementos clave para reforzar el ambiente de control sobre las diversidades”, afirma Madrazo.

Violencia contra las mujeres, desoída una vez más

Si de hablar de futuro se trata, era necesario que en este VIII Congreso del PCC se asumieran compromisos para trabajar, a corto plazo, por un futuro libre de violencia contra las mujeres, entre ellos la discusión y aprobación de una ley integral contra la violencia basada en género. Sin embargo, la problemática de violencia contra niñas, adolescentes y mujeres no formó parte de la agenda de este evento.

Hasta el pasado 23 de abril, en la Isla se registraban 16 feminicidios, además que la persecución, privación de libertad y amenazas contra mujeres activistas es una constante. La demanda de una ley integral contra la violencia hacia las mujeres es un clamor que se oficializó el 21 de noviembre de 2019, día en que 40 mujeres entregaron a la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) el documento Solicitud de Ley Integral contra la Violencia de Género en Cuba.

La escritora María Matienzo coincide en que la finalidad de este Congreso fue estrictamente ideológica, por lo que no le extraña que no se tuvieran en cuenta la situación de las mujeres, ni ninguna otra agenda que represente a grupos minoritarios. Aunque el pasado 8 de marzo—Día Internacional de la Mujer—el Gobierno publicó el decreto presidencial 198/2021, que aprueba el Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres (PAM), Matienzo señala que este “es solo la respuesta ideológica desde el partido a lo que venimos reclamando desde hace dos años”.

Matrimonio igualitario en la Constitución, pero fuera de agenda

Otro tema que era pertinente abordar en este VIII Congreso del PCC, es la aprobación del matrimonio igualitario, ya que es una demanda de la sociedad civil y está en correspondencia con las obligaciones que el Estado de Cuba tiene en materia de derechos humanos.

Cabe recordar que, con la Constitución aprobada en 2019, se abrieron las puertas para el matrimonio igualitario, al conceptualizar el matrimonio como la unión voluntariamente concertada entre personas, dando así la posibilidad al matrimonio no heteronormativo. En esa ocasión se habló de hacer realidad el matrimonio igualitario incluyéndolo en un nuevo Código de Familia que debía presentarse y someterse a referendo en un plazo de dos años, es decir, en este 2021. Estamos casi a mitad de año y hasta el momento no se sabe cómo y cuándo el Gobierno cumplirá con esta promesa.

COVID-19

En medio de la promesa de iniciar pronto una vacunación masiva con los dos candidatos vacunales desarrollados en la Isla (Soberna 2 y Abdala), la situación de COVID-19 en Cuba no deja de ser preocupante. Al 26 de abril, las autoridades de salud contabilizaban 23,056 pacientes ingresados, de los cuales 3,302 eran sospechosos, 14,288 se encontraban en vigilancia y 5,466 eran casos confirmados.

Pero esta emergencia sanitaria tampoco fue punto de agenda del VIII Congreso del PCC, ni siquiera en lo referido al desarrollo y prueba de las vacunas Soberana 2 y Abdala, hecho que la misma Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha elogiado.

Represión no se detuvo

Mientras en el VIII Congreso del PCC se movían piezas para proyectar aires de renovación en la dirigencia del partido, en diferentes puntos del país se llevaron a cabo una serie de acciones de represión en contra de activistas, artistas y periodistas independientes. Entre el 19 y el 25 de abril, la organización Cubalex registró 25 reclusiones domiciliares a activistas y periodistas, y más de 15 detenciones, principalmente contra miembros del Movimiento San Isidro y la Unión Patriótica de Cuba. Acceda al informe completo aquí.

“El Congreso del PCC ha sido una maquinaria de terror, todos nos estamos preguntando cuál es el próximo paso represivo, si vamos a pasar de las detenciones arbitrarias y de las desapariciones forzadas por horas a condenas carcelarias desmedidas, injustas y arbitrarias. A partir del anuncio del VIII Congreso se ha generado mucha violencia y discurso de odio”, refiere la escritora María Matienzo.

Como máximo órgano de poder en el país, es preocupante y lamentable que el VIII Congreso del PCC no haya retomado y dado respuesta a las grandes demandas de la población cubana. Ante la difícil situación socioeconómica y la falta de garantías para el ejercicio de derechos humanos, desde Raza e Igualdad hacemos un llamado al Gobierno para priorizar políticas públicas que atiendan las necesidades básicas de la población y cese las acciones de represión contra activistas, personas defensoras de derechos humanos, periodistas y artistas independientes.

También expresamos nuestra preocupación por el hecho que en este Congreso se haya decidido nombrar al conductor y director del programa de la televisión cubana “Hacemos Cuba”, Humberto López, como miembro del Comité Central del PCC, pues a través de su programa, difunde un discurso de odio en contra de personas y colectivos que critican al Gobierno y exigen el respeto de derechos humanos.

Como organización que trabajo en la protección y defensa de los derechos humanos, creemos que el respeto y promoción de los mismos es la base para el desarrollo de las sociedades y, por tanto, para una vida digna y próspera para todos y todas. Seguiremos apoyando a las organizaciones de la sociedad civil independiente en Cuba en su lucha a favor de los derechos humanos y para que las obligaciones asumidas en la materia por el Estado cubano formen parte de la agenda política y social del país.