Bogotá, 21 de mayo de 2024.– En el marco del Día de la Afrocolombianidad, celebramos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) haya dado trámite a la petición presentada por la Asociación Nacional de Colombianos Desplazados (AFRODES), el Comité de Solidaridad de Presos Políticos (CSPP) y el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), sobre el caso de Bernardo Cuerdo Bravo, líder social afrodescendiente y miembro de AFRODES, asesinado en junio del 2017 por su labor y trayectoria como defensor de derechos humanos. El Estado deberá rendir cuentas sobre la situación de riesgo estructural que enfrenta este colectivo y de la falta de eficacia de las políticas estatales dirigidas a abordar esta situación desde una perspectiva étnico-racial idónea y acorde a sus labores y contextos. 

En la petición, que fue presentada el 25 de noviembre de 2022, se denuncia, entre otras cosas, que el Estado de Colombia es internacionalmente responsable por no haber garantizado la protección reforzada de la vida e integridad de Bernardo y así prevenir la consumación del riesgo que corría como consecuencia de sus actividades de defensa de los derechos humanos de la población afrodescendiente, a pesar de que conocía la grave situación de riesgo que el defensor enfrentaba.  

A su vez, el caso de Bernardo refleja el contexto de impunidad estructural que persiste en el país a la hora de identificar, juzgar y sancionar a todos los responsables de los delitos cometidos contra personas defensoras de derechos humanos. Después de 7 años, no se ha avanzado en el esclarecimiento de todas las amenazas que recibió el defensor antes de su asesinato, incumpliendo con ello las obligaciones internacionales relativas a la debida diligencia en la investigación de los crímenes cometidos contra las personas defensoras de derechos humanos. Adicionalmente, el proceso de investigación y judicialización de las personas responsables de estos hechos no tiene avances considerables.  

Asimismo, la petición permite evidenciar otras violaciones a los derechos humanos protegidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) y otros estándares internacionales e interamericanos sobre discriminación racial y sobre la protección de defensores y defensoras de derechos humanos. El 22 de febrero de este año, la CIDH notificó a las Peticionarias que abrió a trámite la petición y concedió un plazo de tres meses al Estado para presentar información sobre los hechos denunciados.    

A tan solo meses de concluir el primer Decenio Internacional para los Afrodescendientes (2015-2024) y en el marco del día de la afrocolombianidad, las organizaciones peticionarias hacen un llamado al Estado colombiano para que garantice la protección del derecho a defender los derechos de las personas afrodescendientes en su territorio, reconociendo el riesgo y el impacto diferenciado que tienen las amenazas y violencias sobre sus vidas y las de sus comunidades.  

Recordando que en Colombia persiste una situación de racismo, discriminación estructural y exclusión histórica contra las personas afrodescendientes, reconocemos la urgencia de la implementación de medidas de protección eficaces y de proveer justicia para las más de 10 víctimas de homicidio de líderes y lideresas afrodescendientes sucedidos tan solo en el último año.  Como reiteraron diversos órganos internacionales de protección de derechos humanos, las personas defensoras de derechos humanos y las y los liderazgos sociales afrocolombianos son uno de los colectivos con mayor riesgo en el país desde hace décadas. Desde Raza e Igualdad resaltamos la importancia de la ratificación e implementación de la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y otras formas conexas de intolerancia (CIRDI) para avanzar en el reconocimiento de las violencias e impactos diferenciados que se ejercen en contra de las personas afrodescendientes en Colombia. 

La apertura a trámite de la Petición de Bernardo es una oportunidad para que el Estado colombiano reitere su compromiso con la población Negra, Afrocolombiana, Raizal y Palenquera, fijando un precedente que garantice la protección y acceso a justicia de los liderazgos sociales y la necesaria implementación de un enfoque étnico-racial en las rutas disponibles para su protección. 

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AFRODES es una organización que brinda orientación, apoyo, acompañamiento, asesoría, y capacitación e interlocución en defensa de los derechos e identidad cultural de la población Afrocolombiana en situación de desplazamiento; procurando así alternativas de vida más dignas para sus afiliados; mediante la sensibilización de la sociedad colombiana, frente al desplazamiento de las comunidades negras; y proponiendo al estado políticas para el manejo y solución de este problema. 

El Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP) es una Organización no gubernamental que tiene como objetivo defender la vida, la integridad personal y la libertad de las personas más vulnerables de la sociedad colombiana, comunidades y organizaciones sociales víctimas de violencia estatal y política, exclusión socioeconómica, víctimas del conflicto armado interno y promotoras de la paz.  

El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos es una organización internacional no gubernamental de defensa y protección de los derechos humanos creada en 2017 que trabaja con contrapartes y activistas locales en América Latina para promover y proteger los derechos humanos de poblaciones en condiciones de marginalidad, ya sea por su origen nacional o étnico, su orientación sexual o identidad de género, fortaleciendo a las organizaciones de base para que se conviertan en actores políticos y promuevan cambios estructurales en los países donde trabajan.