Bogotá, 17 de junio de 2022.-El próximo 19 de junio, en Colombia, tendrá lugar la segunda vuelta electoral para elegir al futuro Presidente del país. La jornada se llevará a cabo en medio de un clima con alta polarización política, tensiones sociales, preocupaciones ante la falta de garantías de seguridad para la realización de los comicios, y varias denuncias sobre un posible fraude electoral; sumado a un contexto de grandes expectativas por parte de la ciudadanía, pues ambos candidatos representan un posible cambio a la política tradicional que lleva gobernando el país más de dos décadas. A esto hay que añadir el amplio descontento con el actual Gobierno, ante un alto número de demandas sociales insatisfechas. En este sentido, el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) expresa su preocupación y comparte sus reflexiones sobre el desarrollo de la próxima jornada electoral y las implicaciones para el país en materia de estabilidad institucional y agenda de derechos humanos durante los comicios. Así como lo ha instado la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos,[1] desde Raza e Igualdad hacemos un llamado al carácter pacífico y democrático de la jornada electoral, para garantizar los derechos a la libertad, integridad, derechos políticos, entre otros.

Un posible fraude electoral

 El 2022 ha sido un año electoral en Colombia; inició con las elecciones legislativas y finalizará con la segunda vuelta de elecciones presidenciales. Luego de las pasadas votaciones al Congreso de la República y consultas presidenciales llevadas a cabo el 16 de marzo, las alarmas de un fraude electoral empezaron a encenderse luego de que se reportaran graves problemas logísticos, denuncias de irregularidades en la selección de jurados, mal diseño de los formularios E-14, la caída de plataformas informáticas y una diferencia del 21 por ciento (más de un millón de votos) entre el pre conteo y el escrutinio por parte de la Registraduría Nacional (RNEC)[2].

Desde entonces, se han venido registrando múltiples denuncias y alertas sobre posibles acciones de fraude electoral. La Corporación Transparencia por Colombia ha indicado que las diferentes jornadas electorales de este año han generado “dudas fundadas sobre la organización y confianza del proceso electoral”[3]. Por su parte, la alianza Democracia en Riesgo ha alertado sobre obstáculos que podrían afectar la transparencia y la confianza pública en el proceso electoral, relacionados con la falta de censo electoral, prob lemas con los softwares de escrutinios, la falta de seguridad digital, la dispersión en capacitación a jurados de votación, la violencia en zonas rurales del país y la compra de votos.[4]

Desde febrero de 2022, la Misión de Observación Electoral (MOE) ha alertado sobre los riesgos asociados a las jornadas electorales, tanto en materia de violencia armada, como de fraude electoral. En este sentido, la MOE indicó que en 131 municipios del país confluyen riesgos de violencia y de fraude electoral. Al respecto, “49 se encuentran en riesgo extremo, 65 en riesgo alto y 17 en riesgo medio”.[5]

A pesar de las diferentes alertas de fraude electoral y el contexto de desconfianza pública de las elecciones de 2022, el Estado no ha brindado una respuesta concreta respondiendo a estas preocupaciones, ni ha adoptado ninguna medida estructural para garantizar la transparencia en la segunda vuelta presidencial. Por el contrario, el Registrador Nacional ha señalado que “no es posible ningún fraude electoral” en Colombia,[6] desconociendo los reportes y alertas presentadas por varias organizaciones.

Este riesgo de fraude electoral genera implicaciones latentes en la agenda de derechos humanos. En particular, es necesario que el Estado colombiano brinde garantías para la adecuada y eficiente respuesta ante actuaciones que constituyan fraude durante la jornada electoral, que se adopten las medidas necesarias para garantizar investigaciones con debida diligencia y con independencia procurando el respeto y garantía de los derechos humanos. Asimismo, como ha indicado la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su jurisprudencia, las medidas que se adopten deben además proteger a la ciudadanía contra posibles represalias o situaciones de violencia.

A este contexto de cuestionamientos y denuncias de posible fraude, se suma la falta de acceso a la información, que se exacerba por la alta circulación de noticias falsas (fake news) durante las campañas electorales.

El objetivo de las noticias falsas es desinformar a la ciudadanía, por medio de la publicación de información que se aleja de las propuestas consignadas en los Planes de Gobierno, únicos documentos vinculantes que brindan información detallada y precisa sobre las propuestas de las candidaturas a la presidencia. Al respecto, páginas como Colombia Check se han encargado de recopilar información falsa de forma sistemática, con el fin de verificar y comunicar de manera veraz la información.

Recomendaciones

Ante este contexto, Raza e Igualdad manifiesta su preocupación por las reiteradas alertas presentadas desde la sociedad civil y las instituciones de control frente a un posible escenario de fraude y urge a la Registraduría Nacional de Colombia a que adelante sus labores de vigilancia y control de manera clara y transparente en esta segunda vuelta presidencial. En particular, Raza e Igualdad hace un llamado a garantizar los derechos políticos de la ciudadanía y a generar un ambiente de confianza, transparencia y garantía de derechos humanos en el marco de la jornada electoral.

De igual manera, hacemos un llamado la comunidad internacional y las misiones de observación internacionales para que brinden acompañamiento técnico y apoyo necesario para hacer un seguimiento efectivo e independiente de los comicios del próximo 19 de junio y al Gobierno Colombiano para que elimine las barreras que impidan un ejercicio de veeduría efectiva por parte de estas.

En la misma medida, instamos al Gobierno colombiano para que brinde las máximas garantías para la participación política de toda la población, con especial atención a las personas que habitan las zonas de más altos índices de violencia y aquellas que habitan en las zonas más alejadas de los centros urbanos.

Por último, Raza e Igualdad, invita a toda la ciudadanía a ejercer de manera informada y oportuna su derecho al voto y a integrar una perspectiva de respeto por los derechos humanos en el análisis de los programas de Gobierno de los candidatos presidenciales. Ante el contexto de violencia y desigualdad que azota a Colombia, les invitamos a apostarle a un programa que proponga una transformación real de las causas estructurales de exclusión y pobreza, con miras de la construcción conjunta de un país en paz y con justicia social.

[1] Naciones Unidas. Bachelet pide resolver las circunstancias que provocan las crisis, el hambre y la pobreza. 13 de junio de 2022.

[2] https://diariocriterio.com/fraude-electoral-registraduria-congreso/

[3] ² Transparencia por Colombia. Denuncias y alertas de fraude electoral requieren una acción pronta y rigurosa de las autoridades. 18 de marzo de 2022.

[4] Democracia en Riesgo. Alterada la confianza en el manejo del proceso electoral. 1 de marzo de 2022.

[5] Misión de Observación Electoral – MOE. 131 municipios de Colombia presentan los mayores riesgos para las elecciones de 2022: MOE. 9 de febrero de 2022.

[6] El Colombiano. “En Colombia no es posible ningún fraude electoral”: Registrador. 6 de junio de 2022.