A nivel internacional, múltiples organizaciones de derechos humanos, organismos regionales y gobiernos cooperantes que han trabajado con el CENIDH durante sus casi tres décadas de existencia, se unieron a las voces que denunciaron la arbitrariedad del cierre de dicha organización.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su “preocupación” respecto de que la verdadera intención detrás de la cancelación de la personalidad jurídica de organizaciones de la sociedad civil. “La disolución forzada de las organizaciones civiles, especialmente de las defensoras de derechos humanos, constituye una de las formas más severas de restricción de la libertad de asociación. Además, se trata de una medida que afecta a las personas acusadas y a sus defensores, y estaría encaminada a silenciar a quienes denuncian la grave situación de los derechos humanos en el país”, expresó en su momento el Secretario Ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrão.

En el mismo sentido, la portavoz de la alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores, Federica Mogherini, aseguró que las decisiones de las autoridades de Nicaragua de revocar la personalidad jurídica de organizaciones de la sociedad civil “marcan un paso más contra el Estado de Derecho, las libertades civiles y el respeto por los derechos humanos”.

Ocho meses de crisis

El 18 de abril un grupo de ancianos, acompañados por jóvenes universitarios, iniciaron una protesta en León contra unas reformas a la seguridad social que aumentaban las cuotas mensuales para empleados, empleadores y para el Estado, y además reducían en un 5% las pensiones de los jubilados. Estas reformas servirían, según el decreto, para rescatar de una posible quiebra al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS).

La protesta en León fue fuertemente reprimida por miembros de la Juventud Sandinista, un grupo de respaldo del partido gobernante, y el patrón se repitió en Managua, en donde estos grupos atacaron a los protestantes que desde dos puntos de la capital pedían la cancelación de las reformas.

Las imágenes de la represión se distribuyeron velozmente a través de redes sociales y al siguiente día, el 19 de abril, las protestas se extendieron a varios departamentos del país. La policía entonces se unió a los grupos de choque para reprimir y por la noche se reportaron los primeros tres muertos. Entre el 20 y el 22 de abril murieron más de 50 personas producto de la represión y otras 200 fueron encarceladas temporalmente.

El equipo del CENIDH se volcó inmediatamente a la atención de la crisis. La doctora Vilma Núñez fue quien organizó el plan de acción que ejecutarían a partir de ese día y sin saberlo, durante los próximos ocho meses.

“Lo que hice fue asignar funciones concretas a cada quien: había un encargado de contar los presos, en mi oficina cuantificábamos los muertos, otra persona se encargaba de las denuncias…”, recuerda Núñez, quien tiene 60 años de “militar en la causa de los derechos humanos”.

Las conferencias de prensa en el CENIDH se hacían casi a diario y la capacidad de respuesta del equipo para verificar información era sumamente ágil. Los miembros de las cuatro filiales del CENIDH se desplazaban a los puntos donde se habían reportado ataques a la población, acompañaban a los familiares de los desaparecidos y detenidos para gestionar su liberación de los sistemas penitenciarios o de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), y documentaban denuncias de las violaciones de derechos humanos cometidas en su mayoría por personas afines al gobierno, grupos paramilitares o miembros de la Policía de Nicaragua.

Tras seis meses de haber iniciado la crisis de derechos humanos en Nicaragua, el CENIDH recibió más de 1,800 denuncias referidas al contexto de la represión y violencia, la mayoría de ellas entre mayo y agosto. Esas denuncias eran sobre todo amenazas, pero también recibieron denuncias de detenidos, asesinados y torturados, según consta en el informe “Graves violaciones de derechos humanos perpetradas por el Estado de Nicaragua” publicado por el CENIDH a finales del año 2018 con el objetivo de describir los derechos violentados durante seis meses de resistencia cívica frente a la represión gubernamental.

En dicho informe se refleja que entre abril y septiembre el CENIDH documentó el asesinato de 316 personas, el apresamiento de 349 mujeres y hombres, y de estos últimos 248 que hasta ese momento habían sido acusados de diversos delitos, entre ellos terrorismo, crimen organizado, entorpecimiento de servicios públicos, robo y uso de armas restringidas.

Durante ese tiempo, el CENIDH además trabajó muy de cerca con las misiones internacionales que llegaron al país para dar seguimiento a la crisis, como la CIDH, a través de su primera visita in loco realizada en mayo, pero también mediante su Mecanismo de Seguimiento para Nicaragua (MESENI) y su Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI); la misión de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH); y otras organizaciones independientes como Amnistía Internacional.

Este trabajo intenso de acompañamiento a las víctimas y de denuncia en la esfera nacional e internacional de las violaciones de derechos humanos que estaban ocurriendo —y que continúan ocurriendo en Nicaragua—, es para muchos activistas, defensores y para los mismos miembros del CENIDH, la razón por la que fueron perseguidos por parte de las autoridades.

“Es una persecución perversa” denunció Vilma Núñez a periodistas nacionales el año pasado. Los obstáculos para la labor de los defensores del CENIDH incrementaban cada tanto: no podían entrar a los juicios orales y públicos, no se les permitía incidir en instancias públicas y enfrentaban obstáculos hasta para entregar recursos legales en las instancias del Gobierno.

“Creo que el gobierno empezó a ver en el CENIDH no solo un actor molesto, sino un palo en la rueda para alguna de las medidas que quieren seguir desarrollando y para su proyecto político de gobierno”, consideró Viviana Krsticevic, Directora Ejecutiva del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), una organización que ha trabajado con el CENIDH desde su creación.

Origen

En mayo de 1990 se creó el CENIDH, justo cuando en Nicaragua asumió la presidencia Violeta Barrios de Chamorro, poniendo fin a una década de gobierno sandinista. Sus fundadores, un grupo de once activistas y académicos, pensaron que algunos logros que impulsó la revolución en materia de derechos económicos y sociales como salud y educación gratuita se verían limitados con el nuevo gobierno. “Esa fue la idea inicial que nos impulsó”, cuenta Vilma Núñez, quien estaba al frente de la nueva organización. En septiembre de ese mismo año les fue otorgada su personalidad jurídica.

«Siempre verificamos las denuncias de derechos humanos en el lugar donde ocurrían los hechos y no desde el escritorio», dice Núñez.

La primera tarea que se plantearon fue iniciar un trabajo de capacitación. “Nuestro reto era enseñarle a la gente que demandar salud en un hospital, que demandar escuelas y educación de buena calidad es un derecho humano”, recuerda la abogada y defensora. Así surgió el programa de capacitación en derechos humanos del CENIDH, un programa que durante años capacitó a miles de personas y logró crear una red de promotores que en algún momento alcanzó los 1,500 en todo el país.

Pero también empezaron a recibir denuncias sobre violaciones a derechos humanos, a comprobarlas “en el lugar donde ocurrían los hechos y no desde el escritorio”, y a denunciar arbitrariedades de los gobiernos de turno.

“Con el Gobierno de doña Violeta no hubo mayores problemas, al contrario, hubo apertura. Empezaron algunos problemas con Arnoldo Alemán”, dice Núñez.

El gobierno de Arnoldo Alemán (1997-2001), a través de la Fiscalía, acusó a Vilma Núñez de dirigir el Frente Unido Andrés Castro (FUAC), un grupo de rearmados integrado por ex miembros del Ejército. El CENIDH más bien había sido buscado para actuar como mediador en las negociaciones para propiciar el desarme. Pero el entonces Fiscal General, Julio Centeno, desestimó la acusación porque no había ninguna prueba que la sustentara.

No obstante, el CENIDH continuó denunciando la corrupción del presidente Alemán, quien fue posteriormente enjuiciado y declarado culpable en Nicaragua por los cargos de lavado de dinero.

El gobierno de Enrique Bolaños Geyer (2002-2006) “no concebía una alianza entre sociedad civil en las gestiones de gobierno, pero represión no hubo”, recuerda Núñez.

Tras Bolaños, Daniel Ortega retomó el poder a inicios de 2007. El CENIDH desde entonces y hasta poco antes de que estallara la crisis, empezó a alertar sobre el deterioro del Estado de derecho en Nicaragua, y no solo a nivel nacional, sino en plataformas internacionales.

“A nivel internacional, el trabajo que hizo el CENIDH fue muy importante en los últimos años para llamar la atención, alertar sobre el deterioro del Estado de derecho y una serie de patrones de violaciones de derechos humanos que se estaban dando en Nicaragua y estaban fuera del radar internacional”, asegura Viviana Krsticevic, de CEJIL.

Esfera internacional

Krsticevic conoce muy bien el trabajo del CENIDH porque desde la fundación de CEJIL, a finales de 1992, ambas organizaciones establecieron un trabajo coordinado. “Cejil trabajó muchísimo con el CENIDH justamente para alertar acerca del deterioro democrático en Nicaragua, bajo diferentes gobiernos”, sostiene la defensora.

En conjunto, han solicitado medidas cautelares para decenas de personas que han estado en riesgo y llevaron el primer litigio del CENIDH ante el Sistema Interamericano: el caso Yatama.

En 2001, CENIDH y Cejil presentaron una petición ante la Corte IDH en representación de los miembros de la organización indígena Yatama y líderes políticos de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Norte y Costa Caribe Sur de Nicaragua, para demandar al Estado de Nicaragua por haber sido excluidos de participar de las elecciones regionales del año 2000, cuando se escogieron alcaldes, vicealcaldes y concejales.

La petición fue admitida en el año 2001 y en 2005 la Corte IDH falló a favor de Yatama, declarando que el Estado de Nicaragua había violado los derechos a garantías judiciales, protección judicial y los derechos políticos de igualdad ante la ley de los líderes indígenas.

En la sentencia, la Corte ordenó al Estado de Nicaragua reformar la Ley Electoral para asegurar la participación de los miembros de Comunidades Indígenas en los procesos electorales e indemnizar a Yatama por los daños materiales e inmateriales, así como el pago de los costos del proceso judicial.

Han trascurrido aproximadamente trece años desde la emisión de la sentencia, pero “el gobierno no ha cumplido totalmente”, sostiene Núñez, pues aunque empezaron a darles las indemnizaciones, el Gobierno les puso como condición a los miembros de Yatama que el CENIDH no participara de los arreglos entre ambas partes.

Posteriormente, el CENIDH también acompañó a la defensora de derechos humanos y de pueblos indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe, María Luisa Acosta, para denunciar su caso ante la CIDH, en el que el Estado de Nicaragua había incurrido en denegación parcial de justicia y falta de protección a la defensora tras el asesinato de Francisco García Valle, esposo de Acosta. El crimen ocurrió en Bluefields, Región Autónoma del Caribe Sur de Nicaragua, el 8 de abril del 2002, presuntamente en represalia por el papel de Acosta como defensora de derechos y apoderada legal de las comunidades de Laguna de Perlas, Monkey Point y El Rama.

Fue la CIDH la que remitió el caso a la Corte IDH, y en octubre del 2016 se realizó la primera audiencia. Finalmente, en marzo de 2017 la Corte IDH falló a favor de Acosta y determinó que el Estado de Nicaragua había violado la Convención Americana sobre Derechos Humanos en perjuicio de la defensora, al ser suficientes las respuestas del sistema de justicia penal de Nicaragua respecto del homicidio de García Valle.

Además, la Corte IDH declaró responsable al Estado de Nicaragua por la violación del derecho al acceso a la justicia, a la verdad, a las garantías judiciales y a la protección judicial en perjuicio de Acosta. Además, ordenó al Estado a adoptar medidas para que el homicidio no quedara en la impunidad en relación con la participación de los autores materiales, a elaborar mecanismos de protección y protocolos de investigación para las personas defensoras de derechos humanos que se encuentren en riesgo, y a pagar una indemnización a Acosta por daños materiales e inmateriales y por reintegro de costas y gastos.

Finalmente, el Estado indemnizó a Acosta, a su familia y a las organizaciones litigantes, pero aún no ha elaborado los protocolos ni ha tomado las medidas para que casos como el de Acosta se repitan.

Además de estos casos litigados, el CENIDH logró presentar más de veinte casos ante la CIDH, aunque no todos escalaron ante la Corte. Actualmente, la organización también tiene varios casos en trámite, como el del femicidio de Dina Carrión, la cancelación de la personería jurídica del Movimiento Renovador Sandinista (MRS), la discriminación de Ana Margarita Vijil para ser diputada ante la Asamblea Nacional y la transparencia de las elecciones presidenciales de 2006.

Durante sus casi treinta años de existencia, el CENIDH ha participado en comparecencias ante las instancias de Naciones Unidas, en audiencias temáticas ante la CIDH y sus relatores, en la elaboración de Informes para los tres ciclos del Examen Periódico Universal, en actividades de incidencia sobre las prioridades contenidas en dichos Informes; y forma parte de organizaciones mundiales como la Organización Mundial contra la Tortura o la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y de organizaciones regionales.

“El Cenidh ha demostrado a lo largo del tiempo un nivel de consistencia, de integridad, en la defensa de derechos, en la defensa de la democracia en Nicaragua que la hacen un actor imprescindible para el trabajo en derechos humanos”, opina la Directora Ejecutiva de CEJIL.

Gobierno actual

Vilma Núñez considera que el Gobierno actual de Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, ha “atacado más que a cualquiera” al CENIDH. “Nunca nos imaginamos tanto odio, tanta saña”, confiesa.

De acuerdo con Núñez, los problemas con la actual pareja presidencial empezaron en 1998, cuando el CENIDH decidió asumir la defensa de Zoilamérica Ortega Murillo, hijastra de Ortega, quien lo acusaba de violación.

El caso fue hecho público y llegó hasta la CIDH. “Logramos que lo admitieran, y ellos propusieron que se realizara una solución amistosa”, cuenta Núñez. Finalmente, Zoilamérica desistió de la petición. Pero la persecución por parte de Ortega no cesó para los miembros del CENIDH, quienes siguieron denunciando las violaciones de derechos humanos cometidas por parte de las autoridades hacia la población.

Denuncias a nivel nacional

En los últimos años, el CENIDH recibió en promedio unas 1,600 denuncias anuales por parte de la población en distintos departamentos del país, quienes veían en esa organización un lugar donde acudir en búsqueda de justicia debido a la falta de autonomía de instituciones como la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.

De acuerdo con reportes anuales del CENIDH, entre el 2007 y el 2016, el 35% de las denuncias recibidas por esa organización fueron contra la Policía Nacional –unas 5,584–. Dichas denuncias estaban relacionadas con agresiones físicas y malos tratos al momento de la detención, represión a protestas sociales, incumplimiento del deber de intervenir en favor de la integridad física de ciudadanos que demandan sus derechos frente a las fuerzas de choque que les agreden, y con tratos crueles, inhumanos y torturas en las celdas policiales.

En ese mismo periodo de tiempo, el resto de las denuncias fueron contra individuos particulares en un 31% —4,965 casos— y contra otras autoridades o entes privados en un 34% —5,456 casos—.

Los reportes anuales del Cenidh son una muestra fehaciente del trabajo que anualmente los defensores de esa institución realizaban a nivel nacional e internacional. Además de analizar el estado de los derechos de los nicaragüenses uno a uno, incluyendo los derechos civiles y políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales, reflejan situaciones específicas de derechos de las mujeres, niñez y adolescencia, adultos mayores, personas con discapacidad, migrantes, pueblos indígenas y afrodescendientes, de la comunidad LGBTI y de los defensores de derechos humanos. Dichos reportes tomaban el pulso de la situación actual del país en el año en que eran publicados.

La ilegalización del CENIDH, por todo el trabajo antes descrito, representa una pérdida de capacidad de trabajo en defensa de los derechos humanos de los nicaragüenses, según Viviana Krsticevic.

“La protección de derechos no depende solo de la existencia de leyes e instituciones, necesita que haya personas que estén dispuestas a defender esos derechos y el CENIDH era y es una organización que ha servido a ese propósito. Su cierre legal obstaculiza y limita la capacidad de proteger derechos en el país y repercute en la capacidad de documentar y transmitir información hacia el exterior”, opina la representante de CEJIL.

Krsticevic añade que el cierre legal del CENIDH “no es el fin de la institución ni mucho menos y no es el fin del trabajo de defensa de derechos humanos en Nicaragua”, sino que es “una evidencia del autoritarismo del Gobierno para enfrentarse a denuncias de graves violaciones de derechos humanos y a confrontar con lo que son algunas de las denuncias de los abusos que el propio gobierno está cometiendo”.

Aunque por el momento el CENIDH ha dejado de trabajar directamente con las decenas de víctimas que atendía a diario, especialmente en el contexto de crisis de derechos humanos que atraviesa Nicaragua, para Núñez hay esperanzas de que su equipo dé continuidad al proyecto que fundó hace casi 30 años. “Yo pienso que en lo que esta dictadura termine, nos tendrán que devolver todo. Talvez yo ya no pueda, pero el equipo que quiera darle continuidad al CENIDH lo tiene que hacer”, afirma.

La organización, poniendo en práctica su lema “Derecho que no se defiende, derecho que se pierde”, ha presentado los recursos legales que una vez resueltos le permitan reclamar internacionalmente por el despojo de su personalidad jurídica y la ilegal ocupación de sus bienes que ha tenido, para todos los fines, el efecto de una confiscación de hecho.

Foto principal: EFE