Colombia, 12 de octubre de 2023. En el marco de la conmemoración del Día de la Diversidad Étnica y Cultural en Colombia, desde el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) expresamos nuestra profunda preocupación por la situación de seguridad de líderes y lideresas sociales en Colombia en sus territorios, y urgimos al Gobierno Nacional a ofrecer plenas garantías de seguridad para la promoción y protección de los derechos humanos de poblaciones étnicas, principalmente de comunidades afrodescendientes y pueblos indígenas en el país.

La violencia contra las personas defensoras, afrodescendientes e indígenas tiene un trasfondo histórico y estructural en Colombia. Durante décadas, estos grupos han sido marginados y discriminados, lo que ha generado un contexto de exclusión y desigualdad que se refleja en la falta de acceso a derechos como la salud, la educación y vivienda, así como en la falta de reconocimiento de sus derechos territoriales. Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) durante el 2023 han sido asesinados 135 líderes y lideresas sociales[1], Así mismo las cifras de violencia de Indepaz han arrojado que entre los sectores sociales afectados en el periodo 2016-2023 están los pueblos indígenas, afrodescendientes y campesinos; en particular, en seis municipios del departamento del Cauca se han registrado 167 asesinatos en este periodo, siendo el Norte del Cauca (Caloto, Corinto, Quilichao, Toribio y Suárez)[2] el lugar con mayor presencia de comunidades indígenas y afrodescendientes. Del mismo modo, el subregistro de casos de asesinatos de personas defensoras afrodescendientes e indígenas es preocupante. Se ha observado que los territorios racializados presentan los índices más altos de asesinatos contra estas personas, sin embargo, las cifras no reflejan esta realidad.[3]Esta situación pone en evidencia el difícil contexto de trabajo en el que se desenvuelven los liderazgos sociales en esta región del país.

El municipio de Tumaco sigue siendo el lugar con el mayor nivel de riesgo para desempeñar cualquier tipo de liderazgo. El primer asesinato del año 2023 tuvo lugar allí el 2 de enero, cuando José Taicus Pascal, un joven líder de 16 años y miembro de la Guardia Indígena del resguardo Peña Aisa Gran Rosario, perteneciente al pueblo Awá, fue asesinado.[4]

Una Paz Total que sigue siendo insuficiente  

Durante su mandato, que ya completa 14 meses, Gustavo Petro ha centrado su agenda en la búsqueda de la paz. Para lograr este objetivo, ha llevado a cabo medidas de acercamiento y cese al fuego temporal con diversos grupos armados[5] que operan en el país. Así mismo, El 25 de abril de 2023, el Ministro de Defensa, Iván Velásquez, presentó la «Política de seguridad, defensa y convivencia ciudadana: Garantías para la vida y la paz 2022-2026»[6]. Este documento detalla la estrategia del Gobierno Nacional para abordar las problemáticas de seguridad que afectan a la ciudadanía, así como el papel que desempeñará la fuerza pública y las medidas que se tomarán para fortalecer la confianza en las instituciones encargadas del uso legítimo de la fuerza.

Aunque los esfuerzos del Gobierno han estado encaminados en mitigar la violencia en el país, el número de asesinatos a liderazgos sociales y personas defensoras en Colombia sigue siendo alto. Según datos del Observatorio de Conflictividades y Paz de Indepaz, se registraron 203 asesinatos de líderes sociales y defensores de los derechos humanos entre el 7 de agosto de 2022 (fecha en la que inició su Gobierno el presidente Gustavo Petro) y el 11 de octubre de 2023. En comparación, durante el período comprendido entre el 7 de agosto de 2021 y el 11 de octubre de 2022 (durante el Gobierno de Iván Duque), se reportaron 221 asesinatos. Aunque esto representa una disminución del 8.1% en el número de casos,[7] continúa siendo preocupante que en Colombia no estén dadas las condiciones de seguridad para ejercer libremente el derecho a defender derechos, sin ser víctima de atentados, amenazas, persecuciones y hostigamientos.

El pasado 15 de agosto, la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos presentó su análisis de la situación de los derechos humanos, en el que reconoció el enfoque que el actual Gobierno ha tenido hacia los mismos. Sin embargo, manifestó preocupación por la expansión territorial de grupos armados y sus estrategias violentas de control social.[8] De los 46 casos verificados de homicidios a personas defensoras de derechos humanos, el 13% era autoridades indígenas, el 7% autoridades afrodescendientes y campesinas y el 6.5% corresponde a líderes de organizaciones campesinas[9].

Recomendaciones

Desde Raza e Igualdad, hacemos un llamado al Gobierno de Colombia para que priorice la implementación total del Acuerdo Final de Paz y las políticas públicas de prevención y protección a personas defensoras, promoviendo acciones efectivas para mitigar la violencia contra los liderazgos sociales y pueblos étnicos en el país con la incorporación de un enfoque diferencial. Es fundamental que el Estado adopte medidas concretas para garantizar el pleno ejercicio de los derechos individuales y colectivos de las comunidades étnicas que se encuentran en situación de riesgo, especialmente de aquellas personas que ejercen un rol de liderazgo en sus comunidades debido a los impactos individuales, colectivos y comunitarios que el conflicto armado y la violencia ha generado en sus territorios. Instamos al Gobierno nacional a que garantice el acceso a derechos de las comunidades étnicas, quienes son sujetos de especial protección según la jurisprudencia de la Corte Constitucional y los estándares internacionales.

Así mismo, instamos al Estado a cumplir con los estándares internacionales para combatir el racismo y la discriminación, como la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y formas conexas de Intolerancia (CIRDI), la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (CERD) y su recomendación de 2020 contra el perfilamiento racial, así como el Programa de Acción de Durban.

Por último, solicitamos al Estado a llevar a cabo una reforma policial integral que tome en consideración los impactos y las afectaciones diferenciales que la violencia policial genera en personas defensoras afrodescendientes e indígenas. Es crucial que se adopten e implementen los estándares desarrollados para prevenir el uso excesivo de la fuerza por parte de la Fuerza Pública contra personas afrodescendientes, como la Resolución 43/1 y la Resolución 47/21 de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (ACNUDH), y se promueva la Agenda hacia un cambio transformador para la justicia e igualdad racial.

[1] https://twitter.com/Indepaz/status/1711421822548267091

[2] https://indepaz.org.co/wp-content/uploads/2023/09/SEPTIEMBRE_2023.pdf

[3] https://www.hchr.org.co/wp/wp-content/uploads/2023/03/Informe-Anual-2022-en-castellano.pdf

[4] https://www.elespectador.com/judicial/asesinan-a-joven-awa-en-tumaco-el-primer-lider-social-asesinado-en-2023/

[5] El Estado Mayor Central, la Segunda Marquetalia, el Ejército de Liberación Nacional, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y otros actores locales en Buenaventura y Antioquia principalmente.

[6] https://ddhhcolombia.org.co/2023/05/24/politica-de-seguridad-defensa-y-convivencia-ciudadana/

[7]https://indepaz.org.co/wp-content/uploads/2023/08/INFORME_UN_AN%CC%83O_GOBIERNO_PETRO_2023.pdf

[8] https://raceandequality.org/es/resources/colombia-preocupacion-por-la-expansion-territorial-de-grupos-armados-y-sus-estrategias-violentas-de-control-social-alto-comisionado-de-la-onu/

[9] https://www.hchr.org.co/historias_destacadas/analisis-de-la-situacion-de-derechos-humanos-en-colombia-del-1-de-enero-al-30-de-junio-de-2023/