En medio de la crisis en Nicaragua, los derechos humanos de los pueblos indígenas y afrodescendientes continúan siendo vulnerados
Washington, D.C. 14 de agosto de 2019. La represión y los asesinatos extrajudiciales que ocurrieron en varias ciudades de Nicaragua desde abril de 2018, sobre todo en las zonas urbanas del […]
Washington, D.C. 14 de agosto de 2019. La represión y los asesinatos extrajudiciales que ocurrieron en varias ciudades de Nicaragua desde abril de 2018, sobre todo en las zonas urbanas del pacífico y centro de Nicaragua, eran conductas ya conocidas por las comunidades indígenas y afrodescendientes del Caribe nicaragüense. “Estas modalidades de represión ya las hemos vivido en nuestras comunidades desde 2015”, aunque bajo motivaciones distintas, afirma la presidenta del Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (CEJUDHCAN), Lottie Cunningham.
En medio de la crisis sociopolítica y de derechos humanos que atraviesa Nicaragua, los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes continúan siendo vulnerados predominantemente de dos formas: por la violación a su autodeterminación y autonomía y por falta de saneamiento de las propiedades comunales, denunció la abogada y activista, quien se encuentra profundamente preocupada por la situación de impunidad y la falta de garantías institucionales para estas poblaciones.
Autodeterminación
En el Atlántico Norte y Sur de Nicaragua cada comunidad es autónoma y debería contar con su propia forma de organización. Los pueblos indígenas se organizan con base en sus costumbres y tradiciones, por lo que existen autoridades comunales y territoriales que deben elegirse según un procedimiento regulado jurídicamente. Pero la injerencia del partido FSLN (Frente Sandinista de Liberación Nacional) ha generado frecuentes conflictos en las comunidades.
“Esto ha venido a crear muchos problemas, es decir, que es una forma que ha venido a confrontar las comunidades, porque por la injerencia partidaria ha creado gobiernos paralelos, crea algunas figuras que no son parte de la autoridad tradicional”, explica Cunningham.
Según la activista, los Comités de Liderazgo Sandinista (CLS), también existentes en el Pacífico y en áreas urbanas, son realmente mecanismos de vigilancia, y no cumplen su rol como autoridades tradicionales. El Gobierno es el encargado de entregar, luego de cada elección, un certificado de nombramiento como autoridad, pero a quienes se elige según la tradición les es negado dicho certificado, y más bien se les otorga a personas que acatan mandatos del partido.
“Así van creando un fraccionamiento de la familia indígena, de la comunidad indígena. Y en esos conflictos, incluso ha habido heridos, derramamiento de sangre”, lamenta Cunningham. Uno de los casos más recientes ocurrió en la comunidad Kamla, municipio de Bilwi, Caribe Norte, cuando el 26 de junio simpatizantes sandinistas agredieron a la líder comunal y concejal municipal Marcela Foster, causándole la pérdida del ojo izquierdo y una fractura en uno de sus brazos.
“Nosotros ahora estamos preocupados por la omisión de los funcionarios públicos, la Policía, el Ministerio Público que no actúan, y como ha continuado la impunidad, esto puede agravarse”, advirtió Cunningham. “En las comunidades indígenas ha aumentado el asedio y la criminalización y nosotros tenemos mucho temor…”, añadió.
Falta de saneamiento
La Costa Atlántica de Nicaragua es una región de carácter multiétnico, pluricultural y multilingüe por la presencia de cerca de 508 mil personas que conforman los pueblos Mískitu, Sumu/Mayangnas, Rama y Afrodescendientes (Creoles y Garífunas). En 2003, a partir de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Estado de Nicaragua aprobó la Ley 445, que estableció un proceso de demarcación y titulación de territorios.
En el marco de dicha ley, entre 2007 y 2016 se demarcaron 23 territorios que beneficiaron a 304 comunidades indígenas y afrodescendientes, pero no se ha realizado el proceso de saneamiento, que es la garantía estatal a los indígenas para el uso y goce efectivo de sus territorios titulados frente a la ocupación de los mismos por parte de terceros o colonos.
Debido a la inoperancia estatal, la falta de saneamiento ha empezado a surtir efectos negativos para la seguridad de los pueblos indígenas y para el aprovechamiento de los recursos naturales por los mismos. “Los colonos han venido armados hasta los perímetros más cercanos de la comunidad, usurpando, ocupando tierras”, asegura Cunningham, quien relata: “Cuando nosotros vamos a las asambleas comunales, es triste, lloran las mujeres porque te cuentan cómo no pueden ir a recopilar su alimento, no pueden ir a pescar, no pueden ir a recopilar su medicina tradicional, porque ellos no viven de una pulpería o de una farmacia, viven del bosque”.
También se han reportado casos de secuestros de indígenas, por parte de colonos, tanto para advertirles que no pasen los límites que ellos arbitrariamente han delimitado, como para forzar a las mujeres a levantar la cosecha de frijoles. “Tenemos indígenas desaparecidos, tenemos indígenas que han muerto, asesinados atrozmente, que les han cortado la cabeza, cortado las manos, sacado los ojos…”, describiendo así la violencia extrema que ha caracterizado a algunos hechos recientes.
Cunningham aseguró que la Policía no acude a las áreas comunales, y más bien son los líderes que demandan el saneamiento de las comunidades los que han sido apresados y criminalizados. “En vez avanzar en el saneamiento ahorita estamos viendo juicios de delitos comunes, que les montan un expediente con delitos comunes y nosotros sabemos que eso no es cierto, no hay pruebas, porque nosotros conocemos a la gente y conocemos que son también acciones selectivas”, señala.
De acuerdo con Cunningham, las autoridades permiten estas tomas de tierras para “mantenerse en el poder, porque los indígenas casi no les dan los votos a los partidos nacionales”. Además, también han brindado concesiones a empresas de oro y madereras sin que los gobiernos territoriales las hubieran avalado, como lo mandata el Convenio No. 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales.
“Por la crisis social de 2018, ha entrado una masiva invasión de colonos. Y el Estado de Nicaragua lo sabe”, lamenta Cunningham.
Pronunciamiento
Raza e Igualdad llama al Estado de Nicaragua a proteger los derechos de los pueblos indígenas, particularmente a garantizar el respeto a la propiedad colectiva, a su autonomía para elegir a sus autoridades así como condiciones de seguridad que protejan sus vidas e integridad personal ante la violencia que hoy les aqueja.
Instamos al Estado de Nicaragua a aceptar las recomendaciones del Examen Periódico Universal respecto a estos pueblos en la próxima sesión de adopción del Informe del Grupo de Trabajo del Consejo de Derechos Humanos y a la pronta implementación de las mismas.
Fotos de Flickr.
