Bogotá, 27 de agosto de 2026 – Un día como hoy, en 1993, Colombia dio un paso histórico con la promulgación de la Ley 70, una norma que desarrolló el reconocimiento de los derechos territoriales, culturales, económicos y sociales de las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras. 33 años después, la ley sigue siendo una de las principales conquistas del movimiento social afrocolombiano, pero también evidencia una deuda que el Estado todavía no salda.

La Ley 70 nació del artículo transitorio 55 de la Constitución de 1991 y reconoció un principio fundamental: los territorios que estas comunidades han habitado, cuidado y defendido durante generaciones no son simplemente extensiones de tierra. Son espacios de vida, memoria, cultura, autonomía y organización comunitaria.

Por eso, la Ley 70 es importante no solo porque permite reconocer y proteger la propiedad colectiva de los territorios, sino porque establece garantías para que las comunidades puedan preservar su identidad cultural, participar en las decisiones que afectan sus territorios, proteger sus formas tradicionales de producción y desarrollar sus propios proyectos económicos y sociales. En otras palabras, busca que las comunidades puedan permanecer en sus territorios y decidir sobre su futuro sin que su identidad y sus formas de vida sean desplazadas o amenazadas.

Su importancia también trasciende a las propias comunidades. Colombia es un país construido sobre una profunda diversidad étnica y cultural, y garantizar los derechos de las comunidades afrocolombianas significa proteger parte fundamental de esa diversidad, así como los conocimientos, prácticas culturales y ecosistemas que estas comunidades han cuidado durante generaciones. Cumplir la Ley 70, por tanto, no es solamente una obligación con la población afrocolombiana: es también una condición para construir un país más justo, diverso e igualitario.

Sin embargo, 33 años después, la implementación de la Ley 70 continúa siendo incompleta. Algunas de sus disposiciones tardaron décadas en ser reglamentadas. Por ejemplo, el Capítulo IV, relacionado con el uso de la tierra, la protección de los bosques y el agua y el aprovechamiento de los recursos naturales en los territorios colectivos, solo fue reglamentado en 2023, 30 años después de la promulgación de la ley. Otras disposiciones todavía permanecen pendientes. Mientras tanto, las comunidades han enfrentado desplazamientos, confinamientos, violencia, minería ilegal y otras formas de presión sobre sus territorios.

Un terremoto que vuelve a poner el territorio en el centro

La importancia de esta deuda se evidenció con mayor fuerza tras el terremoto del 10 de agosto de 2026, que tuvo su epicentro en las proximidades del municipio San José del Palmar, en el departamento del Chocó, un territorio con una importante presencia de población afrocolombiana. El desastre dejó 331 personas fallecidas y afectó a esta región y otras ciudades del país, según la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Entre los territorios afectados estuvieron también Buenaventura y Cali, dos lugares con una importante presencia de población afrocolombiana y con historias marcadas por profundas desigualdades sociales y territoriales. Esto permite entender que los efectos de un desastre no se distribuyen de manera aislada de las condiciones en las que viven las comunidades.

En el Chocó, el terremoto llegó a un departamento que ya enfrentaba los impactos del conflicto armado, el confinamiento, el desplazamiento, la pobreza y las dificultades históricas de acceso a servicios e infraestructura. El desastre natural se superpuso así a una emergencia social que no comenzó el pasado 10 de agosto.

Para muchas comunidades, reconstruir significa mucho más que recuperar una vivienda. Significa recuperar sus medios de vida, sus caminos, escuelas y espacios comunitarios, pero también garantizar las condiciones para permanecer en el territorio y continuar desarrollando sus proyectos colectivos.

Por eso, la reconstrucción no puede limitarse a levantar nuevamente la infraestructura afectada. Debe reconocer las particularidades de los territorios colectivos, sus autoridades, sus formas de organización y la relación histórica de las comunidades con la tierra. ¿Cómo reconstruir estos territorios sin garantizar primero, de manera efectiva, los derechos que la Ley 70 reconoció hace 33 años?

Una deuda que el Estado debe saldar

Desde el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) consideramos que los 33 años de la Ley 70 deben ser una oportunidad para que el Estado colombiano pase del reconocimiento formal a la garantía efectiva de los derechos de las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras. El Gobierno debe avanzar en la reglamentación pendiente, fortalecer la protección de los territorios colectivos y garantizar la participación efectiva de sus comunidades y autoridades en las decisiones que las afectan.

La reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto debe incorporar un enfoque étnico y territorial y convertirse en una oportunidad para enfrentar, y no reproducir, las desigualdades históricas que afectan a territorios como Chocó, Buenaventura y Cali. Reconstruir no puede significar únicamente volver a levantar lo que se cayó. También debe significar garantizar que las comunidades puedan vivir con dignidad, ejercer su autonomía y permanecer en los territorios que han cuidado y defendido durante generaciones.