Específicamente, requieren al Estado asegurar que los agentes penitenciarios respeten los derechos de la periodista “de conformidad con los estándares establecidos por el derecho internacional de los derechos humanos”, pues se conoce que Pineda ha sido sometida por lo menos a 30 interrogatorios por varias horas con el objetivo de que grabe un video pidiendo perdón al Presidente Daniel Ortega.

También solicitan al Estado que asegure que las condiciones en las que se encuentra Lucía Pineda Ubau se adecúan a los estándares internacionales.

Desde su detención, Pineda ha reportado a su abogado defensor que duerme en el piso, sin posibilidad de que le pasen alimentos y sin contar con instrumentos de aseo, lo que le ha provocado afecciones en la piel. Además, la falta de  servicio higiénico en su celda la habría obligado a hacer sus necesidades fisiológicas de forma contraria a su dignidad humana.

La CIDH solicitó al Estado que brinde la atención médica correspondiente a Lucía Pineda y que le facilite el acceso a sus representantes legales y a sus visitas familiares, pues estas han sido limitadas hasta la fecha.

Lucía Pineda es una de al menos 60 mujeres presas políticas del Gobierno de Nicaragua. En total, se calcula que unas 765 personas han sido encarceladas por exigir justicia y democracia a las autoridades nicaraguenses.

Antecedentes

Desde que inició la represión por parte del Gobierno a los ciudadanos que protestaban en abril de 2018, el Canal 100% Noticias denunció la violencia que atravesaba el país. Lucía Pineda, como Jefa de Prensa del Canal y a través de su programa 100% Entrevistas, adquirió especial visibilidad por su labor periodística, lo que la expuso a amenazas, agresiones e incluso una campaña de estigmatización en su contra.

El 21 de diciembre del año pasado, varias patrullas de la Policía allanaron con armas, durante la noche, las instalaciones del medio televisivo 100% Noticias. En el operativo desmantelaron y sustrajeron los equipos periodísticos, y detuvieron de manera ilegal al director del canal, Miguel Mora, a la esposa de Mora y también periodista Verónica Chávez, y a Pineda. Todos fueron trasladados a la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), aunque fue hasta 72 horas después que las autoridades informaron a sus familiares dónde se encontraban. En ese lapso, Chávez fue puesta en libertad.

Mora y sus familiares habían recibido medidas cautelares por parte de la CIDH apenas 8 días antes de su detención, al igual que la periodista Leticia Gaitán. Esta última debió huir del país para garantizar su libertad personal.

El mismo día de la detención de Mora y Pineda, el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (TELCOR), suspendió el medio televisivo. Hasta la fecha, las instalaciones se encuentran allanadas, clausuradas y vigiladas por agentes policiales y la frecuencia fue otorgada a otro canal de televisión.