Las organizaciones brasileñas de la sociedad civil, apoyadas por varias organizaciones extranjeras, regionales e internacionales, expresan su profunda y grave preocupación por la candidatura brasileña al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CDH) para el período de tres años 2020-2022. Estas preocupaciones ya han sido expresadas varias veces por la sociedad civil y se reiteran en vista de la posición adoptada por el gobierno brasileño en los espacios de las Naciones Unidas, incluido y particularmente reiterado por el propio presidente en su discurso en la apertura de la 74a Asamblea General de la ONU.

Las manifestaciones del gobierno brasileño justificando su candidatura contradicen la tradición brasileña acumulada hace décadas en las relaciones multilaterales y que siempre caminó en defensa del universalismo de los derechos humanos.

Esas manifestaciones no reconocen los derechos humanos como sistema de protección para tod@s y cada un@ porque se guían por la defensa de los “buenos humanos”, “los humanos correctos” para los cuales solamente los derechos humanos serían aplicables, mientras que otros seres humanos, los “criminales” y aquellos que los apoyan no son titulares de derechos. Las posiciones de este tipo promueven la exclusión y el ataque a temas como mujeres, LGBTI, pueblos indígenas, quilombolas, pueblos y comunidades tradicionales, negras y negros, jóvenes, entre otros. Estas reiteradas manifestaciones, que también se están convirtiendo en prácticas del gobierno brasileño, no son aceptables. Un gobierno que actúa con serias reservas a derechos humanos, y que promueve acciones que conducen a reveses en la realización de los derechos, es anti universalista y no puede querer que la comunidad internacional crea que tiene una disposición efectiva para comprometerse con la realización progresiva, universal, interdependiente e indivisible de los derechos. Todos los derechos humanos para todas y para todos.

Las organizaciones firmantes rechazan las acciones resultantes de estas posiciones del gobierno brasileño, como la glorificación de las atrocidades, incluso ataques contra la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos; el desmantelamiento del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, en violación del Protocolo Facultativo de la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura; el desmantelamiento de los consejos de participación social; la orientación del Presidente de la República a los cuarteles para conmemorar el golpe de estado de 1964 y la negación oficial del mismo golpe; la negativa categórica a continuar el proceso de demarcación de los territorios indígenas; falta de respeto y ataque a los pueblos y comunidades tradicionales; el rechazo del reconocimiento de la cuestión de género por explicación de voto durante la 41ª Sesión Ordinaria del Consejo de Derechos Humanos; la represalia al defensor de los derechos humanos Jean Wyllys durante la 40ª sesión ordinaria del Consejo de Derechos Humanos; los retrocesos en la lucha contra el trabajo esclavo; incitación a la violencia contra los pueblos y comunidades tradicionales, sus tierras y territorios; sanción de las leyes de posesión de armas para los propietarios de tierras y declaraciones que autoricen la violencia contra estas poblaciones, incluidas las personas sin tierra, entre otras medidas.

Dichas posiciones y acciones son incompatibles con los objetivos del Consejo de Derechos Humanos, cuyo trabajo debe guiarse por la universalidad, imparcialidad, objetividad y no selectividad, diálogo internacional constructivo y cooperación para mejorar la promoción y protección de todos los derechos, de conformidad con el Artículo 4 de la Resolución 60/251 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. La misma Resolución, en su artículo 9, determina que los miembros del Consejo de Derechos Humanos deben mantener el más alto nivel de protección y promoción de los Derechos Humanos. Esto significa que, para calificar para un puesto en el Consejo de Derechos Humanos, un estado candidato debe dar el ejemplo y hacer los mejores esfuerzos para promover y proteger los derechos humanos.

Las organizaciones firmantes afirman que el Estado brasileño no cumple con las condiciones mínimas para solicitar la renovación de su candidatura al Consejo de Derechos Humanos considerando los parámetros de la Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, por lo que no recomiendan a la comunidad internacional de Estados votar por Brasil para una de las vacantes de GRULAC para el período de tres años 2020-2022. Además, las organizaciones de la sociedad civil esperan que la comunidad internacional de estados controle más de cerca la situación de los derechos humanos en Brasil.