Brasil, 26 de mayo de 2022 – El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), el Instituto Marielle Franco, Geledés – Instituto de Mujeres Negras, e el Observatorio de Favelas, Justicia Global y Casa Fluminense, denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la Masacre de Penha, ocurrida el 24 de mayo durante un mega operativo policial en este complejo de favelas en la ciudad de Río de Janeiro. El comunicado enviado a la CIDH llama a garantizar la protección de los residentes de la comunidad y hacer un amplio seguimiento a las situaciones de violencia denunciadas. Hasta ahora, se registran 27 personas muertas y 7 heridas.

25 personas fueron trasladadas al Hospital Getúlio Vargas.

1 el cuerpo de una mujer fue llevado directamente al Instituto Médico Legal (IML)

1 persona fallecida fue trasladadas a la Unidad de Urgencias de la Favela do Alemão con 8 disparos

7 heridos fueron trasladados al Hospital Getúlio Vargas

Esta violencia extrema es resultado de la política de seguridad pública del actual Gobernador del Estado de Río de Janeiro, Claudio Castro, quien, desde su antecesor, Wilson Witzel, no respeta la decisión de la Corte Suprema (STF) que determinó el cumplimiento del Estado de ADPF 635, conocido como ADPF das Favelas [1]. Hasta el momento, el Gobierno del Estado no ha presentado ningún plan para reducir la letalidad policial; no ha instalado equipos GPS y sistemas de grabación de audio y video en los vehículos policiales y en los uniformes de los oficiales; y no ha establecido límites a la fuerza letal, teniendo entonces resultados como esta nueva masacre. Una vez más vemos cómo los cuerpos negros, de tugurios y periféricos experimentan constantes escenas de terror e incluso sus hogares se convierten en lugares de temor e inseguridad para sus familias.

Según los informes, agentes del Batallón de Operaciones Especiales (Bope) y de la Policía Federal de Caminos (PRF), ingresaron al Complejo de Favelas Vila Cruzeiro a las 4:00 a.m. para disparar con helicópteros y vehículos blindados como apoyo.  La operación tuvo lugar durante todo el día y, aun con el movimiento activo de organizaciones de la sociedad civil instando al gobierno a cesar el fuego, la operación siguió su curso terrorista.  En este sentido, las organizaciones firmantes instan a la CIDH y a otras organizaciones internacionales de derechos humanos a monitorear constantemente la violencia policial en Brasil. La continuidad de la actual política de seguridad que va en contra de los principios básicos de los derechos humanos, como el derecho a la vida y a la vivienda, además de la protección del Estado, es inaceptable.  Es importante señalar que esta masacre es otra demostración del racismo estructural presente en las acciones de la policía brasileña.

Lamentamos las vidas perdidas y nos solidarizamos con las familias de las Favelas da Penha, que una vez más experimentaron la presencia del Estado en sus territorios con violencia, muertes, escasez y lágrimas. En vista de los hechos, compartimos las solicitudes a la CIDH:

1. Hacer un llamado público sobre este caso, a través de una declaración, y monitorear las situaciones de violencia reportadas en este documento;
2. Exigir a la Policía Civil del Estado de Río de Janeiro que realice pericias técnicas en el lugar, con la preparación de informes sobre balística y posibles signos de tortura en los cuerpos, asegurando el deber de publicidad de la acción estatal;
3. Exigir que la Fiscalía General del Estado (RJ) y el Ministerio Público Federal investiguen el operativo policial responsable de esta masacre, incluyendo la necesidad específica de observar posibles indicios de alteración de la escena del crimen, así como el impedimento de residentes y activistas para hablar sobre lo sucedido;
4. Que la Fiscalía General del Estado (RJ) y federal proporcionen información a las familias de las víctimas de la matanza y las mantengan informadas sobre las investigaciones;
5. Considerar lo determinado en la ADPF 635, relacionado a la absoluta excepcionalidad en la realización de operaciones policiales, es decir, la premisa de que tales incursiones sólo deben ocurrir en situaciones extraordinarias de peligro inmediato y concreto para la vida, que no pueden consistir en una afirmación genérica sobre la calamitosa situación actual de seguridad pública en el Estado de Río de Janeiro y/o la necesidad de tomar medidas enérgicas contra el narcotráfico y la delincuencia, denuncias que subyacen a las violaciones de derechos humanos que subyacen a la política de seguridad pública en Brasil. Se solicita que la CIDH notifique al Estado de Río de Janeiro por el incumplimiento de los criterios establecidos en el ADPF 635;
6. Mantener comunicación directa con el gobierno brasileño cuestionando las medidas adoptadas para combatir la violencia policial, considerando los numerosos casos publicados por la prensa brasileña y por las organizaciones de la sociedad civil antes mencionadas.

[1] https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2022/05/25/autores-da-adpf-das-favelas-pedem-ao-stf-novo-plano-para-reduzir-letalidade-policial-no-rj.ghtml