Cada año, en el mes de junio, nos unimos para celebrar y reconocer las vida de las personas LGBTI y el el impacto que han tenido alrededor del mundo. Este mes, conocido como «Mes del Orgullo», fue escogido para conmemorar el levantamiento en Stonewall Inn, un club gay en la ciudad de Nueva York. Estos seis días de manifestaciones fueron un punto de inflexión para el movimiento LGBTI no solo en los Estados Unidos, sino en el mundo entero, llevando a que la comunidad LGBTI reclamara sus derechos.

Este año, en Race and Equality, celebramos el quinto año de nuestro programa LGBTI, trabajando con contrapartes en Brasil, Colombia, República Dominicana, Nicaragua y Perú para revindicar sus derechos y visibilizar la lucha por los derechos LGBTI en la región. Desde la revuelta de Stonewall, el movimiento LGBTI alrededor del mundo ha visto muchas conquistas. Recientemente, la Corte Suprema de Brasil revocó las leyes que impedían que los hombres homosexuales y bisexuales donaran sangre y Costa Rica se convirtió en el primer país de Centroamérica en legalizar el matrimonio igualitario. Sin embargo, continuamos viviendo en un mundo heteronormativo que rechaza la existencia de la población LGBTI.

Por eso, este Mes del Orgullo, nos gustaría resaltar que, este no es solo un mes de celebración, ahora más que nunca, es el momento de exigir los derechos de la población LGBTI y visibilizar sus luchas. Nos unimos a las demandas de la sociedad civil durante las protestas sociales por motivo del asesinato de George Floyd en Estados Unidos y la violencia policial contra la comunidad negra y llamamos la atención que la revuelta de Stonewall inició por un grupo de personas afroamericanas de diversos géneros, razón por la cual hacemos un llamado a conmemorar este mes desde una mirada interseccional de las realidades de las vidas de las personas LGBTI.

Este mes, desde Raza e Igualdad, queremos amplificar las voces de diferentes activistas en Latinoamérica que continúan siendo víctimas de múltiples violaciones a sus derechos humanos y que siguen siendo legitimadas institucionalmente en muchos de los Estados por falta de políticas publicas que sancionen dichas agresiones.