Washington D.C., 31 de agosto de 2022-. Al finalizar el examen del Estado de Nicaragua respecto de la aplicación de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, este martes 30 de agosto, el Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) presentó sus observaciones finales en las que destaca su profunda preocupación por la falta de cooperación e interacción del Estado Parte, el cual se ausentó a las sesiones en las que se desarrollo la revisión, pese a las alarmantes alegaciones de violencia y graves atentados contra pueblos indígenas y afrodescendientes dentro de sus territorios. 

“Preocupan seriamente al Comité los numerosos ataques que se han perpetrado contra pueblos indígenas en el Territorio Mayangna Sauni As en la zona de la Reserva de la Biósfera de Bosawás”, cita el informe del CERD, que también solicita al Estado de Nicaragua tomar medidas urgentes de prevención, e investigar de forma exhaustiva, imparcial y efectiva estos ataques“a fin de que los responsables sean enjuiciados y debidamente sancionados”.

Entre otros motivos de preocupación del Comité, también figura el cierre arbitrario de organizaciones de la sociedad civil, la criminalización de defensores y defensoras de los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes; la inexistencia de una legislación nacional que prohíba la discriminación racial en los términos de la Convención; la discriminación estructural que se refleja en las precarias condiciones de vida y la persistente exclusión de estos pueblos; las dificultades en la aplicación del régimen de autonomía comunal, territorial y regional, y la falta de implementación de la etapa saneamiento de territorios indígenas prevista en la Ley 445. 

Las observaciones hacen referencia a “reportes sobre la no certificación de las autoridades indígenas legítimamente electas en asambleas comunitarias o territoriales” y denuncia la imposición de “gobiernos paralelos” conformados por funcionarios y/o personas afines al gobierno, lo cual afecta los derechos de autonomía y participación política de los pueblos indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe. 

Asimismo, refiere que se han llevado a cabo concesiones de licencias para la explotación de recursos naturales y proyectos de desarrollo dentro de territorios indígenas sin procesos de consulta previa para obtener el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos afectados, o a través de consultas con personas “no legitimadas” para representar a dichos pueblos. Lamentablemente, estas concesiones traen consigo impactos sociales, ambientales y culturales que afectan gravemente los medios de subsistencia y formas de vida «generando crisis alimentarias, desplazamiento forzado y problemas de salud para las comunidades afectadas«.

«Preocupa seriamente al comité que el proyecto del Gran Canal Interoceánico, que afecta el territorio del pueblo indígena rama y de las comunidades afrodescendientes kriol y el territorio de la comunidad creole de Bluefields, no haya sido debidamente consultado con los pueblos afectados«, ejemplifica el Comité.

Finalmente, el Comité recomienda a Nicaragua diseñar -en consulta con los pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes- una legislación y estrategias de protección efectivas tomando en cuenta las diferencias culturales, regionales y de género que puedan afectar a estos pueblos. Asimismo, sugiere al Estado parte que considere la posibilidad de ratificar la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia (CIRDI).

ONG  rechazan la ausencia  del Estado

Las organizaciones defensoras de derechos de pueblos indígenas y afrodescendientes que han dado seguimiento al proceso de  supervisión de la aplicación de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial por parte del Estado de Nicaragua, entre las cuales se encuentran la Fundación del Río, el Centro de Asistencia Legal a Pueblos Indigenas (CALPI) y el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), consideran la no comparecencia del Estado nicaragüense en la sesión del pasado 10 de agosto forma parte de un patrón de irrespeto a sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.

Para Carlos Quesada, Director de Raza e Igualdad,  “el Estado continúa sin dar un solo indicio de voluntad para renovar la cooperación con la comunidad internacional. El año pasado (2021) se negó a responder a las preguntas formuladas por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CESCR), y este año (2022) se ausentó a su revisión en el marco de la Convención contra la Tortura” alegando que el Comité contra la Tortura (CAT) carece de imparcialidad y objetividad.

Quesada recordó que “la firma y ratificación de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, ha sido una acción voluntaria del Estado nicaragüense, y esto conlleva una serie de obligaciones y compromisos internacionales.¡Exigimos que Nicaragua cumpla con las recomendaciones del CERD!”, expresó Quesada.

Para Amaru Ruiz, Presidente de Fundación del Río y defensor de derechos de los pueblos indígenas que fue criminalizado a través de la Ley Especial de Ciberdelitos (Ley 1042) por su defensa de los derechos de los pueblos indígenas, “la actitud del Estado en estos espacios (Sistema Interamericano y Sistema Universal de Derechos Humanos) ha sido irresponsable y de falta de respeto al derecho internacional”. 

Maria Luisa Acosta, Coordinadora de CALPI,  considera que es una “acción importante” que el Comité haya decidido continuar con el proceso de evaluación y la formulación de las observaciones finales. “Esta decisión ha permitido que tengamos este informe que demanda y recomienda acciones urgentes para enfrentar la grave situación de violación de derechos humanos, sobre todo para combatir actos discriminatorios contra pueblos indígenas y afrodescendientes”.

“Ojalá que se establezcan otras acciones en el marco del funcionamiento del Comité, sobre todo para dar seguimiento a la situación de Nicaragua y que haya una mayor incidencia alrededor de la responsabilidad que tiene el Estado en el cumplimiento de las convenciones que firma a nivel internacional”, finaliza Ruiz.