Washington D.C, 22 de junio de 2023 – El Instituto sobre Raza e Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) y la Unidad de Defensa Jurídica (UDJ) en el contexto de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), realizaron un conversatorio sobre “La crisis de Nicaragua: una amenaza para la democracia en toda la región”, en el cual abogadas y víctimas del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo expusieron sus puntos de vista sobre los patrones represivos contra personas opositoras o consideradas como tales y contra la Iglesia Católica; la prisión arbitraria por motivos políticos y otras represalias hacia quienes ejercen sus libertades.  

La Primera Vicepresidenta de la CIDH y Relatora para Nicaragua, Comisionada Esmeralda Arosemena, se refirió a la atención que la Comisión y su Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI) ha prestado a la crisis, acompañando a las víctimas desde los primeros días de las protestas de abril 2018.  

Carlos Quesada director ejecutivo de Raza e Igualdad manifestó que el objetivo del evento es visibilizar, en el marco de la 53 Asamblea General de la OEA, la persistencia y la profundización de la crisis de derechos humanos y cómo Nicaragua está dando la pauta de los retrocesos democráticos en la región, porque, aunque Nicaragua no es el único caso de retroceso democrático que se ha valido de la prisión por motivos políticos, este ha sido el peor de todos.  

“Raza e Igualdad ha confirmado que el régimen continúa reprimiendo de muy distintas formas, encarcelando y desterrando a nicaragüenses opositores y a personas consideradas como tales. A otros, les ha aplicado la muerte civil y a otros, les ha condenado, en la práctica, al destierro y la apatridia al impedirles regresar a su país”, manifestó Quesada.  

Lista de privados de libertad en aumento 

El primer panel, moderado por Marcelo Azambuja, de Raza e Igualdad,  abordó el tema sobre los “Patrones de represión a la oposición y represión a la Iglesia”. Este panel contó con la participaron de la abogada Alexandra Salazar, Coordinadora de la Unidad de Defensa Jurídica (UDJ), organización que representa legalmente a personas privadas de libertad por motivos políticos y Martha Patricia Molina abogada e investigadora quien ha realiza un monitoreo y sistematización de las agresiones del régimen Ortega-Murillo hacia la Iglesia Católica. 

Salazar manifestó que en los últimos años se ha observado una tendencia regresiva en materia de derechos humanos y democracia a nivel regional y eso se puede observar en la cooptación de los poderes del Estado al servicio de las voluntades políticas partidarias, la falta de independencia judicial y la instrumentalización del sistema de justicia para reprimir, la corrupción, el menoscabo a las libertades de expresión, prensa, movilización, el control de todos los poderes del Estado, la aprobación o reformas a leyes con fines de control político partidario, la suspensión y cancelación de personería jurídicas y cierre de espacios cívicos, la criminalización y encarcelamiento de periodistas, activistas y defensores, los procesos judiciales viciados y Juicios espurios, sin abogados defensores. 

“Al día de hoy (22 de junio), el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, ha registrado más de 230 personas detenidas entre febrero y mayo del 2023, y refiere que permanecen en cárcel al menos 64 personas, de las cuales 13 son mujeres, 6 de ellas son defensoras de derechos humanos y 5 con hijos e hijas menores de edad”, dijo Salazar, quien agregó que las personas detenidas entre abril y mayo permanecieron bajo desaparición forzada por ocultamiento de paradero, sin confirmación oficial de las autoridades durante al menos 2 meses y sus familiares han referido que algunos muestran en sus rostros y cuerpos evidencia de las golpizas. 

Por su parte la abogada e investigadora Martha Patricia Molina quien realizó una sistematización de los ataques efectuados contra la Iglesia Católica por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo desde abril del 2018 hasta marzo de 2023, explicó que en ese periodo se han efectuado 529 ataques, y el año 2022 fue nefasto contra la Iglesia Católica con 161 agresiones realizadas, sin embargo, el 2023 podría ser peor pues ya en el primer trimestre se registraron 90 agresiones.  

Agregó que en el primer semestre 80 personas que se dedican a la vida religiosa han sido desterradas, exiliadas, expulsadas o se les prohibió el ingreso al territorio nacional. También les han confiscado al menos 8 edificios.  

Molina abogó por la libertad del obispo Rolando José Álvarez a quien desde el 25 de marzo no le han visto. “Alzo mi voz para solicitar a la comunidad internacional que exija a la dictadura Ortega-Murillo su libertad y cese a la persecución de la iglesia católica” 

“Un régimen de terror” 

El segundo panel moderado por Julia Dellasoppa de Raza e Igualdad, abordó el tema de “La prisión arbitraria por motivos políticos y otras represalias hacia la disidencia y hacia quienes ejercen su libertad religiosa desde la óptica de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de las víctimas”.  

Participó la Comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño y víctimas de la represión en Nicaragua: Alex Hernández, Eilen Montoya y Evelyn Pinto. La Comisionada de la CIDH Esmeralda Arosemena de Troitiño, recordó que desde antes de 2018 Nicaragua ya estaba viviendo una situación de represión a los derechos humanos, ya que a ella le cerraron la puerta de país cuando quiso llegar a una reunión para analizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes.  

Arosemena, a quien se le quebrantó la voz al dirigirse a las víctimas del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo dijo que evaluar la situación de Nicaragua desde 2018 es una tarea muy dura, muy compleja. 

Arosemena calificó al régimen Ortega Murillo como “un régimen de terror” y manifestó que la Comisión sigue constatando que las personas que son privadas de libertad por motivos políticos son tratadas por el gobierno como objetos para el intercambio, la negociación, para mantener en incertidumbre y angustia a sus familiares, para inhibir cualquier acción de protesta social, para condicionar las acciones que la oposición y la sociedad civil pueden buscar para lograr el retorno a la democracia. 

Por último, la Comisionada hizo un llamado a la comunidad internacional para que haga el análisis y reflexione sobre lo que representa la realidad de Nicaragua. “Por eso la comunidad internacional, los Estados de la región deben asumir el compromiso de la denuncia, el cuestionamiento y buscar formas creativas para que la justicia internacional empiece a buscar los cauces para que haya justicia”.  

Eilen Montoya González, sobrina del privado de libertad por motivos políticos en Nicaragua Abdul Montoya Vivas, de 65 años, denunció que su tío se encuentra en un limbo jurídico al no ser presentado por las autoridades ante el Juez que le procesa. 

Explicó que su tío fue detenido arbitrariamente en Jinotega y luego trasladado a Managua, lo cual ha provocado un desgaste económico para la familia que tiene que viajar desde Matagalpa, ubicada a 140 kilómetros de Managua para hacerle llegar los alimentos, medicina y productos de aseo personal. Una única visita fue concedida por 20 minutos, a los 70 días de detención. 

Montoya abogó por la liberación de su tío y de todas las personas privadas de libertad por motivos políticos. Además, denunció que la Policía Nacional de Nicaragua, el 8 de abril en horas de la tarde, creó un perfil falso con el nombre de su tío con publicaciones que incitan al odio y a la violencia armada. 

Por su parte Evelyn Pinto defensora de derechos humanos, exprisionera política, desterrada y desnacionalizada por la dictadura Ortega-Murillo, relató que entre las arbitrariedades a las que fue sometida está la alteración de la fecha y lugar de su detención, ya que indicaban que fue detenida el 18 de noviembre, sin embargo, su detención ocurrió el 6 de noviembre. 

Pinto relató que, aunque no fue agredida físicamente, si fue violentada psicológicamente cuando la trasladaron a la cárcel La Esperanza. “Si bien las mujeres presas comunes gozan de una serie de prerrogativas, para nosotras estaban negadas, éramos constantemente custodiadas, fotografiadas, sin atención médica especializada y requisadas cada vez que íbamos a visita con nuestras familias», dice Pinto. 

Pinto pidió a la comunidad internacional y a los órganos de protección de derechos humanos que continúen involucrándose activamente en la denuncia de la situación de Nicaragua. “Ayúdennos a ser la voz de los que han querido callar con cárcel, muerte o exilio. Insto a la comunidad internacional a tomar medidas concretas como: la adopción de resoluciones que condenen las violaciones sistemáticas de los derechos humanos, que los organismos internacionales financieros dejen de oxigenar a semejante dictadura y que la OEA haga lo necesario para aplicar la Carta Democrática Interamericana”.  

Por su parte Alex Hernández activista político y quien ha sido prisionero político en dos ocasiones, expresó que, para desdicha del pueblo nicaragüense, en el último quinquenio, Nicaragua es la prueba de hasta dónde puede llegar la crisis en una sociedad cuando la democracia y las otras virtudes que de ella emanan desaparecen por completo de la vida política y cotidiana de un Estado. 

“El desafío de nuestras democracias y de nosotros las victimas es no dejar que las atrocidades que pasan en nuestro país sean invisibilizadas por ‘solidaridad’ ideológica entre gobernantes, el desafío  para nosotros es llegar a todos los rincones de nuestra América, donde las libertades están en peligro para alzar nuestra voz, que nos escuchen y reviertan ahora que aún están a tiempo”, dijo Hernández.