Desde el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) rechazamos la imposición del cuarto mandato consecutivo de Daniel Ortega y segundo mandato de Rosario Murillo, que se consumará en un acto oficial anunciado para el próximo 10 de enero. Llamamos a la comunidad internacional a unirse en una sola voz para enviar un mensaje de lucha contra la impunidad que persiste en el país, proteger el Estado de Derecho y principios democráticos, e impedir que continúe profundizándose la crisis de derechos humanos en Nicaragua.

Ortega y Murillo, a través del control absoluto de  instituciones estatales, la Policía, el Ejército y fuerzas paraestatales, han violado los derechos fundamentales de las y los nicaragüenses desde su regreso al poder en 2007 y a partir del año 2018 dichas violaciones adquirieron el carácter de sistemáticas.

La represión letal a las manifestaciones pacíficas, la destrucción del Estado de Derecho, la escalada represiva en el contexto electoral, los resultados de las controversiales votaciones celebradas el 7 de noviembre de 2021, la permanencia en prisión de más de 160 personas presas políticas bajo condiciones que, particularmente en el caso de las mujeres, atentan contra su dignidad, sus vidas, integridad personal y salud;  la intención de Ortega y Murillo de perpetuarse en el poder, y su clara falta de voluntad para respetar sus obligaciones en materia de derechos humanos y cumplir con las recomendaciones de las Naciones Unidas y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, amerita una respuesta contundente de la comunidad internacional.

OEA, ONU y Parlamento Europeo desconocen los resultados de las votaciones 

En una resolución aprobada el pasado 12 de noviembre de 2021, la Organización de Estados Americanos (OEA) aseguró que las votaciones que dieron la victoria a Ortega “no fueron libres, justas ni transparentes y no tienen legitimidad democrática” y solicitó al Consejo Permanente evaluar colectivamente a Nicaragua, con base en la Carta Democrática Interamericana y la Carta de la OEA.

En respuesta a esto, el 19 de noviembre de 2021, el Gobierno de Nicaragua hizo pública su decisión de denunciar la Carta de la OEA, a fin de lograr que los efectos de dicho tratado cesen para el Estado nicaragüense. Sin embargo, recordamos que el Estado no queda desligado totalmente de sus obligaciones adquiridas de forma previa; por el contrario, subsiste el deber de Nicaragua de cumplir con las obligaciones derivadas de los órganos de protección de derechos humanos del Sistema Interamericano hasta su cumplimiento total; así como con los tratados interamericanos de derechos humanos ratificados previamente, las normas consuetudinarias en virtud del derecho internacional general, y las obligaciones de la Carta de las Naciones Unidas.

Posteriormente, el 8 de diciembre de 2021, el Consejo Permanente de la OEA adoptó una resolución en la que -nuevamente- insta al Gobierno a liberar a todos las personas presas políticas y a aceptar una misión de alto nivel de buenos oficios con el objetivo de realizar elecciones anticipadas con observadores internacionales.  

Por otro lado, en un diálogo interactivo celebrado el pasado 14 de diciembre de 2021, la Alta Comisionada Adjunta de la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Nada Al-Nashif, expresó que las votaciones celebradas “brindaban una valiosa oportunidad para que Nicaragua diese un paso adelante hacia una solución pacífica y democrática a la crisis”; sin embargo, el deterioro de los derechos civiles y políticos en el contexto electoral “derivó en la exclusión arbitraria de muchos nicaragüenses de participar en las elecciones”.

En esta ocasión, Al-Nashif llamó al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas a considerar “todas las medidas a su alcance para promover la rendición de cuentas por las graves violaciones que han ocurrido desde 2018” y organizaciones de derechos humanos le exhortamos a que se cree un mecanismo internacional de investigación y rendición de cuentas. 

En adición a lo antes señalado, el Parlamento Europeo aprobó el pasado 16 de diciembre una resolución que condena “la farsa electoral orquestada por el régimen de Ortega-Murillo”, y rechaza la legitimidad de los resultados de estas votaciones y “la legitimidad democrática de cualquier autoridad institucional que surja de estos comicios amañados”. Los eurodiputados recalcaron la importancia del retorno de los organismos internacionales de derechos humanos “sin condiciones sine qua non para cualquier diálogo con el régimen nicaragüense”.

Pronunciamiento

Desde Raza e Igualdad, condenamos la perpertuación en el poder del Gobierno de Ortega y Murillo, por ser resultado de la represión y de la violación sistemática de los derechos de la población nicaragüense. 

Acogemos con satisfacción los esfuerzos que han realizado los organismos multilaterales y organismos internacionales de derechos humanos para monitorear, documentar y denunciar las violaciones a los derechos humanos que han ocurrido hasta la fecha en Nicaragua. Les exhortamos a aplicar con prontitud todos los mecanismos disponibles para contribuir al levantamiento del Estado Policial y el restablecimiento de la democracia en el país, lo que necesariamente requiere crear las condiciones para celebrar elecciones libres, justas y transparentes.

Asimismo, hacemos un llamado a la comunidad internacional y a los Estados Miembros de la OEA para que, en aplicación de la noción de garantías colectivas que subyace en la base del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, tomen medidas para instar al Estado de Nicaragua al pleno cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos.

Reiteramos la urgente necesidad de establecer un mecanismo independiente de investigación y rendición de cuentas. Nuevamente, llamamos al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas para que, en su próxima sesión de marzo 2022, establezca este mecanismo que investigue los hechos denunciados, preserve las evidencias, identifique a los perpetradores y siente las bases del proceso de justicia que Nicaragua necesita para salir de esta crisis. 

No cesamos de exigir al Estado de Nicaragua la liberación inmediata y sin condiciones de todas las personas privadas de libertad por motivos políticos. 

Recordamos a las autoridades nicaragüenses que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó la liberación inmediata de las personas presas políticas, el fin de los actos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes en los centros de detención, y el acceso inmediato de personal médico independiente para conocer el estado de salud física y mental de las personas privadas de libertad.