Washington D.C. y San José, Costa Rica; 1 de septiembre de 2026.- Organizaciones de derechos humanos  enviaron el día de hoy a las delegaciones diplomáticas de la Organización de Estados Americanos una carta en la que reconocieron la labor del Consejo Permanente de la OEA, que recientemente adoptó la resolución CP/RES. 1317 (2601/26) titulada: “Convocatoria de una reunión de consulta de los Ministros de Relaciones Exteriores para considerar la situación de Nicaragua”.

Las organizaciones celebran que la resolución haya sido adoptada por una amplia mayoría de 29 votos, lo que demuestra el apoyo casi unánime de los estados americanos al pueblo nicaragüense, que demanda vivir en democracia y ha asumido durante estos ocho años de crisis el alto precio de defender la democracia con sus vidas, su libertad, su integridad personal, y sufrido cárcel, destierro y exilio forzado.

Las organizaciones afirman haber sentido la solidaridad de todos los países que promovieron y aprobaron dicha resolución y de todos aquellos que se pronunciaron rechazando que una dictadura en el hemisferio americano condene a su pueblo a no poder elegir a sus gobernantes libremente como lo establecen la Carta de la OEA, la Carta Democrática Interamericana y los demás instrumentos de la Organización.

Las organizaciones consideran que están ampliamente documentados los crímenes de lesa humanidad y las graves violaciones de derechos humanos cometidas desde abril 2018, como lo confirmó el Informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) respecto del periodo comprendido entre el 18 de abril al 30 de mayo de 2018, el hecho que Nicaragua haya sido incluida en el Cap. IV B del Informe Anual de la CIDH en ocho informes consecutivos y todos los informes publicados por el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN). Por ello, las organizaciones expresan que no deja de asombrar y decepcionar la indiferencia o la falta de determinación que aún persiste en algunas delegaciones para tomar con la urgencia del caso, acciones que puedan conducir a superar la crisis, luego de que se ha constatado durante años la renuencia del régimen Ortega Murillo para escuchar a la OEA y sus órganos que han demandado reiteradamente se libere a los presos políticos, el cese de la represión y que se respeten los derechos humanos reconocidos en todo gobierno que se precie de democrático.

Las organizaciones estiman que la convocatoria a una reunión de Ministros de Relaciones Exteriores es motivo de esperanza y confían en que se reunirá con la prontitud que la crisis amerita. Afirman que el tiempo que se le ha dado a la dictadura nicaragüense solo sirvió para que consolidar su modelo represivo y que las víctimas aumentaran exponencialmente quedando expuestas incluso a la represión transnacional en los países que han encontrado refugio.

Para las organizaciones, una construcción dinástica como la que se empeñan en imponer Ortega y Murillo a perpetuidad para Nicaragua tras un proceso de “consultas” llevado a cabo bajo la dirección de la familia Ortega es claramente incompatible con las obligaciones internacionales de Nicaragua ante la OEA y con el compromiso de la OEA frente al pueblo nicaragüense, único y verdadero depositario de la soberanía y por lo tanto, sujeto del derecho internacional. Por ello, las organizaciones consideran que está más que justificado que la OEA se valga de todos los medios a su alcance para restablecer la democracia con la urgencia que el caso amerita.

Las organizaciones expresaron su confianza en que la Reunión de Cancilleres adoptará acciones concretas que conduzcan al restablecimiento de la democracia y el pleno goce de los derechos humanos.

Entre estas acciones, se sugieren las siguientes:

1.Sentar las bases para la salida del poder de los co-dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo mediante un llamado enérgico y acciones concretas que conduzcan al cumplimiento del derecho regional americano y la Carta Democrática Interamericana.

2.Exigir a los Co-dictadores Daniel Ortega, Rosario Murillo y sus proyectados sucesores su salida del poder.

3. Adoptar sanciones políticas y diplomáticas que incluyan el llamado de embajadores a consulta y eventualmente, la ruptura diplomática, la suspensión de cualquier forma de cooperación o relación comercial e imponer limitaciones para que el Estado de Nicaragua participe en foros regionales en cualquier país que suscribió la resolución CP/RES. 1317 (2601/26).
4. Impedir que Nicaragua se beneficie de la labor de organismos especializados de la organización regional, como la OPS, el Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes (IIN), la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), entre otros.
5. Interrumpir las relaciones económicas e imponer restricciones en transacciones financieras con Nicaragua.

La comunicación fue suscrita por el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), la Asociación Memoria y Justicia (AMJ), el Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (CISAS CR), el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, Fundación del Río y el Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM).

Contactos para entrevistas: Carlos Quesada, Raza e Igualdad

Ana Quirós Víquez, CISAS CR.

Azahalea Solís, MAM