Organizaciones denuncian aumento de la represión en Nicaragua en el aniversario de las protestas que iniciaron en abril de 2018
Las Américas y Europa, 18 de abril de 2020 – A dos años de las protestas cívicas iniciadas el 18 de abril de 2018, organizaciones sociales nicaragüenses dan cuenta de un recrudecimiento de la represión por parte del gobierno y grupos afines como estrategia para inhibir la conmemoración del segundo aniversario del inicio de las […]
Las Américas y Europa, 18 de abril de 2020 – A dos años de las protestas cívicas iniciadas el 18 de abril de 2018, organizaciones sociales nicaragüenses dan cuenta de un recrudecimiento de la represión por parte del gobierno y grupos afines como estrategia para inhibir la conmemoración del segundo aniversario del inicio de las masivas manifestaciones.
Las personas excarceladas, familiares de víctimas, defensores y defensoras de derechos humanos, periodistas, organizaciones sociales y de derechos humanos y activistas en general denuncian un incremento en las acciones estatales de hostigamiento y amedrentamiento, incluyendo asedio a sus viviendas y comercios, amenazas, acoso, allanamientos irregulares y detenciones ilegales por parte de la policía. Asimismo, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), ha recibido denuncias de citaciones policiales donde se obliga a las personas a firmar un documento en el que se comprometen a abstenerse de criticar al Gobierno y de participar en actos conmemorativos del aniversario de las protestas sociales.
De acuerdo con información recopilada por las organizaciones nacionales, entre la noche del 17 de abril y la madrugada del 19 se reportaron 65 incidentes, que incluyen agresiones físicas, amenazas, asedio y ataques a viviendas así como detenciones ilegales de personas. Dentro de estos, 32 fueron agresiones dirigidas a activistas mujeres y sus familias, incluyendo insultos y amenazas de tipo sexual.
Uno de los hechos más preocupantes es la agresión física sufrida por Luis Potosme, padre del periodista independiente exiliado Winston Potosme, el pasado 17 de abril. El periodista denunció en redes sociales que grupos afines al gobierno entraron a la vivienda del señor Potosme en plena madrugada, lo agredieron físicamente hasta dejarlo en estado delicado de salud y utilizaron su teléfono celular para enviarle mensajes de texto amenazadores a su hijo exiliado.
Para las organizaciones firmantes, esta escalada de agresiones es parte de la estrategia reiterativa del gobierno para desarticular la protesta ante acontecimientos relevantes para la crítica social en Nicaragua. Vale recordar que en la víspera de la movilización convocada por personas críticas al gobierno en febrero pasado, la policía nicaragüense acorraló a figuras opositoras en sus domicilios para impedir la protesta pública.
Estas estrategias refuerzan un escenario de continua represión estatal prevaleciente en Nicaragua desde abril de 2018. A la fecha, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) identifica por lo menos 328 personas asesinadas como consecuencia de la represión estatal, más de 2000 heridas y al menos 100 mil desplazadas forzosamente por violencia política.
Adicionalmente, la personería jurídica y bienes confiscados de las organizaciones civiles y de derechos humanos canceladas en diciembre de 2018 siguen sin restablecerse; y continúa la clausura y toma de instalaciones de algunos medios independientes. Al menos 70 personas siguen privadas de libertad por ejercer sus derechos a la libertad de expresión y reunión pacífica en medio de una crisis sanitaria que les deja en particular vulnerabilidad, tal como lo ha reconocido la Oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos (OACNUDH) y la CIDH.
Las organizaciones firmantes hacemos un llamado enfático a los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos y a la comunidad internacional en general a mantener un monitoreo atento a la situación de derechos humanos en Nicaragua. Particularmente, a los acontecimientos de represión tanto suscitados como previsibles en el marco del segundo aniversario de las protestas cívicas de abril de 2018.
Reiteramos nuestro compromiso con la lucha legítima del pueblo nicaragüense por el restablecimiento pleno de sus derechos, con la búsqueda de libertad de las personas detenidas por motivos políticos y excarceladas, así como con todas las víctimas de graves violaciones de derechos humanos en su búsqueda de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.
Organizaciones firmantes
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) – Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) – Organización Mundial contra la Tortura – Front Line Defenders – Iniciativa Nicaragüense de Defensoras de Derechos Humanos – Fundación Acceso – Amnistía Internacional – Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) – The International Institute on Race, Equality and Human Rights (Race & Equality) – Unidad de Defensa Jurídica – Colectivo Nicaragua Nunca Más – Iniciativa Mesoamericana de Defensoras (IMD) – Unión de Presas y Presos Políticos Nicaragüenses – Asociadas por lo Justo (JASS).