Las Américas/ Europa, 16 de enero de 2019.- A 9 meses del inicio de la crisis de derechos humanos en Nicaragua, los espacios de participación social y de defensa de derechos humanos son cada vez más difíciles de sostener y es continua la represión estatal contra manifestantes, líderes, lideresas, organizaciones de derechos humanos y movimientos sociales. El gobierno del Presidente Daniel Ortega y la Vice Presidenta Rosario Murillo además han venido cerrando instancias de monitoreo internacional, que en una primera etapa habían invitado, como el Mecanismo de Seguimiento de la Situación en Nicaragua (MESENI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (OACNUDH).

Ante el cierre de instancias de interlocución para organismos internacionales, el bloqueo de espacios para que las organizaciones de sociedad civil puedan dar seguimiento a las violaciones de derechos humanos, la criminalización de defensoras y defensores de derechos humanos y sus organizaciones, el cierre de organizaciones de sociedad civil y la creciente migración forzada de miles de personas a causa de la violencia política, la necesidad de establecer un mecanismo de observación internacional de la situación en el país se hace urgente.

En este contexto, un grupo de organizaciones se unieron para formar el Observatorio Internacional sobre la Situación de Derechos Humanos en Nicaragua. Esta es una articulación de organizaciones internacionales, con larga trayectoria en defensa y promoción de los derechos humanos en diversas regiones del mundo, que tendrán como objetivo monitorear de manera constante y coordinada la situación de derechos humanos y sus implicaciones para la democracia y el Estado de Derecho en Nicaragua.

Otra de las metas del Observatorio es, a partir del monitoreo de la situación en el país centroamericano, brindar recomendaciones a instituciones nacionales e internacionales con base en los estándares internacionales para garantizar el cumplimiento de los derechos humanos en el país, en donde de acuerdo con la CIDH, la escalada de violencia ha dejado 325 personas asesinadas y más de 2000 personas heridas; 550 personas detenidas y enjuiciadas; alrededor de 300 profesionales de la salud despedidos de sus empleos y la expulsión de, al menos, 144 estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN).

El Observatorio está formado por organizaciones como el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Civicus- Alianza Mundial para la Participación Ciudadana, Fondo de Acción Urgente para América Latina y el Caribe (FAU-AL), Front Line Defenders, Fundación para el Debido Proceso (DPLF), Red EU-LAT, JASS- Asociadas por lo justo, Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IMD), Brot für die Welt (Pan para el Mundo), Plataforma Internacional contra la Impunidad, Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), Unidad de protección a defensores y defensoras de Guatemala (UDEFEGUA) y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA). 

Este espacio se constituye en virtud del contexto descrito y siendo que la crisis se mantiene y se agudiza, lo que hace imperante que la sociedad civil internacional continúe y refuerce su labor de supervisión y monitoreo de la situación de Derechos Humanos de una manera coordinada, constante y propositiva.

Foto principal: Carlos Herrera-Confidencial/Cortesía