Organizaciones internacionales piden rendición de cuentas de Nicaragua ante Corte IDH por desprotección a personas defensoras de derechos humanos

Nicaragua ES

El Estado fue convocado por la Corte IDH para referirse a las medidas de protección dictadas a favor de integrantes del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) y de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH). En medio de una nueva ola represiva por el tercer aniversario de las movilizaciones de abril y el proceso […]

El Estado fue convocado por la Corte IDH para referirse a las medidas de protección dictadas a favor de integrantes del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) y de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH).

En medio de una nueva ola represiva por el tercer aniversario de las movilizaciones de abril y el proceso electoral, el Estado de Nicaragua ha sido convocado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) a una audiencia pública el próximo 06 de mayo para rendir cuentas sobre las medidas provisionales ordenadas para garantizar el derecho a la vida, a la integridad personal y asegurar la continuidad de las labores en defensa de los derechos humanos en favor defensoras y defensores de derechos humanos, en el asunto “Integrantes del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) y de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH)”. 

Las organizaciones firmantes lamentamos que el Estado de Nicaragua se encuentre en completo desacato de lo dispuesto por La Corte IDH en octubre de 2019 en cuanto a la implementación de medidas de protección y que, por el contrario, continúe obstaculizando la labor de las personas defensoras de los derechos humanos en Nicaragua y poniéndoles en riesgo.

 
El caso del CENIDH es emblemático de la grave situación de riesgo en la que se encuentran las personas defensoras en Nicaragua. Con más de 30 años de trayectoria en la defensa de los derechos humanos, ha sido víctima de constantes campañas de desprestigio, hostigamiento y criminalización. Estas alcanzaron un momento cúspide tras las movilizaciones de 2018, obligando al exilio a varias de sus integrantes. Posteriormente, la Asamblea Nacional bajo control oficialista, canceló su personería jurídica y el gobierno allanó sus oficinas y confiscó sus bienes. A pesar de lo anterior, continúan con su labor, en un contexto de hostigamiento y amenazas contra toda persona que defienda derechos humanos en el país y siendo los cuerpos de seguridad y simpatizantes del gobierno sus principales agresores.


Contrario a lo mandatado por la Corte IDH, Nicaragua continúa impulsando medidas que obstaculizan el desarrollo de las labores de las personas defensoras, entre otras formas, a través de la aprobación de la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros. Esta normativa estigmatiza a las organizaciones que reciban financiamiento extranjero para sostener sus actividades de defensa y promoción de los derechos humanos, y las somete a un sistema de sanciones arbitrarias. Otro mecanismo es la Ley Especial de Ciberdelitos, que propone penas de hasta 5 años de prisión para quienes divulguen información que sea considerada como “falsa” por las autoridades estatales a su total discrecionalidad, sin definir los alcances de este concepto.

Como organizaciones internacionales que monitoreamos la situación de derechos humanos y promueven su respeto y garantía en Nicaragua, vemos esta convocatoria de la Corte IDH como una oportunidad para exigirle al Estado de Nicaragua el cese de la represión contra personas y organizaciones defensoras de derechos humanos y que garantice su derecho a defender. A la luz del ciclo electoral que vive Nicaragua este 2021, exigimos que se garantice el respeto de las libertades de expresión, reunión pacífica, asociación y el derecho a defender, elementos indispensables para asegurar un entorno electoral democrático.

Llamamos a la comunidad internacional y cuerpo diplomático con mandato sobre Nicaragua a que siga el desarrollo de la audiencia pública y reciba información actualizada sobre los mecanismos de represión y persecución contra personas defensoras en el país. Consideramos indispensable que los reclamos por garantías democráticas de cara a las elecciones de noviembre reconozcan e incorporen la obligación reforzada que los Estados tienen al respecto de proteger a personas defensoras y garantizar su derecho a defender.

 
Finalmente, nos solidarizamos con las organizaciones y todas las personas defensoras de derechos humanos en Nicaragua. La resiliencia y dignidad que han demostrado, particularmente desde abril de 2018, ha sido luz y referencia para todo el movimiento de derechos humanos en las Américas.

FIRMAN  

Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos

Fundación para el Debido Proceso (DPLF) 

Red Internacional de Derechos Humanos -RIDH

CIVICUS: Alianza Mundial por la participación ciudadana 

Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos 

Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos- WOLA  

Asociadas por lo Justo -JASS Mesoamérica  

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional -CEJIL

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